30 diciembre 2010

LA HORA DE LA FOCALIZACIÓN


Carlos Rodrigo Zapata C. (*)

Poniendo en juego toda la estructura de precios, trabajosamente organizada en Boli
via luego del proceso hiperinflacionario de los años 80, así como un sistema complejo de alianzas y lealtades construido con diversos sectores y organizaciones sociales, el gobierno del Presidente Evo Morales decidió poner fin a un proceso altamente subvencionado de expendio de los productos hidrocarburíferos que ha venido mermando las finanzas públicas en niveles y proporciones altamente significativas y produciendo estructuras distorsionadas en la economía boliviana.

Sin mayores consultas y de modo sorpresivo, el gobierno decidió elevar los precios de los combustibles líquidos hasta en más de un 80% (diesel y gasolina), sin afectar los combustibles gaseosos. Dado que los precios de los combustibles constituyen una de las bases fundamentales de todo el sistema de precios, estos iniciaron un proceso de ajustes multidireccional que apenas empieza, y ya ocasiona múltiples traumas y convulsiones en la población boliviana, en particular, por la incertidumbre que generan, por la pobreza de amplios sectores sociales y por el hecho que se puede anticipar que significarán en la mayoría de los casos una reducción del ingreso real de las familias. De pronto se observa que la economía boliviana y el proceso de cambio se estaban construyendo sobre premisas falsas, alejadas de la realidad.

La elevación de precios de los combustibles líquidos representa un retorno abrupto a esa realidad que nadie quería tomar en cuenta, por lo que gobierno tras gobierno se resistían a enfrentar y resolver esa tarea pendiente. Esta tarea ha sido asumida por el actual gobierno con gran osadía, aunque también con evidentes inconsistencias que es necesario vislumbrar y enfrentar a la brevedad. Sería una lástima que una medida urgente y necesaria pueda verse ostensiblemente perjudicada por no percibir adecuadamente la dirección de la que vienen las mayores presiones.

Dichas presiones provienen principalmente de los sectores empobrecidos de las áreas urbanas, insertos en el sector informal, que no reciben salarios y remuneraciones respaldadas por contratos y otras prestaciones legales, y conforman no menos del 60% de la población urbana, es decir, cerca de 4 millones de ciudadanos.

La declaración del presidente Morales, dedicada a presentar diversas medidas complementarias y paliativas del decreto que dispone la elevación de precios de los combustibles líquidos,
ha permitido reducir la tensión en algunos sectores sociales, en particular, fuerzas uniformadas, magisterio y salubridad pública, sector agrícola y parcialmente en la administración pública, pero no ha hecho referencia a los trabajadores del sector privado, y mucho menos a los trabajadores informales dependientes y por cuenta propia que parecen no haber sido tomados en cuenta.

Posiblemente las medidas dirigidas al sector agrícola resulten el conjunto de medidas más coherente, ya que se destinan recursos para riego, tractores y compra de alimentos a precios superiores al precio doméstico, aunque es posible advertir que los efectos combinados de dichas medidas recién podrán surtir efecto en no menos de tres años.

También el énfasis puesto por el jefe de Estado en su alocución en la elevación del precio del barril de petróleo que se pagaría a las empresas petroleras muestra que el tiro, por lo menos una parte sustancial del mismo, está dirigido a crear los incentivos requeridos para animar a las empresas petroleras a producir más petróleo, situación que permitirá reducir la importación de combustibles líquidos, al presente la factura más onerosa que debe pagar el país por la continua disminución en la producción de hidrocarburos líquidos.

El objetivo final de la medida, reducir subvenciones y contrabando de los combustibles líquidos, e incentivar a las petroleras para que mejoren sus niveles y ritmos de producción, son sin duda medidas indispensables para ordenar y organizar una economía a tono con sus recursos y posibilidades reales. Un ejemplo de cómo los combustibles subvencionados ocasionan una diversidad de distorsiones y conducen a la conformación de estructuras poco sostenibles, se aprecia en la alta dependencia del diesel del complejo agrícola comercial situado en el Oriente del país que pagaba menos de la mitad del precio que los países vecinos y consumía más del 50% del diesel importado y subvencionado. Por cierto que la mayor distorsión se producía con el contrabando de millones de litros de gasolina y diesel que han permitido por años ganancias extraordinarias a sus autores y una sangría infame de recursos para el país.

Todo este conjunto de medidas resulta desde todo punto de vista necesario y oportuno, pues es una forma de proteger los recursos del país y de “sincerar” la economía nacional. Por ello, resulta incomprensible que existan sectores sociales que reclaman y exigen la anulación de la medida gubernamental. En lugar de seguir mirando al pasado y quedarse inermes, petrificados como estatua de sal, es necesario dar otros pasos más en la dirección de encontrar el mejor punto de equilibrio para todo el conjunto de fuerzas sociales y factores productivos del país, de modo tal que esta medida nos fortalezca y no nos debilite.

Pero volvamos al meollo del problema aún pendiente de solución, el sector informal urbano dependiente, el que se halla al presente desprotegido y expuesto a grandes y graves presiones que sin duda no sabe cómo podrá enfrentar y resolver a corto plazo. Consideramos que no se puede volver a fojas cero, esto es, dar marcha atrás con la medida o emplear la totalidad de los recursos que se obtengan con ella para encarar o paliar socialmente los efectos de la misma. Es la hora de la focalización, es decir, la hora de diferenciar qué sectores sociales requieren apoyo y ayuda y qué sectores no lo requieren o sólo en menor medida.

Posiblemente gran parte del descalabro que originará la implementación de la medida de la elevación de los precios de los hidrocarburos y el ajuste paulatino de los precios que ocasionará la misma a lo largo y ancho de toda la economía, se podría haber evitado si desde un principio se hubiera trabajado con un enfoque que procura centrar el apoyo en los sectores sociales que verdaderamente lo requieren y necesitan, y no producir beneficios generalizados para toda la población, independiente de sus propios ingresos y poder de compra, como ha sucedido hasta el presente. Ello ha ocasionado que la cuenta anual en subvenciones e importaciones –estas últimas originadas tanto por la reducción de la producción petrolera, como también por la excesiva demanda de productos subvencionados– crezca desmesuradamente, obligando prácticamente al país a tener que tomar medidas heroicas que por lo general ocasionan mucho ruido y desorden en el sistema de precios y en la economía en general. Según cifras divulgadas, entre costos de importación de combustibles y las subvenciones, Bolivia habría erogado en el curso del año 2010 la suma de 950 millones de dólares, monto muy próximo al total de nuestras exportaciones anuales hasta principios de la presente década.

La pregunta que debe resolverse es cómo focalizar, cómo llegar de modo prioritario a los sectores urbanos marginales e informales dependientes que viven en las áreas periurbanas y en los cinturones más apartados de las conurbaciones metropolitanas para evitar que el alza generalizada de los precios que se nos avecina, comprometa sus propias capacidades de producción y reproducción de modo irremediable.

A continuación se presentan algunas sugerencias que pueden ayudar a distender la presión actual y hacer factible y viable la medida dispuesta que significa a todas luces la recu
peración de recursos a favor de la economía nacional, lo cual debe hacerse sin afectar las condiciones ya de por sí muy precarias de subsistencia de los sectores sociales señalados.

Una medida señalada en el momento de dictarse la elevación de precios de los combustibles, pero no reiterada ni ratificada por el Presidente de la República, se refiere a que los precios de los servicios básicos (agua, luz, telefonía) se mantendrán “congelados”. Esta medida es fundamental.

No obstante, es preciso ir más allá, es necesario reducir los precios de algunos de dichos servicios, especialmente en los casos en que se cuente con ciertas capacidades adicionales, como es el caso del sector eléctrico. Una forma de llegar a los sectores sociales señalados consiste en reducir el precio de la energía eléctrica, particularmente de los hogares que tienen un consumo relativamente bajo (lo cual es a su vez indicador de bajos ingresos). Ello permitiría no sólo llegar a los sectores sociales más desprotegidos e ignorados de nuestra sociedad, sino también hacer uso de modo más efectivo de las capacidades instaladas en otros sectores, no dejar que toda la demanda de energía recaiga sobre el sector hidrocarburífero, diversificar los productos energéticos y distribuir mejor su utilización.

Otro tanto se requiere en los sectores salud, saneamiento básico, vivienda y provisión de bienes y servicios públicos y colectivos que sean particularmente relevantes para los sectores sociales señalados. En todos y cada uno de estos sectores se debe priorizar la atención de los sectores sociales informales dependientes y sus familias, con particular énfasis en las dimensiones de género y generacional, ya que allí se halla uno de los sectores más frágiles y vulnerables de la sociedad que viven siempre en situación de extrema precariedad y haciendo inmensos esfuerzos por “parar la olla”, una tarea que se convertirá en un verdadero tormento a la hora en que la nueva trama de precios en la economía vaya tomando forma más definitiva.

