Carlos Rodrigo Zapata C. (*)
Las manifestaciones de parte de la oposición en el curso de la semana pasada sorprendieron al régimen masista que no se esperaba esa contundencia, mucho menos la composición de fuerzas que surgió, pues aglutinó a cívicos, plataformas y primordialmente a organizaciones de informales -en particular, gremiales y transportistas- en torno al rechazo al proyecto de Ley contra la Legitimización de Ganancias Ilícitas, cuyo tratamiento fue paralizado en la ALP, y luego en rechazo de la Ley de la Estrategia contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, la Ley 1386, que ya había sido promulgada en agosto pasado, la cual entretanto fue abrogada en los pasados días.
Pastora urbana - vendedora de golosinas y otros
¿Cuáles fueron los errores de cálculo de los operadores del masismo? Sin lugar a dudas, no haber previsto la reacción iracunda de los informales. Este es un tema que merece ser analizado adecuadamente porque toca profundamente no sólo la comprensión o incomprensión de nuestras estructuras, sino que además es un factor crucial de la gobernabilidad económica y política del país.
EL CERCO LEGAL A LOS OPOSITORES
Para comprender este desenlace es fundamental tener una explicación de las razones por las que el masismo cayó en semejante error. Todo indica que el régimen Arce está empeñado en tender un cerco legal a todo potencial opositor, de modo tal que el régimen en funciones tenga a mano todos los instrumentos necesarios para acallar esas voces por medios legales, pero recurrió a una táctica completamente errada que denota que no entiende el país.
El problema surge en el momento en que se quiere usar ese extraordinario instrumento llamado ley, que se supone es válido para todos los ciudadanos del país, independientemente de su situación o condición económica. Seguramente los funcionarios del régimen imaginaron que los informales, por la condición dominante de pobreza y precariedad en que vive la gran mayoría de ellos, no se darían por aludidos. No obstante, en la Estrategia se presenta una idea clara que la “informalidad permite a las organizaciones criminales y terroristas la posibilidad de abrir negocios y consumir con mayor facilidad sus ingresos procedentes del delito y subsistir permanentemente en el sector informal sin mayores riesgos de ser detectados”. Y agrega: “la informalidad genera numerosas oportunidades para que el delincuente pueda ingresar a la economía el producto del delito y puedan ser llevadas a cabo en forma anónima y sin dejar ningún tipo de registro que permita su detección por las autoridades”. Para rematar se expresa la preocupación por el hecho que “las políticas públicas implementadas contra la LGI/FT [Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo] están diseñadas para prevenir y detectar hechos vinculados a estos delitos a través del sector formal”, por lo que, si no se contempla “la problemática, causas y condiciones de la informalidad, podría desalentar la formalidad en sectores económicos pequeños que sí invierten dinero obtenido legalmente”.
Pese a tener esta idea básica clara, resulta que se aprueba una estrategia y promulga una Ley que no tienen un diagnóstico definido de esta situación y menos las acciones que correspondería llevar adelante. En el Plan de Acción de la Estrategia sólo se llega a decir que se debe “conformar una comisión para desarrollar un diagnóstico del sector informal que permita identificar la magnitud de actividades informales y su incidencia de los riesgos de LGI/FT en este sector”, lo cual muestra que no tenían ni idea de cómo reaccionaría el sector.
Pero ahí es donde empieza el problema y el desconocimiento de la realidad del país por parte del mismo régimen. Los informales están muy conscientes que viven a costa de violar las normas, por lo que se imaginaron que en cualquier momento podía caerles la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras, que ha sido percibida como la policía financiera con poderes omnímodos y con gran ansia persecutoria.
El uso de la “justicia” y las leyes se han convertido en los instrumentos preferidos del masismo porque permiten extraer lo mejor de todos los mundos que habita: por un lado, tener los instrumentos suficientes para perseguir a los opositores por cualquier razón y, por otro, mostrar que Bolivia sigue moviéndose en el marco de un Estado de derecho. Un escenario de este tipo permitiría perfeccionar los contornos de un régimen autocrático y autoritario de modo completamente legal y hasta con apariencia democrática, que ha abierto las compuertas a sectores sociales históricamente marginados de nuestro país, etc. Sena quina, la perfecta cuadratura del círculo.
