Carlos Rodrigo Zapata C. ( [1])
Renta es un concepto económico que significa ingresos o ganancias
extraordinarias, sin correspondencia con determinados esfuerzos realizados para
obtenerlos. Su origen se remonta a estudios realizados en relación al uso de la
tierra. En ese caso, se estableció que hay predios que, por la calidad de sus
suelos y su ubicación, permiten obtener un ingreso más elevado, producto de un mayor volumen de producción y de precios más altos, arrojando en conjunto una ganancia mayor que
la que es posible alcanzar en otros predios que no reúnan dichas
características. A la diferencia de ingresos o ganancias que sería posible obtener en relación a otros predios, se denomina renta de la tierra.
El concepto de renta suele usarse en diversos ámbitos, siempre para reflejar ese mismo fenómeno: ingresos o ganancias extraordinarias no debidas a esfuerzos correspondientes o equivalentes.
En el tema que nos ocupa, consideramos que el MAS obtiene una
renta extraordinaria en materia electoral, lo cual significa que obtiene
relativamente más escaños por los votos que recibe y que goza de diversas facilidades
para participar, mientras que las otras fuerzas contendientes tienen dificultades
para hacerlo.
Dicha renta proviene claramente de tres vertientes: una histórica o heredada, otra de factura propia y una tercera facilitada por la oposición actual.
LA VERTIENTE HISTÓRICA O HEREDADA. Es en el pasado que se sentaron las bases para extraer una diversidad de rentas electorales como veremos a continuación. Esta vertiente se remonta a los orígenes del actual régimen electoral cuando por Constitución se dispuso que “por equidad la ley asignará un número de escaños mínimo para los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico” [CPE 1995], es decir, que los 6 departamentos que no se hallan en el eje central del país (Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija, Beni y Pando) obtengan una cantidad de diputaciones no relacionadas con la población en edad de votar, es decir, adicionales a los escaños que les corresponda por población. Este texto fue copiado en la CPE de 2009.
Esta decisión electoral se constituye en la primera gran distorsión del régimen democrático que universalmente apunta a lograr un alto grado de proporcionalidad, lo cual significa que la regla de conversión de votos en escaños sea igual para todas las circunscripciones electorales de un país, es decir, que el voto de cada ciudadano en cualquier circunscripción tenga el mismo peso para ganar un escaño.
En
realidad, para ser más precisos, está fue la segunda mayor distorsión. La
primera fue convertir los departamentos en circunscripciones electorales, con lo
cual se dio por buena la coexistencia de circunscripciones con pesos electorales y tamaños poblacionales muy distintos,
lo cual constituye una violación flagrante a los preceptos democráticos que apuntan
a lograr una alta proporcionalidad en la relación entre votos y escaños en
todas las circunscripciones de un espacio electoral determinado.
Esta distribución de escaños ha llevado a distorsiones
significativas. Por ejemplo, si comparamos la población del departamento de La
Paz con la población de los 6 departamentos de fuera del eje central del país,
vemos que ambos conjuntos tienen poblaciones muy similares, con algo más de 3
millones de habitantes, pero La Paz obtiene en total 32 parlamentarios y los 6 departamentos
de fuera del eje reciben en total 77 parlamentarios, más del doble. Esta es una
forma extrema de vulnerar el derecho al voto igual. El problema es que a unas
distorsiones se sumaron otras, como veremos enseguida. En cada distorsión se fue sembrando la posibilidad de cosechar rentas electorales, es decir, ganar escaños sin una correspondencia equivalente de votos.
Otro elemento heredado de profunda repercusión en el comportamiento electoral está relacionado con la introducción de
68 circunscripciones electorales uninominales en la geografía electoral del
país el año 1997. Esta fue una operación a corazón abierto sin anestesia, para
graficar la torpeza con que se procedió en dicha intervención.
¿Cuál es el problema relacionado con estas circunscripciones? Que la perdida de proporcionalidad se acentuó mucho más e introdujo una serie de nuevas distorsiones que han agravado aún más la perdida de derechos electorales. Hoy (tomamos como referencia el estado del régimen electoral y del padrón electoral correspondientes al año 2020, año de la últimas elecciones realizadas en el país) existen circunscripciones uninominales (CU) de todo tamaño, desde una que tiene 24000 electores (la 63 en Pando) para ganar un escaño, hasta otra que tiene 189000 electores (la 11 en El Alto) para ganar otro escaño parlamentario. Para decirlo en pocas palabras: hay CU en las que el voto de un ciudadano vale 8 veces el voto de otro ciudadano en el extremo opuesto. Mientras que la distorsión entre departamentos es de 2,5 a 1 (por ejemplo, los deptos. de fuera del eje vs. La Paz), la distorsión entre CU llega a ser de 8 a 1.