Es posible que por ahora, a corto plazo, no se pueda destinar todos los recursos que se ahorren para inversiones. Ello no sería por falta de voluntad, sino por la necesidad de no dejar librado a su suerte a ningún sector social en este proceso de ajuste mayor. Por otro lado tampoco es justo que todos los sectores sociales carguen con una cuota parte semejante en este sacrificio, como si la riqueza estuviera repartida igualitariamente en la sociedad. Posiblemente es bueno y oportuno recordar que cerca al 60% de la riqueza nacional se halla en poder del 10% más rico de las familias y que en el otro extremo menos del 2% de la riqueza se halla en poder del 10% más pobre. No es casual que Bolivia sea considerada uno de los países más desiguales del mundo en materia de distribución de la riqueza.

Atrevámonos a poner en orden la economía, hagamos el esfuerzo de montarla sobre bases realistas, dejemos los discursos altisonantes que apuntan a granjearnos simpatías baratas a costa de dejar las cosas como están, busquemos soluciones más ambiciosas, demos nuevos pasos que nos conduzcan hacia nuestras ansiadas metas de liberación económica, social y política, librándonos de toda clase de yugos y formas de dependencia y opresión. Sin estas directrices mínimas siempre apuntaremos a la vía más simple y sencilla que es la de no hacer nada. Nos merecemos mucho más, pero debemos trabajar por conseguirlo.

* Economista, especialista en planificación regional. E.mail: CarlosRodrigoZapata@gmail.com

14 diciembre 2010

Bolivia, país de alto riesgo


Carlos-Rodrigo Zapata C.

En las últimas décadas se ha podido observar un crecimiento irrefrenable de los desastres a escala mundial, tanto en frecuencia, como en magnitud y extensión. Un estudio de NNUU revela que el crecimiento en el impacto o daño que causan los desastres, ocasionados por inundaciones, huracanes, deslizamientos, incendios y otros, se ha multiplicado 14 veces en los últimos 40 años del Siglo XX, al pasar de 39 mil millones a 560 mil millones de dólares los costos que anualmente ocasionan los desastres a la economía mundial.


La explicación actual de este fenómeno señala de modo unánime al ser humano y su intervención depredadora sobre su propio hábitat como el gran causante o responsable de esta debacle, al punto que la especie humana es considerada cada vez más una especie suicida, pues parece empeñada en destruir sus propias bases de sustentación, extremo al que no llega ninguna (otra) especie animal conocida.

La culminación actual de este proceso de destrucción masiva de nuestras bases de vida se expresa de modo patético en el cambio climático, el que mediante el calentamiento esperado de la atmósfera terrestre en 3 a 5 grados centígrados en el curso del presente siglo, desencadenará el deshiele de los polos y nieves eternas, así como una cantidad impredecible de mutaciones y desajustes de la flora, la fauna y los biotopos respecto de sus comportamientos tradicionales, cambios que alterarán profundamente los sistemas tradicionales de producción, ya que los conocimientos y medios disponibles quedarán en muchos casos obsoletos o en desuso, a la par que se requerirá una multiplicidad de nuevos recursos y saberes para adaptarse a las nuevas condiciones que nos imponga el clima.

El cambio climático es un mal público global, una externalidad negativa, que constituye una amenaza sin parangón para las sociedades y la existencia misma de la especie humana. Nos toca sufrir sus consecuencias, hayamos o no contribuido a provocar ese efecto, a la par que debemos desarrollar con urgencia las capacidades necesarias para preparar a la sociedad a convivir con las consecuencias que nos está trayendo este cambio, sin dejar de lado la lucha por evitar el calentamiento planetario.

Más allá de esta amenaza global, el incremento de los desastres a escala local también surge por los “problemas no resueltos del desarrollo” que conforman una cadena social e institucional de errores, omisiones y malas prácticas, tanto en los procesos de ocupación territorial (inadecuada construcción y emplazamiento de la infraestructura), como en el manejo no sostenible de los recursos naturales renovables. Por decirlo de modo simple, si bien en todas partes llueve, sólo se caen casas en lugares altamente vulnerables, expuestos a deslizamientos.

El Abc de la gestión de riesgos señala que los desastres son riesgos no manejados y que los riesgos a su vez son el resultado de amenazas (inundaciones, huracanes, sismos, etc.) y vulnerabilidades (exposición al peligro de elementos valiosos para la vida humana). De ahí podemos concluir que sólo limitando los posibles efectos de las amenazas y previniendo o restringiendo las vulnerabilidades, sería posible reducir los riesgos de desastres.


Ello significa que no existe un designio divino que ocasiona desastres, sino un comportamiento humano irresponsable con sus propios congéneres. Los desastres afectan más gravemente a los sectores más empobrecidos y marginales de la sociedad. Ello se debe a que dichos sectores sociales sólo pueden acceder a emplazamientos más riesgosos, a tierras marginales, a una cobertura de servicios más precaria o ninguna, de modo que los desastres no sólo los castigan más severamente, sino que además tienen menos recursos para prevenir los impactos y también para limitar sus consecuencias. Si a ello se agrega la falta de políticas territoriales y sectoriales necesarias para formar una cultura de prevención de riesgos de desastres, entonces será inevitable que los desastres castiguen cada vez más a la sociedad, y particularmente a los sectores más desvalidos.

La mejor política social en esta materia, comprometida con los sectores sociales más vulnerables, es aquella que se ocupa de invertir en prevención, pues como ha sido establecido en estudios de larga data, por 1 dólar invertido en prevención se ahorra 7 dólares en reparación y reconstrucción. En este marco, no es casual que los holandeses tengan planes millonarios para protegerse frente a la crecida del mar prevista hasta en más de 1 metro hacia fines del siglo XXI, por lo que han formulado planes de gran alcance para fortalecer su red de polders y barreras de protección, pues saben que no hacerlo, no invertir las sumas que dicha protección les exige, podría significar, el fin del país mismo.


En el caso de Bolivia se puede apreciar que los daños y pérdidas que ocasionó El Niño 1998 alcanzaron la suma de 527 millones de dólares, equivalentes al 7% del PIB de 1998, según estudio de la CAF. De ese monto, el 40% se debió a pérdidas directas, es decir ocasionadas directamente por las sequías e inundaciones que trajo El Niño, y el 60% a pérdidas indirectas, en buena parte resultantes de demoras en la rehabilitación de servicios, reparación de caminos y otros. Por otra parte, el 53% se debió a daños por sequía y el 47% a daños por inundación. Adicionalmente, el 50% se debió a pérdidas en la producción y el 43% a pérdidas en el acervo de capital, principalmente infraestructura caminera.



En el caso de El Niño 1983, la CEPAL estima que el costo total que sufrió nuestro país fue de 1372 millones de dólares, equivalentes al 17% del PIB de ese año, y que el 12% de ese costo se debió a daños en infraestructura, mientras que el 85% de ese monto se debió a daños a los sectores productivos. Si sumamos el costo total ocasionado por esos dos eventos climáticos en 1983 y 1998 y lo comparamos con el crecimiento económico registrado entre esos años, podremos apreciar que la sociedad boliviana debía destinar aproximadamente dos terceras partes del crecimiento económico logrado a lo largo de esos 15 años para cubrir la factura que nos presentó El Niño.

Si a ello agregamos que el costo ocasionado por los pequeños desastres -usualmente, escasamente registrados y difundidos- cuando menos duplica el costo o el daño ocasionado por los grandes desastres -tal como se ha podido apreciar en estudios realizados en diferentes países y regiones- , entonces podemos ver que la problemática ocasionada por los desastres se constituye en la manifestación más cruel y aguda de este proceso desbocado e irresponsable de aniquilación de nuestro hábitat y, consiguientemente, la capacidad de respuesta orgánica que requieren desarrollar las sociedades y sus Estados, se convierte en la tarea más urgente.

A modo de síntesis, señalemos las principales razones por las que consideramos que Bolivia es un país de alto riesgo: por la creciente frecuencia y magnitud de los desastres; la escasa información y reducida identificación de riesgos; la baja percepción de riesgos en la población y la incipiente participación ciudadana en la gestión de riesgos; la constante acumulación de daños que ocasionan los desastres sobre infraestructura y medio ambiente; la imposibilidad material del país para cubrir su cuenta anual de desastres; la débil institucionalidad existente; la incipiente formulación y aplicación de políticas para la gestión integral de riesgos; la completa falta de seguros y sistemas de transferencias de riesgos.

La única forma seria y responsable de hacer frente a los desastres es actuar sobre los factores generadores del riesgo con la mayor anticipación y antelación posible, lo cual exige pasar de una sociedad de altos riesgos a una cultura de prevención, corresponsable y solidaria.

Fotos:
- Vista del lago Poopó, nuestro mar de Aral, en el Altiplano de Oruro a 3690 msnm.
- Vista de derrumbe en la ciudad de La Paz, barrio de Huanu Hununi, febrero 2010.

[Originalmente publicado en El Diario (Bolivia), 14 de noviembre de 2006, aquí con algunas complementaciones]

27 noviembre 2010

La hora de la vivienda y el hábitat


“El gran problema de la ciudad es comprar tierras, porque hay muchas denuncias de sobreprecios.... pero cuando hay tierra garantizada ya no es un problema”.
Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
Cambio, 2010-11-20



Carlos Rodrigo Zapata C.

