29 septiembre 2023

“DINAMITAR LA ADUANA”


Carlos Rodrigo Zapata C. (*)


Parece que los vientos ultraliberales que circulan en la Argentina ya van llegando a Bolivia. La última ocurrencia: “dinamitar la Aduana”. En Argentina hablan de motosierra, aquí de dinamita. Se parecen, apuntan a destruir y despedazar.


¿Cuál es el punto? La Aduana no cumple su misión consistente en impedir el contrabando. Ergo, “la única forma efectiva de detener el contrabando es tomando medidas radicales. Es dinamitando la Aduana Nacional (figurativamente). Sin Aduana no hay contrabando, al igual que sin matrimonio no hay divorcio”. Listo el pollo. “Los beneficiados seriamos todos los bolivianos, especialmente los más pobres, que podrían comprar ropa y comida más fácilmente. La clase media también tendría acceso a autos y maquinaria de mejor calidad y precio. Los actuales aranceles e impuestos nos limitan a todos a comprar productos nacionales, incluso si son de mala calidad, lo cual es una restricción a nuestra libertad individual”. (ver, ¡Hay que dinamitar la Aduana Nacional! Jaime Dunn De Ávila)

Da la impresión de que se desconoce olímpicamente la realidad nacional. No se entiende el mercado de trabajo, tampoco se han hecho intentos por comprender sus orígenes. El rasgo más destacable del mercado laboral en Bolivia es el sector informal, en particular sus colosales dimensiones, estimadas en el 85% de la población activa nacional que es de 6 millones de habitantes.

La pregunta del trillón es, de dónde surge semejante masa de informales. Para decirlo de modo breve: de la confluencia de varios problemas estructurales de larga data, siendo los fundamentales la concentración de la riqueza y los recursos en pocas manos, la pobreza siempre presente, la migración campo-ciudad, la incapacidad de los propietarios de los medios de producción de generar suficientes puestos de trabajo, la exclusión secular de las mayorías nacionales, entre otros.

Dicho de otro modo, los informales tienen que hacer magia para sobrevivir, pues no tienen medios de producción, activos o riqueza que les permita invertir en su propio puesto de trabajo y tampoco encuentran puestos de trabajo en el mercado. Es decir, quedan a la deriva, a la buena de Dios. No les queda otra que inventarse unas “empresas unipersonales”.

Eso significa que el sector informal es la manifestación de un problema estructural de inmensas dimensiones y, a su vez, es una “solución" o salida a semejante problema, completamente ingobernable, peor aún con recetas teóricas no confrontadas con la realidad. Los informales tienen que valerse de todo lo que pueda estar a su alcance, es la única alternativa disponible desde hace décadas o perecer de hambre.

Pretender que eliminando los aranceles se elimina el contrabando no solo es una mala receta, es una pésima señal que muestra el desconocimiento absoluto de nuestra realidad. El año pasado CAINCO también ya planteó la misma propuesta que no ha tenido ninguna atención de parte de la actual administración del Estado, como no podría ser de otra manera.

Ese desdén del oficialismo se debe a que el tan cacareado modelo que vienen aplicando las administraciones masistas desde hace 17 años usa las mismas armas de que se vale el sector informal para organizar su subsistencia, puesto que no tienen ninguna otra respuesta, no tienen idea de cómo generar puestos de trabajo dignos, formales, con productividades decentes. Dicho modelo recurre al contrabando con la misma naturalidad con que alienta la depredación, facilita la explotación ilegal de bosques y canteras o ayuda al narcotráfico. De todos esos cueros salen todas las correas de las prebendas. Lo más increíble es que de semejantes formas de subsistir a costa del futuro se pavonean los detentores del poder.

En el artículo que adjunto (ver link al final) he efectuado una explicación más detallada de las razones por las que la eliminación de los aranceles no sólo dejaría al Estado con 2000 millones de dólares menos por las recaudaciones aduaneras, sino que provocaría una conmoción nacional de incalculables consecuencias.

