02 noviembre 2017

¿CUÁLES SON LOS OBSTÁCULOS AL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN EN BOLIVIA?


Carlos Rodrigo Zapata C. (*)


En el marco de la preocupación que nos embarga a los bolivianos de cara a nuestro futuro, la pregunta de la industrialización es fundamental, especialmente porque se trata del sector que por antonomasia articula las economías en todo el mundo. Dicho de otro modo, un país sin un sector industrial con un grado razonable de estructuración, aún no cuenta con el engranaje que le permita avanzar de modo sostenido y seguramente tampoco de modo sostenible en su crecimiento y desarrollo.

En este sentido, las reflexiones que comparte Iván Finot sobre este tema son necesarias y oportunas. Nos presenta una breve síntesis de los ires y venires de nuestros, dizque, intentos de industrialización [el artículo de Finot también se puede ver al final de esta nota]. 

Al respecto podríamos decir que, sin duda, si nos portáramos bien, si actuáramos en función del bien común, las cosas irían por otro lado. Pero creo que para conseguir ello, hay muchas condiciones previas que es indispensable cumplir.

Intentaré mencionar algunos ingredientes que considero ineludibles, destacando a su vez el marco de condiciones que históricamente hizo posible la industrialización.


- Un primer ingrediente radica en contar con un grado avanzado en el proceso de acumulación originaria, es decir, un alto grado de concentración de la propiedad en una fracción reducida de la sociedad y unos trabajadores separados de sus medios de producción, en busca de trabajo. Este requisito fue históricamente indispensable para generar los “incentivos” capitalistas básicos. Un ingrediente complementario es que los poseedores de los medios de producción los empleen para producir valores, agregar valor, y no solo para especular.

- Por cierto que dicha estructura fue la base, pero requiere de muchos otros ingredientes como ser, la capacidad técnica, la formación de la mano de obra, la real inexistencia de otras opciones o vías que permitan relativizar esa estructura base, la creación de un marco político-institucional y gubernativo capaz de acompañar ese proceso, introduciendo, por ejemplo, los fundamentos de una economía de mercado, entre otros factores.

- Podemos decir que la economía (social) de mercado es el revestimiento que mejores resultados ha dado para limitar los excesos del capitalismo en diversas partes del mundo. Eso no significa que sea el único revestimiento posible, es mejorable, pero es difícil pretender demasiadas cosas cuando aún no se cuenta con bases mínimas. Es oportuno recordar que este revestimiento ya se probó en nuestro país en alguna medida durante las dos décadas neoliberales, y no funcionó ni atrás ni adelante. El 21060 mostró su incapacidad para destrabar la economía boliviana, norma que a su vez sintetiza el esfuerzo más serio que se hizo en nuestro país para tratar de implantar la economía de mercado. Conclusión: las libres fuerzas del mercado, dejadas a su libre albedrío, no producen ni generan crecimiento, menos industrialización en nuestro medio.

- El motivo por el que la industrialización requiere un ambiente capitalista es porque históricamente es en él que ha podido surgir. A su vez, se ha constituido en el sector crucial para ordenar una economía. Genera empleo para la fuerza de trabajo desocupada que los demás sectores ya no son capaces de absorber, marca la dirección a los demás sectores, les da apoyo y sustento (que sería de los efectos multiplicadores y de las relaciones intersectoriales sin este sector), y justifica el orden requerido basado en propietarios de medios de producción y trabajadores requeridos de trabajar para ganarse el sustento. Ello significa que sin industrialización no se puede generar los puestos de trabajo que requiere una economía para poder crecer de modo continuo, mucho menos para incrementar la productividad y la competitividad. El hecho que las élites en nuestro país no se hayan atrevido a intentarlo en serio, muestra que el tema es muy complejo, pero también que se requiere espíritus pioneros y emprendedores muy atrevidos, como los de un Aguirre Lavayén, Peró, Patiño o un Suárez, pero en este caso, todos volcados obsesivamente a construir ese engranaje indispensable para construir una economía con futuro: la industrialización. Sin dichos espíritus y por cierto, sin las condiciones que los hagan posibles, lo más probable es que quienes asuman el reto no sean empresarios empeñados en crear valor, adaptar tecnologías, generar innovaciones, sino especuladores de todo calibre que viven del extractivismo, que encima nos traen el peor capitalismo imaginable que es el que ya prolifera ampliamente en nuestras latitudes.

