Carlos Rodrigo Zapata Cusicanqui
El gobierno en apuros, procurando mostrar capacidad de reacción y respuesta frente a los acontecimientos gravísimos desatados la semana pasada, ha aprobado una serie de decretos que apuntan a desmontar las actuales bases de producción y reproducción del cooperativismo minero.
¿Cuál es el tenor de dichos decretos?
- revertir áreas de cooperativas mineras que no tengan actividad,
- otorgar a la autoridad de control cooperativista el control y fiscalización de todas las cooperativas mineras del país.
- proteger por la Ley General del Trabajo a todas las personas que sin ser socias, prestan servicios a cooperativas mineras,
- prohibir por segunda vez el uso de dinamita en manifestaciones públicas.
A partir de las acciones criminales y lesivas a los intereses de la sociedad y el Estado cometidas por ccoperativistas mineros, la opinión pública seguramente recibirá de buen agrado las disposiciones citadas.
No obstante, puede advertirse que el Gobierno está actuando no solo con precipitación desmedida, sino sin la debida reflexión, sin ponderar y valorar los posibles efectos e impactos de estas medidas y lo peor, sin comprender el carácter y la naturaleza real de las fuerzas que se han desatado en torno al cooperativismo minero.
En un país en el que la permisividad es una de sus columnas vertebrales, es obvio que se han construido y desarrollado una serie de sectores de actividad completamente insostenibles o que solo pueden pervivir, reproducirse y crecer a la sombra de dichos privilegios, ventajas y demás prebendas otorgadas en cada caso. Sea que se trate de cocaleros, gremiales, transportistas o cooperativistas mineros, por mencionar a los principales sectores beneficiarios de este estilo prebendal y permisivo de ganarse la vida, el hecho es que cada uno de estos sectores alberga al presente desde más de un millón de trabajadores, como es el caso de los gremiales, hasta cientos de miles en los otros casos.
Por tanto, no es imaginable que de la noche a la mañana se suspendan todos estos privilegios y gangas, como si todos los trabajadores de las cooperativas que serán afectadas tuvieran que pagar el pato de la misma manera. Se sabe que detrás de cada socio cooperativista hay un rimero de trabajadores que desempeñan su trabajo en condiciones miserables, y lo hacen porque el proceso de cambio no ha podido generar hasta el presente los puestos de trabajo alternativos que ofreció hace ya una década.
La simple pregunta es, ¿en qué trabajaran esos miles de trabajadores que por la falta de las concesiones y amarres establecidos con empresas privadas, nacionales o extranjeras, perderán sus oportunidades de empleo? No es pues posible cambiar todo por obra y magia de unos decretos, y todo ello en un santiamén.
Si no son las concesiones perdidas, serán los costos labores los que finalmente les hagan el harakiri a estas cooperativas mineras crecidas al amparo del descontrol y la licencia para hacer lo que se les antoje.
Particularmente estas dos disposiciones ocasionarán reacciones diversas, tanto de los socios de las cooperativas, que de pronto perderán soga y cabra, y sus pretensiones de convertirse en capitalistas extractivistas, como de los trabajadores que perderán en muchos casos sus oportunidades de ganarse algún sustento. Si estas medidas en tiempo de vacas rechonchas pueden resultar difíciles de manejar, en tiempos de vacas flacas significan su liquidación.
Si la idea es deshacerse de sectores de actividad productiva insostenibles, este conjunto de decretos es un buen ejemplo de la vía rápida de hacerlo, sin medir ningún tipo de consecuencias. Incluso la forma de prohibir el expendio de dinamita por segunda vez (como si lo señalado en la Ley 400 definitivamente no tuviera ningún valor en comparación con un Decreto Supremo) resulta a su vez otra forma de controlar, limitar e impedir la actividad minera, como han dado a conocer los cooperativistas que extraen oro.
Sabemos que por lo general se trata de operaciones tremendamente depredadoras, contaminadoras, ejecutadas a cielo abierto o en socavones, a lo que se han agregado muchos otros ingredientes nefastos, tales como todas las prebendas otorgadas en formas de concesiones e impuestos, cerrando los ojos ante los derechos laborales y sociales, ignorando el criterio de identidad de socios y trabajadores, rasgo que define a las cooperativas de producción y que ha sido alterado hace mucho.
Gracias a las prebendas los socios se han convertido en caciques locales, mandamases con la capacidad de contratar trabajadores, ignorando la esencia del cooperativismo, y de paso perfilarse como nuevos capitalistas, los más curiosos y extraños de toda la fauna capitalista, pues ahora tenemos unos capitalistas extractivistas andinos, que se presentan como si fueran propietarios soberanos de los recursos que explotan a placer, pero al mismo tiempo tienen la potestad de depredar y contaminar suelos, aire y aguas con total impunidad.
Si se cree que con esas reacciones precipitadas se podrá controlar estos desbordes fascistas, es completamente absurdo, no solo porque ya se despertó la angurria en toda su magnitud, sino porque el estado no posee ni las capacidades ni tiene la voluntad de controlar a fondo y en serio estas operaciones mineras que se han convertido en la forma de reproducir nuestra miseria en medio de tanta riqueza.
En conclusión, si se cree que con estas medidas controlarán algo, puede señalarse que se trata de un gran auto engaño, una estafa o una mentira. Por ello, lo más probable es que se esté apuntando a darle pastillas de amnesia a la opinión pública, dejando muchas cosas como están, incluso a los trabajadores en sus empleos, pero mirando a otra parte cuando se trate de derechos laborales y sociales. Hablar de “decretos de la venganza” como ya lo están haciendo ahora unos apresurados opositores, es ignorar todos estos trasfondos.
Volveremos a fojas cero, al mismo circo de siempre, porque para cambiar algo se requiere tener alternativas y resulta absolutamente claro que ni este gobierno ni el país ha logrado hasta el presente perfilar opciones coherentes para construir un país viable proyectado al futuro.
