11 abril 2009

¿Democracia oligárquica o democracia responsable?


Carlos Rodrigo Zapata C. (*)

En medio de las disputas en torno a la ley electoral transitoria requerida para normar las elecciones presidenciales de diciembre de 2009, ha quedado meridianamente claro que lo que menos interesa a las partes en disputa es una concurrencia ordenada y democrática a las urnas, sino asegurarse ventajas insuperables previas al acto electoral mismo. 

¿De dónde surge esa competencia de formas de despreciar el voto ciudadano y de pretender representar los intereses del pueblo? Pues, por un lado, de la inveterada costumbre de los partidos tradicionales de asegurarse el poder mediante la digitación de las reglas que presiden el acto electoral, jugando a su antojo con la conversión de votos en escaños, y por otra parte, de la idea que la mayoría absoluta que obtuvo el MAS en diciembre de 2005 representa una carta blanca que autoriza a hacer cualquier cosa con tal de asegurar el poder en manos de dicha fuerza política. Sin ninguna duda, estas visiones contrapuestas están fuera de todo esquema o marco democrático y representan un atentado contra la ciudadanía boliviana y sus deseos de fraguar un destino común para todos. 

Pero, vamos un poco más allá, pues luego de ver azorados el inicio de una huelga de hambre por parte del Presidente Morales y diversos dirigentes y autoridades, y de conocer la carta del Presidente de la Asamblea de Naciones Unidas, el Sr. Miguel d'Escoto, lamentando que la oposición trate de obstaculizar la aprobación de la Ley Electoral, queda la impresión que hay un choque brutal entre buenas intenciones, desconocimiento de hechos y la realidad de la que estamos hablando. 

Desde mi perspectiva, lo que está haciendo el Presidente de la República es defender a brazo partido las bases y fundamentos de un régimen electoral de corte oligárquico, construido durante las décadas de la democracia pactada, para crear la ilusión de una democracia, pero fuertemente controlada por los partidos políticos tradicionales. Este régimen produce ciudadanos de primera, segunda y hasta de quinta en lo que se refiere al distinto peso que les otorga a sus votos. Es producto de haber trozado el espacio electoral nacional en decenas de circunscripciones uninominales de todo tamaño, en lo que se refiere al número de votos que se requiere para ganar un curul parlamentario, situación que no sólo discrimina a la mayor parte de los electores en favor de unos pocos, sino que vulnera los derechos electorales, al extremo de convertir el acto electoral en un verdadero circo bufo. Esta medida, sumada a determinadas reglas, como la de aceptar que un partido pueda ingresar al parlamento incluso con un escaño, siempre que sea uninominal, así su votación sea ínfima, y la de permitir que un partido pueda acumular todos los escaños uninominales que sea, así su votación no guarde proporción con el total de votos obtenidos[i], son disposiciones complementarias indispensables para que funcione este sistema de desfalco de los derechos electorales. 

¿Cuál es el problema con este engendro? Que es mucho más conveniente tratar de obtener unos 1.000 votos para obtener un escaño en Pando que tratar de convencer a 120.000 alteños para obtener su voto o que es más fácil trasladar de circunscripción unos cuantos cientos de ciudadanos para asegurarse un escaño que dedicarse a formular propuestas para enfrentar los mil y un problemas que aquejan a nuestro afligido y empobrecido país. 

Pero lo que toca aclarar es, ¿a qué se debe la obstinación de la oposición, si con todas las enmiendas inicialmente acordadas en la comisión de concertación, ya se ha dado básicamente respuesta a sus observaciones, sea las referidas al padrón, las circunscripciones indígenas o el voto en el exterior? La respuesta es muy simple: no quieren perder la gallina de los huevos de oro, no quieren poner en riesgo el sistema demo-oligárquico que han montado durante varios lustros, que les permitía legitimar el mandato de megacoaliciones de partidos conservadores sin mayor riesgo, pero también sin que tengan que comprometerse con la suerte del país y proponer soluciones a nuestra problemática. 

La posición cerrada de la oposición se debe a que, por un lado, espera poder funcionalizar el régimen electoral oligárquico que los partidos tradicionales montaron en su propio beneficio, pero por otro, pretenden evitar que el MAS pueda aprovecharlo en su favor, por lo que procuran reducir al máximo toda otra ventaja que podría confinarlos a muchos años más de ostracismo en la oposición. El hecho concreto es que la oposición no se atrevió a poner sobre el tapete de la discusión este sistema electoral sesgado que pondera los votos de los electores de acuerdo con el tamaño de las circunscripciones y conduce a construir una democracia de corte caciquil, centrada en caciques locales y regionales, que distribuyen las gracias de los poderosos sobre la ciudadanía a su regalado antojo. 

Ha llegado el momento de pasar de un régimen electoral de corte oligárquico a construir una democracia electoral seria y responsable. Ello significa que se debe devolver al soberano, al elector, la plena potestad de sus derechos electorales, delimitar circunscripciones electorales del mismo tamaño a lo largo y ancho del país (tal como lo planteó el Senado públicamente, pero no se atrevió a incluir en su proyecto de ley!), dejar de jugar con la idea que si un departamento tiene más diputados, ello cambiará su suerte de modo significativo. Basta de seguir alimentando este estilo regionalista, parcelado, destructivo, de pretender construir país, basta de esta competencia absurda que sólo descuartiza nuestras posibilidades y troza nuestro futuro, basta de seguir disputándonos las cosas como si ya fueran despojos de nuestra nación. Sea en el tema del IDH, la capitalidad, las inversiones, los derechos electorales, etc., en todos los aspectos nos comportamos como si apostáramos a la división del país, a la multiplicación de inviables campanarios departamentales y como si ya nos halláramos a la pesca de lo que nos podemos llevar hacia nuestras regiones, esperando de ese modo poder posicionarnos mejor para el día de la repartija final. 

Desde una perspectiva nacional, de unidad, los recursos disponibles deben servir para promover e impulsar nuestras energías nacionales, para multiplicar nuestras fuerzas productivas, del mejor modo que pueda beneficiarse el conjunto nacional. El número de escaños debe estar únicamente en función de la población, y la política de desarrollo únicamente en función del bienestar de todos los bolivianos. Todo lo demás, no es más que burdos pretextos para construir estructuras inviables que sólo nos llevan a un callejón sin salida. 

Basta de manipulaciones, es hora de construir una democracia seria y responsable.

(*) Economista, analista político
[i] . Ver ARTÍCULO 35 (Asignación de Escaños Plurinominales), parágrafo 4 de PROYECTO DE LEY de RÉGIMEN ELECTORAL TRANSITORIO.