- Pero la realidad de Bolivia en el siglo XXI no es la de Inglaterra del siglo XVIII. Comparativamente, es probable que este paso -generar un ambiente capitalista- no sea tan difícil de resolver (aunque conllevaría, por ejemplo, ajustes en la diversidad de modos de producción precapitalistas existentes, superar en buen grado la heterogeneidad estructural), como si lo es superar los incentivos anti industrializadores que provienen del extractivismo, y todo eso ya desde los tiempos de la colonia. Mientras la gente, las instituciones, la mentalidad, las prácticas centenarias se hallen formateadas en el caldo del extractivismo, no hay ninguna posibilidad de cambio sustancial, pues todo ello ha llevado al rentismo y a múltiples formas de distorsión que trae consigo (como el prebendalismo, clientelismo, oportunismo y las innumerables formas de torcer las leyes y violentar el precario orden construido). La gente ni se imagina todo lo que tiene que encarar y resolver la economía como para producir un valor equivalente al que se obtiene de las materias primas. Una caracterización simple de Corea del Sur nos puede dar una idea de ello: allí, donde no existe la posibilidad del extractivismo, todos los sectores tienen que marchar como un reloj, pues la interdependencia mutua entre todos ellos es el capital básico de esa sociedad. Hablamos de educación, salud, justicia, investigación, ciencia, tecnología, innovaciones, orden, etc. ¿Alguien se puede imaginar unos bloqueadores en medio de una autopista coreana? Me imagino que los mismos afectados se encargarían sin dilaciones de enfrentar a los protestantes por los masivos daños y perjuicios colectivos que dicha acción podría ocasionar.

 - ¿Cuál es el problema crucial con el extractivismo y el rentismo, por qué puede considerarse que es la principal traba a todo proceso industrializador? Empecemos diciendo que industria es sinónimo de orden, disciplina, construidos sobre la base de una capa de propietarios que han logrado un alto grado de concentración de la propiedad y una capa de trabajadores, obligados a vender su fuerza de trabajo, por no contar son otros medios de producción y de vida. En dicho ambiente el extractivismo y el rentismo no solo rompen con esa clásica división clasista entre propietarios y trabajadores, pues abren oportunidades de extracción y trabajo incluso a quienes no poseen medios de producción, con lo cual pueden evitar el tener que someterse a la disciplina de la industria y la fábrica. También contribuyen a distorsionar la asignación de recursos, la inversión, optándose nuchas veces por actividades extractivistas ante que por la dura construcción de industrias. Eso no es lo más grave, sino las prácticas y la mentalidad rentista que surgen de ello y tienden a extenderse a muy diversas órbitas, como ser la especulación, la quiebra de toda clase de leyes, reglas y normas, la informalidad, el contrabando, el narcotráfico, la piratería, etc., oportunidades de empleo que efectivamente pueden brindar algún sustento por mayores o menores periodos de tiempo, pero sin poder asegurar ninguna sostenibilidad en el tiempo, generando más bien estructuras inviables. Resulta definitivamente absurdo intentar mejorar la productividad o la competitividad de ramas de actividades y puestos de trabajo estructuralmente inviables e insostenibles.

- En Bolivia tenemos algunas situaciones que parecen relativamente maduras para hacer posible la industrialización. Los esfuerzos que se realizan en El Alto y al norte de Santa Cruz, para romper con ese sino anti industrializador que existe en el país, en sus estructuras, sus prácticas y mentalidades, aún no logran superar las barreras que se le oponen tercamente. Hay avances puntuales cuando se logra reunir una serie de elementos poco frecuentes, como capacidad técnica, inversión y mercado. Lo más claro es que para El Alto, como para ninguna otra ciudad de Bolivia, la industrialización es de vida o muerte, pues no tiene recursos naturales, ni gran participación en la burocracia y ya sobrepasa el millón de habitantes que se aglomeran en buena parte, semana a semana, en el supermercado 16 de Julio, por lo que su futuro o es industrialización o es comercio, aunque en este último caso ya no podría apropiarse de su propio futuro. Pese a esa urgencia, no existe ningún plan serio, ninguna iniciativa para romper con ese bloqueo estructural anti industrialista. Tenemos un muy escaso espíritu industrializador en Bolivia.

