26 julio 2018

Quiborax, Mesa y la autoflagelación del MAS



Carlos Rodrigo Zapata C. (*)

“La autoflagelación consiste en hacerse un daño físico como una táctica de alivio al sufrimiento psicológico, [debido a que] muchas veces el dolor psicológico se hace tan dificultoso de conducir, que se escoge por dañar al cuerpo como una prueba de controlar la situación.... La autoflagelación en muchas situaciones puede producir “calma”, en otras un “despertar”, también hace sentir “real” a un ente desintegrado que piense que ya no siente nada en la vida”.       
 [http://conceptodefinicion.de/autoflagelación]

Día que pasa en el proceso iniciado por el Gobierno boliviano al ex Presidente Carlos Mesa quedan  cada vez más en evidencia las intenciones y pretensiones del MAS que ha resuelto poner a su servicio todo el aparato público del Estado Plurinacional. 

Y esta ya es la primera muestra de autoflagelación: ese uso y abuso denigrante del Estado, de sus poderes y de sus servidores públicos por parte de una fuerza política, pone en evidencia el desprecio del MAS al orden constituido, cuando menos a todo orden que no se ajuste y responda instantáneamente a sus ocurrencias circunstanciales.

Los alcances del proceso iniciado contra Mesa exponen el grado y la medida en que el MAS usa el poder a discreción. Pretender limitar los alcances del proceso, no incluir a diversos implicados, no tomar en cuenta el tipo de proceso que le corresponde a Mesa por su alta investidura pasada, son algunos elementos que muestran el uso antojadizo y abusivo del poder, como si el MAS se hubiera propuesto dejar en evidencia su desprecio al orden establecido, al que el mismo partido en el gobierno habría contribuido a construir y consolidar, no solo mediante la Constitución, sino mediante todo un conjunto de leyes e incluso ahora de unos Códigos Morales, como muestra máxima de su pretensión de poner orden en la casa.

 ¿Para qué todo ese afán de codificar las reglas que deben ordenar las relaciones sociales y colectivas, si acto seguido lo primero que se hace es violar aviesamente la Constitución y luego hacer el uso de las leyes más discrecional que se les antoja a sus funcionarios, según sea el caso y la ocasión? ¡Qué manera de auto desprestigiarse y auto flagelarse!

Uno diría que ya bastaría con ello. Pero no. Como masoquistas profesionales, se han dado a la tarea de no dejar piedra sobre piedra de su propia obra, de su propia gestión, cuando se presta atención a los argumentos y pruebas que va exponiendo el ex presidente Mesa y su equipo de colaboradores en el proceso que ya va cristalizando. 

No solo que Mesa recuperó concesiones fraudulentamente otorgadas, sino que enmendó a tiempo el instrumento jurídico utilizado para ello por errores procedimentales, asunto que ocurrió meses después de la decisión inicial. No solo que se expulsó a una empresa pirata, sino que además se denunció las triquiñuelas que se utilizaron para convertir un emprendimiento nacional en un consorcio internacional, situación que condujo a enjuiciar a los autores de tamaño engaño y a sentenciarlos, habiendo sido ambos ya liberados de toda culpa y pena como condición para que les paguen el millonario desfalco a las arcas públicas de 42 millones de dólares. Seguro que no hay forma más diligente y servil de poner el Estado al servicio de la piratería.

Repetir y reproducir todos y cada uno de los argumentos demoledores que están siendo expuestos por la parte acusada, nos lleva simplemente a comprender cuán descarado es el abuso del poder en manos de un gobierno y un partido que no tienen ningún empacho en destruir todo intento de constituir un orden, de institucionalizar reglas y procedimientos que sean benéficos para la convivencia pacífica. Si lo que alguna vez pretendió el MAS fue iniciar un proceso de cambio, y sus obras son los ladrillos de ese proceso, entonces debemos constatar no solo que es un  fracaso, sino que es un engaño y una estafa colectiva, en vista y consideración a la forma en que viene encarando este proceso que sirve tan solo de ejemplo de su manejo arbitrario de los instrumentos de poder.

Lo que sale a relucir con fuerza contundente es que los argumentos “judiciales” que el MAS y sus funcionarios emplean no son más que pretextos o excusas políticas, y que no es el Estado y la justicia los que andan detrás de Mesa, sino la política, el poder y la persecución policíaca. Desde el momento en que ingenua o descaradamente los cancerberos sostienen que sólo se usa argumentos jurídicos para procesar a Mesa, pero al mismo tiempo se niegan a incluir en el proceso a diversos presuntos implicados, entre ellos algunos ministros actuales, y no se toma en cuenta las denuncias en torno a la coedición entre abogados chilenos y funcionarios bolivianos de los acuerdos finales que sirvieron para que el mismo CIADIS emita su fallo final, se está mostrando el uso absolutamente licencioso del poder, y de paso dejando en evidencia, una vez más, la incapacidad de gobernar del MAS que ha convertido toda regla que ordene las relaciones sociales, pero que no sea de su conveniencia, en objetivo a desmontar y liquidar sin dilación, sin respetar ni siquiera la palabra escrita y promulgada por ellos mismos.

