14 diciembre 2014

Política de vivienda en Bolivia: PACTO ESTADO - AUTOCONSTRUCTORES


Carlos Rodrigo Zapata C. (*)


Tenemos muchos recursos, pero pobres resultados. Eso sucede en mayor o menor medida en todos los sectores de la economía, también en vivienda. Los autoconstructores de vivienda construyen no menos de 65% de las viviendas en Bolivia, en muchos casos precariamente. El Estado nunca les ha facilitado medios ni recursos complementarios que les permitan resolver su tarea satisfactoriamente. En este artículo se presenta una propuesta para forjar un gran pacto entre Estado y autoconstructores, para aprovechar plenamente los recursos disponibles de ambas partes y lograr resultados perdurable 

Como ocurre en la mayoría de los otros sectores de la economía, también sucede en el sector vivienda: contamos con múltiples recursos, pero muchos de ellos permanecen pobremente empleados o desempleados, simplemente porque no logramos hilvanar un esquema razonable para aprovecharlos y ponerlos en valor, lo cual nos conduce a reproducir las múltiples falencias, déficits y carencias que nos carcomen, cuando podríamos evitarlo. Tenemos todo, pero seguimos habitando pobres moradas. ¿A qué se debe?

Veamos más en detalle. La mayor parte de las viviendas en Bolivia, no menos del 65% de ellas, proviene de la autoconstrucción, en tanto que no menos del 26% del total de viviendas adolece de deficiencias cualitativas (relacionadas con pisos, techo, paredes), de las que un 17% podría subsanarse o superarse (en números significa: 403.000 viviendas, aprox.), pues el restante 9% (que equivale a 217.500 viviendas) corresponde a la categoría de viviendas irrecuperables por la cantidad de deficiencias cualitativas que tienen, todo ello según proyecciones del INE y propias para 2007. Esta situación en el área rural es mucho más preocupante que en el área urbana. Esto significa que los autoconstructores resuelven insuficientemente su problema habitacional, puesto que a la vez también generan el referido déficit cualitativo.

El asunto es que el Estado nunca les ha tendido la mano, ni les ha brindado facilidades para construir sus propias viviendas y emplear sus propios recursos, dejándolos librados a su suerte. Los autoconstructores tienen materiales, disponen de mano de obra, tienen experiencia como constructores, cuentan con capital social mediante el ayni y el choko (cooperación para la construcción de la vivienda), todo lo cual es empleado para producir sus propias soluciones habitacionales, pero requieren asistencia técnica, no cuentan con materiales mejorados, no disponen de nuevas soluciones tecnológicas para manejar el agua, aislar adecuadamente sus viviendas, ampliarlas y convertirlas en el lugar para "vivir bien" por excelencia.

El hecho es que el Estado ha venido empleando los recursos de que dispone para producir unas cinco mil viviendas al año, construidas por así decir, de la A a la Z, con elevados subsidios, sin tomar suficientemente en cuenta los recursos de los autoconstructores, ni generar oportunidades de mejoramiento de las viviendas y de empleo para la gran masa de propietarios de viviendas precarias, que es donde se concentra una buena parte del problema habitacional en Bolivia. 

Una política inteligente, no circunscrita únicamente a la coyuntura, sino empeñada en construir las bases institucionales de un programa sólido y bien estructurado para atender los requerimientos de vivienda de calidad de largo alcance, debe orientar el empleo de los muy escasos recursos estatales a facilitar las condiciones de construcción de los autoconstructores, coadyuvando a emplear sus propios recursos y lograr de este modo encarar de modo simultáneo miles de soluciones habitacionales de calidad en todo el país, movilizando los recursos de los mismos autoconstructores.

