Carlos Rodrigo Zapata C. (*)
La lucha por la democracia del pueblo boliviano se sitúa entre sus más grandes logros y conquistas, aunque por la forma en que la misma fue administrada y envilecida por los partidos tradicionales, en una de sus derrotas más funestas, que está a punto de repetirse una vez más. A continuación presentamos los rasgos esenciales de la democracia oligárquica, la aparición de algunos demócratas de última hora que de pronto descubre
n toda clase de vicios en el régimen electoral, los intentos del gobierno del MAS por mantener los esquemas de la democracia oligárquica y un conjunto de observaciones al proyecto de ley electoral Transitoria aprobado en la cámara de diputados. Este esfuerzo se realiza con el afán de contribuir a mantener abierto el horizonte del cambio, y a preservar a Bolivia de otros días de dolor y estancamiento.La emergencia de la democracia oligárquica
El cuarto de hora “democrático” que “gozamos” los bolivianos a partir de la recuperación de la democracia ha sido administrado por una alianza de partidos tradicionales que a lo largo de los años se ha ocupado de dotarse de un régimen electoral recortado a su medida y perfectamente funcional a sus intereses. ¿En qué ha consistido dicho régimen? Primordialmente en el desconocimiento de la regla básica de la democracia, de “un ciudadano, un voto”, donde el peso de cada voto sea aproximadamente el mismo. ¿Cómo hicieron para desconocer esta regla? Primero se ocuparon de trozar el espacio electoral boliviano en circunscripciones de diferentes tamaños, empezando por las circunscripciones departamentales. Luego, se inventaron esa figura de asignar “por equidad” 4 diputados de yapa a cada uno de los departamentos de menor población (se entiende, a los 6 departamentos de fuera de los 3 del eje central), adicionales a aquellos que les correspondería por población. A continuación, en cada departamento se delimitaron circunscripciones uninominales (CU) para elegir a la mitad de los diputados, lo cual permitió fortalecer el régimen que construían los partidos tradicionales a su gusto y sabor. No contentos con ello, se dieron a la tarea de delimitar dichas CU en cada departamento con diferentes cantidades de población, llegándose al extremo que en un mismo departamento hay CU que tienen hasta 3 veces el tamaño de otras, introduciendo con ello un nuevo sesgo entre campo y ciudad, principalmente.
¿Cuál es el resultado derivado de este modo sistemático de trozar y segmentar cada vez más el espacio electoral nacional? Pues que al crearse CU de todos los tamaños imaginables, se ha asignado pesos completamente distintos a los votos de los ciudadanos, situación que lacera el sentido de la democracia, al menos como ella se entiende en la mayor parte de los países del orbe donde se intenta construir este régimen para organizar la convivencia pacífica de los ciudadanos. Un par de ejemplos pueden ayudar a comprender mejor la idea del peso en el voto de cada ciudadano. Tenemos CU con más de ciento cincuenta mil habitantes, pasando por otras de cien mil, hasta llegar a CU con poblaciones incluso menores a los quince mil habitantes, es decir, una diferencia de 10 veces si tan solo tomamos el tamaño de las CU. Si en cambio consideramos la cantidad de votos necesarios para ganar en las distintas CU, puede observarse que en un extremo se requiere alrededor de 50000 votos (en las CU de las ciudades de La Paz y Santa Cruz, por ejemplo), mientras que en el otro extremo bastan cerca de 1500 votos para ganar un escaño (como es el caso de las CU en Pando). ¿Qué significa ello? Que el voto de los ciudadanos que votan en las CU pequeñas vale mucho más que el de los ciudadanos que votan en las CU grandes, en el caso del ejemplo citado, el voto en Pando vale 33 veces más que en La Paz o Santa Cruz.