Esta nueva forma de guerra hibrida, en que se dejan reposando los fusiles, pero se saca a las calles a las huestes judiciales, tiene una serie de fallas estructurales de construcción, ya que no basta con la simple e infame idea de usar lo jurídico para eliminar a los adversarios políticos, sino que dicho uso al menos tendría que hallarse en ciertos marcos legales y procedimentales plenamente justificables. Pero muy lejos de ello, creen que con dar la impresión que son los órganos jurídicos supuestamente competentes los que emiten los fallos y sentencias, y dictaminan sobre el quehacer jurídico, bastará con ello como dar por bueno y válido semejante enjuague. Semejante forma de proceder solo es posible en caso de sociedades que han sido sometidas a largos periodos de sumisión. Si de una de dichas sociedades vienen estos consejos de gobernanza despótica, es oportuno recordar que en Bolivia no hemos llegado aún a semejante estado de letargo, por lo que es necesario preservar el saldo de dignidad que nos queda en materia de hacer respetar nuestros derechos, entre ellos, a un orden civilizado basado en normas aprobadas colectivamente, donde los poderes del estado sean autónomos e independientes, sin estar sometidos a los caprichos, antojos y ocurrencias de una banda angurrienta por el poder.

Decíamos de principio que es el MAS y no el Estado el que enjuicia a Mesa, porque luego de todo lo expuesto queda en claro que la preocupación no son los millones pagados a una empresa pirata, sino el crédito político creciente de Mesa en el electorado boliviano. Ese es el verdadero fondo de esta autoflagelación del MAS y del gobierno que sin medir consecuencias e impactos han dado rienda suelta a sus apetitos políticos, tirando por la borda todo atisbo de decencia política, de respetabilidad y de compromiso con un verdadero proceso de cambio.

Con semejante trasfondo resulta extremadamente ilusorio pensar que el electorado estará dispuesto a renovarles la confianza por otro periodo más. Han logrado lo impensable: no solo unificar ampliamente a la opinión pública nacional en contra de la continuidad de un binomio que se cree eterno, sino incluso en contra del propio instrumento político que los cobija. Este proceso de autoflagelación está permitiendo ver y reconocer hasta al más convencido seguidor que apoyar semejante forma verticalista de manejar la institucionalidad y el estado de derecho del país, es absolutamente cuestionable e insostenible. Otra vez, gracias a esta autoflagelación del MAS y del gobierno podemos ver en gran pantalla el uso abusivo y desmesurado del orden instituido. Lo que posiblemente se logra apreciar menos, por ahora, es cuán “desintegrado” se sentirá ya este ente o en qué medida considerará que “ya no siente nada en la vida”, razones que conducen a la autoflagelación, dicen los expertos.

Deploramos porfundamente este ataque a la vida, obra e integridad del ex Presidente Mesa, esta labor de "demolición de su persona",  pero si deberemos extraer todas las lecciones que nos va dejando esta infame arremetida que nos está permitiendo mirar el fondo y trasfondo de este contubernio político llamado MAS en ejercicio del poder.

Dios nos libre a tiempo de una continuación de este desaguisado, pero que también nos dote de una conducción nueva, seria, comprometida e innovadora de los destinos de Bolivia, superando toda forma de sumisión a poderes foráneos. Por ahora, hay que decirlo, ambos deseos parecen de difícil cumplimiento.

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(*) Economista, catedrático, analista político.



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Carlos Mesa asegura que resolución del TSJ es parte de la estrategia de demolición de su persona
25 julio, 2018

“Lo que está haciendo el presidente Morales es una demolición de mi persona”, fue la frase con lo que resumió su posición el expresidente Carlos Mesa, después de conocer la resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de pedir a la Asamblea Legislativa autorización para el inicio de un juicio de responsabilidades en su contra por el caso Quiborax.
“La decisión del TSJ no hace otra cosa que confirmar las presunciones que teníamos, pero prudentemente esperamos a que se confirmaran, que ya se habían comprobado en el caso de la acusación abierta por el Fiscal General del Estado. ¿Cuál es esa presunción?, la de que el Ministerio Público y el TSJ confirman, que son un brazo ejecutor de este sistema de persecución, que judicializar o criminalizara la política a travez de proceso s penales, en el caso mio mediante un juicio de responsabilidades”, dijo Mesa en conferencia de prensa.
El expresidente dijo que no es optimista sobre cómo será tratado su expediente en la Asamblea Legislativa.
Para Mesa un segundo objetivo del Gobierno contra él es “la cárcel”, porque para eso se inició un proceso penal.
Después agregó “no voy a jugar el juego que el Gobierno quiere que juegue. ¿Cuál es ese juego? La electoralización prematura del proceso del 2019”
En su encuentro con los medios también destacó las opiniones de las exministras, Cecilia Rocabado y Amanda Dávila. Destacó que Rocabado, mediante una carta pública, demostró que Quiborax es “una empresa pirata”.
Mientras de la exministra de Comunicación destacó su posición de defender la nacionalización de los recursos naturales por encima de las personas.
Sobre la vocería de la causa marítima dijo que  seguirá ejerciendo esa función hasta que el presidente Evo Morales le envíe una carta y lo cese en la tarea.
LA PAZ/Fides