¿Cuál es el drama? No solo que, por maniobras en la regla de
conversión de votos en escaños, se están conculcando los derechos electorales
que deben ser iguales para todos, es decir, 1 ciudadano, 1 voto, igual peso, sino
que además se está produciendo un vaciamiento democrático espeluznante, ya que ahora en las CU ya no se requiere mayoría absoluta (50% + 1 voto), sino que basta con tener la primera mayoría para ganar un escaño, lo cual resta
representatividad en sus respectivas CU. El problema mayor es que los partidos ya
ni se preocupan de formular programas y menos de consensuarlos a nivel nacional
(hasta presentan copias de programas de partidos de otros países) porque el público elector que los candidatos tienen en la mira se ha reducido al total de electores existente en
cada CU, de modo que sólo se preocupan por tocar asuntos locales para llamar la
atención. Así se ha perdido el sentido de elaboración de diagnósticos integrales
comunes y compartidos de la problemática nacional, base esencial para generar
un lenguaje común, indispensable para identificar consensos y vías de solución también
comunes. De igual modo, la construcción de visiones compartidas para el
desarrollo nacional ha caído en desuso porque no existen visiones de conjunto.
La fragmentación del espacio geográfico electoral y la multiplicación de CU de
todo tamaño han dado un golpe muy severo a la idea de construcción de patria,
de nación, de un espacio común e integrado para todos. Los resultados están a la
vista. Bolivia, es un país centrado y hundido en sus campanarios regionales.
Luego veremos cómo estas distorsiones de origen oligárquico prepararon
el terreno para nuevas y más profundas distorsiones de origen autocrático y para acumular rentas electorales,
dando en conjunto origen al actual sistema democrático oligárquico-autocrático
vigente en Bolivia, que amenaza con destruir las últimas bases y fundamentos de
la convivencia nacional.
LA VERTIENTE DE FACTURA PROPIA. Esta fuente de distorsiones de los derechos electorales se debe al conjunto de
elementos introducidos por el MAS al régimen electoral en los pasados 17 años. Los
más evidentes son la introducción de 7 escaños destinados a minorías indígenas,
los ajustes introducidos en la cantidad de CU y en su demarcación, así como el
manejo del Padrón Electoral.
Los 7 escaños para minorías indígenas han caído en poder del
MAS sin atenuantes, gracias a todas las medidas tomadas para dificultar o hacer
imposible que otros partidos tengan condiciones iguales. Las CU indígenas no
tienen continuidad territorial, lo cual responde a la diversidad de lugares que
ocupan en el territorio nacional. No obstante, entre las medidas aplicadas por
el oficialismo masista puede mencionarse la misma demarcación de las áreas
incluidas en cada CU indígena que no incluyen todas las áreas en las que
radican los pueblos indígenas, lo cual ya es un modo de exclusión. También los obstáculos
aplicados para dificultar las campañas de la oposición son otro escollo
significativo.
El resultado es que desde que se introdujeron dichos escaños
en las elecciones 2009, sólo 1 de ellos (de 21 en disputa, considerando las 3 contiendas electorales pasadas) fue ganado por otro partido. Esta es claramente una renta electoral en
favor del MAS, menoscabando las reglas de una participación igual para todos
los participantes.
El rediseño de las CU se conoce como Gerrymandering, originado en EE.UU ¿Qué significa? Definir los límites de las CU de acuerdo a los lugares o asentamientos donde se hallen los seguidores del partido que se halla en funciones de gobierno. De este modo se anticipa el resultado, asegurando así nuevos escaños.[2]
El MAS se ha ocupado de este tema ampliamente. La
delimitación de las circunscripciones especiales destinadas a las minorías
indígenas toma particularmente en cuenta a aquellos pueblos indígenas
controlados por el masismo. También se ha observado casos de CU que han sido modificadas
entre una elección y la siguiente para “redistribuir” mejor su potencial
electoral o arrebatar apoyo a los adversarios. En el primer caso se puede dar
como ejemplo la CU 15 en La Paz, y en el segundo la CU 68 de Pando en la
elección de 2009. En ambos casos se “ajustaron” los límites para la elección
del 2014. El MAS ganó en ambas CU en las elecciones del 2014.[3]
Los cambios o ajustes en la delimitación de las CU no acaban
ahí. Como regla general se ha impuesto que las CU ubicadas en áreas rurales tienen menos población que las ubicadas en áreas urbanas. En
general se puede observar que en las CU rurales el voto duplica y hasta
triplica el peso de las CU urbanas en cada departamento. Por ejemplo, en el
caso de La Paz, las CU urbanas tienen un tamaño promedio de 150000 electores,
mientras que las CU rurales se hallan en torno a los 60000 electores. Ello
significa que el voto de un elector rural vale lo mismo que el voto de 2,5
electores urbanos. Dado el control que ejerce el MAS sobre la población rural,
es claro que los escaños rurales caerán casi en su totalidad en poder del MAS,
mucho más con la introducción de la regla que en las CUs gana la primera mayoría.
