19 abril 2009

La campaña electoral en Bolivia se centrará en la exclusión, el colonialismo y el racismo


Carlos Rodrigo Zapata C. (*)

El temprano inicio de la campaña para la elección de Presidente de la República y parlamentarios, abre el telón a un escenario complejo y problemático en Bolivia. La mayor complejidad se halla en la paulatina aproximación al punto de intersección de varias tendencias más o menos previsibles. ¿Cuáles son dichas tendencias?

Erosión económica. La primera se relaciona con el proceso de erosión económica que la crisis económica y financiera mundial está empezando a ocasionar en Bolivia. Las áreas críticas ya han sido claramente avizoradas: minería, hidrocarburos, remesas, soya, narcotráfico. Los efectos están a la orden del día: cierre de operaciones mineras, disminución de precios de las materias primas exportadas, reducción de volúmenes de venta, reducción de remesas de bolivianos en el exterior, también los impactos: desempleo, reducción de ingresos fiscales, menor inversión pública, etc. Lo más grave en este contexto es que el narcotráfico (en el sentido amplio, incluyendo el cultivo de coca) se presenta como colchón para los problemas de empleo y para restricciones financieras. La falta de inversiones en el sector hidrocarburífero, tanto en exploración como en producción y procesamiento, así como la inadecuada provisión de hidrocarburos, son temáticas que le representarán al candidato oficialista una pérdida de votos y apoyo en distintas capas de población.

Esta tendencia parece irreversible en el curso de este año, de modo que las campañas abundarán sobre asuntos relacionados con ello, con la falta de previsión para enfrentar la crisis, con la magnitud de la misma, con su duración y sus efectos e impactos en el país. No obstante, puede preverse que será un debate poco fructífero electoralmente, excepto en sectores de clase media, ya que la gran mayoría del país suele vivir en un marco de precariedad tal que la crisis actual poco más podrá aportar como para modificar o alterar su parecer. El asunto girará, en todo caso, en torno a la cuestión acerca de la medida en que los efectos e impactos de la crisis han sido hechos en casa, aunque a estas alturas del desarrollo de la crisis, en que hay países enteros que están cayendo en bancarrota –países que se dedicaron a vivir de la especulación financiera, como Islandia, Irlanda, Letonia, etc.- podría decirse que es difícil estar preparado para enfrentar este tsunami económico mundial, que de todas maneras Bolivia se halla relativamente bien guarecida y ello en buena medida gracias a la “nacionalización” del gas que consistió en firmar nuevos contratos con las empresas petroleras, pero asegurando para el fisco boliviano una proporción efectiva mucho mayor de los ingresos que en el pasado neoliberal. De modo que también en estos aspectos, es decir, si Bolivia se halla a buen recaudo de la crisis mundial o no, resultará difícil que la oposición logre votos. Temas como la prohibición de importación de autos usados (con más de 5 años) y la prolongación de permisos para la venta de ropa usada (e indirectamente, para seguir contrabandeándola) son temas críticos, pero que hoy por hoy electoralmente son redituables para el gobierno, ya que en el primer caso se evita una salida de cientos de millones de dólares y en el segundo, se evita enfrentar a corto plazo una situación de desempleo de miles de “ropavejeros”, medidas que en medio de la coyuntura actual de crisis de exportaciones y de empleo estarían más que justificadas. La lógica de estas y otras medidas (como por ejemplo, evitar la devaluación del boliviano) parecen haber sido tomadas pensando principalmente en diciembre 2009. El criterio clave parece ser aquí, el de intercambiar problemas de alta intensidad por problemas de baja intensidad.

Desgaste del gobierno. Una segunda tendencia se halla en el desgaste del gobierno del Presidente Evo Morales. Los centros de conflicto, la multiplicación de adversarios, cuestionamientos y críticas a su gestión, la falta de solidez en la conducción económica, la híper concentración gubernamental en el tema político antes que en el económico, la atención al tema social mediante la creación de bonos, cuyo financiamiento no deja de preocupar a los diferentes sectores sociales, el crecimiento desmedido de la deuda interna, la falta de garantías suficientes a la libertad de expresión y a la propiedad, son algunas de las temáticas que se constituirán en esferas de fuerte controversia en el curso de la campaña. En todos estos temas lloverán las críticas, los cuestionamientos y las objeciones a la capacidad del actual gobierno, pero el éxito electoral de dichas objeciones pasa por la percepción que tengan los electores sobre dichos asuntos, que en gran parte se muestran relativamente distantes o desinteresados en estas cuestiones. Posiblemente las áreas de mayor preocupación para el gobierno se centrarán en salir limpiamente de la tenaza en la que ha caído, entre legalidad y legitimidad. En Bolivia, cada vez que se habla de legitimidad, se tiene en mente una decisión más o menos espontánea o arbitraria que toma un cabildo, una asamblea o una reunión de afectados, que deciden el curso de acción al que se ajustarán, sin interesar si dicha resolución se halla adecuadamente amparada por las leyes. El asunto es que se ha observado mucha vacilación frente a dichos atropellos por parte de autoridades gubernamentales, habiendo dejado la impresión que son extremadamente puntillosas en el cumplimiento de las leyes cuando se trata de un asunto crucial o central para sus propios fines, como fue el tratamiento de la Ley electoral transitoria en el Congreso, pero no tienen mayor inconveniente en aprobar disposiciones cuestionables, como fue el tratamiento dado a los resultados del referendo revocatorio, dejando que sea el Tribunal Constitucional el que se pronuncie sobre la constitucionalidad de las mismas. El detalle que faltaba, como diría Don Fulgencio, es que el propio Tribunal hace ya dos años se halla prácticamente acéfalo, es decir, inhabilitado para pronunciarse por haberse quedado con una sola vocal, que por ahora sólo contribuye a mantener vivo ese centro del poder judicial, aunque sin tener ninguna capacidad de acción ni de reacción. La falta de claridad en apoyar la legalidad frente a diversas formas de supuesta legitimidad, es sin duda uno de los vacíos mayores que ostenta el gobierno. El caso de la toma de la vivienda de VH Cárdenas y de castigo a su familia, se constituye en un ejemplo paradigmático de esta vacilación.