Los problemas estructurales no surgen de la noche a la mañana, son obra de muchas décadas, hasta de generaciones, por lo que no es posible ni imaginable encontrar salidas instantáneas como las que suele aplicar el neoliberalismo y corrientes afines a punta de austericidios, motosierras y dinamita.

El comercio es el sector estrella del sector informal, y el contrabando es el corazón de esa actividad. De ella viven de modo directo e indirecto aprox. 4 millones de trabajadores informales y una parte significativa de los magros ingresos que percibe la gran mayoría proviene del diferencial de precios entre los productos importados legalmente (que pagan aranceles) y los que ingresan al país por contrabando (y no pagan aranceles). Es tan significativo dicho diferencial que los contrabandistas no están de acuerdo en eliminar aranceles porque es justamente la coexistencia de los aranceles al lado de los precios derivados del contrabando lo que les permite “ser competitivos” y asegurar ingresos que de otro modo serían inalcanzables.

La consecuencia más lamentable de la existencia del sector informal es que no es posible institucionalizar el país, es decir, establecer y aplicar normas que sean respetadas por todos. Para convivir con ese estado de cosas se recurre a toda clase de excepciones y por supuesto a violar todas las normas y leyes. La oposición de los informales a la 'Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas' muestra palmariamente la realidad: buena parte de sus ingresos no pueden ser explicados.

En suma, considero que no es posible pensar en aplicar la teoría económica seca y rancia sin confrontarla con la realidad del país. ¿Han escuchado que los chuteros (me refiero a quienes adquieren vehículos chutos, sin papeles, no a quienes los importan por la vía del contrabando) han amenazado con guerra civil si se intenta confiscarles sus vehículos? La razón de semejante extremo es simple: para la población rural los chutos equivalen a su libertad, a haberse independizado de innumerables obstáculos, trabas y limitaciones que les impedían todo progreso material. Los chutos son algo así como su salvación.

Pese a ello, no hay día que pase sin que algún economista ultraliberal no despotrique contra los chuteros. El problema es simple: ignoramos la realidad del país de tal manera que todo lo aquí señalado puede parecer simplemente de otro planeta. Este es el planeta Bolivia, ampliamente ignorado y desconocido por los mismos bolivianos, y muchas veces hasta por sus sectores más letrados.


El siguiente artículo es parte integrante de la presente nota:

Carlos Rodrigo Zapata C., Problemas estructurales. ¿Qué son? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué vivimos acosados por ellos?

https://yapukamani.blogspot.com/2022/07/problemas-estructurales-que-son-cual-es.html

 

Jaime Dunn de Ávila, ¡Hay que dinamitar la Aduana Nacional!

https://www.brujuladigital.net/opinion/hay-que-dinamitar-la-aduana-nacional?fbclid=IwAR1XikCxqFwyF81R3Eh7xZSz0_UjD_TlYPKhMZoEh5riJIwpswPfdxd4fYU


_____________________

(*) Carlos Rodrigo Zapata C. Es Economista, Especialista en Planificación Territorial, Diplomado en Sistemas de Información Geográfica, Percepción Remota y Sistemas de Posicionamiento Global, Catedrático de Desarrollo del Capitalismo. Analista político, social y ambiental.


16 septiembre 2023

LA AMENAZA AL AMBORÓ Y UNA FORMA PEDAGÓGICA DE EXPIAR CULPAS


Carlos Rodrigo Zapata C. (*)

La disputa actual que ha estallado entre el nivel central del Estado (encabezado por el ministro Montaño) y el subnacional, representado por la Gobernación del departamento de Santa Cruz por la carretera Santa Cruz – Las Cruces – Buena Vista de 98 kilómetros, ya ha derivado en diversos perjuicios y amenaza con escalar aún mucho más. Por ello es importante tratar de situarse en todo el alcance de la problemática puesta de manifiesto, tanto para comprender sus raíces como para identificar posibles vías de solución.