Ese resultado es producto no solo de un control férreo de la población rural,
sino también de una serie de premios, castigos y amenazas en caso que las cosas
no salgan como exige el MAS. Las amenazas de no invertir en los municipios que
no respondan a la línea oficialista se repiten elección tras elección. La
disciplina del voto o el voto consigna se han establecido ya como la forma de
votar en muchas comunidades andinas, donde se conculca la libertad de elección individual
y se obtienen muy usualmente votaciones superiores al 90% de los votos en favor
del MAS. Como se puede apreciar, esta es otra renta electoral que favorece netamente al MAS.
Aquí también se aprecia esa idea que “nadie sabe para quien trabaja”.
A raíz de la presión oligárquica ejercida en el pasado en los departamentos de
fuera del eje, se impuso la regla de 4 escaños de yapa para dichos departamentos, como ya se ha referido.
El MAS modificó la cantidad de CU y las redibujó, dando como resultado que la mayor parte
de dichos escaños se obtienen hoy en CU rurales controladas por el MAS. De este
modo, a la perdida de proporcionalidad por la imposición oligárquica se sumó la
apropiación autocrática de dichos escaños por las maniobras del MAS. De ese
modo los oligarcas perdieron el control de sus escaños que quedaron a disposición
del MAS. Sus caciques locales quedaron perdidos y abandonados. Este ejemplo
documenta no sólo como se ha ido licuando cada vez más la proporcionalidad y la
democracia en Bolivia, sino como los poderes verticalistas en el país han
terminado produciendo el enjuague que se ha dado en el régimen electoral
actualmente vigente, un régimen que resulta un escarnio de todo régimen
electoral democráticamente razonable y permite producir toda clase de rentas electorales.
Como si todo ello fuera poco -para eternizarse en el poder, todo recurso es indispensable-, una de las armas más funestas que utiliza el MAS para
conculcar los derechos electorales está relacionado con el Padrón Electoral. ¿Qué
es el Padrón? La lista de los ciudadanos bolivianos con derecho a votar en
elecciones públicas. El problema es que se han hallado casos de ciudadanos ya
fallecidos que aparecen como electores y también de electores con documentos de
identidad duplicados. Estas son formas muy crasas de violación de toda la
documentación nacional y de fraude, ya que además del fraude que representan se
traducen en un profundo atentado a la confianza básica de la sociedad en sus
instituciones. El problema no acaba con la referencia a “casos” aislados, ya
que circulan versiones en las redes sociales que señalan que ha habido una
gravísima adulteración de la documentación nacional, mediante la cual se habrían
creado decenas de miles de certificados de nacimiento y cédulas de identidad que
habrían sido incluidas en el Padrón Electoral, inflándolo de manera dolosa y atentatoria
a la voluntad general.
El hecho es que hasta el presente no se ha hecho pública
ninguna auditoría al padrón electoral, que tome en cuenta los registros de
nacimiento, defunción y migración, los compare con los registros biométricos y
con el censo de población, de modo tal que sea posible verificar y constatar
que en el Padrón sólo se hallan ciudadanos bolivianos de 18 y más años vivos,
que radican en el país y tienen una dirección domiciliaria verificada, en el caso de los residentes en el país.
Aquí ingresamos en dos problemas mayúsculos que están convulsionando a la sociedad boliviana. El Censo y la ausencia de un marco legal que regule el registro domiciliario.
En relación al tema del Censo está
claro que la primera preocupación nacional está relacionada directamente con el Padrón Electoral, ya que se constituye en el medio más eficaz de comprobar la
idoneidad del Padrón. Es la manera de efectuar un control estructural de la validez del Padrón Electoral. En el momento que se cuente con la información censal
completa y no manipulada, se podrá despejar muchas dudas, al comparar la
población total en edad de votar con las cifras del Padrón, circunscripción por
circunscripción. Esta sería la razón de fondo por la que el MAS está actuando
de modo tan errático, negándose a realizar el Censo en la fecha que fijó inicialmente,
noviembre de 2022, y pretendiendo realizarlo recién el año 2024, sin dar argumentos
ni explicaciones razonables, periodo en que todas las claves para las elecciones
del 2025 ya tienen que haber sido definidas.