¿Cuál es el problema, cuáles son todas las implicaciones y consecuencias que se derivan de este hecho? Las consecuencias derivadas de este hecho se expresan en la conformación de electorados cautivos, sujetos a toda clase de presiones y manipulaciones, desde el momento en que la cantidad de votos requeridos para ganar un curul parlamentario se ha reducido tanto. Los partidos ya no requieren formular propuestas y soluciones a los múltiples problemas que tenemos en el país, pues basta con que logren asegurar la cantidad de votos que necesitan en cada CU como para desentenderse de toda elaboración más complicada. El hecho es que los partidos tradicionales demostraron una creciente incapacidad para formular propuestas de todo tipo, al punto que hoy podemos apreciar que dicha incapacidad se constituye en una de las razones fundamentales por las que los partidos tradicionales prácticamente han sido barridos del paisaje político nacional. Otra consecuencia tiene que ver con la profusión de toda clase de formas de fraude electoral, como ser "la carretilla" (usar una papeleta ya marcada y cambiarla por la nueva sin marcar), la inscripción fraudulenta de electores en CU distintas a aquellas en que radican y el traslado para el día del acto electoral de dichos ciudadanos que por unos pesos venden su voto al mejor postor. ¿A dónde apunta todo ello? A lograr que el ciudadano elector crea que con el cumplimento del voto universal y obligatorio ya se ha logrado respetar y salvaguardar sus derechos electorales, sin que se percate que con su participación está contribuyendo a legitimar un régimen electoral escandaloso, diseñado para distorsionar la voluntad popular, logrando que con mucho menos del 50% de los votos se puedan conformar mayorías parlamentarias que son las encargadas de elegir finalmente al nuevo gobierno y de garantizarle respaldo e impunidad. En este marco, las megacoaliciones eran parte inmanente del sistema, pues se requería de alianzas para cosechar los frutos del régimen electoral descrito y repartirse la torta del poder. Por todo lo señalado resulta verdaderamente inconcebible que también en la nueva CPE (NCPE) se inscriba al voto igual entre los principios del sufragio, cuando todo lo señalado apunta a violar dicho principio.
Pero veamos todavía un par de momentos más que contribuyeron a construir ese régimen electoral funcional a los partidos tradicionales. No bastó que se ocupen de crear CU de todo tamaño, sino que a ello se sumó el transfugio político, según el cual los escaños son propiedad del partido y no de los parlamentarios que los asumen, situación que obligaba a los parlamentarios elegidos a una solidaridad incondicional con las directrices del partido por el que habían sido elegidos (de ahí viene ese figura tan difundida de los “levantamanos”) o a abandonar su curul parlamentario si discrepaba de ellos, lo cual significaba dejar en la estacada a los electores que lo habían elegido, que creían haber elegido a un parlamentario por su valía y conciencia, cuando en realidad habían estado contribuyendo a incrementar el patrimonio partidario. Pero esa fue apenas una más de las puntadas de ese régimen electoral que se fue construyendo paso a paso ante nuestras propias narices, sin poder contener su avance imperturbable. Se dieron muchas otras puntadas: el monopolio de los partidos políticos para organizar la participación ciudadana en elecciones y organizar los poderes públicos, la cantidad de firmas para conformar un partido, la barrera de la votación mínima para acceder al parlamento, el financiamiento de los partidos de acuerdo con su votación, la regla de los dos tercios para seleccionar ternas para diversos cargos públicos que al final debían ser nombrados por el Presidente de la República, otra de las formas de administrar la democracia representativa de modo vertical.
Toda esta tramoya ha tenido la virtud de lograr que un mismo conjunto de partidos tradicionales se apodere de la formula de conversión de votos en escaños, logrando de este modo mantenerse en el poder por espacio de dos décadas de modo ininterrumpido habiendo ocasionado una democracia secante, incapaz de promover y facilitar el “cambio sin violencia”, como ha sido definida la democracia de modo certero. A este sistema de conculcación de derechos electorales, de reproducción del poder de un conjunto de partidos políticos, de impedir el cambio sin violencia, he llamado democracia oligárquica, con la finalidad de mostrar en toda su amplitud los rasgos esenciales de nuestro régimen democrático del pasado.
Esta ha sido la base de la fórmula que ha impedido durante ya varios lustros que las mayorías nacionales –sea por pobreza, discriminación, marginalidad o exclusión- tengan la mínima oportunidad de conformar un gobierno que los represente adecuadamente. Una inédita confluencia de los votos de dichos sectores discriminados y de amplios sectores de la clase media condujo al triunfo de la candidatura de Evo Morales el año 2005, lo cual permitió romper ese monopolio de poder de los partidos tradicionales y abrir las puertas a un sistema democrático que respete los derechos electorales y haga posible el cambio sin violencia.