El problema se origina en el surgimiento de dos posiciones muy contrapuestas. El nivel central busca ejecutar un proyecto caminero que tiene financiamiento y proyecto a diseño final, aunque sujeto a algunas observaciones no menores, mientras que el nivel subnacional busca cambiar el trazo de algunos tramos debido a que los actuales trazos afectarían zonas de recarga de agua de acuíferos, cruciales para el abastecimiento estable de agua en la ciudad de Santa Cruz y alrededores.

La primera cuestión que urge despejar es muy clara: ¿a qué se debe la presión del nivel central del Estado para ejecutar el proyecto tal como fue aprobado inicialmente? ¿Los argumentos de los acuíferos y la afectación al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró, una de las joyas de nuestro cofre de bienes naturales, no bastan y sobran? Aquí el ministro Montaño está en deuda, debe explicaciones y urge que las dé y que sean muy claras y convincentes.

Una de las posibles razones por las que hasta la fecha no hay una explicación suficiente se debería a las denuncias que se han efectuado en el sentido que las áreas por las que pasaría el nuevo camino, tal como a la fecha está diseñado, habrían sido ampliamente loteadas e incluso ya se habrían vendido lotes por millones de dólares. De ser cierta esta noticia, surgen no menos de tres cuestionamientos básicos:

1] ¿Los loteadores están en connivencia con el nivel central del Estado o el ministro Montaño?

2] ¿Los municipios por los que atravesarían los tramos inicialmente seleccionados han autorizado esos loteamientos y correspondientes urbanizaciones?, ¿cuándo?

3] ¿Quién planifica y decide el desarrollo urbano-rural de los municipios?

Estos temas deben despejarse a la brevedad como para comprender las razones por las que las discrepancias iniciales han escalado tanto, hasta el punto en que se mantienen amenazas de bloqueos y otras medidas.

La segunda cuestión que urge despejar es, ¿a qué se debe la férrea oposición que plantea la Gobernación para ejecutar el proyecto tal como fue aprobado inicialmente? La respuesta es contundente: a la defensa de los acuíferos y del parque nacional Amboró. Nadie puede poner en duda la importancia y necesidad de cuidar esos recursos y de cumplir con todas las normas que exijan su conservación.

No obstante, observamos que esa preocupación por el cuidado de tan preciosos recursos recién ha surgido en el último tiempo, una vez que la misma población cruceña y las fuerzas vivas del departamento se han percatado del grado de destrucción que ha sufrido su propio entorno natural, con gran énfasis en los alrededores del área metropolitana de Santa Cruz. Esa situación ha llevado a que los periodos de lluvias se acorten, las temperaturas aumenten y la sequía se extienda, tal como recién nos ha advertido un estudio de la Fundación Tierra sobre "Cambio climático en Santa Cruz. Nexos entre clima, agricultura y deforestación”.

¿Qué implicancia tiene esa situación? Obviamente, la de centrar la atención en un área geográfica mucho más extensa, indispensable para preservar las fuentes de agua de la metrópoli cruceña que de aquí a la vuelta de esquina estará alcanzando ya los tres millones de habitantes, lo que representa un desafío inmenso desde el punto de vista de provisión de agua de calidad de modo continuo.

¿Qué corresponde hacer en este cruce de urgencias e intereses, descuidos y agresiones? Vamos en orden.

Lo primero es que deben preservarse las fuentes de agua de la ciudad de Santa Cruz y alrededores. En este punto no puede haber dudas, más allá de cualquier otro tipo de presiones y prerrogativas existentes, pesen a quien pesen.

En el mismo nivel de urgencia y prioridad se halla por supuesto la protección y preservación plena e integral del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró, ya que es en su seno que se generan los caudales de agua requeridos.

