Carlos Rodrigo Zapata C. (*)
En medio de las disputas en torno a la ley electoral
transitoria requerida para normar las elecciones presidenciales de diciembre de
2009, ha quedado meridianamente claro que lo que menos interesa a las partes en
disputa es una concurrencia ordenada y democrática a las urnas, sino asegurarse
ventajas insuperables previas al acto electoral mismo.
¿De dónde surge esa competencia de formas de
despreciar el voto ciudadano y de pretender representar los intereses del
pueblo? Pues, por un lado, de la inveterada costumbre de los partidos
tradicionales de asegurarse el poder mediante la digitación de las reglas que
presiden el acto electoral, jugando a su antojo con la conversión de votos en
escaños, y por otra parte, de la idea que la mayoría absoluta que obtuvo el MAS
en diciembre de 2005 representa una carta blanca que autoriza a hacer cualquier
cosa con tal de asegurar el poder en manos de dicha fuerza política. Sin
ninguna duda, estas visiones contrapuestas están fuera de todo esquema o marco
democrático y representan un atentado contra la ciudadanía boliviana y sus
deseos de fraguar un destino común para todos.
Pero, vamos un poco más allá, pues luego de ver
azorados el inicio de una huelga de hambre por parte del Presidente Morales y
diversos dirigentes y autoridades, y de conocer la carta del Presidente de la
Asamblea de Naciones Unidas, el Sr. Miguel d'Escoto, lamentando que la
oposición trate de obstaculizar la aprobación de la Ley Electoral, queda la
impresión que hay un choque brutal entre buenas intenciones, desconocimiento de
hechos y la realidad de la que estamos hablando.
Desde mi perspectiva, lo que está haciendo el
Presidente de la República es defender a brazo partido las bases y fundamentos
de un régimen electoral de corte oligárquico, construido durante las décadas de
la democracia pactada, para crear la ilusión de una democracia, pero
fuertemente controlada por los partidos políticos tradicionales. Este régimen
produce ciudadanos de primera, segunda y hasta de quinta en lo que se refiere
al distinto peso que les otorga a sus votos. Es producto de haber trozado el
espacio electoral nacional en decenas de circunscripciones uninominales de todo
tamaño, en lo que se refiere al número de votos que se requiere para ganar un
curul parlamentario, situación que no sólo discrimina a la mayor parte de los
electores en favor de unos pocos, sino que vulnera los derechos electorales, al
extremo de convertir el acto electoral en un verdadero circo bufo. Esta medida,
sumada a determinadas reglas, como la de aceptar que un partido pueda ingresar
al parlamento incluso con un escaño, siempre que sea uninominal, así su
votación sea ínfima, y la de permitir que un partido pueda acumular todos los
escaños uninominales que sea, así su votación no guarde proporción con el total
de votos obtenidos[i],
son disposiciones complementarias indispensables para que funcione este sistema
de desfalco de los derechos electorales.
¿Cuál es el problema con este engendro? Que es mucho
más conveniente tratar de obtener unos 1.000 votos para obtener un escaño en
Pando que tratar de convencer a 120.000 alteños para obtener su voto o que es
más fácil trasladar de circunscripción unos cuantos cientos de ciudadanos para
asegurarse un escaño que dedicarse a formular propuestas para enfrentar los mil
y un problemas que aquejan a nuestro afligido y empobrecido país.
Pero lo que toca aclarar es, ¿a qué se debe la
obstinación de la oposición, si con todas las enmiendas inicialmente acordadas
en la comisión de concertación, ya se ha dado básicamente respuesta a sus
observaciones, sea las referidas al padrón, las circunscripciones indígenas o
el voto en el exterior? La respuesta es muy simple: no quieren perder la
gallina de los huevos de oro, no quieren poner en riesgo el sistema
demo-oligárquico que han montado durante varios lustros, que les permitía
legitimar el mandato de megacoaliciones de partidos conservadores sin mayor riesgo,
pero también sin que tengan que comprometerse con la suerte del país y proponer
soluciones a nuestra problemática.
La posición cerrada de la oposición se debe a que, por
un lado, espera poder funcionalizar el régimen electoral oligárquico que los partidos
tradicionales montaron en su propio beneficio, pero por otro, pretenden evitar
que el MAS pueda aprovecharlo en su favor, por lo que procuran reducir al
máximo toda otra ventaja que podría confinarlos a muchos años más de ostracismo
en la oposición. El hecho concreto es que la oposición no se atrevió a poner
sobre el tapete de la discusión este sistema electoral sesgado que pondera los
votos de los electores de acuerdo con el tamaño de las circunscripciones y
conduce a construir una democracia de corte caciquil, centrada en caciques
locales y regionales, que distribuyen las gracias de los poderosos sobre la
ciudadanía a su regalado antojo.
Ha llegado el momento de pasar de un régimen electoral
de corte oligárquico a construir una democracia electoral seria y responsable.
Ello significa que se debe devolver al soberano, al elector, la plena potestad
de sus derechos electorales, delimitar circunscripciones electorales del mismo
tamaño a lo largo y ancho del país (tal como lo planteó el Senado públicamente,
pero no se atrevió a incluir en su proyecto de ley!), dejar de jugar con la
idea que si un departamento tiene más diputados, ello cambiará su suerte de
modo significativo. Basta de seguir alimentando este estilo regionalista,
parcelado, destructivo, de pretender construir país, basta de esta competencia
absurda que sólo descuartiza nuestras posibilidades y troza nuestro futuro,
basta de seguir disputándonos las cosas como si ya fueran despojos de nuestra
nación. Sea en el tema del IDH, la capitalidad, las inversiones, los derechos
electorales, etc., en todos los aspectos nos comportamos como si apostáramos a
la división del país, a la multiplicación de inviables campanarios
departamentales y como si ya nos halláramos a la pesca de lo que nos podemos llevar
hacia nuestras regiones, esperando de ese modo poder posicionarnos mejor para
el día de la repartija final.
Desde una perspectiva nacional, de unidad, los
recursos disponibles deben servir para promover e impulsar nuestras energías
nacionales, para multiplicar nuestras fuerzas productivas, del mejor modo que
pueda beneficiarse el conjunto nacional. El número de escaños debe estar
únicamente en función de la población, y la política de desarrollo únicamente
en función del bienestar de todos los bolivianos. Todo lo demás, no es más que
burdos pretextos para construir estructuras inviables que sólo nos llevan a un
callejón sin salida.
Basta de manipulaciones, es hora de construir una
democracia seria y responsable.
(*) Economista, analista político
[i] .
Ver ARTÍCULO 35 (Asignación de Escaños Plurinominales), parágrafo 4 de PROYECTO
DE LEY de RÉGIMEN ELECTORAL TRANSITORIO.