El manejo del Padrón se ha constituido en el centro de la preocupación
nacional porque ha quedado la clara impresión que el MAS estaría jugando con
las cartas marcadas, asegurando triunfos completamente ilegítimos. Esta sería
otra fuente masiva de renta electoral para el MAS que constituiría un atentado
directo a las bases de convivencia pacífica y armónica de la sociedad boliviana.[4]
El problema con el Padrón no se agota en estos extremos. Ocurre
que en Bolivia es posible el “acarreo” legal de población, es decir, el cambio
de CU, sin tener que cambiar efectivamente de lugar de residencia. ¿Cómo es posible algo
así? Por el hecho que en Bolivia no existe una ley que obligue en plazos definidos
a comunicar a las autoridades locales los cambios de lugar de residencia ni a verificar dichos cambios, por lo cual obviamente tampoco se prevén sanciones. Este vacío permite que un
ciudadano cambie su registro electoral sin cambiar efectivamente de lugar de residencia, dando otra dirección y, por tanto, pueda votar en una CU distinta de aquella en la que radica
permanentemente. Esta figura permite alterar los pesos electorales, ya que, en
medio del enjambre de CU de todo tamaño existentes en Bolivia, puede bastar con trasladar unos cientos o miles de votos para ganar un escaño en las CU pequeñas que son
las que predominan. Dado que el MAS tiene el control de todas las herramientas
de manejo del Estado, es la fuerza que puede posibilitar estas maniobras,
situación que le genera nuevas rentas electorales.
La manera de evitar estos extremos que alteran la vida de la
sociedad y que no reflejan la voluntad del soberano, el pueblo elector, es
promulgar una ley que regule la obligatoriedad de registrar la dirección
domiciliaria y sus cambios en plazos perentorios (internacionalmente debe
hacérselo en menos de un mes) y de exigir comprobaciones para dicho cambio
domiciliario. Así, una ciudad y un municipio saben, por ejemplo, con qué
población cuentan, para qué cantidad de habitantes tienen que planear sus
servicios, cuáles son sus déficits en estas materias, etc., situación que
actualmente no es posible por el traslado súbito de parte de la población a sus
comunidades de origen para “hacerse censar” y la correspondiente reducción de
ingresos que dichas decisiones acarrean, o para votar en otra CU, previos estos
cambios de dirección.
Aquí ingresamos a otras de las temáticas que están causando
muchas controversias y disputas a nivel nacional y tienen que ver con todas las
cargas que se le han asignado al Censo, sin que hasta el presente se tenga
ninguna forma de manejar razonablemente estas cuestiones. Me refiero a que el Censo
de población es utilizado como llave para distribuir recursos de coparticipación
a todas las entidades estatales autonómicas (ETAs), para redistribuir los
escaños electorales que deben asignarse por población y también para efectuar
un control estructural del padrón electoral, es decir, evitar que pueda
desviarse de su cauce poblacional, sea por exceso o por falta de registros.
¿Cuál es la llave para evitar los desbordes que ocurren al presente? La ley de regulación de la dirección domiciliaria, a la que me referí anteriormente, serviría también para evitar que los ciudadanos se “hagan censar” donde se les antoja, lo cual evitaría que les den la espalda a los centros poblados donde viven regularmente y realizan sus actividades con más frecuencia.[5]
No puede
ser que una cantidad notable de gente abandone el centro poblado en que vive y
se haga censar en otra población, ya que ello constituye un atentado a la
economía de los centros en que habitan regularmente. El multi empleo y el multi
domicilio, como muchas veces se trata de explicar estos desplazamientos, no
pueden ser a costa de la economía de las ETA que acogen regularmente a esta
población. De ese modo los alcaldes y gobernadores podrían abstenerse de amenazar
a los ciudadanos con confiscar predios y otras sanciones en caso que abandonen
su jurisdicción el día del censo, porque habría el marco legal que impida esos
cambios de residencia intempestivos y oportunistas.
LA VERTIENTE FACILITADA POR LA OPOSICIÓN. Esta vertiente es sin duda sorprendente, mucho más
si pensamos que lo que la oposición pretende es acceder al poder y “destronar” al
MAS de su predominio absoluto en el país desde el 2005, y no regalarle una renta
electoral extraordinaria. La clave de este apoyo brindado por la oposición que viene
a engrosar y multiplicar las rentas electorales que el MAS viene acumulando
elección tras elección, proviene de la dispersión y la división de la
oposición. Para que dicha renta sea máxima, la nueva fragmentación que sufrió
la geografía electoral en Bolivia mediante la introducción de las CU fue clave.
