Estructura incoherente de incentivos, arena en el engranaje económico

Carlos Rodrigo Zapata C.
Economista, planificador regional 

“Conocer una sociedad es conocer su estructura de intercambios”
H.D. Kittsteiner, Naturabsicht und Unsichtbare Hand.

"Conocer la estructura de intercambios de una sociedad es conocer su estructura de incentivos"
C.R. Zapata

 

“Si la matriz institucional recompensa la piratería, más que las actividades productivas, entonces la lección consistirá en aprender a ser mejores piratas”.
Douglass North, Premio Nobel de Economía, Institutions Matter

Para saber si los intercambios de bienes y servicios en una sociedad son provechosos para sus miembros y son capaces de contribuir a sentar bases para el futuro, se requiere analizar los incentivos operantes en dicha sociedad, ya que éstos son un medio vital para orientar dichos intercambios.

Por lo que puede apreciarse, Bolivia se caracteriza por una gran confusión en materia de incentivos, lo cual es síntoma inequívoco de la falta de claridad en los objetivos que se persiguen, así como en los medios empleados para alcanzarlos. 

Los incentivos son formas de alentar la inversión en determinadas actividades con la finalidad de: i) inducir hacia la producción de ciertos resultados y ii) limitar algunos riesgos, propios de toda actividad. De ahí que los incentivos son un instrumento muy importante para animar a los tomadores de decisión a invertir o emplear sus recursos en determinadas actividades y asumir determinados riesgos. Un incentivo puede ser material o inmaterial, aunque por lo general preferimos incentivos de tipo material, que nos dejen un beneficio en el bolsillo o en el patrimonio. De este modo, los incentivos tienen la misión de orientar el empleo de los recursos disponibles hacia determinadas actividades productivas, particularmente a aquellas favorecidas por la política pública.

No obstante, no basta con establecer unos incentivos para que lo señalado suceda automáticamente, ya que los incentivos pueden alentar determinadas actividades, pero también pueden frenarlas, razón por la que también es indispensable observar la estructura de incentivos, es decir, la coherencia del conjunto de ellos, de modo que los incentivos no se contrarresten ni se anulen entre sí, ya que en este caso se desalentaría las actividades que se pretende impulsar, lo cual crea incertidumbre y conduce a desacelerar la economía y a incrementar los niveles de desempleo. Por ello, los incentivos deben aplicarse cuidadosamente, a fin de asegurar que los fines perseguidos con su concurso puedan efectivamente ser alcanzados.

Un repaso de algunos casos notables de incentivos equívocos en nuestro medio nos introducirá en esta materia. En gobiernos anteriores se dispuso, por ejemplo, el remate de precursores ingresados al país vía contrabando, de modo que existía la posibilidad de adquirirlos legalmente y transitar con ellos libremente por el territorio nacional. ¡Vaya lucha contra el narcotráfico! También se dispuso el remate de cueros incautados de especies animales en peligro de extinción, lo cual se constituía en una vía para legalizar la extinción total de dichas especies, antes que en un medio eficaz de protección de las mismas. Otro tanto sucede con las maderas preciosas, situación que aún hoy se mantiene, ya que el organismo oficial del ramo se financia con el producto de la madera rematada, proveniente de usos no autorizados, lo cual se constituye en una forma de legalizar la deforestación selectiva.

Si allí concluyera la historia de desatinos, santa y buena, querría decir que estamos aprendiendo, pero el asunto no hace más que comenzar con estos casos. Veamos algunos ejemplos actuales de incentivos imperantes en la economía y sociedad, para conocer su impacto.

“Chutos”. La política de legalizar el contrabando es un pésimo incentivo, ya que en adelante sólo los incautos acudirán a una importadora legal para adquirir un vehículo cero km. Resultado: seguimos intercambiando valiosas materias primas por chatarra, un comportamiento económico imposible de comprender, más aún si se tiene en cuenta el costo en materia de subvenciones a la gasolina y diesel que ocasiona cada uno de estos vehículos, y el hecho que no más del 25% del parque automotriz en Bolivia tiene fines productivos, mientras que el resto sólo sirve para pasear! Si allí terminara el asunto, podría decirse que a los bolivianos sólo les gusta dilapidar sus recursos. Pero el asunto es más complicado. De por medio está el asunto de la moral ciudadana, es decir, de la voluntad de hacer las cosas correctamente, ya que se tiró por los suelos muchos postulados, alegando que se trata de “beneficiar a los pobres”. El medio ambiente ya no interesa, tampoco las leyes que sancionan a quienes realizan contrabando y ni hablar de usar los recursos públicos más eficaz y dignamente, en favor justamente de los pobres a quienes se pretende favorecer con esta medida. En suma, legalizar chutos acrecienta el desorden y la irresponsabilidad, alienta la ilegalidad y promueve el despilfarro. Grandioso cambio el que vamos tejiendo.