En suma, las trabas se han alojado en la misma médula espinal de la sociedad, por lo que toda propuesta debe empezar por identificar todos los lados de la problemática que se pretende atacar y resolver, hasta lograr definir un diagnóstico común y compartido. Sin ello, tampoco será posible dar algunos pasos certeros, perdurables en el tiempo.

(*) Economista, Catedrático de "Desarrollo del Capitalismo". UMSA, La Paz.



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Catalejo / Iván Finot

La difícil industrialización de Bolivia

Mientras, históricamente, la tasa de crecimiento de Bolivia ha mostrado frecuentes caídas, ocasionadas por descensos en los precios de las materias primas y endeudamientos excesivos, otros países, antes con ingresos por habitante muy inferiores al de Bolivia, han logrado tasas sostenidas de crecimiento llegando a desarrollarse, o a estar en vías de lograrlo, a través de la industrialización.

La idea de industrializarse para superar el atraso no es nueva, lo que difieren son las estrategias para lograrlo. La que actualmente está en vigencia – que el Estado se haga cargo directamente de las principales explotaciones de recursos naturales e invierta en empresas públicas– ya ha sido probada entre 1952 y 1985. Tuvo su auge en los años 70 gracias a aumentos en los precios del estaño y del petróleo, y a un crédito internacional fácil, pero las inversiones no resultaron rentables y en los 80 el pueblo boliviano debió pagar la deuda con altísima inflación y contracción económica.

En 1985 hubo que echar decenas de miles de supernumerarios de las empresas públicas mineras, privatizar las dedicadas a fundición de minerales y a energía eléctrica, y liquidar las manufactureras y los bancos de desarrollo perdiendo la mayor parte de las inversiones realizadas en todas ellas. Para las restantes -de hidrocarburos, ferrocarriles y telecomunicaciones- en 1993 se encontró otra solución: subastar internacionalmente el 49% de su propiedad a fin de capitalizarlas (El Plan de Todos 1993) pero las interesadas pusieron como condición tener el 51% y se les aceptó.

La recuperación económica empezó cuando, junto con un nuevo boom de precios de materias primas, las inversiones generadas por la capitalización dieron como resultado el hallazgo y la mayor producción de gas natural. Pero las capitalizadoras aprovecharon que no estaban bien controladas para eludir impuestos.

Esto ocasionó una crisis política que determinó el cambio del sistema impositivo (otra vez el impuesto más importante es sobre ventas, el IDH, y no sobre utilidades) en 2004 y culminó en 2005 con la victoria electoral del Movimiento al Socialismo (MAS), que proponía que nuevamente el Estado se hiciera cargo directamente de actividades productivas.

El gobierno del MAS compró las acciones necesarias para poder manejar las empresas extractoras, de transporte y distribución de hidrocarburos, y expropió una extractora (Chaco), varias de energía eléctrica, las fundidoras y la empresa minera Huanuni, haciéndolas, o volviéndolas a hacer, empresas públicas.

Y nuevamente el gasto público acrecentado se está asignando mal. Todo indica que su rentabilidad global ya es, y seguirá siendo, crecientemente negativa (para inversión pública ver, en página siete/opinion, Del Granado 2017 12/1 y 7/13, Finot 2017/2/22, Roca 2017/4/23 y Medinaceli en mmedinaceli.com).

Se avecina una nueva crisis económica por las mismas causas. La anterior resultó tan profunda que sólo en 2006, con una nueva alza de los precios de las materias primas, se llegó a los niveles de ingreso por habitante alcanzados en 1978. En el mismo período el de Corea del Sur se había multiplicado cinco veces (Maddison Project): la experiencia mundial demuestra que, para desarrollarse, el Estado es decisivo pero las actividades productivas y comerciales deben ser confiadas a mercados regulados.

