17 febrero 2010

Los derechos de la Pachamama y la función económico-social de la propiedad rural

Carlos Rodrigo Zapata C. (*)

“….ahora estamos en….momento de decir,
la tierra es de quien la trabaja,
pero también de quien la respeta y la cuida,
y de quien utiliza adecuadamente los recursos naturales
y de quien aporta a la seguridad y la soberanía alimentaria del país.”

(Víctor Camacho Gonzáles, Viceministro de Tierras)


Importantes propuestas y aseveraciones relacionadas con el uso de la tierra han sido vertidas por el nuevo Viceministro de Tierras, un jurista, pero con criterios muy claros en lo referente al uso sostenible de los recursos naturales renovables, en particular el suelo.

El más importante de ellos, es sin duda el de administrar las tierras. Es un tema absolutamente esencial y fundamental, toda vez que hasta el presente no ha sido posible implantar el Ordenamiento Territorial (OT) e implementar los Planes de Uso del Suelo (PLUS) a escala departamental y municipal. Sobre el tema es mucho lo que se puede y debe recuperar de las inversiones realizadas en el pasado en la formulación de los PLUS, pero también son muchas las lecciones aprendidas, tanto por acción, como por omisión.

Posiblemente baste señalar que no se ha formulado una estrategia coherente y adecuada de implantación del OT, ya que el OT hasta el presente no tiene una ley, no cuenta con una institucionalidad sólida (como ejemplo, a tiempo de aprobarse la nueva CPE que incluye por primera vez el OT en la planificación, se decide eliminar el Viceministerio de Planificación Territorial y convertirlo en una Dirección, que quedó buen tiempo acéfala), no dispone de centros de formación y capacitación, las fuentes de información son dispersas, no existe aún un centro de información adecuado (aunque últimamente el Viceministerio de Tierras ha empezado a encarar esta labor con gran fuerza). En relación a este último punto, el Observatorio Territorial para el Lago Titikaka, propuesto por el autor de estas líneas y otros colegas, se halla al presente en proceso de desarrollo con apoyo de la Unión Europea, y bien puede constituirse en una herramienta clave para el seguimiento de los procesos de uso, ocupación y estructuración de la tierra y el territorio también en otras regiones del país.

También en lo referente a la implementación es muy poco lo que nos ha dejado efectivamente el OT, ya que no se han formulado planes de implementación (especificando, entre otros, actores, competencias, recursos, objetivos, metas, indicadores, formas de complementar/financiar las capacidades insuficientes, control, seguimiento, actualización, etc.), ni se han tomado en cuenta los PLUS en los POAs municipales ni departamentales y tampoco se han previsto estrategias de implementación de dichos planes. En suma, esfuerzos de años y millones de dólares expresados en trabajos en muchos casos muy cuidadosamente elaborados, no han sido aplicados y se hallan en buena parte reposando en anaqueles y estanterías.

La seguridad alimentaria es otro punto destacado en la entrevista con el Viceministro, aunque por sí sola es insuficiente. Se requiere emplear sosteniblemente el recurso tierra para satisfacer todas las necesidades básicas de la sociedad que dependan de dicho recurso, las relacionadas con el alimento y también con el vestido (fibras, cueros), las materias primas para la industria y la exportación, los usos de la tierra para fortalecer diversas funciones ambientales, etc.

Llama la atención que no se haya reglamentado en mayor detalle la función económico-social de la propiedad que con gran acierto ha sido vinculada al uso sostenible de la tierra en áreas rurales. Debido a ello, la distribución de la tierra ha mantenido un marcado sesgo propietarista, cuando lo ideal es que junto con el perfeccionamiento de los derechos propietarios y el tamaño o extensión de la propiedad, se consideren criterios relacionados con el potencial y las aptitudes de uso de la tierra, con la capacidad de carga animal y de soporte de la tierra.
De este modo se podría combinar de modo apropiado una política democrática de redistribución de tierras, con una política de uso sostenible de los recursos, apuntando a construir y apoyar unidades de producción sostenibles, capaces de brindar sustento adecuado a una familia o grupos de familias, según sea el régimen de distribución de tierras aplicado (comunitario, individual) y el potencial de las tierras distribuidas. Por cierto que para que dicho esfuerzo no concluya nuevamente en el minifundio, será crucial acompañar dichos emprendimientos con nuevas disposiciones que preserven la unidad de explotación, en áreas como la herencia, los impuestos, el reconocimiento de derechos propietarios, etc. La mejor línea de defensa de dicha unidad mínima de explotación será, sin duda, la lucha contra la pobreza, un crecimiento económico acelerado, acompañado de una creación vigorosa de empleos, y una distribución más justa del producto y la riqueza.

En un artículo publicado en 1996, sostuvimos la tesis que para la ley INRA la tierra parecía tener sólo propietarios pero no usuarios, con lo que queríamos señalar el énfasis dado a asegurar derechos propietarios de la tierra, antes que precautelar su uso y aprovechamiento sostenible. Con las declaraciones últimas del Viceministro, da la impresión que lo que se busca es dar un giro corrector a esa tendencia, reconociendo los derechos de la Pachamama. No hay duda que este enfoque es indispensable para el futuro de nuestra sociedad, cuyo sueldo proviene fundamentalmente del aprovechamiento de los recursos naturales.

Así como se puede sanear la propiedad en función de varios criterios señalados por el Viceministro (en función de las prioridades del Gobierno nacional, de la seguridad alimentaria, de aspectos productivos), para ello se debe proponer diversos tipos de utilización de la tierra y aplicar los más pertinentes, centrados en la seguridad alimentaria, la provisión de fibras y materias primas para la industria, las exportaciones, el fortalecimiento de las funciones ambientales de múltiples cuencas, hoy sometidas a fuego cruzado por el cambio climático y las intervenciones desaprensivas del ser humano sobre la naturaleza y el territorio.
Yendo más allá, es tiempo de pensar en grande en lo referente a la gestión de los recursos naturales, pensar en el desarrollo de un gran centro capaz de organizar esta magna tarea, algo semejante a un Agustín Codazzi (Colombia). Una tarea crucial de este gran centro sería la de formular políticas consistentes de aprovechamiento de los recursos naturales, renovables y no renovables, velar por su implementación, introducir la prevención de riesgos en todos los ámbitos del quehacer, evitar que sigamos reproduciendo las condiciones de nuestra propia pobreza y depauperación, debido a la persistencia de acciones e intervenciones desintegradas y desarticuladas en los más diversos ámbitos del quehacer nacional.

Como podrá apreciarse, unas cuantas propuestas bien encaminadas, pueden desatar múltiples propuestas, pero también lamentaciones y nuevos sueños. Esperemos que el nuevo “Vice” de tierras siga las huellas de su antecesor, y avance y profundice por la senda que ha empezado a pergeñar, pues es mucho lo que se debe hacer y muy urgente, y hoy como nunca en nuestra historia, tenemos las condiciones, las posibilidades, la voluntad y el empeño para hacer realidad estos cambios, gracias al inédito consenso que se ha forjado en los últimos años en nuestro país, ampliamente ratificado en las recientes elecciones nacionales.

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(*) Economista, especialista en planificación territorial, co-autor de diversos planes de Ordenamiento Territorial. E-mail: CarlosRodrigoZapata@gmail.com