Lo segundo es que los loteamientos deben ser cancelados, ya que se constituyen en una vía de penetración en áreas que deben ser preservadas para la protección y conservación ambiental. Todas las partes deben deponer en lo posible sus exigencias y retornar a fojas cero a la brevedad y del modo más consensuado que fuera posible. Nadie olvide el estado miserable de la justicia en nuestro país.

Lo tercero es que aún queda por ver la forma en que deben saldarse cuentas con la misma región de Santa de Cruz. No es posible que por su descuido durante décadas (el departamento de Santa Cruz tiene un PLUS desde al año 1995 que ha ignorado y despreciado), ahora las cargas y las presiones se desplacen a una región mucho más extensa que la que corresponde a la misma región metropolitana cruceña. Por supuesto que sus requerimientos de agua y protección ambiental limitan y restringen otros posibles usos que por supuesto también deberán ser compatibles con el medio ambiente.

Mi punto de vista es que la Gobernación ha contraído una deuda significativa con el medio ambiente, las condiciones de vida de la población cruceña y las generaciones futuras. Como una forma de cubrir esta deuda, sugiero que la Gobernación, en estrecha coordinación con los municipios cruceños, elabore y presente un plan integral de gestión ambiental, de bosques y acuíferos de cumplimiento obligatorio que incluya un plan y estrategia de implementación, válido para toda la institucionalidad cruceña, tanto pública como cívica y privada, como alternativa a no ser obligada a cubrir toda la inversión en la construcción de la carretera, obviamente por los trazos que no afecten los acuíferos y el Amboró. De llevarse a cabo, esta experiencia debe ser replicada con carácter de suma urgencia en todo el territorio de nuestra patria, Bolivia.

Considero que éste sería un modo sensato y salomónico no sólo de expiar culpas y encarar civilizadamente el conflicto que se ha desatado, sino además un modo inmensamente pedagógico, puesto que las fuerzas depredadoras están haciendo estragos en el departamento de Santa Cruz y en todo el país, sin que hasta el presente se construyan bases e instrumentos idóneos y apropiados para defender nuestra heredad nacional, de la que los bienes naturales y el medio ambiente constituyen elementos determinantes, así como de nuestras posibilidades futuras de desarrollo y bienestar.

--------------

(*) Carlos Rodrigo Zapata C. Es Economista, Especialista en Planificación Territorial, Diplomado en Sistemas de Información Geográfica, Percepción Remota y Sistemas de Posicionamiento Global, Catedrático de Desarrollo del Capitalismo. Analista político, social y ambiental.

https://www.facebook.com/Alaschiquitanasvoluntarios/videos/661486052595429/

13 septiembre 2023

Conversando con ChatGPT: ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD? ¿PUEDE PRESCINDIRSE DEL ESTADO?

 

Carlos Rodrigo Zapata C. (*)

Hoy en día podríamos decir que ya no podemos irnos “orejanos” de este mundo desde que existe ChatGPT. ¿Qué es un “orejano”? Es un ternero no marcado a fuego, permanece impoluto podríamos decir, donde su pureza está aún inalterada. Esta figura del orejano nos la enseñó Jesús Urzagasti, el escritor y periodista chaqueño que nos dejó una obra imperecedera.




















¿Por qué sostenemos algo así? Porque gracias a ChatGPT podemos obtener respuestas tan claras y contundentes a nuestras preguntas que ya no caben espacios para seguir sosteniendo puntos de vista fantásticos que ya han sido arrasados por la ciencia, la evidencia empírica, la experiencia y la sabiduría. Dicho en breve: ya no hay espacio para nuestras creencias y fantasías, ya no somos terneros inocentes. Aquí sí podemos hablar de un “fin de la historia”. Lástima que tome tanto tiempo convencerse de que ya no hay espacio para tanta fantasía, falsedades y fake news de toda laya.

 

 

¿Qué es ChatGPT?