Pero el caso boliviano no se reduce a que el Estado se hace cargo de actividades que no le corresponden.  El problema de fondo es que no vela por el bien común: aún no hemos logrado superar el patrimonialismo feudal, heredado del Estado colonial español pues, sobre todo cuando abundan los ingresos, el verdadero motor del gasto público tiende a ser maximizar los beneficios políticos y económicos de quienes adoptan las decisiones, no el interés general. Los “errores de asignación” no son tales sino tienen este propósito.

Una primera condición, entonces, para poder desarrollarnos económicamente es conseguir que nunca más el Estado pueda ser utilizado en función de intereses particulares y personales, que en su funcionamiento prevalezca el bien común.
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Iván Finot, MSc. en economía, especialista en desarrollo y en descentralización.








10 septiembre 2017

"AGENDA DEL 21F": PARA PONER FIN AL MONÓLOGO NACIONAL


 
Carlos Rodrigo Zapata Cusicanqui

En defensa de la decisión democrática ciudadana del 21F, con el afán de evitar que se consoliden posiciones atentatorias al orden constitucional vigente y con la finalidad de convocar a las fuerzas políticas tanto del oficialismo como de la oposición a que se apresten a resolver sus diferencias en las urnas y solo mediante las urnas, un compacto grupo de ciudadanos ha puesto en consideración de la opinión pública nacional una convocatoria llamada Agenda del 21F. [Al final de esta nota, puede verse la AGENDA DEL 21F in extenso].

Esta convocatoria llega en un momento oportuno al escenario nacional, cuando empiezan a multiplicarse las voces de rechazo y oposición a diversas decisiones gubernamentales, que resuenan y se acrecientan aún más al calor de las pretensiones oficialistas de forzar una nueva repostulación del binomio gubernamental en contra del marco legal vigente y la decisión ciudadana señalada.

La lista de temas que al presente es objeto de cuestionamientos en la opinión pública nacional es extensa, pues incluye leyes, programas, proyectos y diversas disposiciones, que muestran un creciente estado de disconformidad con la conducción gubernamental. Entre los temas que destacan puede mencionarse la eliminación de la intangibilidad del TIPNIS y la construcción de una carretera por esta área protegida, la central nuclear, los proyectos del Bala y Chepete, los incrementos de los precios de energía, el proceso electoral forzado para “elegir” nuevos magistrados judiciales, la legalización y expansión de cultivos de hoja de coca, así como la política de vínculos internacionales, entre otros varios temas y asuntos, aunque los aprestos dirigidos a facilitar una nueva respostulación del binomio gubernamental, encabezan la lista de cuestionamientos.

¿Qué plantea concretamente la Agenda del 21F?

Se centra en algunas directrices y acciones para facilitar la transición del gobierno actual a uno nuevo y del actual régimen autoritario a uno centrado en el estado democrático de derecho. 

En efecto, el país todo observa cada vez más azorado la forma en que desde el ejecutivo se ejerce diversos tipos de influencia en la conducción de los asuntos legislativos y judiciales, rompiendo con ello uno de los pilares básicos de todo estado democrático y de derecho, como es la separación y coordinación de poderes.

Más allá de ello, pone el acento en temas tales como el bien común, el medio ambiente, los derechos de la naturaleza, los servicios públicos, y también avanza algunas propuestas de corte institucional tales como una Defensoría de la Naturaleza y un Consejo Económico, Social y Cultural en el que se puedan concertar las políticas públicas con representantes de los principales actores productivos, sociales, territoriales y pueblos indígenas.

Este punto del Consejo no solo es de vital importancia, sino que a nuestro entender es el meollo mismo de la Agenda del 21F. Se trata de abrir el diálogo, de concertar, de hacerlo con los representantes auténticos de las fuerzas vivas de la nación, a fin de facilitar con todo ello un proceso de transición democrática en el marco del estado de derecho. Sin duda, uno de los déficits más notables que se ha podido apreciar en todos estos años de gestión gubernamental a cargo del MAS radica en la falta de diálogo, de consenso, de auténtica construcción colectiva de los destinos nacionales.