El anuncio del Gobierno en sentido que “impulsará la entrega de más créditos a la gente” para bajar la liquidez del sistema financiero y que los mismos irían “con exclusividad” al sector productivo, constituye una oportunidad muy importante para el país, siempre y cuando sepamos reconocer los signos de los tiempos y diferenciar claramente los peligros de las oportunidades. Pero vayamos por partes.

La “entrega de créditos” es muy interesante por diversas razones: ayuda a acelerar el crecimiento, bolivianiza la economía, permite que la banca funja no sólo de depósito o almacén de dólares –dadas las muy bajas tasas pasivas actuales- sino que se constituya en una instancia ordenadora y asignadora de recursos frescos a diferentes sectores de la economía, baja la liquidez del sistema financiero, lo cual reduce los peligros de inflación, e incluso ayuda a la banca a ganar dinero.

No obstante, faltan condiciones marco, bienes públicos y colectivos, capacidades individuales y colectivas de muy diverso orden, estrategias, planes, en suma un conjunto estructurado y coherente de condiciones que acompañen dicha circunstancia. La lluvia de dólares por sí misma no podrá canalizarse apropiadamente, si no viene estrechamente acompañada de la generación de dichas condiciones. Veamos un ejemplo: vivienda y hábitat.

Es la hora de invertir en la generación de condiciones que hagan posible la plena participación de todos los sectores de la economía y la sociedad en la provisión de vivienda digna y hábitat adecuado. El país se bate y debate en el tema vivienda y hábitat como mejor puede, ya que por lo general produce soluciones habitacionales tan precarias que ya a la vuelta de la esquina requieren refacciones y complementaciones de todo tipo, sino que además demandan toda una gama de instrumentos de gestión de riesgos que no se tiene para poder superar los impactos adversos y negativos que genera. Basta recordar las fundidoras en El Alto, instaladas junto a viviendas precarias que causaron ceguera y otros males diversos a sus pobladores, o la frecuente caída de viviendas en La Paz, construidas sobre terrenos deleznables, sin que autoridad alguna pueda detener esa barbaridad.

Es hora de facilitar condiciones crediticias a los sectores sociales más vulnerables para vivienda y hábitat. También los municipios podrían asumir algunas deudas a tasas muy reducidas, para empezar a revertir esos procesos de ocupación espontánea, arbitraria y desordenada que se dan en las urbes bolivianas desde hace décadas, situación que por otra parte se cae de madura, ya que los Gobiernos Autónomos Municipales (GAMs) tienen diversas competencias en este campo desde 1985, ¡desde hace un cuarto de siglo!, aunque han permanecido ampliamente ignoradas por las autoridades municipales. Una evaluación social amplia y precisa mostraría la muy alta rentabilidad social que es posible lograr con inversiones en estos campos, tarea fundamental para comprender las oportunidades que se pierden y descubrir nuevos ámbitos de inversión que requieren recursos frescos, abundantes y baratos.

En ese contexto, dar créditos para fines que no muestran tener las condiciones marco, indispensables para poder aprovecharlos, no parece una decisión muy acertada, como puede advertirse en muchos sectores productivos. El público tiene almacenados y estancados en los bancos cerca de 3.000 millones de dólares que los bancos no consiguen prestar, ni a tasas relativamente bajas, debido, entre otros, a la baja capacidad real de emprendedurismo existente en la sociedad, a la preferencia por rentas inmobiliarias que no demandan gran sagacidad ni esfuerzos y a la falta de condiciones marco para hacer que “se renten” las inversiones.

Cómo y de qué manera el gobierno podrá mejorar ese rendimiento que el mercado no está pudiendo lograr, pasa a nuestro juicio por una política agresiva, inclusiva y de amplio espectro, orientada a la provisión de bienes y servicios públicos y colectivos habitacionales, a la generación de capacidades individuales y colectivas y a poner en valor las virtudes y capitales –social, institucional, humano- que destila nuestra sociedad y su diversidad cultural.

Más concretamente, ¿cómo, haciendo qué? En el sector de vivienda y hábitat, impulsando un gran programa de habilitación de tierras urbanas para fines habitacionales en áreas urbanas y rurales plenamente saneadas, en acción conjunta con los Gobiernos Autónomos Municipales y las Organizaciones Indígena Originario Campesinas, ya que estas últimas tienen la llave para facilitar tierras que permitan ampliar áreas urbanas que puedan ser administradas por los municipios para fines de vivienda social o para dejarlas en manos de loteadores y especuladores de toda laya para que continúen al mando de la forma caótica y desordenada en que se construyen las ciudades en nuestro país.

Paralelamente, se puede impulsar un gran programa de apoyo a los autoconstructores que al presente construyen no menos de 2 de cada 3 soluciones habitacionales en nuestro país, pero generan también los llamados déficits cualitativos, derivados de la mala calidad de los materiales empleados, las técnicas constructivas deficientes, los espacios extremadamente reducidos, la falta de ambientes especializados –dormitorio, cocina, baño-, a lo que se suma la falta de servicios básicos, equipamientos urbanos y sociales, etc. A los déficits existentes –un déficit cuantitativo de un cuarto de millón de unidades habitacionales y un déficit cualitativo cercano al millón y medio de viviendas estimados para 2010-, se agrega el pronunciado crecimiento demográfico de la próxima década, de cerca de tres millones de habitantes, lo cual demandará no menos de setecientas mil viviendas adicionales hasta el 2020. No podemos darnos el lujo de seguir trabajando para producir soluciones habitacionales precarias e insuficientes, y para producir tugurios y hábitats urbanos enfermantes y hábitats rurales de los que se procura huir a toda costa.

Si el gobierno puede negociar con la banca -que se halla forrada en dólares que no sabe como canalizar y ni siquiera se esmera demasiado en hacerlo por los muy bajos costos financieros comprometidos en ello- condiciones adecuadas para facilitar recursos a los municipios para el mejoramiento y el desarrollo del hábitat, y a los autoconstructores para producir soluciones integrales de vivienda, entonces no sólo se lograría canalizar los recursos de la banca -lo cual no debería ser precisamente la primera ni la más importante preocupación-, sino que en primer término se estaría contribuyendo a generar todo un cúmulo de nuevas oportunidades para facilitar y hacer posible la acción municipal, el mejoramiento del hábitat, para actuar preventivamente y evitar problemas a futuro, para incluir a los más pobres, poniendo en valor sus capacidades y recursos, su know how y sus saberes, ayudándolos a mejorar sus soluciones habitacionales, a mejorar su calidad de vida, a construir su propia dignidad, evitando con todo ello la permanente producción y reproducción de soluciones precarias, ahorrando los costos de reparación y reconstrucción, los costos de producción de “barrios de verdad” que hoy por hoy son una necesidad imprescindible, pero que resulta de la forma caótica e irresponsable de construir ciudades a la que nos hemos acostumbrado.

A ello se añadiría sin duda el uso productivo, responsable, sostenible, incluyente, viable, democrático, de los recursos en poder de la banca, lo cual resultaría no del mero hecho que la banca conceda créditos, sino del hecho de hacerlo en el marco de una alianza estratégica de múltiples actores –Estado, Municipios, Autoconstructores, Pueblos indígenas, Banca, etc.- orientada al desarrollo del hábitat y el acceso a suelo para fines habitacionales, y a la producción de vivienda social.

En este marco sería oportuno también precisar, ¿qué bienes y servicios públicos y colectivos son indispensables para organizar la acción colectiva, coordinada y cooperativa de la sociedad, para intervenir orgánicamente en los temas de vivienda y hábitat? Por empezar, normas y leyes que ordenen dicha acción colectiva, instrumentos que permitan plasmar dichas normas, como planes de desarrollo urbano, planes directores, definición de áreas urbanas, catastro, saneamiento y regularización de la propiedad que debe encauzarse una vez que la regulación del derecho propietario y la definición de la función social de la propiedad urbana hayan quedado claramente establecidas y no antes, pues de otro modo se estaría apuntando a conservar privilegios a toda costa.

Hay muchos otros bienes y servicios que son cruciales y que hacen a la misión esencial del Estado, a nivel central como subnacional, como ser, la política del sector, la estrategia y los planes regionales para plasmar la voluntad política y organizar la acción colectiva de la sociedad en todos los planos y niveles de intervención que sean requeridos. También la calificación y formación de mano de obra, el desarrollo tecnológico, la adaptación al cambio climático, la implantación de normas y estándares de construcción, la difusión de nuevos materiales y técnicas constructivas, como los paneles de chala de arroz, desarrollados e impulsados últimamente por acuciosos investigadores y empresarios cruceños, son otros bienes y servicios públicos y colectivos que permitirán construir vivienda y desarrollar hábitat adecuado, ajustado, acondicionado a las necesidades de sus propios pobladores.