Debilidad congénita de la oposición. Una tercera tendencia tiene que ver con la debilidad congénita de la oposición. Este cuadro es realmente enredado y da lugar a muchas interpretaciones, especialmente por su composición, por la actuación que ha puesto de manifiesto en los tres años pasados y por lo que puede ofrecer o proponer al electorado. Pero veamos rápidamente cada uno de estos puntos como para escudriñar qué se puede esperar de la oposición.

Cuando nos referimos a la composición de la misma, nos referimos a posturas o posiciones que van desde la extrema derecha de corte oligárquico, hasta una oposición de izquierda, que siente que sus postulados están siendo tergiversados o entregados al neoliberalismo y hasta a las mismas fuerzas oligárquicas, pasando por otras posturas de una derecha menos extremista, pero umbilicalmente conectada con centros de poder tradicional, el mercado y el retiro del Estado de la gestión económica. Este cuadro de dispersión anticipa las dificultades de lograr alguna candidatura de consenso que pueda enfrentar a Evo en diciembre. Si tenemos dudas acerca de la posible afinidad que pueda existir entre las fuerzas de oposición, es bueno hacer un seguimiento de su actuación en los últimos años.

Podría encasillarse la actuación de la oposición en tres compartimentos: oposición intransigente, tolerancia o cohabitación ocasional. Ello significa que la mayor parte de los grupos de oposición se ha inhabilitado como oponente a Evo por su colaboración puntual o su tolerancia, vistos en reiteradas oportunidades, en particular en relación con la Asamblea Constituyente y el referendo revocatorio, mucho más si en otros aspectos no han logrado desarrollar un perfil propio, basado en propuestas y puntos de vista sólidos.

Para valorar electoralmente a las fuerzas de extrema derecha, será importante analizar el tercer elemento que hemos destacado para comprender las oportunidades de la oposición: sus propuestas. Dichas fuerzas, centradas particularmente en la región oriental y gasífera de Bolivia, han desarrollado un discurso de interpelación y de cuestionamiento hacia el gobierno de Evo Morales y cuenta con una cantidad significativa de adherentes en su región. No obstante, dicho discurso sólo ha logrado penetrar de modo parcial en las áreas urbanas de la región occidental o altiplánica del país y la región valluna, sin prácticamente ninguna influencia en las zonas rurales de estas regiones. Ello significa que en el mejor de los casos dichas fuerzas cuentan con un 30% de apoyo electoral. La pregunta es si sobre dicha base podrán reeditar las viejas prácticas de la democracia pactada, es decir, la conformación de megacoaliciones que les permitan sumar una cantidad de escaños electorales útiles para oponerse a Evo Morales, en caso que sea elegido directamente o en segunda vuelta. La falta de propuestas integradoras, capaces de proponer una visión de futuro compartido al conjunto del país, se constituye en su falencia y vacío más significativo.

Por ahora se puede decir que en buena medida este vacío puede ser llenado por Evo Morales, especialmente porque se ha apoderado de algunas ideas fuerzas que han copado el escenario nacional, en buena parte porque son asuntos que venimos arrastrando desde los orígenes mismos de nuestra República: exclusión, colonialismo, racismo. Para hacer frente a estos sistemas de problemas es imaginable una gama tan amplia de respuestas que da la impresión que Evo se hubiera apoderado de la mente de los electores, ya que casi cualquier cosa que proponga podrá ser fácilmente insumida en dichos marcos.

Ello equivale a actuar como meteorólogo, pero sin tener que dar un pronóstico del clima, y si tiene que darlo, dirá que sus valores fluctuarán entre -20 y +40 grados, lo cual prácticamente permite garantizar que siempre acertará con semejante pronóstico, sólo que no podrá demostrar la virtud de sus esquemas de análisis climático. Este modo de proceder deja en plena libertad de acción a los dueños de ese discurso para que lo usen y ocupen como mejor les parezca, ya que deben existir mil y una maneras de hacer frente a la exclusión, colonialismo y racismo, por no estar claramente escrito cómo se hace y cómo se logra resultados palpables en estas temáticas, tampoco en Bolivia, que no ha dejado de intentar esto y aquello -reforma agraria, nacionalizaciones, revoluciones, etc.- pero históricamente no ha logrado resultados objetivos en su lucha contra esos males.

La mala noticia, es que la oposición no podrá desentenderse de enfrentar este discurso duro, porque detrás de ello está a su vez el voto duro que respalda la gestión de Evo Morales. La peor noticia, es que la oposición no tiene un discurso para enfrentar la oleada de propuestas y medidas que se avecinan, algunas de las cuales ya han sido anticipadas en la nueva Constitución y muchas otras aún deben esbozarse y plantearse. Los grados de libertad que tienen Evo Morales y sus seguidores para jugar este partido llega al extremo que incluso si plantea una economía de guerra, un esquema ortodoxo de saneamiento de la economía o formas comunales de cogestión, sus adherentes no tendrán mayor reparo en apoyarlo, pues también esas pueden ser formas de encarar la lucha contra la exclusión, el colonialismo y el racismo, así como de responder al cordón umbilical que Evo y su gobierno han construido con las bases campesinas e indígenas del país, a condición de no interrumpir la marcha en este proceso hasta doblegar estas fuerzas y estructuras.

Este discurso y la flexibilidad con la que se lo podrá manejar, tiene un cierto doble filo, ya que un uso abusivo, sin fundamentos razonables, en lo referido a efectos e impactos esperados de las medidas propuestas, puede ocasionar una erosión en el voto duro que apoya a Evo; sin embargo, un uso adecuado y pertinente del mismo, puede contribuir incluso a quebrar el voto duro en el oriente del país y en los mismos bastiones de la derecha. El sueño boliviano de lograr una visión de futuro promisorio y compartido, bien puede salir de la lucha contra esos tres flagelos que han hecho prácticamente imposible toda convivencia pacífica y civilizada en Bolivia. Mirándolo bien, el potencial articulador y unificador del país que tiene este discurso, que cuestiona e interpela sin concesiones los fundamentos mismos sobre los que estaba construida nuestra convivencia, puede constituirse sin duda en la piedra fundamental de la nueva Bolivia, aquella que nos permita vivir y gozar de nuestra diversidad, con respeto a las diferencias, en el marco del derecho y la democracia, pero por encima de todo ello y en primer término, sin exclusión, racismo, ni atisbos colonialistas.