Junto con el diálogo y la concertación se halla la urgencia de encarar una reforma integral de la justicia, ya que sin ella resulta utópico y atrabiliario imaginar la convivencia pacífica y alentar la actividad económica legal, formal, seria, digna y sostenible. El fortalecimiento de las autonomías también es visto como un ingrediente fundamental, y dentro de ello el pacto fiscal, para pasar de un “Estado con autonomías a un Estado autonómico”.

Otro elemento destacado tiene que ver con “Nuevas reglas para la participación política y electoral”, ya que las actualmente vigentes hacen escarnio de las reglas democráticas elementales, como la de “un hombre, un voto, igual peso”, ya que las actuales circunscripciones sesgan de modo absoluto esta base elemental de todo régimen democrático, para no hablar del hecho que luego de una preselección de candidatos efectuada por la mayoría oficialista, se disponga la elección de las máximas autoridades judiciales incluso con la menor cantidad de votos imaginable, así haya una mayoría abrumadora que las rechaza o no las prefiera. Mayor rasgo de autoritarismo que éste, imposible.

En materia económica la Agenda del 21F es relativamente parca, aunque adelanta algunas directrices fundamentales, tales como el abandono del extractivismo, la reducción de la informalidad, la universalización de los impuestos, una nueva matriz energética y productiva, y el rechazo a la ampliación de los cultivos de coca y a la ampliación de la frontera agrícola para monocultivos.

En ningún caso se plantea cómo se pretende encarar estos temas, qué políticas y medidas serían indispensables para abordarlos. En este marco queda claro que la preocupación inicial radica en destacar estas temáticas como elementos críticos centrales que están afectando la convivencia nacional, pues está muy claro, por ejemplo, que nadie que se respete puede vivir tranquilo en un país que legaliza cultivos de hoja de coca y los expande sabiendo que buena parte de los mismos van a parar a manos del narcotráfico: De igual modo, tampoco es posible continuar con una política impositiva centrada en un sector de la población, decretando al mismo tiempo piedra libre para otros sectores sociales.

En síntesis, se puede apreciar la Agenda del 21F como un valioso esfuerzo ciudadano para aligerar las cargas, facilitar un proceso de transición ordenado, dialogado, concertado, asunto que debería tener máxima prioridad en la agenda pública nacional de los próximos 24 meses, ya que el país se halla claramente sin norte, no tiene una estrategia de desarrollo que diversifique la matriz productiva, por lo que se va hundiendo cada vez más en el extractivismo.

El acento puesto tanto en el estado de derecho como en la democracia y la participación, nos está diciendo que es justamente en estos ámbitos donde se juega el destino nacional, donde el país requiere cambios profundos con suma urgencia, ya que sin esos ingredientes sería como aceptar que a la ciudadanía le da lo mismo un estado sin justicia y democracia, que un estado con esos ingredientes esenciales.

La convocatoria a enriquecer la Agenda del 21F es natural e indispensable, ya que solo una construcción colectiva que sea capaz de aportar a un programa común tiene la oportunidad de producir transiciones sin traumas, sin costos impagables, capaz de recuperar lo mejor de las distintas partes.

Hagamos todo lo posible para que este proceso de transición enriquezca nuestro porvenir y no lo entorpezca ni lo impida. El futuro de nuestra patria así lo demanda. 

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Agenda del 21F

Propuesta ciudadana para la transición democrática

La victoria popular en el referéndum del 21F de 2016 fue refrendada un año después por multitudinarias concentraciones en todo el país para rechazar los nuevos intentos del MAS de  prorrogarse en el poder, violentando los principios y normas del orden constitucional vigente. El movimiento ciudadano, que tuvo un rol protagónico en las urnas y en las calles en estos dos  procesos, ha decidido convertir la indignación popular en una propuesta programática, la Agenda del 21F, que puede resumirse en un solo objetivo: la transición del Estado autoritario y corporativo actual hacia un Estado democrático que garantice los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza.