Los bienes y servicios públicos y colectivos por lo general no pueden ser producidos o puestos a disposición por los individuos y los municipios aisladamente considerados, porque los costos y condiciones de su producción usualmente superan sus propias capacidades. Por ello, el Estado tiene esa misión: proveer dichos bienes y servicios, esto es, hacer lo que los particulares por su atomización y limitación de recursos no pueden hacer.

De lo anterior se desprenden varias cosas:
- Estado debe abstenerse en lo posible de competir con los individuos y entidades menores, ya que su propia misión desborda sus propios recursos, y si no cumple la misión que la sociedad le ha encomendado, deja a los particulares sin las bases y condiciones marco indispensables para que puedan desarrollar sus propias labores y tareas, de forma eficiente y efectiva
- el Estado no puede pretender producir resultados y productos “para ayer”, simplemente porque no cuenta con las condiciones marco que le permitan producir dichos resultados, por lo que más temprano que tarde chocará irremediablemente con los límites estructurales que nos impone el subdesarrollo de nuestra economía y formación social;
- el Estado debe concentrarse en producir dichas condiciones marco, en generar las capacidades que le permitan garantizar el cumplimiento de todos los derechos humanos, económicos, civiles, sociales y culturales que la sociedad se ha conferido mediante la Constitución y las Leyes, mientras que los Movimientos Sociales deben dejar de militar exclusivamente en el partido de los que exigen el cumplimiento de dichos derechos y sumarse al partido de los que construyen las capacidades y condiciones que permitan el cumplimiento de los mismos;
- el Estado no puede restringirse a administrar la renta de los recursos naturales, simplemente porque ésta es finita y porque no existe sociedad alguna en la historia humana que haya pretendido perdurar en el tiempo sobre dicha base y sin haber construido las capacidades necesarias y suficientes para producir riqueza mediante la transformación y valorización de materias primas en base a conocimientos, ingenio y técnicas;
- no es posible detonar un proceso de desarrollo armónico, equilibrado, socialmente inclusivo y responsable, sin dotar a la sociedad de la gama más amplia posible de bienes y servicios públicos y colectivos que le permitan desarrollar y poner en valor todas sus capacidades, emplear todos sus recursos, pues de otro modo sólo tiende a perpetuar la exclusión por la vía del mercado, que privilegia a los más poderosos, y la exclusión por la vía estatal de carácter rentista, que privilegia a los grupos políticamente afines.

De un modo u otro, se tiende a producir y reproducir la exclusión, el signo que ha marcado toda nuestra historia de modo indeleble.

¿Será que esta vez podremos hacer “clavos con cabeza”, es decir, fijar prioridades conjuntas e insistir sobre ellas hasta lograr resultados perdurables? Esperamos que sí. Tenemos todas las condiciones para hacerlo. Sólo…hay que hacerlo.

*) Economista urbano, candidato a doctorado en economía, especialista en planificación territorial.

17 octubre 2010

¿Lucha contra el racismo versus libertad de expresión? La sociedad boliviana exhibe sus limitaciones


Carlos Rodrigo Zapata C. (*)

La promulgación de la Ley de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación constituye todo un logro en la sociedad boliviana. El representante del Alto Comisionado de NNUU para los Derechos Humanos en Bolivia ha recordado que dicha ley debía haber sido sancionada en Bolivia hace ya 40 años, desde que Bolivia ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Una omisión muy penosa que ahora al fin queda subsanada.

Es posible que algunos compatriotas no se hayan percatado de la urgente necesidad de esta ley y de toda una gama de instrumentos y formas de lucha contra el racismo, pues nuestra sociedad está trasminada de racismo, enferma de odio a lo que considera distinto, extraño, ajeno, repulsivo para unos y otros.

Cuánto daño causa el racismo y la discriminación, puede apreciarse en una de sus formas de expresión más funestas, como es el empatronamiento en la región del Chaco boliviano, una forma contemporánea de esclavitud. En un estudio sobre Huacareta podemos leer: “Los guaraníes de Chuquisaca no tuvieron otra opción que vivir empatronados en parcelas reducidas o morir. Esta cruel realidad fue manejada como un discurso de las élites dominantes para el dominio total de los guaraníes. Los patrones fueron capaces hasta de borrar la autovaloración cultural de los indígenas guaraníes, introduciendo en su subconsciente, conceptos subvalorativos de sí mismos como flojos, viciosos (alcohólicos, coqueadores), incapaces de sobrevivir sin el patrón“. (Ramiro Guerrero Peñaranda, Huacareta: Tierra Territorio y Libertad, febrero de 2005, extractado de: Comunidades Cautivas: Situación del Pueblo Indígena Guaraní y formas contemporáneas de Esclavitud en el Chaco de Bolivia, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 24 diciembre 2009).

Otro testimonio de un hombre guaraní de la comunidad de Itacuatía, dice: “No nos dejaban asistir a la escuela, nos decían para qué van a ir, tienen que trabajar. Por culpa de los patrones no hemos podido aprender y la educación habría sido muy importante…….Para la construcción de esta escuela yo acarreaba piedras y agua, cuando yo era chiquitito sin embargo no hemos estudiado aquí, no nos dejaban. Por eso no hemos estudiado bien y por eso es que yo digo hay que decir la verdad” (ver, Comunidades Cautivas, op cit)

Con toda seguridad, estos elocuentes testimonios son apenas una muestra de los estragos que han causado el racismo, la discriminación y el desprecio en toda nuestra formación social a través de siglos. Pretender poner en el traspatio estos asuntos o tapar el bosque con un árbol, como metafóricamente ha señalado el Representante del Alto Comisionado, como si se tratara de un asunto de poca monta o de menor importancia y trascendencia que la libertad de expresión, es sin duda un exceso que está confrontando a la sociedad boliviana, cuando menos a determinados círculos de opinión.

No sólo es lamentable que se procure confrontar dos bienes mayores para la sociedad boliviana, como son la lucha contra el racismo y la libertad de expresión, sino que es inadmisible que ello suceda, pues muestra de cuerpo entero cuán ajenos y distantes permanecen unos grupos sociales de otros, cuánto nos desconocemos en nuestros sufrimientos, valores, sueños y avatares diarios, y cuán poco comprendemos la honda huella que ha dejado en nuestra sociedad el racismo y la discriminación.

En ese marco, llama también profundamente la atención que en la Ley promulgada se emplee el término “raza” en los artículos 5 (Definición de Discriminación Racial) y 23 (“Delitos contra la Dignidad del Ser Humano”), convalidando en una ley contra el racismo la existencia misma de razas, cuando se trata a todas luces de un constructo ideológico, creado y propagado para “asignar a algunos grupos un estatus inferior y a otros un estatus superior que les dio acceso al privilegio, al poder y a la riqueza”, tal como lo reconoce la propia ley. Sería bueno que de una vez y para siempre eliminemos de nuestro léxico y, por cierto, de nuestra forma de pensar, la idea de “raza” que sólo ha causado toda clase de divisiones y conflictos sobre la faz de la tierra. Seguramente no ha habido fuerza más abyecta y negativa entre las sociedades y los seres humanos que el racismo y toda su pléyade de formas de manifestación.

Escarbando un tanto en la propia práctica de la ética periodística, hemos encontrado pautas y guías de gran valor, que queremos compartir con usted amigo lector, con la única finalidad de comprender que no hay una sola forma de ver todo este asunto, sino que existen formas de ver más amplias que las que aquí en el debate interno estamos manejando.

Por ejemplo, el periódico Los Ángeles Times de Estados Unidos se negó a publicar las famosas caricaturas sobre el profeta Mahoma que se publicaron por primera vez en un diario danés y dieron la vuelta al mundo, con la siguiente argumentación ética: "El derecho a no ser ofendido tiene preferencia sobre el derecho a no ser amordazado".

En esa misma línea, el Financial Times señaló: "La libertad de expresión (...) es una de nuestras libertades más apreciadas. Pero no es absoluta: no incluye, por ejemplo, el derecho de gritar ¡Fuego! en un teatro abarrotado".

Caricaturas sobre el Profeta Mahoma:
Criterios divergentes en torno a la libertad de expresión y el derecho a no sentirse agredido

Desde The Independent -de ideología de izquierdas- al Daily Telegraph -de derechas-, la prensa británica ha tratado de conciliar lo que el primero denomina "dos derechos rivales", el de la libertad de prensa y el de los musulmanes a no sentirse agredidos. "Colocar un derecho por encima del otro es la marca del fanatismo", escribe The Independent.

"Hay derecho a coger la pluma sin ser censurado. Pero también hay derecho a que las personas que viven en una sociedad pluralista y laica no se sientan excluidas, amenazadas y permanentemente ridiculizadas, como es el caso de numerosos musulmanes", añade.

The Guardian insiste en su edición del viernes en la importancia del "contexto" y señala que los periódicos "no están obligados a publicar documentos ofensivos simplemente porque son controvertidos".

El diario galo Le Figaro también llama la atención sobre los excesos de la libertad de prensa, asegurando que "la autocensura puede ser en algunos casos necesaria" dado que "lo que la ley autoriza, la conciencia a veces prohíbe". "Además, podemos hacer un mal uso de la libertad de prensa", dice.