En este marco, la oposición recalcitrante estará cada día que pasa más tentada de recurrir a sus argumentos tradicionales, centrados en esquemas separatistas, llámese federalismo o simple y llana división del país. Procurará poner todo tipo de cortapisas, recurrir a toda suerte de fantasmas y a pintar toda clase de monstruos en la pared, con tal de evitar la erosión de su voto, pues tiene que saber que sus días están contados, especialmente en lo que se refiere a conservar toda clase de privilegios.

Por todo lo señalado puede decirse que esta elección no consiste meramente en elegir un Presidente, un gobierno, sino en la oportunidad de construir las bases de un futuro común, que será de la amplitud que tengan las propuestas que plantee principalmente el actual frente político en el poder. El buen aporte de la oposición podrá consistir en mostrar la insuficiencia o liviandad de dichas propuestas, ya que ello conducirá a afinarlas y darles un cariz de mayor alcance, capaz de interpelar inclusivamente a toda la nación.

El desenlace final de las tendencias descritas se dará en el momento en que los impactos de la crisis mundial en el país, el desgaste del gobierno y la conformación de la oposición para enfrentar esta elección, hayan alcanzado valores cruciales. Una profundización del desgaste gubernamental y/o de los impactos de la crisis podrían afectar significativamente las pretensiones de Evo de revalidarse en el poder, del mismo modo que la incapacidad de la oposición para organizarse y estructurar un discurso capaz de convocar a todos los sectores sociales y regiones del país, podría dar fin a toda pretensión de la oposición. Pero, como se vio, en esta elección no está en juego la opción de un jaque mate o la de ‘ganar todo’, sino la de aportar con propuestas coherentes a la construcción de un futuro común y compartido. Toda otra opción será relegada por el elector.


(*) Economista, analista político.

11 abril 2009

¿Democracia oligárquica o democracia responsable?

Carlos Rodrigo Zapata C. (*)

En medio de las disputas en torno a la ley electoral transitoria requerida para normar las elecciones presidenciales de diciembre de 2009, ha quedado meridianamente claro que lo que menos interesa a las partes en disputa es una concurrencia ordenada y democrática a las urnas, sino asegurarse ventajas insuperables previas al acto electoral mismo.
¿De dónde surge esa competencia de formas de despreciar el voto ciudadano y de pretender representar los intereses del pueblo? Pues, por un lado, de la inveterada costumbre de los partidos tradicionales de asegurarse el poder mediante la digitación de las reglas que presiden el acto electoral, jugando a su antojo con la conversión de votos en escaños, y por otra parte, de la idea que la mayoría absoluta que obtuvo el MAS en diciembre de 2005 representa una carta blanca que autoriza a hacer cualquier cosa con tal de asegurar el poder en manos de dicha fuerza política. Sin ninguna duda, estas visiones contrapuestas están fuera de todo esquema o marco democrático y representan un atentado contra la ciudadanía boliviana y sus deseos de fraguar un destino común para todos.
Pero, vamos un poco más allá, pues luego de ver azorados el inicio de una huelga de hambre por parte del Presidente Morales y diversos dirigentes y autoridades, y de conocer la carta del Presidente de la Asamblea de Naciones Unidas, el Sr. Miguel d'Escoto, lamentando que la oposición trate de obstaculizar la aprobación de la Ley Electoral, queda la impresión que hay un choque brutal entre buenas intenciones, desconocimiento de hechos y la realidad de la que estamos hablando.
Desde mi perspectiva, lo que está haciendo el Presidente de la República es defender a brazo partido las bases y fundamentos de un régimen electoral de corte oligárquico, construido durante las décadas de la democracia pactada, para crear la ilusión de una democracia, pero fuertemente controlada por los partidos políticos tradicionales. Este régimen produce ciudadanos de primera, segunda y hasta de quinta en lo que se refiere al distinto peso que les otorga a sus votos. Es producto de haber trozado el espacio electoral nacional en decenas de circunscripciones uninominales de todo tamaño, en lo que se refiere al número de votos que se requiere para ganar un curul parlamentario, situación que no sólo discrimina a la mayor parte de los electores en favor de unos pocos, sino que vulnera los derechos electorales, al extremo de convertir el acto electoral en un verdadero circo bufo. Esta medida, sumada a determinadas reglas, como la de aceptar que un partido pueda ingresar al parlamento incluso con un escaño, siempre que sea uninominal, así su votación sea ínfima, y la de permitir que un partido pueda acumular todos los escaños uninominales que sea, así su votación no guarde proporción con el total de votos obtenidos[i], son disposiciones complementarias indispensables para que funcione este sistema de desfalco de los derechos electorales.
¿Cuál es el problema con este engendro? Que es mucho más conveniente tratar de obtener unos 1.000 votos para obtener un escaño en Pando que tratar de convencer a 120.000 alteños para obtener su voto o que es más fácil trasladar de circunscripción unos cuantos cientos de ciudadanos para asegurarse un escaño que dedicarse a formular propuestas para enfrentar los mil y un problemas que aquejan a nuestro afligido y empobrecido país.
Pero lo que toca aclarar es, ¿a qué se debe la obstinación de la oposición, si con todas las enmiendas inicialmente acordadas en la comisión de concertación, ya se ha dado básicamente respuesta a sus observaciones, sea las referidas al padrón, las circunscripciones indígenas o el voto en el exterior? La respuesta es muy simple: no quieren perder la gallina de los huevos de oro, no quieren poner en riesgo el sistema demo-oligárquico que han montado durante varios lustros, que les permitía legitimar el mandato de megacoaliciones de partidos conservadores sin mayor riesgo, pero también sin que tengan que comprometerse con la suerte del país y proponer soluciones a nuestra problemática.
La posición cerrada de la oposición se debe a que, por un lado, espera poder funcionalizar el régimen electoral oligárquico que los partidos tradicionales montaron en su propio beneficio, pero por otro, pretenden evitar que el MAS pueda aprovecharlo en su favor, por lo que procuran reducir al máximo toda otra ventaja que podría confinarlos a muchos años más de ostracismo en la oposición. El hecho concreto es que la oposición no se atrevió a poner sobre el tapete de la discusión este sistema electoral sesgado que pondera los votos de los electores de acuerdo con el tamaño de las circunscripciones y conduce a construir una democracia de corte caciquil, centrada en caciques locales y regionales, que distribuyen las gracias de los poderosos sobre la ciudadanía a su regalado antojo.
Ha llegado el momento de pasar de un régimen electoral de corte oligárquico a construir una democracia electoral seria y responsable. Ello significa que se debe devolver al soberano, al elector, la plena potestad de sus derechos electorales, delimitar circunscripciones electorales del mismo tamaño a lo largo y ancho del país (tal como lo planteó el Senado públicamente, pero no se atrevió a incluir en su proyecto de ley!), dejar de jugar con la idea que si un departamento tiene más diputados, ello cambiará su suerte de modo significativo. Basta de seguir alimentando este estilo regionalista, parcelado, destructivo, de pretender construir país, basta de esta competencia absurda que sólo descuartiza nuestras posibilidades y troza nuestro futuro, basta de seguir disputándonos las cosas como si ya fueran despojos de nuestra nación. Sea en el tema del IDH, la capitalidad, las inversiones, los derechos electorales, etc., en todos los aspectos nos comportamos como si apostáramos a la división del país, a la multiplicación de inviables campanarios departamentales y como si ya nos halláramos a la pesca de lo que nos podemos llevar hacia nuestras regiones, esperando de ese modo poder posicionarnos mejor para el día de la repartija final.
Desde una perspectiva nacional, de unidad, los recursos disponibles deben servir para promover e impulsar nuestras energías nacionales, para multiplicar nuestras fuerzas productivas, del mejor modo que pueda beneficiarse el conjunto nacional. El número de escaños debe estar únicamente en función de la población, y la política de desarrollo únicamente en función del bienestar de todos los bolivianos. Todo lo demás, no es más que burdos pretextos para construir estructuras inviables que sólo nos llevan a un callejón sin salida. Basta de manipulaciones, es hora de construir una democracia seria y responsable.