Pero el tiro le salió por la culata, por la misma razón que en febrero del 2016 el régimen Morales tuvo el atrevimiento de convocar a un referendo, pensando que tenía a la población en el bolsillo, pero le fue como la mona, lo que lo llevó 3 años más tarde a desenmascararse, cuando recurrió al fraude electoral y a todas las medidas que aplicó para eternizarse en el poder. Con todo ello quedó claramente en evidencia que los referendos y la democracia le valen un comino al masismo.
Ahora el régimen Arce repite el mismo libreto, sólo que ahora se ocupa de montar un sistema de leyes que controle cualquier movimiento de los opositores. La condición para que ello funcione es que no exista un sistema de justicia que merezca ese nombre y que los ciudadanos no descubran a tiempo todas esas bombas legales que se están sembrando a su alrededor en la estructura jurídica del país. Por segunda vez observamos que las cuentas le salieron mal al masismo y que su juego quedó en evidencia, aunque, incapaces de reconocer y admitir todo lo que se descubre, prosiguen con su labor de tergiversar y encubrir lo que acontece porque ese es el último camuflaje que les queda.
Dicho sintéticamente, partimos de la hipótesis que el masismo ha extraído las peores lecciones relacionadas con noviembre del 2019, cuando el levantamiento popular a raíz del fraude electoral no le dejó otro camino a Morales y su régimen que dimitir y huir del país. Para evitar otra vez una experiencia semejante, están construyendo una serie de cercos legales en torno a los potenciales adversarios políticos a fin de poder sacárselos de encima con la premura y oportunidad que el caso aconseje, sin que ello despierte mayores dudas o sospechas de autoritarismo en el escenario internacional.
LA REACCIÓN DE LOS INFORMALES
Ahora sí analicemos brevemente, a qué se debió la reacción de los informales, cuando según la hipótesis señalada, los tiros no estaban dirigidos contra ellos. Al final veremos que las propias declaraciones de los funcionarios del régimen han puesto en evidencia que la implantación de estas leyes apunta a atacar a todo opositor potencial y que el régimen Arce se ha propuesto instalarlas en nuestra economía jurídica.
La reacción de los informales mostró varias cosas sumamente notables para comprender las estructuras realmente existentes en nuestro país y sus dinámicas de funcionamiento. Lo primero es que los informales se sienten ciudadanos del país, que pueden verse afectados por sus normas, aunque viven en buena medida de saltarse todas las normas existentes, y que van progresando, aunque muy lentamente, pese a ser los grandes olvidados del Estado. Lo segundo, es que no se sienten tan miserables como para no salir en defensa de su patrimonio, asunto que demuestra que tendrían las condiciones para formalizarse, pero que prefieren por conveniencia permanecer en la informalidad. Es decir, necesitan un Estado que los proteja y al mismo tiempo tolere sus métodos y encima los socape, un dilema que no ha podido resolver ninguna sociedad en el mundo.
Determinados sectores, en particular, gremiales, transportistas y chuteros (nos referimos aquí a quienes adquirieron los vehículos internados ilegalmente en el país) sintieron que la famosa ley en tratamiento en la ALP podía afectar sus intereses, por lo que dispusieron de inmediato medidas contundentes para oponerse a dicha ley.
La reacción de los informales se debió básicamente a dos preocupaciones: por un lado, a ser investigados por la UIF y, por otro, a que se desate una persecución contra esas “organizaciones criminales” que en muchos casos son las que les facilitan el sustento a los informales.
Uno podría decir que el pez muere por la boca o que, a confesión de parte, relevo de prueba, pues con esa conducta los informales estaban admitiendo que podría haber muchas razones para ponerlos en el centro de la mira de las instancias destinadas a perseguir la legitimación de ganancias ilícitas. Aquí es donde se complican y complejizan las cosas porque resulta que este temor es fundado y a la vez no lo es, o sólo en algunos casos lo es.
Por fin, ¿Cómo es esta cuestión? Para comprender la reacción de los informales debemos retrotraernos a sus orígenes, a las causas que los hicieron posibles. En el principio, en la década de los años 1960, convergieron dos fuerzas demográficas. Por un lado, el crecimiento vegetativo de la población que durante varios años superó el 2% anual. Por otro lado, los movimientos migratorios campo-ciudad que más que duplicaron esa tasa de crecimiento en las ciudades por espacio de unas 2 décadas, donde por ejemplo el crecimiento demográfico de El Alto llega a ser el más vertiginoso de la historia de América Latina. Al principio, los recién llegados a las ciudades solían encontrar empleo relativamente rápido, aunque siempre se trató de empleos precarios, temporales. Con el pasar del tiempo y el aumento y concentración de la población migrante en las ciudades, la situación de empleo se fue complicando. Si al principio había que esperar unas semanas, luego ya eran meses, lo que exigía organizar algún modo o sistema de subsistencia.