Otro punto de vista ha sido asumido por Paper Papers que acepta comentarios anónimos, pues “estamos convencidos de que [los comentarios anónimos] enriquecen el blog y aportan lo suyo, a pesar de que a veces –muy pocas– recibamos algún insulto destemplado. Borramos los que insultan a terceros o los que no aportan más que el insulto. Citando a 'Bill Reader' (es un seudónimo) en American Journalism Review, se justifica esta decisión del siguiente modo: “En una época en que la Corte Suprema de los EE.UU. dictaminó que la Primera Enmienda (que protege los derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión respecto de la interferencia del gobierno) no se aplica a los empleados públicos que señalan los errores de sus superiores, y las personas pueden perder sus puestos de trabajo por hacer declaraciones que alguien podría interpretar como "una falta de respeto", personas reales con opiniones serias necesitan del anonimato para ejercer sus derechos democráticos más básicos: a disentir, criticar, defender y controversias debate. Si los periodistas tratan de silenciar a los "odiadores y gritones" prohibiendo comentarios anónimos en línea, también silenciarán a los pobres, los vulnerables y los desposeídos. Esta prohibición representaría una drástica sobre reacción”. (http://paperpapers.blogspot.com/2010/09/porque-aceptamos-los-anonimos.html)

En esta línea, existen otros puntos de vista, como el de Mauro Entrialgo, de El País de Madrid, que sostiene: “borrar barbaridades y comentarios fuera de tono no es censura, sino lógica”. Enrique Dans agrega por su parte: “Mantener la casa limpia y echar a los invitados que no respetan las formas es deber esencial de todo administrador de un foro, sea del tipo que sea, y mucho más si es de naturaleza política” (http://www.enriquedans.com/2007/12/participacion-politica-y-web-20.html).

En esta misma línea, con un enfoque más académico, María Mamani nos dice: “LIBERTAD DE EXPRESION: Exteriorización de lo que se piensa u opina. SE PUEDE LIMITAR. La exteriorización se puede limitar para que no ofenda los derechos de terceros. Tales límites son los derechos de los demás a ser respetados en su honor, intimidad y fama, así como los derechos de la sociedad en su conjunto a que no se divulguen opiniones o pensamientos atentatorios contra el orden público o el orden de convivencia establecido”. (MAMANI, María, "Libertad de pensamiento, de opinión, expresión y de prensa", http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/10/lpoep.html).

Luego de esta revisión rápida de algunos de puntos de vista relacionados con la materia, no podemos sino asombrarnos de la “unanimidad” que se pretende respirar en nuestros ámbitos periodísticos, haciendo un uso abusivo del derecho a la libertad de expresión, como si se tratara de un derecho absoluto que no puede ni debe aceptar ni tolerar ninguna restricción o forma de limitar su ejercicio. Más allá de ello, luego de dicha inspección de puntos de vista y enfoques aplicados por los medios en diferentes partes del mundo a temas semejantes, podemos también advertir que no existe un único rasero, que no hay reglas legales ni éticas universales establecidas que nos permitan dirimir nuestro propio debate interno. Más bien lo que se observa es que en función de las circunstancias de cada país y de cada temática, determinadas reglas de comportamiento, tienden a imponerse o generalizarse.

Es nuestro país es lamentable constatar hasta qué extremo se tergiversan las cosas, al punto que pretender sancionar la difusión de opiniones con contenidos racistas y discriminadores, ya es visto por parte del gremio periodístico como conculcación de la libertad de expresión, como si no pudiera ponerse límites a dicha libertad, como si toda expresión pudiera asumirse como opinión y sólo como opinión, sin poder aplicarles el mote de insulto, agravio, ofensa, etc., ni poder hacer otra cosa que cortar todo servicio que posibilite el ejercicio del derecho a la libre expresión de la población.

En aras de la defensa de la libertad de expresión, ¿no sería oportuno, amigos de los medios de comunicación, que tomen como guía algunas de las prácticas y experiencias comentadas en esta nota, como esa de borrar los agravios de quienes usan licenciosamente estos espacios e incluso bloquear su acceso si reiteran en sus intentos denigratorios? ¿No sería ésta acaso una forma más consecuente de defensa de la libertad de expresión, haciendo al mismo tiempo lo indispensable para lograr que convivan y coexistan la indispensable lucha contra el racismo y la insustituible libertad de expresión, en los marcos en los que hoy por hoy son posibles e indispensables en nuestro medio?

¿Cuál es mi conclusión de toda esta reyerta? Si el tema del racismo en nuestra sociedad fuera una nimiedad, un detalle, una cuestión que no pesa en el ánimo y no carcome el alma de los ofendidos y vituperados, pues santo y bueno, las medidas adoptadas y las sanciones estipuladas, por empezar la amenaza de suspensión de la licencia de funcionamiento de los medios, estarían francamente fuera de lugar. Pero en una sociedad que se ve a sí misma como diversa, en la cual la comunicación, la comprensión mutua, el respeto y la valoración del otro deben estar permanentemente en el centro mismo de nuestros intercambios, debates y compromisos, el racismo se ha convertido en una traba inmensa, en un obstáculo que bloquea todos nuestros caminos y hace imposible la convivencia en esa diversidad.

No me cabe duda que ambos bienes son cruciales para nuestro propio desarrollo, pero también que no podemos privilegiar uno de ellos, pues "colocar un derecho por encima del otro es la marca del fanatismo", como cruda, pero acertadamente ha señalado The Independent de Londres. Por ello, el imperativo es la comunicación, es salir al encuentro de los seres humanos de nuestro país, de nuestra historia, tejida de humillaciones, desprecio y exclusiones, aunque también de esfuerzos e intentos por cambiar las cosas en interminables levantamientos, nacionalizaciones y emprendimientos revolucionarios a lo largo de nuestra historia.

Es hora de luchar contra el racismo y toda forma de discriminación, es hora de reivindicar y tomar en cuenta las demandas centenarias de respeto, igualdad y reconocimiento de los pueblos despreciados de nuestra heredad nacional. Por ello mismo, es tiempo de encontrar las formas más aguzadas y perspicaces para hacer que la flor de la libertad de expresión no se vea soterrada por esta emergencia nacional que data de siglos. Encontrar las formas y maneras de hacer posible que ambos bienes mayores, cruciales para nuestra sociedad, puedan convivir plenamente, es la convocatoria de la hora. Todo lo demás o raya en el fanatismo o representa una simple y llana forma de darle la espalda al país. Es tiempo de tomar partido.

(*) Economista, analista político. La Paz, Bolivia.

09 octubre 2010

EL RESPETO, BASE DE LA CONVIVENCIA EN UNA SOCIEDAD PLURAL

Por: Carlos-Rodrigo Zapata C. (*)

Una de las demostraciones más fehacientes de la incesante lucha del ser humano por el libre albedrío y la convivencia humana pacífica, se ha expresado en los valores de libertad, igualdad y fraternidad que cristalizaron en la Revolución Francesa.

Dichos valores se hallan en la base de instituciones fundamentales para organizar la convivencia humana, como son la democracia y el derecho, sin las cuales la especie humana probablemente ya habría sucumbido, presa de su belicosidad y sus indecibles contradicciones. Sin ir muy lejos, podemos observar que todo el edificio del derecho –que es a su vez uno de los fundamentos básicos de la convivencia y la civilización humanas- se sustenta particularmente en el valor de la igualdad.

Si no tuviéramos dicho valor en la base misma de su construcción, el derecho se vendría abajo como un castillo de naipes, simplemente porque no podría soportar el peso de las reglas que requerimos para ordenar nuestras relaciones y proteger nuestros derechos. Los derechos a la educación, al trabajo, al pensamiento, a la vida misma, perderían su sentido y razón de ser en un mundo habitado por desiguales, donde nadie tendría la potestad de exigir tales derechos, ni la autoridad para protegerlos y resguardarlos.

No obstante la importancia crucial de la igualdad, observamos pasmados que el mundo se va acostumbrando a convivir con distintas varas o parámetros para medir las mismas cosas, haciéndonos de este modo usuarios, cómplices o víctimas de un cinismo planetario sin parangón en la historia humana. Antes podíamos disculparnos aduciendo ignorar las condiciones de vida o los grados de exclusión prevaleciente en otros pueblos y sociedades en apartados rincones del mundo. Hoy ese argumento ha sido pulverizado por los sistemas de comunicación e información existentes que, aun con sus deficiencias, han puesto en contacto a los seres humanos de todo el planeta en tal medida que ya no podemos alegar desconocimiento de las abismales diferencias y desigualdades existentes que están haciendo añicos la convivencia humana en el planeta.

El asunto es que toda esta ignorancia calculada y premeditada a escala planetaria pone en cuestión severamente el valor de la igualdad entre los seres humanos, al punto que se puede advertir que el derecho va perdiendo espacio a escala local y global en su capacidad de regular conflictos y ordenar la vida en sociedad. De a poco empezamos a descubrir que el fundamento básico del derecho, es decir, la igualdad, está siendo gravemente erosionado, que debe ser reestablecido y que existen otros valores que deben venir en auxilio de la igualdad. Uno de dichos valores es, sin duda, el respeto.