La pregunta es, cómo se puede encarar esta tarea, qué debe hacerse para ponerla en práctica. Lo primero es identificar claramente aquellos aspectos que caracterizan el déficit cualitativo en la vivienda. De acuerdo a la información existente, puede advertirse que los déficits se concentran en piso, techo, paredes y la falta de cuarto de cocina, de baño y la insuficiencia de ambientes. Ello exige justamente mejores materiales, asistencia técnica, innovaciones tecnológicas adaptables, bienes y servicios públicos (tales como, agua, saneamiento básico, electricidad, vías de acceso mejoradas, equipamiento comunitario, etc.) y financiamiento para determinados rubros que no pueden ser cubiertos por los autoproductores. 

La idea básica es que los recursos que aporte el Estado sean complementarios a aquellos que pueden movilizar los mismos autoconstructores, lo cual permitirá incrementar el volumen total de recursos empleados y dedicados al sector de vivienda. Por otra parte, también puede advertirse que sin dichos recursos complementarios, muchos otros recursos en poder de los autoproductores quedarían sin empleo o sólo precariamente empleados.

El Estado debería desarrollar una gama de proyectos e iniciativas que permitan generar los bienes y servicios señalados, de modo tal que los autoconstructores puedan acceder a aquellos ingredientes que requieren para hacer realidad su solución habitacional mejorada y de calidad. 

La forma o manera de poner a disposición de los autoproductores dichos bienes y servicios, puede efectuarse mediante una gama de PYMES que se especialicen en articular la demanda de los autoproductores con la oferta estatal, de modo que cada quien accede a aquellos recursos que requiere de modo complementario a los propios recursos que puede movilizar. Procediendo así se impulsaría una gran cantidad de soluciones habitacionales de modo simultáneo, logrando que los autoproductores mejoren sus propias viviendas, empleando sus propios recursos. En plazos razonables, es posible imaginar que gracias al impulso del Estado se podría mejorar decenas de miles de viviendas en todo el país, introduciendo mejoras tecnológicas indispensables y fomentando el empleo de los recursos en poder de los autoproductores. Lo más importante, es que este modo de abordar la problemática permitiría construir una institucionalidad apropiada, que pueda perdurar mientras sea requerida.

Por cierto que una política de vivienda es mucho más amplia que lo aquí señalado, pues, por empezar, el sector comprende no sólo la vivienda, sino también el hábitat inmediato y su entorno mayor, ya que sin manejar el territorio, sin una política de acceso al suelo, sin planificación territorial, catastro y regularización del derecho propietario y sin implantar las bases del derecho urbano, no será posible impulsar una verdadera política de vivienda, urbanismo y hábitat que pueda permitirnos resolver y solucionar la problemática habitacional en plazos ciertos y manejables, que por cierto comprende no sólo el déficit cualitativo, sino también el cuantitativo (falta de viviendas) y otro problema no menor: la ciudad informal, producto de ocupaciones espontáneas, no estructuradas, construidas al son y al calor de loteadores y otras instancias coadyuvantes.

En este sentido, también es crucial resolver adecuadamente el tema de la estructura de competencias que es necesario transferir a gobiernos departamentales, regionales y municipales en el marco del proceso autonómico para que puedan llevar adelante la política de vivienda y hábitat de modo coherente y satisfactorio para todos los sectores sociales, pero en particular para aquellos más carenciados, excluidos y postergados.

Todo esto es indispensable resolver a partir de un conjunto preciso de decisiones. Contamos con un marco históricamente inmejorable de oportunidades y posibilidades para hacerlo, pero requerimos no dejarnos avasallar por la coyuntura y la urgencia de las emergencias, pues sumando y restando, siempre vivimos de ese modo, con una sensación de vértigo permanente, todo por no saber organizarnos y forjar oportunamente los marcos de acción y prevención pertinentes que requiere nuestra sociedad. Esperemos que ahora, por fin, podamos empezar a recorrer nuevas sendas que nos ayuden a dejar el pasado definitivamente atrás.

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(*) Economista, especialista en planificación territorial. E-mail: carlosrodrigozapata@gmail.com