Coca. La última novedad gubernamental en materia de incentivos es el anuncio de compra de la coca excedentaria, es decir, aquella fracción de la producción legal de coca que supere la demanda legal de coca, puesto que de otro modo su destino sería la producción de cocaína. Sacando cuentas, por cada 5000 hectáreas sembradas de coca excedentaria legal, el Estado boliviano deberá destinar cerca de 150 millones de dólares anualmente, una bicoca si se compara con las subvenciones a los hidrocarburos, y con la ventaja que se podría industrializar la hoja de coca, aunque la pregunta del millón sigue siendo, ¿para producir qué productos: pasta de dientes, jabones, cremas? Por lo visto, no existe un programa de industrialización, lo cual muestra que todavía no se conoce los múltiples usos benéficos de la coca. Resultado final: más coca, mayores ganancias por la coca, más degradación ambiental, más cocaína, mayor déficit fiscal, menor producción de alimentos, mayor competencia por los escasos suelos aptos para fines agrícolas, entre otros. Si además consideramos la estructura de incentivos imperantes para este caso concreto, tendríamos que incluir otros aspectos tales como las subvenciones a los combustibles, la ausencia de una instancia capaz de frenar los desmanes ambientales, una política de erradicación poco efectiva, etc. En suma, todo a pedir de boca para lograr el resultado exactamente opuesto al de lucha contra el narcotráfico.

BOA. Que la empresa estatal y la libre competencia son como el agua y el aceite, se aprecia en el hecho que los funcionarios públicos deben emplear los servicios de la empresa estatal BOA para sus desplazamientos. Eso significa que BOA tiene un monopolio de hecho sobre los viajes de los empleados públicos. Ello llevará a que las empresas privadas abandonen las rutas que son servidas por dicha empresa estatal, al menos mientras las condiciones de competencia no sean iguales para todas. Debido a ello, la capacidad de transporte aéreo de pasajeros tenderá a disminuir en dichas rutas, lo cual significa una pérdida de recursos para la economía. El incentivo para BOA (monopolio sobre viajes de funcionarios públicos) es un desincentivo para las otras empresas. Un juego de suma cero, ya que lo que gana una, lo pierde la otra o el país.

Cemento. La empresa estatal FANCESA se ha quejado del hecho que SOBOCE ha incrementado los precios del cemento, con el argumento que se trata de poner en evidencia las limitadas capacidades de la empresa estatal para proveer cemento, ya que al encarecerse el cemento de SOBOCE, la demanda tendería a dirigirse a la estatal. Si comprendemos bien este argumento, SOBOCE no debería ser más eficiente, es decir, debería evitar trasladar los menores precios de sus productos al consumidor final, debido a que la empresa estatal no tendría la capacidad de incrementar su producción. Este es un buen incentivo para mantener estancada la eficiencia productiva, eliminar la competencia y fomentar las ganancias sin inversiones significativas, al menos mientras la empresa estatal no logre superar sus actuales niveles. Si con estos “incentivos” se pretende construir las capacidades del sector, entonces vamos muy mal encaminados.

Minería. Un país con un inmenso potencial minero, se halla viviendo básicamente de sus viejas inversiones y de las “colas y desmontes” del pasado, ya que hace tiempo ha dejado de invertir en el desarrollo de una estructura adecuada, simplemente porque se ha detenido la investigación de nuevos yacimientos, se han puesto múltiples obstáculos para nuevas inversiones privadas, se han elevado exageradamente los impuestos y los costos de desarrollo de nuevos parajes. Si bien los fabulosos precios internacionales actuales nos hacen perder de vista estos aspectos, pasado el boom minero nos chocaremos con las consecuencias de una política de cuño cortoplacista, incapaz de sostener volúmenes significativos de producción en los diversos rubros.

Podríamos seguir con los incentivos a la ropa usada, la piratería, el espectro radioeléctrico, tarifas en telecomunicaciones, etc. Al final del día, ¿qué encontramos? Un sinfín de incentivos aislados, formales o informales, que alientan la realización de diversas actividades, pero a un costo tan alto para la economía y la sociedad que espanta, ya que estamos aprovechando torpemente una coyuntura extraordinaria, pero sin sembrar de modo adecuado para el futuro.

La conclusión general es: los incentivos elegidos son inadecuados, ya que alientan algunas actividades a costa de desalentar otras y sin velar por la construcción de bases y condiciones aceptables para el futuro. Peor aún ocurre con la estructura de los incentivos, pues tienden a sumarse y acrecentarse sus consecuencias adversas para el país, atentando contra la competitividad, la eficiencia, la legalidad y el orden, apostando únicamente en favor de salidas y decisiones de corte inmediatista y promoviendo el estancamiento, es decir, vertiendo arena al engranaje de la economía.

Siguiendo la reflexión de North, en la medida en que una formación social tiende a alentar determinados comportamientos, los agentes económicos, es decir, nosotros mismos, en nuestra calidad de productores o consumidores, tendemos a comportarnos en el marco de dichas reglas. El resultado será que procuraremos ser el mejor pirata, el mejor “chutero”, el mejor depredador, pues a eso nos inducen las estructuras de incentivos operantes. Sorprendernos de nuestro propio comportamiento sería extraño, más aún cuando son nuestros propios estamentos gubernamentales, los que nos inducen a dichos comportamientos. Si no tomamos conciencia pronto de todo este tejido de equívocos, tendremos al final del día una factura sumamente abultada que pagar, lo cual sólo será posible con más pobreza y sufrimiento. Imaginarse otro camino, sería engañarse torpemente.