La disputa actual que ha estallado entre el nivel central
del Estado (encabezado por el ministro Montaño) y el subnacional, representado
por la Gobernación del departamento de Santa Cruz por la carretera Santa Cruz –
Las Cruces – Buena Vista de 98 kilómetros, ya ha derivado en diversos
perjuicios y amenaza con escalar aún mucho más. Por ello es importante tratar
de situarse en todo el alcance de la problemática puesta de manifiesto, tanto
para comprender sus raíces como para identificar posibles vías de solución.
El problema se origina en el surgimiento de dos posiciones
muy contrapuestas. El nivel central busca ejecutar un proyecto caminero que
tiene financiamiento y proyecto a diseño final, aunque sujeto a algunas
observaciones no menores, mientras que el nivel subnacional busca cambiar el
trazo de algunos tramos debido a que los actuales trazos afectarían zonas de
recarga de agua de acuíferos, cruciales para el abastecimiento estable de agua
en la ciudad de Santa Cruz y alrededores.
La primera cuestión que urge despejar es muy clara: ¿a qué
se debe la presión del nivel central del Estado para ejecutar el proyecto tal
como fue aprobado inicialmente? ¿Los argumentos de los acuíferos y la
afectación al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró, una de
las joyas de nuestro cofre de bienes naturales, no bastan y sobran? Aquí el
ministro Montaño está en deuda, debe explicaciones y urge que las dé y que sean
muy claras y convincentes.
Una de las posibles razones por las que hasta la fecha no
hay una explicación suficiente se debería a las denuncias que se han efectuado
en el sentido que las áreas por las que pasaría el nuevo camino, tal como a la
fecha está diseñado, habrían sido ampliamente loteadas e incluso ya se habrían
vendido lotes por millones de dólares. De ser cierta esta noticia, surgen no
menos de tres cuestionamientos básicos:
1] ¿Los loteadores están en connivencia con el nivel central
del Estado o el ministro Montaño?
2] ¿Los municipios por los que atravesarían los tramos inicialmente seleccionados han autorizado esos loteamientos y correspondientes urbanizaciones?, ¿cuándo?
3] ¿Quién planifica y decide el desarrollo urbano-rural de los municipios?
Estos temas deben despejarse a la brevedad como para comprender las razones por las que las discrepancias iniciales han escalado tanto, hasta el punto en que se mantienen amenazas de bloqueos y otras medidas.
No obstante, observamos que esa preocupación por el cuidado de tan preciosos recursos recién ha surgido en el último tiempo, una vez que la misma población cruceña y las fuerzas vivas del departamento se han percatado del grado de destrucción que ha sufrido su propio entorno natural, con gran énfasis en los alrededores del área metropolitana de Santa Cruz. Esa situación ha llevado a que los periodos de lluvias se acorten, las temperaturas aumenten y la sequía se extienda, tal como recién nos ha advertido un estudio de la Fundación Tierra sobre "Cambio climático en Santa Cruz. Nexos entre clima, agricultura y deforestación”.
¿Qué implicancia tiene esa situación? Obviamente, la de
centrar la atención en un área geográfica mucho más extensa, indispensable para
preservar las fuentes de agua de la metrópoli cruceña que de aquí a la vuelta
de esquina estará alcanzando ya los tres millones de habitantes, lo que
representa un desafío inmenso desde el punto de vista de provisión de agua de
calidad de modo continuo.
¿Qué corresponde hacer en este cruce de urgencias e
intereses, descuidos y agresiones? Vamos en orden.
En el mismo nivel de urgencia y prioridad se halla por
supuesto la protección y preservación plena e integral del Parque Nacional y
Área Natural de Manejo Integrado Amboró, ya que es en su seno que se generan
los caudales de agua requeridos.
Lo segundo es que los loteamientos deben ser cancelados, ya que se constituyen
en una vía de penetración en áreas que deben ser preservadas para la protección
y conservación ambiental. Todas las partes deben deponer en lo posible sus
exigencias y retornar a fojas cero a la brevedad y del modo más consensuado que
fuera posible. Nadie olvide el estado miserable de la justicia en nuestro país.
Lo tercero es que aún queda por ver la forma en que deben saldarse cuentas con
la misma región de Santa de Cruz. No es posible que por su descuido durante
décadas (el departamento de Santa Cruz tiene un PLUS desde al año 1995 que ha
ignorado y despreciado), ahora las cargas y las presiones se desplacen a una
región mucho más extensa que la que corresponde a la misma región metropolitana
cruceña. Por supuesto que sus requerimientos de agua y protección ambiental
limitan y restringen otros posibles usos que por supuesto también deberán ser
compatibles con el medio ambiente.
Considero que éste sería un modo sensato y salomónico no sólo de expiar culpas y encarar civilizadamente el conflicto que se ha desatado, sino además un modo inmensamente pedagógico, puesto que las fuerzas depredadoras están haciendo estragos en el departamento de Santa Cruz y en todo el país, sin que hasta el presente se construyan bases e instrumentos idóneos y apropiados para defender nuestra heredad nacional, de la que los bienes naturales y el medio ambiente constituyen elementos determinantes, así como de nuestras posibilidades futuras de desarrollo y bienestar.
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(*) Carlos Rodrigo Zapata C. Es Economista, Especialista en Planificación Territorial, Diplomado en Sistemas de Información Geográfica, Percepción Remota y Sistemas de Posicionamiento Global, Catedrático de Desarrollo del Capitalismo. Analista político, social y ambiental.
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