Puesto que no hay viabilidad jurídica ni política para los planes de perpetuación de Evo Morales en el poder, las organizaciones de la oposición y el propio MAS deben prepararse para un nuevo proceso de transición. La Agenda del 21F exige, como punto de partida, que el gobierno acate la voluntad popular expresada en las urnas en 2016 y transfiera el poder en 2020 a un nuevo gobierno elegido legal y democráticamente. Pero la Agenda del 21F no se limita a un cambio de gobierno, sino que exige un cambio de régimen. Frente al despilfarro prebendal, la corrupción, el patriarcalismo, la profundización del extractivismo, la ineptitud, el autoritarismo y la impostura que caracterizaron al “proceso de cambio”, la ciudadanía democrática demanda una transición política, económica, social y ambiental. La agenda de transición debe promover los acuerdos necesarios para democratizar al Estado y la sociedad y redefinir la relación de ambos con la naturaleza.

Expresa una aspiración que retoma y actualiza el legado de las luchas populares por la libertad y la igualdad y le ofrece al país una vía  para afrontar los desafíos del siglo XXI en un nuevo contexto ambiental y civilizatorio.

A diferencia de la llamada Agenda Patriótica 2025 que ofrece más extractivismo, más endeudamiento y mayor concentración del poder, la Agenda del 21F está inspirada en la convicción de que el bien común  no puede ser la agregación de intereses particulares y que el buen gobierno sólo puede ser resultado de la vigencia plena del Estado social y democrático de derecho. Pero a estos principios básicos hay que añadir la dimensión ambiental: no podemos promover un tipo de “desarrollo” que destruya nuestra base de sustentación vital. Por estas razones, el nuevo Estado habrá de incluir en su diseño y funcionamiento la nueva generación de “derechos” de la naturaleza y no sólo el amplio catálogo de derechos humanos reconocidos por la Constitución.

La transición está orientada a redefinir la relación entre Estado y sociedad para generar un nuevo contrato social de carácter democrático. Para ello, será necesaria una reforma de Estado y una redefinición de las políticas públicas que, en su versión resumida, incluyen:

Reforma de Estado

1. Estado social y democrático de derecho
    a. En sustitución del actual Estado corporativo, Bolivia requiere la instauración de un Estado social y democrático de derecho, que sólo tuvo de manera embrionaria en el pasado y que hoy aparece como una necesidad para garantizar los derechos de las personas, de los  pueblos y de la naturaleza. 
   b. Sólo un régimen constitucional democrático constituido con base en la independencia de  poderes, puede asegurar la prevalencia del bien común sobre los intereses de clase, de gremio, de etnia o de región.
    c. El Estado social de derecho se propone además la generación y redistribución de la riqueza y la provisión de los servicios y oportunidades para los sectores sociales en situación de vulnerabilidad, regulando el mercado y planificando la economía con el objetivo de reducir no sólo la pobreza sino también la desigualdad y la informalidad.
    d. La concertación de estas políticas públicas requerirá la creación de un Consejo Económico, Social y Cultural en el que estén representados los principales actores productivos, sociales, territoriales y los pueblos indígenas.
    e. A los derechos individuales y colectivos se deben añadir ahora los “derechos” de la naturaleza para que tanto el Estado como la sociedad respeten los límites biofísicos y la capacidad de regeneración de los ecosistemas. A la Defensoría del Pueblo habrá que añadir una Defensoría de la Naturaleza que garantice el cumplimiento de la normativa ambiental.

2. Democracia ciudadana
    a. La Agenda del 21F propugna el pluralismo y la participación ciudadana en el sistema de conformación y funcionamiento de los poderes públicos monopolizados actualmente por corporaciones sociales o unipartidarias.  
    b. Necesitamos un gobierno que asuma la representación del conjunto de la sociedad y no la de los intereses de grupos particulares. Ni partidocracia, ni “gobierno de los movimientos sociales”: independientemente de su origen partidario o frentista, el gobierno venidero deberá representar la condición ciudadana, fundamento de la igualdad, la libertad y del sentido de pertenencia a la comunidad nacional boliviana.

3. Sistema de justicia independiente
   a. Para la conformación de un sistema judicial independiente se requieren autoridades seleccionadas por sus méritos profesionales y no por cuoteo partidario, como en el pasado, o por cuoteo sindical o intrapartidario, como ocurrió en 2011 y acaba de repetir el gobierno de Evo Morales. 
   b. Es imprescindible un acuerdo nacional para una reforma integral de la justicia, su fortalecimiento institucional y su desconcentración.
   c. Sólo una justicia independiente e idónea podrá administrar los juicios de responsabilidades ante la violación de los derechos humanos, la corrupción ampliada y el despilfarro de los recursos fiscales en los que incurrieron o incurran los gobernantes.

