Carlos Rodrigo Zapata C. (*)
“La autoflagelación consiste en hacerse un daño físico como una táctica
de alivio al sufrimiento psicológico, [debido a que] muchas veces el dolor psicológico se hace
tan dificultoso de conducir, que se escoge por dañar al cuerpo como una prueba de controlar la
situación.... La autoflagelación en muchas situaciones puede producir “calma”,
en otras un “despertar”, también hace sentir “real” a un ente desintegrado que
piense que ya no siente nada en la vida”.
[http://conceptodefinicion.de/autoflagelación]
Día que pasa en el proceso
iniciado por el Gobierno boliviano al ex Presidente Carlos Mesa quedan cada vez más en evidencia las intenciones y
pretensiones del MAS que ha resuelto poner a su servicio todo el aparato
público del Estado Plurinacional.
Y esta ya es la primera muestra
de autoflagelación: ese uso y abuso denigrante del Estado, de sus poderes y de
sus servidores públicos por parte de una fuerza política, pone en evidencia el
desprecio del MAS al orden constituido, cuando menos a todo orden que no se
ajuste y responda instantáneamente a sus ocurrencias circunstanciales.
Los alcances del proceso iniciado
contra Mesa exponen el grado y la medida en que el MAS usa el poder a
discreción. Pretender limitar los alcances del proceso, no incluir a diversos
implicados, no tomar en cuenta el tipo de proceso que le corresponde a Mesa por
su alta investidura pasada, son algunos elementos que muestran el uso
antojadizo y abusivo del poder, como si el MAS se hubiera propuesto dejar en
evidencia su desprecio al orden establecido, al que el mismo partido en el
gobierno habría contribuido a construir y consolidar, no solo mediante la
Constitución, sino mediante todo un conjunto de leyes e incluso ahora de unos
Códigos Morales, como muestra máxima de su pretensión de poner orden en la
casa.
¿Para qué todo ese afán de codificar las reglas que deben ordenar las
relaciones sociales y colectivas, si acto seguido lo primero que se hace es
violar aviesamente la Constitución y luego hacer el uso de las leyes más
discrecional que se les antoja a sus funcionarios, según sea el caso y la
ocasión? ¡Qué manera de auto desprestigiarse y auto flagelarse!
Uno diría que ya bastaría con
ello. Pero no. Como masoquistas profesionales, se han dado a la tarea de no dejar
piedra sobre piedra de su propia obra, de su propia gestión, cuando se presta
atención a los argumentos y pruebas que va exponiendo el ex presidente Mesa y
su equipo de colaboradores en el proceso que ya va cristalizando.
No solo que Mesa recuperó
concesiones fraudulentamente otorgadas, sino que enmendó a tiempo el instrumento
jurídico utilizado para ello por errores procedimentales, asunto que ocurrió
meses después de la decisión inicial. No solo que se expulsó a una empresa pirata,
sino que además se denunció las triquiñuelas que se utilizaron para convertir
un emprendimiento nacional en un consorcio internacional, situación que condujo
a enjuiciar a los autores de tamaño engaño y a sentenciarlos, habiendo sido
ambos ya liberados de toda culpa y pena como condición para que les paguen el
millonario desfalco a las arcas públicas de 42 millones de dólares. Seguro que
no hay forma más diligente y servil de poner el Estado al servicio de la piratería.
Repetir y reproducir todos y cada
uno de los argumentos demoledores que están siendo expuestos por la parte
acusada, nos lleva simplemente a comprender cuán descarado es el abuso del
poder en manos de un gobierno y un partido que no tienen ningún empacho en destruir
todo intento de constituir un orden, de institucionalizar reglas y procedimientos
que sean benéficos para la convivencia pacífica. Si lo que alguna vez pretendió
el MAS fue iniciar un proceso de cambio, y sus obras son los ladrillos de ese
proceso, entonces debemos constatar no solo que es un fracaso, sino que es un engaño y una estafa
colectiva, en vista y consideración a la forma en que viene encarando este
proceso que sirve tan solo de ejemplo de su manejo arbitrario de los
instrumentos de poder.
Lo que sale a relucir con fuerza
contundente es que los argumentos “judiciales” que el MAS y sus funcionarios
emplean no son más que pretextos o excusas políticas, y que no es el Estado y
la justicia los que andan detrás de Mesa, sino la política, el poder y la
persecución policíaca. Desde el momento en que ingenua o descaradamente los
cancerberos sostienen que sólo se usa argumentos jurídicos para procesar a
Mesa, pero al mismo tiempo se niegan a incluir en el proceso a diversos
presuntos implicados, entre ellos algunos ministros actuales, y no se toma en
cuenta las denuncias en torno a la coedición entre abogados chilenos y
funcionarios bolivianos de los acuerdos finales que sirvieron para que el mismo
CIADIS emita su fallo final, se está mostrando el uso absolutamente licencioso
del poder, y de paso dejando en evidencia, una vez más, la incapacidad de
gobernar del MAS que ha convertido toda regla que ordene las relaciones sociales,
pero que no sea de su conveniencia, en objetivo a desmontar y liquidar sin
dilación, sin respetar ni siquiera la palabra escrita y promulgada por ellos
mismos.