Otra vez por la misma senda
Por increíble que parezca, el actual gobierno se está poniendo exactamente en la misma línea de los partidos tradicionales, y se apresta a repetir y reproducir la farsa democrática electoral del pasado. No sólo ocurre eso, sino que observamos azorados cómo aparece de pronto toda una pléyade de demócratas de última hora que se rasgan las vestiduras denunciando el desequilibrio que de pronto descubren en el proyecto de ley electoral transitorio entre el voto urbano y rural, entre el voto en unos departamentos y otros, habiéndose llegado a estimar que el 65% de la población, que corresponde a la población urbana, elegirá al 35% de los parlamentarios, mientras que el 35% restante, que comprende a la población rural, elegirá al 65% de los parlamentarios. ¿Como era pues esto en la fase anterior? Exactamente igual, ya que las CU ubicadas en las ciudades elegían proporcionalmente una fracción mucho menor de parlamentarios que la población allí asentada, del mismo modo que los departamentos pequeños elegían a una proporción mucho mayor de parlamentarios que los departamentos grandes en términos de población.
A modo de ejemplo y tomando en cuenta la nueva distribución de escaños y sus cantidades resultantes de la NCPE y del proyecto de Ley Electoral Transitoria, podemos apreciar que el departamento de La Paz con sus 2,5 millones de habitantes elegirá un total de 33 parlamentarios (entre diputados y senadores), mientras que los 6 departamentos restantes (exceptuando a los del eje central) que tienen en conjunto la misma población que el departamento de La Paz, elegirán un total de 24 senadores y 57 diputados, es decir, un total de 81 parlamentarios. En las elecciones pasadas, La Paz elegía 34 parlamentarios y los 6 departamentos menores 77 parlamentarios. Esa relación de 81 a 33 nos da una idea clara de la forma como se manipulan los derechos electorales, de lo alejados que nos hallamos de que el voto de cada ciudadano tenga un peso o ponderación más o menos similar y que todo ello se mantiene y repite sin alteraciones, como si realmente nos halláramos en presencia de un régimen electoral que bordea los contornos de su propia perfección.
Pero esta es exactamente la figura que usó la “democracia pactada” durante dos décadas y, lamentablemente, ahora, pretende hacerlo también el gobierno del MAS. Lo más lamentable es que se quiere repetir la hazaña de los partidos tradicionales, usando sus mismas estratagemas, sus mismas armas, sus mismos arreglos y manipulaciones institucionales. Eso de tratar de legitimarse por la vía del voto, usando esquemas tan obtusos, segmentados y ponderados para calificar y pesar el voto del elector de modo oligárquico, es un atentado a los derechos electorales y al sentido común más elemental. ¿Por qué no dijeron nada durante tantos años todos los que ahora rivalizan en su afán por desenmascarar la pose democrático electorera del MAS? Si así hubieran procedido, posiblemente ahora tendríamos una mejor norma que nos permita votar y elegir auténticamente de modo democrático y no del modo que se hizo durante tantos años y ahora se pretende hacerlo una vez más.
Ya que ese régimen recortado a la medida de los partidos tradicionales les dio tantas gangas y beneficios a los partidos tradicionales, ahora no se atreven a denunciarlo y desmontarlo públicamente, pues ello conduciría a liquidar a la gallina de los huevos de oro, razón por la que se ocupan de denunciar temas periféricos, como el tema del padrón electoral o cuestionar las circunscripciones especiales (sin atreverse a dar cifras), pero dejan cuidadosamente de lado todas las bases y fundamentos del régimen oligárquico, trabajosamente construido a lo largo de varios lustros. Prueba de ello es que la Comisión de Constitución del Senado anunció que plantearía que “todas las circunscripciones deben tener el mismo número de habitantes en cada una de las circunscripciones del país” (La Razón, 30/03/2009), medida que en efecto hubiera dado fin a este regimen oligárquico, pero dicho planteamiento no se incluyó a la hora de aprobar el proyecto en Senadores. Curioso, ¿no?
Algunas observaciones al proyecto de Ley Electoral Transitoria
Lo primero es señalar que el proyecto de Ley Electoral Transitoria aprobado en la Cámara de Diputados calca ampliamente el régimen electoral que ha sido el sustento de la democracia oligárquica por años. Mantiene la segmentación electoral, al dividir el espacio electoral en CU de todos los tamaños, con lo que se mantiene las enormes diferencias en cuanto al peso de los votos entre unas y otras circunscripciones y crea toda una gama de incentivos para que los partidos se especialicen en mini circunscripciones uninominales y se desentiendan de formular respuestas coherentes al país e incluso a los distintos departamentos.