ChatGPT es un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial GPT-3, desarrollado por la empresa Open AI. Es un modelo con más de 175 millones de parámetros, entrenado con grandes cantidades de texto para realizar tareas relacionadas con el lenguaje, como generación de textos, traducción o creación de código. Es una inteligencia artificial que puede responder preguntas, ayudar al usuario a encontrar información y cambiar el tono según el contexto.

Bing IA

A este terreno nos han llevado, por ejemplo, los libertarios extremistas que creen que es cuestión de hacer desaparecer el Estado para que las cosas encuentren su rumbo natural, espontáneo y superador de toda clase de embrollos, guiadas por “la mano invisible” del mercado.

Adjunto unas consultas a ChatGPT sobre el complejo temático conformado por la función social de la propiedad, calentamiento global, crisis climática, desigualdad, economía de mercado, liberalismo y Estado. A fin de obtener su respuesta de modo claro y conciso le pedí que me la diera en forma de discurso.

En la primera pregunta me limité a pedir su enfoque en torno a la función social de la propiedad. Luego le pedí que incluyera asuntos como el calentamiento global, el cambio climático, la desigualdad, el liberalismo y la economía de mercado. En último término le pedí que incluya el Estado en su respuesta.

Aquí vienen sus respuestas. Las primeras dos me las dio de forma simultánea (¡alucinante!), la tercera me la dio cuando le pedí que incluyera expresamente el tema del Estado. Al final agrego unos comentarios.

 

CRZC:

¿Qué significa la función social de la propiedad? ¿En qué casos, ámbitos o situaciones es indispensable que se aplique dicha función? ¿De dónde surge su necesidad, en qué medida se cumple o satisface dicha función?

 

ChatGPT

Primera respuesta:

La función social de la propiedad es un concepto legal y filosófico que se refiere a la idea de que la propiedad privada no debe ser ejercida de manera absoluta o ilimitada, sino que debe cumplir ciertas obligaciones y responsabilidades hacia la sociedad en su conjunto. Esta función social de la propiedad varía según el contexto legal y político de cada país, pero en general, tiene varios componentes clave:

1.     Uso adecuado: Los propietarios deben utilizar sus propiedades de una manera que contribuya al bienestar de la sociedad y no cause daño o perjuicio injustificado a otros miembros de la comunidad.

2.     Beneficio público: La propiedad privada no debe ser un obstáculo para el interés público. En algunos casos, puede ser expropiada o limitada en su uso si es necesario para proyectos de utilidad pública, como la construcción de carreteras, hospitales o escuelas.

3.     Responsabilidad ambiental: Los propietarios deben ser responsables del impacto ambiental de sus propiedades y deben tomar medidas para prevenir la contaminación o el deterioro del entorno natural.

4.     Justa distribución de la riqueza: La propiedad privada debe contribuir a la justa distribución de la riqueza y los recursos. Esto puede implicar la implementación de políticas fiscales progresivas o la regulación de la concentración de la propiedad en manos de unas pocas personas o empresas.

La necesidad de aplicar la función social de la propiedad surge de la preocupación por equilibrar los derechos individuales de propiedad con el bienestar y los intereses de la sociedad en su conjunto. En situaciones donde la propiedad privada se ejerce de manera absoluta y sin consideración por el impacto en la sociedad o el medio ambiente, pueden surgir desigualdades, injusticias y problemas sociales.

La medida en que se cumple o satisface la función social de la propiedad varía de un lugar a otro y depende en gran medida del marco legal y político de cada país. Algunos países tienen regulaciones más estrictas y políticas públicas diseñadas para garantizar que la propiedad privada cumpla su función social, mientras que en otros lugares, esta función puede ser menos enfatizada o regulada de manera más laxa. La efectividad de la aplicación de la función social de la propiedad también puede ser objeto de debate y controversia en la sociedad, ya que a menudo involucra un equilibrio delicado entre los derechos individuales y el bienestar colectivo.