(*) Economista, analista político
[i] . Ver ARTÍCULO 35 (Asignación de Escaños Plurinominales), parágrafo 4 de PROYECTO DE LEY de REGIMEN ELECTORAL TRANSITORIO.


06 abril 2009

"Los nudos reales de la tensión entre medios y poderes...."



Estimada Clepsidra,

Quiero aprovechar tu excelente nota que reproduzco a continuación, para intentar un diálogo, al que sería bueno que puedan sumarse tantos como sea posible.
 
Rescato el punto nodal de tu nota, ese del cambio de actitud, y esta frase que transcribo textualmente: “Es difícil como urgente tomar el micrófono no para dar gusto a unos u otros, sino para poner en la agenda pública los nudos reales de la tensión entre medios y poderes y abrir puertas a líneas de reflexión que impulsen este trabajo casado con valores democráticos”. Estoy básicamente de acuerdo con tu planteamiento, pues considero que es esencial aprender a urgirse con las angustias de los otros, sólo que estos otros somos todos, simplemente porque el tema de la libertad de expresión, de la forma como la aprovechamos, nos compete a todos, sin excepciones.

Pero me voy al punto, y dejo que el sabor de la expresión, “los nudos reales de la tensión entre medios y poderes”, me invada todos los sentidos, pues por ahí debemos empezar. Tengo la impresión que manejamos en Bolivia una idea, un concepto de la libertad de expresión bastante estrecho, pacato, al punto que en gran medida pareciera que con criticar al gobierno, a su gestión, ya se estuviera ejerciendo satisfactoriamente la libertad de expresión y los medios de difusión ya estuvieran cumpliendo su misión a cabalidad. En este punto me detengo unos instantes, sólo para decir que considero que los medios de difusión en Bolivia cumplen su misión, con este alcance, de modo ampliamente satisfactorio, razón por la que a su vez considero que no es por ahí que se halla el meollo de los nudos a los que haces referencia. Creo que la cosa va por otro lado.

Cuando digo que se maneja un concepto de libertad de expresión bastante estrecho, sostengo que los medios de difusión hacen caso omiso, no consideran, una diversidad de temáticas que no necesariamente surgen de su crítica al gobierno y su gestión. Ello conduce a no tomar en cuenta asuntos que son esenciales para la colectividad, para la construcción de la nación, la unidad, la cohesión, el futuro, puesto que en el fragor del afán por criticar el uso del poder, se pierden de vista fácilmente estas dimensiones.

Quisiera poner sólo un par de ejemplos para ilustrar lo que señalo. La gestión pública, es decir, el conjunto de acciones que promueve el gobierno para implementar sus políticas, exige que los beneficiarios no sólo estén adecuadamente informados acerca del contenido, finalidad, pertinencia de dichas políticas, sino que las mismas sean razonablemente comprendidas, que sean aceptadas, siempre que existan los elementos necesarios y suficientes para que así sea. Sin esa labor de información, sin el conocimiento mínimo necesario de dichas políticas, no es posible esperar que el ciudadano participe, se involucre, haga suyas dichas políticas y colabore en su misma implementación. Por otra parte, es claro y evidente que sin dicha participación ciudadana activa resulta muy difícil poder implementar políticas públicas, pues demandan una actitud proactiva de parte de la ciudadanía, sea para reducir costos, estirar su alcance, facilitar que los beneficios derivados de las mismas puedan alcanzar a todos los destinatarios.

.Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo ello con la libertad de expresión? Pues simplemente que los medios en su afán de criticar al gobierno pierden de vista la importante misión que les cupe en la implementación de las políticas públicas. Pensar que esa sólo es tarea gubernamental, que el gobierno la debe llevar adelante aún en contra de los medios, es caer justamente en una concepción estrecha de la misión de los medios, de su rol y función en la gestión pública compartida en una sociedad abierta.

Podríamos dar muchos ejemplos acerca del pobre rol que cumplen los medios en sus tareas de acompañar los procesos de desarrollo en la sociedad. Los medios reflejan las noticias diarias, pero aportan muy poco a la construcción de visiones compartidas, de consensos, a señalar las debilidades y fortalezas de la sociedad, a identificar nuestras oportunidades. Tampoco contribuyen a construir pautas firmes acerca de los aspectos medulares que debemos tener en cuenta en nuestro diario quehacer. Estoy pensando en temas como el deterioro ambiental, los crecientes desastres, los inmensos recursos que poseemos sin darles un aprovechamiento razonable, como ser la riqueza forestal, piscícola, camélida, mineral, etc. Tampoco la prensa contribuye a afirmarnos identitariamente, a fortalecer nuestras tradiciones, a valorar nuestras virtudes, a criticar -y si es necesario, hasta demoler- nuestros defectos, no importa en qué sector de la sociedad se hallen, sin interesar de qué clase social o pueblo se trate.

¿Cuáles son las consecuencias que se derivan de manejar una noción tan estrecha de libertad de prensa, que muchas veces más bien huele a moralina de púlpito que a experiencias vividas, pues se preconiza causas ambiguas o perdidas, y se critica personas y procesos sin ponernos en su pellejo o en sus circunstancias? Pues la consecuencia primera y fundamental es que gobierno y sociedad no sienten que los medios de difusión les presten los servicios que requieren, por lo que el primero se ocupa de montar sus propios medios de difusión, y la segunda de buscarse la vida por otros medios, lo cual en conjunto ocasiona la tremenda erosión del valor de los medios como punto sináptico de contacto del conjunto de la sociedad consigo misma y con su propio futuro.

En conclusión, estimada Clepsidra, creo que los medios tienen necesariamente que abrirse mucho más, tienen que abordar temáticas diversas que le ayuden a la sociedad a encontrar sus propios derroteros de modo mucho más consecuente y preciso, debe dejar de hacer de su disputa con el gobierno el principio y fin de su accionar, debe aprender a hacer prevalecer la libertad de prensa de modo mucho más serio y maduro, debe evitar jugar con ella, porque es un patrimonio demasiado precioso para todos nosotros como para ponerla en riesgo del modo en que los medios de difusión lo han estado haciendo en los últimos años.

Para terminar de redondear estas breves reflexiones, permíteme volver al punto de partida. “Los nudos reales de la tensión entre medios y poderes” se hallan fundamentalmente en una concepción demasiado estrecha de los medios de difusión acerca de los alcances de su propio rol y función en una sociedad abierta, democrática, empobrecida, con múltiples recursos naturales a su disposición y muchas trabas estructurales a su desarrollo, en su falta de comprensión del lugar que le corresponde, que no consiste únicamente en marcarle los pasos al gobierno, sino sobre todo en orientar al conjunto de la sociedad en sus esfuerzos para construir su propio futuro.

Recibe de mi parte mis más cálidos saludos.

Cordialmente,

Carlos Rodrigo Zapata C.

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Clepsidra
Otra sobre medios
Por: Claudia Benavente *

Es difícil como urgente tomar el micrófono no para dar gusto a unos u otros, sino para poner en la agenda pública los nudos reales de la tensión entre medios y poderes...
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Vale la pena insistir en el tema porque seguimos lejos de un debate sano sobre los medios de comunicación. Plenamente conscientes del techo polarizado bajo el que consumimos los medios y bajo el que nos dividimos como sociedad, la idea es afinar ideas para una convivencia (social y mediática) tolerante y respetuosa. Para avanzar en este sentido es impostergable un cambio de actitud.
- En los medios de comunicación, cuya principal función es informar siguiendo normas básicas del periodismo y respetando los derechos humanos fundamentales. De lo contrario seguiremos pataleando en las aguas contaminadas por intereses de sectores empresariales propietarios de grandes medios o atravesados por intereses del poder de turno en unos u otros medios. Informar desinformando a la población para mostrar un solo lado de la realidad compleja, en la que no hay sólo buenos o malos sino una variedad de grises, es atentar contra la ciudadanía en su derecho a una información responsable y completa.

- En sectores, cuya función es mirar con distancia, sin apasionamientos y sin partidismos el trabajo de los medios para contribuir a un análisis transparente y equilibrado. Asociaciones de periodistas, federaciones de trabajadores del gremio, observadores de productos periodísticos, instancias que desde la legislación, la ética, desde poderes simbólicos puedan hacer escuchar voces clarificadoras. Lo pertinente hoy no es comparar al actual Gobierno con dictaduras militares del pasado ni asociar lo disidente al oficialismo con intereses oligárquicos casados con la Embajada de EEUU, sino lo contrario: mirar la complejidad tanto del momento histórico que vive el país como la complejidad de cada caso que despierta el escándalo mediático.

- En los académicos del mundo de la comunicación, de la política, de la sociología o del periodismo, a quienes se recurre para alimentar y dar legitimidad a consignas simplificadoras de uno u otro bando. Es difícil como urgente tomar el micrófono no para dar gusto a unos u otros, sino para poner en la agenda pública los nudos reales de la tensión entre medios y poderes y abrir puertas a líneas de reflexión que impulsen este trabajo casado con valores democráticos.

- En las y los periodistas, esta vez no como parte de una casa periodística sino como personas. Personas con sus propias historias, con su propio contexto, con sus opciones ideológicas y con su corazón que no deja de latir cuando escribe o toma una fotografía o edita una nota televisiva. Personas que han elegido uno de los oficios más bellos por la posibilidad de interpretar hechos sobre la base de datos idóneos y buena fe, por la oportunidad de narrar las pequeñas y grandes historias del imaginario contemporáneo.