Al presentarse dividida la oposición (en las últimas elecciones concurrieron 8 partidos) ha ocurrido un fenómeno fácilmente explicable y previsible en ese marco del predominio de CU de todo tamaño. El MAS ha ganado en todas la CU debido a la dispersión del voto opositor y al hecho que en cada CU gana la fuerza que tiene 1 voto más que las demás.
A fin de documentar este extremo, realicé un recálculo de los
resultados de la contienda electoral de 2014 cuando el MAS logró dos tercios en
ambas cámaras. Partí de los supuestos que la oposición era una sola fuerza que
enfrentaba al MAS y que todos los votos que obtuvieron esos partidos fueron a
esa fuerza unificada. ¿Cuál fue el resultado? Que la oposición unificada
hubiera obtenido 14 escaños más, lo cual habría impedido que el MAS tenga dos
tercios en ambas cámaras. Los detalles de todos los beneficios que se hubieran obtenido
y de las angurrias de poder que se hubieran evitado pueden verse aquí. [6]
La oposición ha venido realizando un trabajo de zapa en su propia contra a la hora de tomar decisiones de fondo y cada fuerza ha optado por su propio candidato, como si todas las previsiones y estimaciones que favorecen al candidato masista de pronto hubieran esfumado y ahora favorecieran a cada una de dichas fuerzas opositoras. Ni en las mitologías más estrafalarias y benévolas hacia sus héroes seguramente se encontrará algún poder que pueda ocasionar semejante cambio de sentido y percepción. El hecho es que la oposición contribuyó decididamente a darle alas al masismo, al facilitarle estas nuevas rentas electorales, a hacerle creer que su misión debía prolongarse eternamente, ya que ellos, los mismos opositores, son incapaces de hacerlo.
CONCLUSIONES
Las rentas electorales le llovieron al MAS como ocurrió con el
maná por el alza de los precios internacionales de las materias primas por espacio de
una década, lo cual infló egos, distorsionó percepciones, generó un ambiente absolutamente
equivocado, tanto dentro como fuera del país sobre las reales capacidades del
masismo.
En conclusión, podemos apreciar que el MAS ha desarrollado un sistema de explotación del régimen electoral y lo ha perfeccionado al extremo que sus rentas electorales le deparan no menos de un tercio de sus escaños, diferencia más que sustancial como para que pueda quedarse en el poder los 500 años que ha anticipado ya hace años, lo cual por supuesto jamás ocurrirá, no porque de pronto dejen de lloverle todas esas rentas electorales que la historia, los opositores y ellos mismos se han deparado, sino porque "no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista".
No hay democracia respetable sin un manejo adecuado de todas
las variables implicadas y sin un control electoral ciudadano permanente y
riguroso. La democracia es la matrix del cambio sin violencia y del cambio respetuoso de los planes y proyectos de vida individuales y colectivos. De ahí que su conculcación significa rifar el futuro individual y colectivo. Nada se hace solo y todo resulta mucho peor cuando no existe
transparencia, honestidad, idoneidad y control. Por ello, la máxima de Lenin
sigue siendo imprescindible: la confianza es buena, el control es mejor.
[1]
Economista, especialista en planificación territorial. Ha acuñado la expresión DEMOCRACIA
OLIGÁRQUICA Y AUTOCRÁTICA para describir la democracia real actualmente existente
en Bolivia.
[2]
Ver, GERRYMANDERING. https://es.wikipedia.org/wiki/Gerrymandering
[3] Ver, SESGO ELECTORAL, EL MAYOR PELIGRO PARA LA DEMOCRACIA
BOLIVIANA. https://yapukamani.blogspot.com/2021/10/analisis-del-regimen-electoral-vigente.html
[4] Ver, PADRÓN ELECTORAL, CABALLO DE
TROYA PARA DESTRUIR LA DEMOCRACIA. https://yapukamani.blogspot.com/2021/04/padron-electoral-caballo-de-troya-para.html
[5] La
idea de vincular esta ley que regule la dirección domiciliaria con evitar elegir
el lugar para hacerse censar proviene de mi hermano Marco, a quien le estoy muy
agradecido.
[6] Ver, CÓMO LA DIVISIÓN DE LA OPOSICIÓN LE REGALÓ LOS
2/3 AL MAS EN LAS ELECCIONES 2014. https://yapukamani.blogspot.com/2019/07/recalculando-los-resultados-de-las.html