La igualdad requiere urgentemente del apoyo del respeto para continuar sirviendo de cimiento y soporte del edificio del derecho, ese impresionante instrumento que le está permitiendo a la especie humana organizar –no siempre satisfactoriamente- su convivencia.

Pero,¿qué es el respeto, de dónde viene, por qué sería la gran respuesta a esta profunda falla de construcción que descubrimos en los cimientos mismos de una de nuestras más importantes fortalezas? Posiblemente habría que empezar señalando que toda persona, ser vivo y objeto tiene un valor propio, una cualidad intrínseca que nos impulsa a valorarlos.

Ello significa que no somos nosotros quienes les damos valor a todos ellos, sino que más bien nos damos la ocasión de apreciarlos o reconocer su valor. El vocablo respeto viene del latín “respicere” que significa volver a mirar, “mirar más profundamente”. La idea de dar atención apropiada al ser u objeto de interés es central para el respeto y significa tratar de verlo claramente, como es realmente, y no simplemente visto a través del filtro de las propias interpretaciones o temores.

Este es un paso crucial y decisivo para el respeto, pues sólo accedemos a él en la medida que estamos dispuestos a reconocer y ponderar el valor de las personas, seres vivos y objetos de interés. En este marco también podríamos decir que cuanto más aptos somos de reconocer el valor intrínseco de todos ellos, más capaces nos hacemos de apreciarlos, de beneficiarnos con su valor y de aprender a respetarlos. Más aún, la práctica misma del respeto es a su vez un modo de experimentar y conocer el valor intrínseco o el significado de algo. Pero, ¿qué razón nos mueve a “mirar más profundamente”, cuál es la importancia del respeto, de qué manera nos beneficiamos del respeto? “La Enseñanza de la Montaña”, una lección de sabiduría china, quizá pueda ayudarnos a responder a estas peguntas.

LA ENSEÑANZA DE LA MONTAÑA

“En la antigua china, en la cima del Monte Ping se encontraba el templo en donde moraba el gran maestro Hwan, el Ilustrado Mayor. De sus muchos discípulos, sólo uno ha llegado a ser conocido por nosotros, Lao-Li. Por más de veinte años, Lao-Li, estudió y meditó junto al gran maestro Hwan. A pesar de que Lao-Li era uno de los más brillantes y más decididos discípulos, tenía que alcanzar la máxima ilustración. Aún no poseía la sabiduría de la vida.

Lao-Li luchó y se esforzó al máximo durante días y noches, durante meses y aún años, hasta que una mañana, la caída de una flor de cerezo le habló a su corazón. "No puedo luchar más contra mi destino", reflexionó. "Así como esa flor de cerezo, yo debo resignarme a mi suerte". Desde ese momento, Lao-Li decidió abandonar la montaña y renunciar a la posibilidad de alcanzar la máxima ilustración.

Lao-Li fue entonces a buscar a Hwan para comunicarle su decisión. El maestro se hallaba sentado frente a un muro blanco, en profunda meditación. Respetuosamente, Lao-Li, se acerco a él. "Ilustre Maestro", dijo. Pero antes de que pudiera continuar, el maestro habló: "Mañana me uniré a ti y bajaremos de la montaña". No hacía falta decir nada más. El maestro había comprendido.

A la mañana siguiente, antes de partir, el maestro miró hacia al vasto paisaje alrededor de la montaña. "Dime, Lao-Li”, dijo, "¿qué ves?" "Maestro, veo el sol apenas levantándose en el horizonte, las colinas serpenteando por millas enteras y, abrigados abajo en el valle, un lago y un pueblo pequeño". El maestro escuchó la respuesta de Lao-Li. Sonrió y emprendió el descenso de la montaña.

Hora tras hora, mientras el sol recorría el cielo, ellos proseguían su marcha, y sólo se detuvieron cuando llegaron al pie de la montaña. De nuevo Hwan preguntó a Lao-Li qué veía. "Gran maestro, a lo lejos veo los gallos correteando alrededor de los graneros, las vacas adormiladas sobre las praderas que recién retoñan, los ancianos tomando el sol de la tarde y los niños jugueteando en el arroyuelo". El maestro permaneció en silencio y continuaron la marcha hasta llegar a las puertas del pueblo.

Allí el maestro hizo un gesto a Lao-Li y ambos se sentaron a la sombrea de un viejo árbol. ¿Qué aprendiste hoy, Lao-Li? preguntó el maestro. "Tal vez esta sea la última enseñanza que vas a recibir de mí". El silencio fue la única respuesta de Lao-Li. Finalmente luego de un gran silencio, el maestro continuó. "El sendero que lleva a la máxima ilustración es como nuestro viaje bajando de la montaña. Sólo llega a aquellos que se dan cuenta de que lo que uno ve en la cima de la montaña no es igual a lo que uno ve al pie de ella. Sin esta enseñanza, cerramos nuestras mentes a todo lo que no podemos ver desde nuestra posición y así limitamos nuestra capacidad de crecer y de mejorar. Pero con esta sabiduría, Lao-Li, puedes despertar. Esta es la enseñanza que abre nuestra mente y la deja progresar, golpea todos nuestros prejuicios y nos ayuda a respetar aquello que al principio no podemos ver. Nunca olvides esta última lección, Lao-Li: "lo que tú no puedes ver desde el lugar que ocupas en la montaña, puede ser visto desde otra parte de ella".

Cuando el maestro terminó de hablar, Lao-Li miró hacia el horizonte y a medida que el sol se ocultaba frente a él, parecía nacer en su corazón una nueva sabiduría. Lao-Li, volvió su mirada hacia Hwan, pero el Gran Maestro ya no estaba allí. Y así termina esta vieja historia china. Cuentan que Lao-Li regresó a la montaña para continuar viviendo allí. Llegó a ser un extraordinario Ilustrado Mayor”

¿Cuál es la enseñanza magistral de esta historia? Simplemente el hecho que cada ser humano ocupa un lugar específico en la montaña, razón por la que cada uno tiene una visión o perspectiva particular y privilegiada del mundo, de donde surge su valor intrínseco único e irrepetible, pues así como “lo que uno ve en la cima de la montaña no es igual a lo que uno ve al pie de ella”, del mismo modo es distinto y particular lo que uno ve y experimenta desde cada ángulo de la montaña.

FORMAS DE RESPETO

Existen diversas formas de respeto, pero las básicas o más generales son dos: el respeto por deber y el respeto por admiración. En el primer caso se trata del respeto a las leyes, la autoridad, los rituales vigentes. La falta de respeto a este conjunto de normas, reglas o acuerdos básicos, formales e informales, puede poner severamente en cuestión toda forma civilizada de convivencia humana. En el segundo caso se trata del respeto que brindamos a todas aquellas personas que por sus contribuciones se han hecho particularmente dignas de nuestras atenciones y deferencias. También los seres vivos y los objetos son motivo de respeto, sea porque la ley lo dispone, como la protección de la fauna, la flora y los recursos naturales, o por la admiración que nos causa, como los paisajes y muchos bienes arqueológicos, arquitectónicos, artísticos y otros.

VALORES ESENCIALES EN UNA SOCIEDAD PLURAL

La pregunta crucial en este marco es, ¿cuáles son los valores esenciales que deben presidir la convivencia humana pacífica en una sociedad plural, abierta, abigarrada? La filósofa Adela Cortina señala que “una sociedad plural para ser considerada como una sociedad vivible, exige un núcleo mínimo de instituciones y valores compartidos por los asociados, resaltando que la presencia de estos mínimos compartidos, no anula las diferencias, por el contrario, las hacen posible y las potencian”. En este marco, Cortina ha propuesto una ética mínima o “ética ciudadana”, centrada en unos pocos valores, cruciales para la convivencia humana, que comprenden libertad, igualdad, solidaridad, responsabilidad, respeto activo y disponibilidad al diálogo.

RESPETO, VALOR FUNDAMENTAL DE NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO-INSTITUCIONAL

Por lo señalado podemos sostener que el respeto funge como valor de valores, como el valor que da sustento y soporte a los demás valores y, por ende, se constituye en la piedra angular de toda construcción social duradera en una sociedad plural. Por ello, sugerimos que la libertad y el respeto sean considerados por la Asamblea Constituyente en Bolivia como los valores fundamentales que nuestro ordenamiento jurídico-institucional debe proteger, defender y garantizar. La opción por el respeto como valor fundamental apunta además a sentar las bases para la convivencia intercultural y lograr el reconocimiento real y efectivo de las diversas culturas presentes en nuestro país.
Publicado originalmente en El Diario (La Paz, Bolivia) el 11/12/2006 y posteriormente en otros medios.

06 julio 2010

Bolivia Constituyente - "La Constitución como programa de desarrollo"




Bolivia sigue a la búsqueda de la piedra filosofal en materia de rumbo económico. Es como si los dioses se hubieran confabulado para mantenerla fuera de nuestra vista y nuestro alcance.