Para cerrar la lista de los llamados a un cambio de actitud: este Clepsidra. Porque el espíritu esta semana no ha sido subirse a la colina para jugar a dictar los diez mandamientos del periodismo en tiempo de turbulencias. El sentimiento ha sido compartir una crítica que comienza en casa, se inspira de los errores propios, aprende de los apasionamientos sin vocación de construcción y se compromete a trabajar todos los días por un periodismo digno, como muchísimos periodistas jóvenes y no tanto, de izquierda y conservadores, hombres y mujeres, del oriente y occidente del país, todos honestos y todos sedientos de un nuevo periodismo.

* Doctora en comunicación
lapinbenavente@hotmail.com

05 abril 2009

¿Otra vez por las huellas de la “democracia oligárquica”?


Carlos Rodrigo Zapata C. (*)

La lucha por la democracia del pueblo boliviano se sitúa entre sus más grandes logros y conquistas, aunque por la forma en que la misma fue administrada y envilecida por los partidos tradicionales, en una de sus derrotas más funestas, que está a punto de repetirse una vez más. A continuación presentamos los rasgos esenciales de la democracia oligárquica, la aparición de algunos demócratas de última hora que de pronto descubren toda clase de vicios en el régimen electoral, los intentos del gobierno del MAS por mantener los esquemas de la democracia oligárquica y un conjunto de observaciones al proyecto de ley electoral Transitoria aprobado en la cámara de diputados. Este esfuerzo se realiza con el afán de contribuir a mantener abierto el horizonte del cambio, y a preservar a Bolivia de otros días de dolor y estancamiento.

La emergencia de la democracia oligárquica

El cuarto de hora “democrático” que “gozamos” los bolivianos a partir de la recuperación de la democracia ha sido administrado por una alianza de partidos tradicionales que a lo largo de los años se ha ocupado de dotarse de un régimen electoral recortado a su medida y perfectamente funcional a sus intereses. ¿En qué ha consistido dicho régimen? Primordialmente en el desconocimiento de la regla básica de la democracia, de “un ciudadano, un voto”, donde el peso de cada voto sea aproximadamente el mismo. ¿Cómo hicieron para desconocer esta regla? Primero se ocuparon de trozar el espacio electoral boliviano en circunscripciones de diferentes tamaños, empezando por las circunscripciones departamentales. Luego, se inventaron esa figura de asignar “por equidad” 4 diputados de yapa a cada uno de los departamentos de menor población (se entiende, a los 6 departamentos de fuera de los 3 del eje central), adicionales a aquellos que les correspondería por población. A continuación, en cada departamento se delimitaron circunscripciones uninominales (CU) para elegir a la mitad de los diputados, lo cual permitió fortalecer el régimen que construían los partidos tradicionales a su gusto y sabor. No contentos con ello, se dieron a la tarea de delimitar dichas CU en cada departamento con diferentes cantidades de población, llegándose al extremo que en un mismo departamento hay CU que tienen hasta 3 veces el tamaño de otras, introduciendo con ello un nuevo sesgo entre campo y ciudad, principalmente.

¿Cuál es el resultado derivado de este modo sistemático de trozar y segmentar cada vez más el espacio electoral nacional? Pues que al crearse CU de todos los tamaños imaginables, se ha asignado pesos completamente distintos a los votos de los ciudadanos, situación que lacera el sentido de la democracia, al menos como ella se entiende en la mayor parte de los países del orbe donde se intenta construir este régimen para organizar la convivencia pacífica de los ciudadanos. Un par de ejemplos pueden ayudar a comprender mejor la idea del peso en el voto de cada ciudadano. Tenemos CU con más de ciento cincuenta mil habitantes, pasando por otras de cien mil, hasta llegar a CU con poblaciones incluso menores a los quince mil habitantes, es decir, una diferencia de 10 veces si tan solo tomamos el tamaño de las CU. Si en cambio consideramos la cantidad de votos necesarios para ganar en las distintas CU, puede observarse que en un extremo se requiere alrededor de 50000 votos (en las CU de las ciudades de La Paz y Santa Cruz, por ejemplo), mientras que en el otro extremo bastan cerca de 1500 votos para ganar un escaño (como es el caso de las CU en Pando). ¿Qué significa ello? Que el voto de los ciudadanos que votan en las CU pequeñas vale mucho más que el de los ciudadanos que votan en las CU grandes, en el caso del ejemplo citado, el voto en Pando vale 33 veces más que en La Paz o Santa Cruz.

¿Cuál es el problema, cuáles son todas las implicaciones y consecuencias que se derivan de este hecho? Las consecuencias derivadas de este hecho se expresan en la conformación de electorados cautivos, sujetos a toda clase de presiones y manipulaciones, desde el momento en que la cantidad de votos requeridos para ganar un curul parlamentario se ha reducido tanto. Los partidos ya no requieren formular propuestas y soluciones a los múltiples problemas que tenemos en el país, pues basta con que logren asegurar la cantidad de votos que necesitan en cada CU como para desentenderse de toda elaboración más complicada. El hecho es que los partidos tradicionales demostraron una creciente incapacidad para formular propuestas de todo tipo, al punto que hoy podemos apreciar que dicha incapacidad se constituye en una de las razones fundamentales por las que los partidos tradicionales prácticamente han sido barridos del paisaje político nacional. Otra consecuencia tiene que ver con la profusión de toda clase de formas de fraude electoral, como ser "la carretilla" (usar una papeleta ya marcada y cambiarla por la nueva sin marcar), la inscripción fraudulenta de electores en CU distintas a aquellas en que radican y el traslado para el día del acto electoral de dichos ciudadanos que por unos pesos venden su voto al mejor postor. ¿A dónde apunta todo ello? A lograr que el ciudadano elector crea que con el cumplimento del voto universal y obligatorio ya se ha logrado respetar y salvaguardar sus derechos electorales, sin que se percate que con su participación está contribuyendo a legitimar un régimen electoral escandaloso, diseñado para distorsionar la voluntad popular, logrando que con mucho menos del 50% de los votos se puedan conformar mayorías parlamentarias que son las encargadas de elegir finalmente al nuevo gobierno y de garantizarle respaldo e impunidad. En este marco, las megacoaliciones eran parte inmanente del sistema, pues se requería de alianzas para cosechar los frutos del régimen electoral descrito y repartirse la torta del poder. Por todo lo señalado resulta verdaderamente inconcebible que también en la nueva CPE (NCPE) se inscriba al voto igual entre los principios del sufragio, cuando todo lo señalado apunta a violar dicho principio.