Segunda respuesta:

La función social de la propiedad es un concepto legal y filosófico que se refiere a la idea de que la propiedad privada no debe ser ejercida de manera absoluta o ilimitada, sino que debe cumplir ciertas obligaciones y responsabilidades hacia la sociedad en su conjunto. Esta función social de la propiedad se deriva de la noción de que la propiedad no es un derecho absoluto, sino que está sujeta a ciertas limitaciones y deberes que benefician a la sociedad en general.

La función social de la propiedad es indispensable en varios casos, ámbitos y situaciones, que pueden incluir:

1.     Vivienda: En muchos países, se considera esencial que la propiedad inmobiliaria se utilice de manera adecuada y no se deje desocupada o en estado de abandono, especialmente en áreas con escasez de viviendas. Esto se hace para garantizar que las propiedades se utilicen de manera efectiva para satisfacer las necesidades de vivienda de la población.

2.  Medio ambiente: La función social de la propiedad también se aplica en situaciones donde la propiedad puede tener un impacto significativo en el medio ambiente. Los propietarios pueden estar obligados a tomar medidas para proteger y preservar los recursos naturales en sus tierras, evitando la contaminación y el agotamiento de recursos.

3.   Expropiación para el bien público: En casos de proyectos de infraestructura pública, como la construcción de carreteras, aeropuertos o hospitales, la propiedad privada puede ser expropiada en interés del bien público. Esto implica que la propiedad se utiliza para beneficio de la sociedad en lugar de los intereses individuales del propietario.

4.    Redistribución de la riqueza: En algunos países, la función social de la propiedad se utiliza como base para políticas fiscales y de redistribución de la riqueza. Esto puede incluir impuestos progresivos y regulaciones para evitar la concentración excesiva de la propiedad en manos de unos pocos.

La medida en que se cumple o satisface la función social de la propiedad varía según la legislación y la implementación en cada país. Algunos países pueden tener regulaciones más estrictas y sistemas de aplicación para garantizar que la propiedad cumpla su función social, mientras que, en otros lugares, estas regulaciones pueden ser menos rigurosas o su aplicación puede ser deficiente. La función social de la propiedad es un tema importante en la teoría y la práctica del derecho de propiedad y la política pública, y su aplicación puede generar debates y controversias en la sociedad.

 

 CRZC:

¿Qué papel le correspondería al Estado en este complejo de urgencias, necesidades, desastres y desafíos? ¿Puede quedar el manejo de todo ese complejo en poder únicamente del sector privado?

ChatGPT

 Excelente pregunta. En el contexto de desafíos como el calentamiento global, la economía de libre mercado y la función social de la propiedad, el papel del Estado es fundamental y desempeña un papel crucial en la gestión de estas cuestiones complejas y urgentes.

1.     Regulación y protección ambiental: El Estado tiene la responsabilidad de establecer y hacer cumplir regulaciones ambientales sólidas para proteger el medio ambiente y mitigar el cambio climático. Esto incluye limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, proteger la biodiversidad, garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y abordar la contaminación.

2.     Promoción de la sostenibilidad: El Estado puede fomentar prácticas empresariales sostenibles a través de incentivos económicos, subsidios a la investigación y desarrollo de tecnologías limpias, y la implementación de políticas de compras públicas verdes.

3.     Investigación y desarrollo: El gobierno puede financiar investigaciones y proyectos de desarrollo relacionados con la mitigación y adaptación al cambio climático, así como la transición hacia una economía más sostenible.

4.     Infraestructura verde: El Estado puede invertir en infraestructuras verdes, como sistemas de transporte público eficiente, energía renovable y redes de suministro de agua y saneamiento más sostenibles.

5.     Educación y conciencia pública: El gobierno tiene un papel importante en la educación pública sobre cuestiones ambientales y la promoción de la conciencia ambiental en la sociedad.