4. Desconcentración para la vigencia plena de las autonomías y pacto fiscal
   a. En lugar de un Estado “con” autonomías (hoy inexistentes o recortadas) demandamos un Estado autonómico que transfiera competencias y recursos reales a los gobiernos departamentales y municipales.  
    b.  Como reconocimiento de la diversidad cultural e institucional, deben fortalecerse los mecanismos de consulta previa y autogobierno de los pueblos indígenas.
    c. Es imprescindible el pacto fiscal que redistribuya la riqueza nacional, superando los derechos preconstituidos al calor de las presiones regionales o corporativas.
   d. La actual extorsión impositiva a un reducido número de contribuyentes debe ser sustituida por la progresiva universalización del pago de impuestos, para que el tesoro nacional dependa cada vez menos de la renta de los recursos naturales y más del propio esfuerzo de los ciudadanos.
 

Políticas públicas

5. Nueva matriz energética y productiva
   a. La transición política irá acompañada de una transición hacia una nueva matriz energética y productiva. La economía boliviana debe abandonar aceleradamente el modelo extractivista y la dependencia de los combustibles fósiles, sin incurrir en la irresponsable aventura de la energía nuclear o el daño ambiental generado por las mega-represas.
  b. La ciudadanía democrática se pronunció mayoritariamente contra la ampliación de los cultivos de coca destinada al narcotráfico o la extensión de la frontera agrícola para los monocultivos de exportación.

6. Nuevas reglas para la participación política y electoral
    a. La democratización del Estado y de la sociedad requiere autoridades electorales idóneas que garanticen la depuración integral del padrón electoral, la aprobación consensuada de una ley de organizaciones políticas  que promueva la más amplia participación ciudadana, la democratización interna de estas organizaciones y la igualdad de oportunidades en la competencia electoral, además de la redefinición de las circunscripciones electorales para corregir las actuales asimetrías sociales y territoriales. Exigimos que se anulen las elecciones en las que el voto nulo o blanco sea mayor al voto válido.

7. Política internacional independiente
    a. En la escena internacional, el próximo régimen democrático debe predicar con el ejemplo y evitar el alineamiento con gobiernos dictatoriales o autocráticos, promover el multilateralismo, el respeto de los derechos humanos y la protección de la naturaleza, asumiendo que somos simultáneamente ciudadanos y ciudadanas de Bolivia y del mundo.  
    b. En lo inmediato, debe cesar el “respaldo incondicional” que el actual gobierno le ofrece a la dictadura venezolana en nombre del pueblo de Bolivia.

8. Servicios públicos
   a. El nuevo régimen estatal debe encarar los enormes desafíos en la provisión eficiente de los servicios públicos, la creación de empleo digno y la gestión concertada entre los distintos niveles de gobiernos autónomos para resolver prioritariamente y de manera duradera la situación de la salud y la educación en Bolivia.  
   b. Se deben crear oportunidades de educación y empleo digno para las y los jóvenes, que  pronto tendrán que asumir responsabilidades como nuevos conductores del país.
   c. Para la provisión de estos servicios es imprescindible el fortalecimiento de las ciudades intermedias en el marco de una política que articule la atención de las necesidades urbanas y los desafíos de la seguridad alimentaria.

El movimiento ciudadano, compuesto por una diversidad de personas, grupos y tendencias, y que expresa de manera plural el nuevo protagonismo político en el campo y las ciudades de quienes creen en la democracia y el Estado de derecho, en la justicia económica y social y en la defensa de la naturaleza como sus principios rectores, asume su rol histórico al ofrecerle al conjunto del país esta Agenda de emancipación y responsabilidad con las generaciones presentes y futuras.

Convocamos a las organizaciones sociales y políticas, a los pueblos indígenas, a los ciudadanos y ciudadanas a lo largo de todo el país, a enriquecer colectivamente la Agenda del 21F y organizarse en torno a sus objetivos programáticos para asegurar la victoria de las fuerzas democráticas en las elecciones venideras de 2019.