Pero veamos todavía un par de momentos más que contribuyeron a construir ese régimen electoral funcional a los partidos tradicionales. No bastó que se ocupen de crear CU de todo tamaño, sino que a ello se sumó el transfugio político, según el cual los escaños son propiedad del partido y no de los parlamentarios que los asumen, situación que obligaba a los parlamentarios elegidos a una solidaridad incondicional con las directrices del partido por el que habían sido elegidos (de ahí viene ese figura tan difundida de los “levantamanos”) o a abandonar su curul parlamentario si discrepaba de ellos, lo cual significaba dejar en la estacada a los electores que lo habían elegido, que creían haber elegido a un parlamentario por su valía y conciencia, cuando en realidad habían estado contribuyendo a incrementar el patrimonio partidario. Pero esa fue apenas una más de las puntadas de ese régimen electoral que se fue construyendo paso a paso ante nuestras propias narices, sin poder contener su avance imperturbable. Se dieron muchas otras puntadas: el monopolio de los partidos políticos para organizar la participación ciudadana en elecciones y organizar los poderes públicos, la cantidad de firmas para conformar un partido, la barrera de la votación mínima para acceder al parlamento, el financiamiento de los partidos de acuerdo con su votación, la regla de los dos tercios para seleccionar ternas para diversos cargos públicos que al final debían ser nombrados por el Presidente de la República, otra de las formas de administrar la democracia representativa de modo vertical.

Toda esta tramoya ha tenido la virtud de lograr que un mismo conjunto de partidos tradicionales se apodere de la formula de conversión de votos en escaños, logrando de este modo mantenerse en el poder por espacio de dos décadas de modo ininterrumpido habiendo ocasionado una democracia secante, incapaz de promover y facilitar el “cambio sin violencia”, como ha sido definida la democracia de modo certero. A este sistema de conculcación de derechos electorales, de reproducción del poder de un conjunto de partidos políticos, de impedir el cambio sin violencia, he llamado democracia oligárquica, con la finalidad de mostrar en toda su amplitud los rasgos esenciales de nuestro régimen democrático del pasado.

Esta ha sido la base de la fórmula que ha impedido durante ya varios lustros que las mayorías nacionales –sea por pobreza, discriminación, marginalidad o exclusión- tengan la mínima oportunidad de conformar un gobierno que los represente adecuadamente. Una inédita confluencia de los votos de dichos sectores discriminados y de amplios sectores de la clase media condujo al triunfo de la candidatura de Evo Morales el año 2005, lo cual permitió romper ese monopolio de poder de los partidos tradicionales y abrir las puertas a un sistema democrático que respete los derechos electorales y haga posible el cambio sin violencia.

Otra vez por la misma senda

Por increíble que parezca, el actual gobierno se está poniendo exactamente en la misma línea de los partidos tradicionales, y se apresta a repetir y reproducir la farsa democrática electoral del pasado. No sólo ocurre eso, sino que observamos azorados cómo aparece de pronto toda una pléyade de demócratas de última hora que se rasgan las vestiduras denunciando el desequilibrio que de pronto descubren en el proyecto de ley electoral transitorio entre el voto urbano y rural, entre el voto en unos departamentos y otros, habiéndose llegado a estimar que el 65% de la población, que corresponde a la población urbana, elegirá al 35% de los parlamentarios, mientras que el 35% restante, que comprende a la población rural, elegirá al 65% de los parlamentarios. ¿Como era pues esto en la fase anterior? Exactamente igual, ya que las CU ubicadas en las ciudades elegían proporcionalmente una fracción mucho menor de parlamentarios que la población allí asentada, del mismo modo que los departamentos pequeños elegían a una proporción mucho mayor de parlamentarios que los departamentos grandes en términos de población.

A modo de ejemplo y tomando en cuenta la nueva distribución de escaños y sus cantidades resultantes de la NCPE y del proyecto de Ley Electoral Transitoria, podemos apreciar que el departamento de La Paz con sus 2,5 millones de habitantes elegirá un total de 33 parlamentarios (entre diputados y senadores), mientras que los 6 departamentos restantes (exceptuando a los del eje central) que tienen en conjunto la misma población que el departamento de La Paz, elegirán un total de 24 senadores y 57 diputados, es decir, un total de 81 parlamentarios. En las elecciones pasadas, La Paz elegía 34 parlamentarios y los 6 departamentos menores 77 parlamentarios. Esa relación de 81 a 33 nos da una idea clara de la forma como se manipulan los derechos electorales, de lo alejados que nos hallamos de que el voto de cada ciudadano tenga un peso o ponderación más o menos similar y que todo ello se mantiene y repite sin alteraciones, como si realmente nos halláramos en presencia de un régimen electoral que bordea los contornos de su propia perfección.

Pero esta es exactamente la figura que usó la “democracia pactada” durante dos décadas y, lamentablemente, ahora, pretende hacerlo también el gobierno del MAS. Lo más lamentable es que se quiere repetir la hazaña de los partidos tradicionales, usando sus mismas estratagemas, sus mismas armas, sus mismos arreglos y manipulaciones institucionales. Eso de tratar de legitimarse por la vía del voto, usando esquemas tan obtusos, segmentados y ponderados para calificar y pesar el voto del elector de modo oligárquico, es un atentado a los derechos electorales y al sentido común más elemental. ¿Por qué no dijeron nada durante tantos años todos los que ahora rivalizan en su afán por desenmascarar la pose democrático electorera del MAS? Si así hubieran procedido, posiblemente ahora tendríamos una mejor norma que nos permita votar y elegir auténticamente de modo democrático y no del modo que se hizo durante tantos años y ahora se pretende hacerlo una vez más.