En el balance de fuerzas entre la tiranía que ejercen las materias primas no renovables sobre las estructuras, demandas y preferencias de la sociedad y la disponibilidad del territorio nacional para tráficos ilícitos e ilegales de todo tipo, versus la necesidad de sentar las bases para impulsar procesos de acumulación ampliada, con generación creciente de valor agregado, que permitan salir de esa economía extractivista, productora de materias primas, aprovechadora de la renta extraordinaria que nos deparan esas riquezas naturales, Bolivia se viene decidiendo sistemáticamente por las dos primeras vertientes, posponiendo para algún futuro indeterminado la tercera vertiente. 


Ello genera una situación de inestabilidad estructural, pues los recursos humanos y capacidades requeridas por la economía de corte extractivista y traficante no es precisamente muy exigente, razón por la que no se necesita calificar significativamente a la mano de obra, ni es necesario promover procesos de desarrollo tecnológico, tampoco fomentar la actividad empresarial, menos esmerarse en cumplir contratos, construir un sistema de justicia respetable, etc., pues todo ello se hace relativamente superfluo cuando se cuenta con rentas extraordinarias derivadas de la explotación de los recursos naturales. La veta del mineral, el yacimiento del hidrocarburo, la biodiversidad de la naturaleza ya traen consigo su renta extraordinaria, pues son productos tan valiosos que ya incorporan su "valor agregado" por lo que se hace innecesario desarrollar todos aquellos procesos y esfuerzos que en otras economías son objeto de gran dedicación y atención, pues en la formación de sus recursos humanos y el desarrollo tecnológico adecuado se les va la vida, ya que de esos factores productivos saldrá su valor agregado y su renta que les permita obtener su producto y sus ingresos, y acumular de modo creciente, incorporando siempre nuevas esferas del conocimiento y la producción, diversificando y especializando sus productos de modo continuo. Podría decirse, para qué complicarse la vida, si puede ser tan fácil y tan simple.

El problema es que Bolivia, pese a sus extraordinarias riquezas naturales de todo tipo, sigue siendo una de las sociedades más pobres del hemisferio occidental (eso significa, ¡de la mitad del planeta!!), y sin vislumbrar claramente nuevos horizontes y perspectivas para construir una economía que vaya más allá de la simple explotación de los recursos naturales y del uso del territorio para toda clase de tráficos ilícitos.

Una forma de empezar a encaminar soluciones de mediano a largo plazo consiste en ver a la Constitución Política del Estado (CPE) como el programa básico de desarrollo a encarar por toda la sociedad, todos sus estamentos y recursos, de modo que quede meridianamente claro para todos, hacia dónde queremos dirigirnos, qué problemas estructurales debemos resolver y de qué condiciones debemos dotarnos para poder avanzar hacia nuevos horizontes.

Lástima que la nueva CPE no tuvo la apertura para vislumbrar esa oportunidad, y prefirió concentrarse en establecer toda una gama muy amplia de derechos humanos y colectivos, aunque sin señalar qué aspectos deben superarse o lograrse y cómo se pretende cumplir con con todas esas prerrogativas.

El artículo que se presenta a continuación ("La Constitución como programa de desarrollo") fue un intento de lograr que la Asamblea Constituyente pudiera prestar atención a estos alcances, de modo que se establezca una relación mucho más estrecha entre problemas y soluciones, derechos y deberes, sueños y realidades.

Lo publicamos nuevamente después de años porque consideramos que no ha perdido ni su actualidad ni su frescura, sino que con el paso del tiempo ha adquirido aún más autoridad y prestancia, como los viejos vinos que más valen cuanto más añejos son.

Esperamos, amigo lector, que pueda valorar en todo su alcance este pequeño aporte, pero que visto a la luz del tiempo, podría ser muy significativo para el futuro nacional. 
Carlos Rodrigo Zapata C.



La Constitución como programa de desarrollo

Carlos Rodrigo Zapata C.
Una de las oportunidades que más ha despreciado Bolivia a lo largo de su dilatada historia de enmiendas constitucionales, radica en no haber visto a la Constitución Política del Estado (CPE) como el programa básico de desarrollo a ser encarado por los sucesivos Gobiernos de turno y la sociedad en su conjunto, a fin de resolver los problemas estructurales que la acosan.

De ahí que llama poderosamente la atención que algunos constituyentes y analistas sostengan que la nueva CPE debe abocarse exclusivamente a definir los términos del nuevo Pacto Social, dejando la solución de los problemas a las leyes específicas y a la gestión pública.

Esta postura asume que para diseñar la nueva CPE no requerimos precisar los objetivos y los medios necesarios para encarar los problemas de nuestro desarrollo, por lo que no requerimos un diagnóstico preciso de nuestra problemática, y no sólo eso, sino que el Estado boliviano ha sabido actuar soberanamente en todos los ámbitos de su quehacer y que los partidos políticos son capaces de plantear visiones de país y programas de gobierno, como si no conociéramos ya de sobra sus graves insuficiencias en este campo. Más aún, se supone que tenemos los suficientes medios y capacidad para hacer realidad todas las libertades y derechos que se nos ocurra incluir en la CPE. El hecho es que en más de 180 años de vida republicana, no hemos logrado ser tan felices como desgraciados lo fuimos durante la colonia.

Sólo en sociedades muy organizadas es posible esperar que el Legislativo dicte una ley, el Ejecutivo la aplique adecuadamente y todo ello suceda sobre la base del programa de la fuerza política gobernante. Ello exige contar con los recursos, capacidades y consensos suficientes, así como con un manejo articulado y eficaz de los mismos, aspectos que nosotros no hemos generado en medida suficiente hasta el presente. De ahí que para encarar la construcción de nuestro país sobre bases reales, es preciso definir, antes que nada, una estrategia de concentración y manejo apropiado de dichos recursos, pues de otro modo seguiremos transitando por los mismos caminos fallidos del pasado.


Considero que la estrategia adecuada para emplear nuestros escasos recursos de modo concentrado en las tareas que nos exige la sociedad, radica en incluir en la nueva CPE las bases de las políticas públicas necesarias para enfrentar y resolver los problemas estructurales del país. De este modo, todos los recursos y capacidades públicas, privadas y de la sociedad civil podrían emplearse concentradamente para enfrentar estos problemas, el quehacer estatal tendría fuertemente definidas las directrices de su accionar y los partidos políticos podrían ocuparse de complementar dicho programa básico con sus propuestas. Pero ello exige ver a la CPE como guía o programa de acción para el desarrollo y no sólo como un marco jurídico que defina las relaciones sociales fundamentales.

Para comprender que este enfoque no está alejado de las funciones que cumplen las Constituciones Políticas, es indispensable tomar en cuenta las funciones que la teoría del Derecho Constitucional considera que debería asumir toda Constitución. Dichas funciones son: la Función de Organización (establecimiento de la organización del Estado y la autoridad), la Función de Limitación del poder (protección de la libertad y los derechos ciudadanos), la Función de Orden (la base para la ley, la creación de seguridad legal), la Función de Orientación (la que define los objetivos principales de la sociedad) y la Función de Integración (la que vela por la unidad nacional). Entre las funciones que regulan las bases de todo Pacto Social, la Función de Orientación es clave, pues ella indica los objetivos primordiales que persigue la sociedad en su conjunto.

Los objetivos usuales que se destacan en toda Constitución se refieren a libertad, dignidad, igualdad, respeto, entre otros. Si bien dichos objetivos son portadores de todo un programa de acción social y política de extraordinaria envergadura para el Estado y la sociedad, por nuestra experiencia histórica de más de 180 años, podemos afirmar que ninguno de esos objetivos podrá alcanzarse estable y sosteniblemente, si es que no resolvemos adecuadamente nuestros problemas estructurales. De ahí que la Función de Orientación de la Constitución necesariamente debe incluir, en nuestro caso, además de los objetivos usuales ya citados, las bases para enfrentar los problemas estructurales que se han convertido en el principal obstáculo al desarrollo del país.

¿Cuáles son los principales problemas estructurales de nuestro país? Sin duda, esta es una pregunta crucial, cuyo tratamiento no puede seguir siendo postergado. Según mi punto de vista, son: los obstáculos geográficos, inadecuado ordenamiento territorial, uso no sostenible de los recursos naturales, la alta incidencia de desastres, la heterogeneidad estructural, la insuficiencia crónica de bienes públicos y colectivos nacionales y locales, los muy bajos niveles de educación media, técnica y profesional, el deterioro de los términos de intercambio en el comercio internacional, la falta de perfeccionamiento de derechos propietarios y de aplicación de la justicia, los resabios de una democracia oligárquica en nuestro régimen electoral y la falta de respeto en la sociedad. Dichos obstáculos estructurales hacen imposible el crecimiento de nuestra economía a ritmos que permitan reducir los niveles de pobreza existentes en plazos aceptables.