Esta nueva forma de guerra
hibrida, en que se dejan reposando los fusiles, pero se saca a las calles a las
huestes judiciales, tiene una serie de fallas estructurales de construcción, ya
que no basta con la simple e infame idea de usar lo jurídico para eliminar a
los adversarios políticos, sino que dicho uso al menos tendría que hallarse en
ciertos marcos legales y procedimentales plenamente justificables. Pero muy
lejos de ello, creen que con dar la impresión que son los órganos jurídicos
supuestamente competentes los que emiten los fallos y sentencias, y dictaminan
sobre el quehacer jurídico, bastará con ello como dar por bueno y válido
semejante enjuague. Semejante forma de proceder solo es posible en caso de
sociedades que han sido sometidas a largos periodos de sumisión. Si de una de
dichas sociedades vienen estos consejos de gobernanza despótica, es oportuno
recordar que en Bolivia no hemos llegado aún a semejante estado de letargo, por
lo que es necesario preservar el saldo de dignidad que nos queda en materia de
hacer respetar nuestros derechos, entre ellos, a un orden civilizado basado en
normas aprobadas colectivamente, donde los poderes del estado sean autónomos e
independientes, sin estar sometidos a los caprichos, antojos y ocurrencias de
una banda angurrienta por el poder.
Decíamos de principio que es el
MAS y no el Estado el que enjuicia a Mesa, porque luego de todo lo expuesto
queda en claro que la preocupación no son los millones pagados a una empresa pirata,
sino el crédito político creciente de Mesa en el electorado boliviano. Ese es
el verdadero fondo de esta autoflagelación del MAS y del gobierno que sin medir
consecuencias e impactos han dado rienda suelta a sus apetitos políticos, tirando
por la borda todo atisbo de decencia política, de respetabilidad y de
compromiso con un verdadero proceso de cambio.
Con semejante trasfondo resulta extremadamente
ilusorio pensar que el electorado estará dispuesto a renovarles la confianza
por otro periodo más. Han logrado lo impensable: no solo unificar ampliamente a
la opinión pública nacional en contra de la continuidad de un binomio que se
cree eterno, sino incluso en contra del propio instrumento político que los
cobija. Este proceso de autoflagelación está permitiendo ver y reconocer hasta
al más convencido seguidor que apoyar semejante forma verticalista de manejar
la institucionalidad y el estado de derecho del país, es absolutamente
cuestionable e insostenible. Otra vez, gracias a esta autoflagelación del MAS y
del gobierno podemos ver en gran pantalla el uso abusivo y desmesurado del
orden instituido. Lo que posiblemente se logra apreciar menos, por ahora, es cuán
“desintegrado” se sentirá ya este ente o en qué medida considerará que “ya no
siente nada en la vida”, razones que conducen a la autoflagelación, dicen los
expertos.
Deploramos porfundamente este ataque a la vida, obra e integridad del ex Presidente Mesa, esta labor de "demolición de su persona", pero
si deberemos extraer todas las lecciones que nos va dejando esta infame arremetida
que nos está permitiendo mirar el fondo y trasfondo de este contubernio
político llamado MAS en ejercicio del poder.
Dios nos libre a tiempo de una
continuación de este desaguisado, pero que también
nos dote de una conducción nueva, seria, comprometida e innovadora de los destinos de Bolivia, superando
toda forma de sumisión a poderes foráneos. Por ahora, hay que decirlo, ambos deseos parecen de difícil
cumplimiento.
-------------
(*) Economista, catedrático, analista
político.
-----------------------------------------
Carlos
Mesa asegura que resolución del TSJ es parte de la estrategia de demolición de
su persona
25 julio,
2018
“Lo que está haciendo el presidente Morales es una demolición de mi persona”,
fue la frase con lo que resumió su posición el expresidente Carlos Mesa,
después de conocer la resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de
pedir a la Asamblea Legislativa autorización para el inicio de un juicio de
responsabilidades en su contra por el caso Quiborax.
“La decisión del TSJ no hace otra cosa que
confirmar las presunciones que teníamos, pero prudentemente esperamos a que se
confirmaran, que ya se habían comprobado en el caso de la acusación abierta por
el Fiscal General del Estado. ¿Cuál es esa presunción?, la de que el Ministerio
Público y el TSJ confirman, que son un brazo ejecutor de este sistema de
persecución, que judicializar o criminalizara la política a travez de proceso s
penales, en el caso mio mediante un juicio de responsabilidades”, dijo Mesa en
conferencia de prensa.
El expresidente dijo que no es optimista sobre cómo
será tratado su expediente en la Asamblea Legislativa.
Para Mesa un segundo objetivo del Gobierno contra
él es “la cárcel”, porque para eso se inició un proceso penal.
Después agregó “no voy a jugar el juego que el
Gobierno quiere que juegue. ¿Cuál es ese juego? La electoralización prematura
del proceso del 2019”
En su encuentro con los medios también destacó las
opiniones de las exministras, Cecilia Rocabado y Amanda Dávila. Destacó que
Rocabado, mediante una carta pública, demostró que Quiborax es “una empresa
pirata”.
Mientras de la exministra de Comunicación destacó
su posición de defender la nacionalización de los recursos naturales por encima
de las personas.
Sobre la vocería de la causa marítima dijo que
seguirá ejerciendo esa función hasta que el presidente Evo Morales le
envíe una carta y lo cese en la tarea.
LA PAZ/Fides