Ya que ese régimen recortado a la medida de los partidos tradicionales les dio tantas gangas y beneficios a los partidos tradicionales, ahora no se atreven a denunciarlo y desmontarlo públicamente, pues ello conduciría a liquidar a la gallina de los huevos de oro, razón por la que se ocupan de denunciar temas periféricos, como el tema del padrón electoral o cuestionar las circunscripciones especiales (sin atreverse a dar cifras), pero dejan cuidadosamente de lado todas las bases y fundamentos del régimen oligárquico, trabajosamente construido a lo largo de varios lustros. Prueba de ello es que la Comisión de Constitución del Senado anunció que plantearía que “todas las circunscripciones deben tener el mismo número de habitantes en cada una de las circunscripciones del país” (La Razón, 30/03/2009), medida que en efecto hubiera dado fin a este regimen oligárquico, pero dicho planteamiento no se incluyó a la hora de aprobar el proyecto en Senadores. Curioso, ¿no?

Algunas observaciones al proyecto de Ley Electoral Transitoria

Lo primero es señalar que el proyecto de Ley Electoral Transitoria aprobado en la Cámara de Diputados calca ampliamente el régimen electoral que ha sido el sustento de la democracia oligárquica por años. Mantiene la segmentación electoral, al dividir el espacio electoral en CU de todos los tamaños, con lo que se mantiene las enormes diferencias en cuanto al peso de los votos entre unas y otras circunscripciones y crea toda una gama de incentivos para que los partidos se especialicen en mini circunscripciones uninominales y se desentiendan de formular respuestas coherentes al país e incluso a los distintos departamentos.

En algunos aspectos, el proyecto de ley aprobado incluso profundiza algunos temas que ni en las versiones y enmiendas anteriores de la ley electoral se había incurrido, como por ejemplo, no señalar que las circunscripciones uninominales deben tener aproximadamente el mismo tamaño en cada departamento. Ello conduce a profundizar aún más las diferencias en el peso efectivo de los votos a la hora de convertir votos en escaños, ya que se ha observado significativas diferencias en el tamaño de las CU al interior de los departamentos.

En el proyecto de ley tampoco se dice nada en relación a respetar o no el total de escaños uninominales que gane cada partido. ¿Qué pasa en caso que un partido obtenga, por ejemplo, 6 escaños uninominales (equivalente al 5% de los escaños en diputados a nivel nacional) y tenga sólo el 1% de votos (aprox. 35000 votos), situación perfectamente posible con el régimen que se pretende aprobar? Como prueba, véase la cantidad de votos que se requiere para ganar en las circunscripciones de Pando, Beni, Tarija y Oruro (en ningún caso se requiere más de 6000 votos), y el lector podrá comprobar que dichas cifras y proporciones son perfectamente posibles. Para evitar los electorados cautivos en las distintas CU, particularmente en las más pequeñas, es indispensable establecer en la ley electoral que los partidos sólo podrán acceder proporcionalmente a tantos escaños uninominales como votos hayan obtenido, y que incluso se les restará escaños uninominales si la relación entre votos y escaños sigue siendo desequilibrada. En este marco, la ley no puede premiar por doble partida a los partidos, por un lado permitiendo que en algunos casos se obtengan curules parlamentarios incluso con menos de 1500 votos como en Pando, y encima de ello, permitiendo que los partidos puedan acumular esos curules que se obtienen con cifras ínfimas de votación, sin tener un respaldo proporcional a nivel departamental.

Posiblemente la única virtud del proyecto de ley aprobado en diputados es que ha pensado en la forma de apoyar a las minorías indígena originario campesinas, aunque se lo ha hecho de un modo muy complicado al introducir la figura de las circunscripciones especiales. Más allá del número de escaños necesarias para asegurar que dichas minorías no queden una vez más sin voz y sin voto, resulta sin duda lamentable la forma autoritaria con la que se pretende controlar los escaños de dichas circunscripciones especiales, al prohibir que la Corte Nacional Electoral registre personerías jurídicas y candidaturas de otros partidos políticos y agrupaciones ciudadanas en las circunscripciones especiales que no sean las de CIDOB, CONAMAQ y CSUTCB.

Conclusiones

¿Dónde está el cambio en el proyecto de ley aprobado en diputados que sigue los patrones y esquemas de la democracia oligárquica del pasado y que incluso en el caso de las circunscripciones especiales, que representarían un avance, le da el poder de definir candidatos en estas circunscripciones a un conjunto de organizaciones sociales, reproduciendo los vicios de la época del monopolio partidario?

No hay duda que seguir por la misma senda de la democracia oligárquica sólo conducirá a profundizar la segmentación y la polarización que caracteriza a nuestra formación social y que ahora se halla adicionalmente trastornada por la constante recurrencia a mensajes centrados en el racismo y el colonialismo, como si de lo que se tratara es de ahondar las diferencias y mantener abiertas las heridas del pasado. El concentrar la atención en las CU, más aún en sus enormes diferencias en cuanto al voto, llevará a preocupaciones excesivamente localistas, a perder de vista el conjunto, a visiones y enfoques de campanario, simplemente porque los árboles nos impedirán ver el bosque y reconocer los requerimientos esenciales comunes de nuestra economía y sociedad. La atomización de la sociedad no es buena para nadie, ni para el gobierno o la oposición, ni para las regiones o sus fragmentos (las CU), ni para los departamentos o el país. Más temprano que tarde pagaremos caro la factura de tal atomización, cuando nos hallemos en presencia de masas volubles, incapaces de apoyar y sostener determinados rumbos, siempre atentas al sol que mejor alumbra y a conductas de carácter oportunista y prebendal.

(*) Autor de la tesis de la “democracia oligárquica” para describir la manipulación electoral a la que fue sometida la sociedad boliviana por los partidos tradicionales a partir de la “recuperación de la democracia”