Sería oportuno referirse a cada uno de estos problemas estructurales en detalle para comprender que constituyen obstáculos tan formidables a nuestras aspiraciones de equidad y bienestar, que sin encararlos adecuadamente todos los demás objetivos que pretendamos alcanzar aparecen como ilusorios o, incluso, como falaces. Si lo que pretendemos es que los pactos y acuerdos que alcancemos en el marco de la Asamblea Constituyente sean útiles y beneficiosos para el bien común, es indispensable no sólo recuperar el control del excedente económico nacional, nacionalizando los hidrocarburos, preservando nuestros recursos y aplicando otras medidas, sino que de similar importancia es velar por el uso estratégico, efectivo y eficiente de los recursos que tenemos a disposición, pues es tan dañino para las aspiraciones nacionales no apuntar a concentrar los recursos, como procurar usarlos de modo cada vez más disperso y fraccionado.

Sin hacer ello, nuestros pactos quedarán en el papel, y la angustia y desesperanza volverán a apoderarse del alma nacional.

El autor es economista.

Originalmente publicado en Bolpress, CEDIB, El Diario y otros, entre abril de 2006 y junio 2007.

24 mayo 2010

¿Cuál es el papel o función primordial de los medios de comunicación?



Consulta a Javier Darío Restrepo, director del Consultorio Ético de la FUNDACIÓN NUEVO PERIODISMO IBEROAMERICANO (FNPI)


La Paz, 23 de febrero de 2010

Estimado Javier Darío,

Aprovecho la oportunidad para enviarle mis cordiales saludos desde La Paz, ciudad en la que tuve el gusto de conocerlo el año 2006.

El tema de mi consulta tiene que ver con una gran preocupación que me causan los medios de comunicación y se relaciona con su comprensión o su percepción del rol o la función que les corresponde cumplir en sociedades que requieren resolver urgentemente incontables problemas acuciantes. Tengo la impresión que los medios de comunicación por lo general dejan fuera de consideración aquellos aspectos y temáticas que deberían hallarse en el corazón mismo de su misión.

En este marco, mi consulta es la siguiente: ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación, cuál es su papel o función primordial, de qué modo corresponde que mejor asuman dicho papel, dónde podemos encontrar ejemplos de buenas prácticas en la materia?

Creo que son muchas preguntas a la vez, pero espero que me pueda dar su punto de vista del modo más amplio posible.

Huelga decir que considero que la libertad de pensamiento, expresión y comunicación es una de las conquistas más importantes de los pueblos en su afán por construir espacios de libertad y de convivencia pacífica, razón por la que deben realizar todo esfuerzo posible por preservarla y fortalecerla.

Le agradezco de antemano por la atención que pueda brindar a estas preocupaciones y quedo a la espera de sus valiosos comentarios.

Cordialmente,
Carlos Rodrigo Zapata C.
La Paz, Bolivia

El Consultorio Ético de la FNPI, procesó y respondió mi consulta como sigue:

http://www.fnpi.org/consultorio-etico/consultorio/?tx_wecdiscussion%5Bsingle%5D=32296


[982] Responsabilidad social de los medios
 
¿Cuál es el rol de los medios de comunicación, cuál es su papel o función primordial, de qué modos corresponde que mejor asuman dicho papel?
Carlos Rodrigo Zapata, Blog Claraboya, La Paz, BoliviaPublicado por: Carlos Rodrigo Zapata C. en abr 07, 2010 03:35 Categoría:Responsabilidad social Agregar comentario
 
Los medios de comunicación deben ser respuesta a la sociedad entera. Al contrario de lo que sucede con las empresas privadas, la industria, el comercio, que se deben sólo a la parte de la sociedad cubierta por su actividad, la responsabilidad del periodista y de los medios periodísticos es para con toda la sociedad.

Y su respuesta se da con información que, convertida en conocimiento, es un aporte a la libertad de las personas que tienen acceso a los medios de comunicación.

En efecto, las decisiones de los ciudadanos son tanto más libres si se apoyan en un conocimiento cabal de lo que sucede. Fundamentar con una sólida información una decisión en libertad, es el objetivo propio de periodistas y de medios periodísticos.

No se trata de entretener o divertir con las noticias, ni se trata de inducir en la mente de los receptores lealtades políticas, religiosas, gremiales, personales o gubernamentales, sino de crearles a cuantos reciben las noticias, las condiciones favorables para que decidan en libertad.

Esas informaciones siempre tienen que ver con el bien común, por tanto el periodista y su medio se convierten en defensores y promotores de todo lo relacionado con el bien común a través de la información diaria.

Una actitud ética supone, por tanto: creer que la información crea las condiciones para decidir y que a fuerza de decidir se fortalece la libertad; y creer que el periodismo tiene esa misión antes que otra cualquiera y que con ella presta a la sociedad un servicio insustituible.

En algunos manuales de estilo se rechaza la actividad de promoción de campañas públicas con las que medios y periodistas asumen un liderazgo cívico. La razón de ese rechazo es que el compromiso con una campaña restringe y le quita legitimidad a la acción de medios y periodistas y los introduce en el campo de la actividad política en el que la credibilidad se pone en peligro.

Publicado por: Javier Darío Restrepo en abr 07, 2010 03:37





Mi comentario a la respuesta del Consultorio Ético de la FNPI:


Apreciado Javier Darío,

Le agradezco mucho su respuesta clarificadora. En especial comparto plenamente eso de que “los medios de comunicación deben ser respuesta a la sociedad entera” y que “su respuesta se da con información que, convertida en conocimiento, es un aporte a la libertad de las personas“. “Fundamentar con una sólida información una decisión en libertad, es el objetivo propio de periodistas y de medios periodísticos”, ya que se trata “de crearles a cuantos reciben las noticias, las condiciones favorables para que decidan en libertad”.

Su argumentación centrada en “respuesta a la sociedad entera” y proveer información para decidir en libertad son dos elementos muy valiosos de su respuesta que nos ayudan a precisar el rol, la función o el papel de los medios de comunicación. Me pregunto en qué medida y de qué manera los medios de comunicación toman en cuenta efectivamente esas exigencias, esos altos estándares éticos de la libertad de prensa.

Vivo con la impresión que son relativamente pocos medios los que realmente toman en cuenta y consideran estos estándares, que comprenden cabalmente la importancia de la misión de la prensa, su función clarificadora, ordenadora, orientadora en medio de los avatares humanos.

Por el contrario, observo que muchos medios usan su posición mucho más como medio de adoctrinamiento, para cultivar el sensacionalismo o con el mero afán de oponerse a lo que sus conductores consideran un obstáculo a sus intereses o creencias personales. Una y otra vez observo que el interés de la colectividad –que es cuando menos el interés de las colectividades que la componen- es ignorado, tratado con desdén o francamente manipulado a favor de otros intereses, de otras servidumbres.

También comparto su creencia en sentido que “la información crea las condiciones para decidir” y que “a fuerza de decidir se fortalece la libertad”, pero considero que la información debe venir necesariamente acompañada de sendas escoltas, para que se constituya en la verdadera guía de decisiones que conducen a la libertad: la comprensión y la aceptación. Y si alguna carencia, falencia, insuficiencia mayor percibo en la labor comunicativa de los medios, radica justamente en la gran falta de estos complementos indispensables. ¿Cómo comprometerse con los cauces de la libertad, de la emancipación, del valor civil, sin una labor constante que apunte a la comprensión y la aceptación basada en información, veraz, amplia, oportuna, crítica, orientadora, capaz de abrir nuevos horizontes?

Hay tantos temas que apenas son tocados por la prensa que da la impresión que el mundo estuviera dividido en tantos compartimentos estancos o segmentos como islotes posee un archipiélago, justo como las estrategias de hiper-segmentación seguidas por la mercadotecnia y los mismos medios de comunicación. Con tantos mensajes recortados a la medida de diversos grupos pequeños, ¿cómo puede contribuirse a la comprensión mutua entre los seres humanos, o acaso así se espera que surja el respeto mutuo, que se diseñen formas de convivencia pacífica, que se diriman los conflictos por medio del diálogo y se construya la paz?

Muchos medios de comunicación actuales se hallan aún lejos de contribuir a generar más posibilidades de diálogo y comprensión mutua entre los seres humanos, las culturas y las civilizaciones que los códigos de comunicación más simples del pasado, debido particularmente a que su inmensa capacidad de poner en circulación ingentes cantidades de información va de la mano de muchas formas de neutralizar su efecto, de distorsionar su comprensión y de tergiversar su aceptación, al punto que la desinformación ya toca los umbrales de un atentado contra la misma convivencia pacífica entre los seres humanos.

Todos estos comentarios me provocan su respuesta Javier Darío, pues nos muestra la magnitud de la tarea a absolver, la altura de la exigencia que es indispensable considerar.

Muchas gracias nuevamente por su franqueza y su compromiso con las mejores causas que se le puede recomendar seguir al ser humano.

Cordialmente,
Carlos Rodrigo Zapata C.
La Paz, Bolivia

El cuadro del inicio es "Encarcelado" de Gil Imaná, pintor boliviano.