6.     Justicia social: El Estado puede abordar la desigualdad económica y social a través de políticas fiscales progresivas y programas de bienestar, asegurando que las soluciones a los desafíos ambientales no recaigan de manera desproporcionada sobre los grupos más vulnerables.

7.     Cooperación internacional: El cambio climático y otros problemas ambientales son cuestiones globales que requieren cooperación internacional. Los Estados pueden desempeñar un papel importante en la diplomacia ambiental y la participación en acuerdos internacionales para abordar estos problemas de manera conjunta.

En cuanto a si el manejo de estos desafíos puede quedar únicamente en manos del sector privado, es importante reconocer que, si bien el sector privado tiene un papel importante en la innovación y la implementación de soluciones sostenibles, los intereses comerciales individuales pueden no alinearse siempre con el bienestar social y ambiental. Por lo tanto, la regulación gubernamental y la supervisión son esenciales para garantizar que las empresas operen de manera responsable y en beneficio de la sociedad en su conjunto.

En resumen, el Estado desempeña un papel insustituible en la gestión de desafíos como el cambio climático y la función social de la propiedad. Su función es equilibrar los intereses privados con el bienestar público, estableciendo políticas y regulaciones efectivas y promoviendo soluciones sostenibles para garantizar un futuro más justo y sostenible para todos. La colaboración entre el sector público y privado es esencial para abordar eficazmente estos complejos problemas globales.

 

CONCLUSIÓN

Como podemos apreciar, ChatGPT maneja un enfoque muy contundente basado en información y en una fantástica base de datos que tiene a su alcance. Sostener un punto de vista ya no es ni puede ser más una cuestión de insistir, gritar o insultar, es cuestión de información, de manejo adecuado de los contextos, de su correcta interrelación, y no de excluir lo que se le antoja a cada discurso.

Lo señalado anteriormente no significa que ChatGPT sea algo así como un nuevo oráculo, el Delfos de nuestro tiempo, pero, eso sí, significa una valla mucho más alta que la que hasta ahora hemos utilizado y tenido a nuestro alcance. Dejemos de jugar a las ideologías todopoderosas, primero porque el mundo es mucho más ancho y ajeno de lo que imaginamos y, segundo, porque ya no tenemos el poder de contar cuentos chinos sin réplica instantánea, usando fuentes más poderosas de información, base indispensable para toda reflexión.

En lugar que los “liberales” sigan tratando de imponer un discurso tan hueco y falaz como el de las divinas fuerzas del mercado libre que todo lo pueden y los “progres” sigan inventándose discursos extraviados, sin ningún norte ni propuesta seria, sería mucho mejor que en todos los lados del espectro político económico se aboquen a estudiar la forma de interrelacionar todo lo señalado, ya que de su adecuada resolución depende el destino humano.

Excluir de antemano el mercado o el Estado, sin tener respuestas coherentes y razonables para todo el espectro de problemáticas que están haciendo de las suyas en el planeta, no sólo es arrogante, es profundamente estúpido. Lo primero es que los “liberales” reconozcan que existe un debacle climática y ambiental causada por la acción humana con plena intervención de los mercados, los libres, los libertinos y los controlados, y los “progres” decidan si tienen una línea clara e intransigente en defensa de los derechos humanos y de la Madre Tierra o prefieren nomás sumarse a las mafias que ya asolan nuestros países.

Sin reconocer la realidad y optar por líneas de acción coherentes no hay futuro sostenible inclusivo promisorio (SIP, se lee sin respirar de modo seguido), sólo falacias e imposturas.

 

--------------

(*) Carlos Rodrigo Zapata C. Es Economista, Especialista en Planificación Territorial, Diplomado en Sistemas de Información Geográfica, Percepción Remota y Sistemas de Posicionamiento Global, Catedrático de Desarrollo del Capitalismo. Analista político, social y ambiental.