En algunos aspectos, el proyecto de ley aprobado incluso profundiza algunos temas que ni en las versiones y enmiendas anteriores de la ley electoral se había incurrido, como por ejemplo, no señalar que las circunscripciones uninominales deben tener aproximadamente el mismo tamaño en cada departamento. Ello conduce a profundizar aún más las diferencias en el peso efectivo de los votos a la hora de convertir votos en escaños, ya que se ha observado significativas diferencias en el tamaño de las CU al interior de los departamentos.
En el proyecto de ley tampoco se dice nada en relación a respetar o no el total de escaños uninominales que gane cada partido. ¿Qué pasa en caso que un partido obtenga, por ejemplo, 6 escaños uninominales (equivalente al 5% de los escaños en diputados a nivel nacional) y tenga sólo el 1% de votos (aprox. 35000 votos), situación perfectamente posible con el régimen que se pretende aprobar? Como prueba, véase la cantidad de votos que se requiere para ganar en las circunscripciones de Pando, Beni, Tarija y Oruro (en ningún caso se requiere más de 6000 votos), y el lector podrá comprobar que dichas cifras y proporciones son perfectamente posibles. Para evitar los electorados cautivos en las distintas CU, particularmente en las más pequeñas, es indispensable establecer en la ley electoral que los partidos sólo podrán acceder proporcionalmente a tantos escaños uninominales como votos hayan obtenido, y que incluso se les restará escaños uninominales si la relación entre votos y escaños sigue siendo desequilibrada. En este marco, la ley no puede premiar por doble partida a los partidos, por un lado permitiendo que en algunos casos se obtengan curules parlamentarios incluso con menos de 1500 votos como en Pando, y encima de ello, permitiendo que los partidos puedan acumular esos curules que se obtienen con cifras ínfimas de votación, sin tener un respaldo proporcional a nivel departamental.
Posiblemente la única virtud del proyecto de ley aprobado en diputados es que ha pensado en la forma de apoyar a las minorías indígena originario campesinas, aunque se lo ha hecho de un modo muy complicado al introducir la figura de las circunscripciones especiales. Más allá del número de escaños necesarias para asegurar que dichas minorías no queden una vez más sin voz y sin voto, resulta sin duda lamentable la forma autoritaria con la que se pretende controlar los escaños de dichas circunscripciones especiales, al prohibir que la Corte Nacional Electoral registre personerías jurídicas y candidaturas de otros partidos políticos y agrupaciones ciudadanas en las circunscripciones especiales que no sean las de CIDOB, CONAMAQ y CSUTCB.
Conclusiones
¿Dónde está el cambio en el proyecto de ley aprobado en diputados que sigue los patrones y esquemas de la democracia oligárquica del pasado y que incluso en el caso de las circunscripciones especiales, que representarían un avance, le da el poder de definir candidatos en estas circunscripciones a un conjunto de organizaciones sociales, reproduciendo los vicios de la época del monopolio partidario?
No hay duda que seguir por la misma senda de la democracia oligárquica sólo conducirá a profundizar la segmentación y la polarización que caracteriza a nuestra formación social y que ahora se halla adicionalmente trastornada por la constante recurrencia a mensajes centrados en el racismo y el colonialismo, como si de lo que se tratara es de ahondar las diferencias y mantener abiertas las heridas del pasado. El concentrar la atención en las CU, más aún en sus enormes diferencias en cuanto al voto, llevará a preocupaciones excesivamente localistas, a perder de vista el conjunto, a visiones y enfoques de campanario, simplemente porque los árboles nos impedirán ver el bosque y reconocer los requerimientos esenciales comunes de nuestra economía y sociedad. La atomización de la sociedad no es buena para nadie, ni para el gobierno o la oposición, ni para las regiones o sus fragmentos (las CU), ni para los departamentos o el país. Más temprano que tarde pagaremos caro la factura de tal atomización, cuando nos hallemos en presencia de masas volubles, incapaces de apoyar y sostener determinados rumbos, siempre atentas al sol que mejor alumbra y a conductas de carácter oportunista y prebendal.
(*) Autor de la tesis de la “democracia oligárquica” para describir la manipulación electoral a la que fue sometida la sociedad boliviana por los partidos tradicionales a partir de la “recuperación de la democracia”