Estos modos temporales, provisionales y precarios de subsistencia en las urbes fueron dando lugar a muchas formas de “hacerse” a las ciudades, de inventarse formas de subsistencia desde la vivienda, hasta los servicios, el empleo, etc. Dos criterios forjaron ese modo de vida, trabajo y subsistencia informal. Por un lado, ocupar todo aquello que no estaba ocupado, en particular, la toma de predios no ocupados, y privatizar lo público, lo que incluye entre otros la “lotización” de calles y avenidas, las conexiones ilegales a la red eléctrica, etc. y, por otro lado, evadir o evitar toda clase de normas legales, tales como el pago de impuestos, la seguridad social, el seguro de salud, la ausencia de contratos de trabajo, la falta de consideración de normas ambientales, de seguridad industrial, etc. De este modo y de a poco, prolongando sus jornadas laborales, incluyendo a toda la familia en los emprendimientos acometidos y con largas luchas y movilización social, la nueva capa social de los informales fue surgiendo hasta consolidarse y convertirse hoy en día en parte del ambiente natural que observamos en calles y plazas de las urbes nacionales.
Las preguntas clave son, de dónde provenían y por qué no encontraban suficientes puestos de trabajo. Gran parte provenía del campo, de condiciones de vida y trabajo muy pobres y precarias y muy distintas a las habituales en los centros urbanos. Por lo general tenían un nivel de escolaridad extremadamente bajo, la mayoría no habían completado ni siquiera los estudios primarios. Al llegar a las ciudades se encontraron con un mundo en que los propietarios de los medios de producción generaban muy pocas y precarias oportunidades de empleo, tan pocas que hoy en día, pese a que las inmensas riquezas naturales del país fueron ampliamente repartidas y distribuidas, cerca del 80% de la fuerza laboral del país se halla adscrito al sector informal. Por ello, ya desde hace mucho, apostaron por la recuperación de sus tierras con la reforma agraria (de las que las comunidades indígenas fueron expulsadas), ya que nunca creyeron en el cuento de la proletarización del capitalismo, es decir, que los empresarios crearían puestos de trabajo para todos.
Al no contar con medios de producción y tampoco con una oferta de puestos de trabajo significativa, debían inventarse las formas más bizarras o extrañas de subsistencia. Pronto surgieron varios sectores que se convirtieron en fundamentales para la subsistencia en el sector informal. Por un lado, el comercio y, por otro, los servicios. Pero esos sectores no lograron absorber a la creciente masa de trabajadores que tampoco eran absorbidos por las empresas establecidas, de modo que debían abrirse a nuevos sectores de actividad, e incluso estar dispuestos a recibir toda clase de prebendas a cambio de apoyo político, fenómenos estos últimos que se han manifestado con mucho mayor fuerza en lo que va del presente siglo.
¿Qué sectores se convirtieron en los fundamentales para las actividades de los informales? Por delante, el contrabando, ya que los diferenciales de precios entre los precios de importación y de venta al detalle final, mucho más en épocas proteccionistas, hacían posible largas cadenas de intermediarios. Esos diferenciales se hicieron aún mayores desde que nuevas capas de comerciantes informales ya en este nuevo siglo empezaron a viajar a China a traer mercaderías, lo cual no significa que perdieran su condición de informales. Si algún sector debe ser llamado el sustentador del sector informal es el contrabando, pues abrió opciones de subsistencia insospechadas a un número creciente de la fuerza laboral informal. Pero todo eso tampoco fue suficiente, especialmente debido al hecho que Bolivia hoy es el país que tiene el mayor porcentaje de fuerza laboral informal en el mundo.
Se fueron agregando otros sectores, cada vez más especializados, como la piratería y la ropa usada, a los que luego se agregó la labor de los “chuteros” (aquí en sentido de contrabandistas de vehículos, usualmente usados). También la inclusión en actividades relacionadas con el narcotráfico incursionó fuertemente en el sector informal, menos en las labores directamente relacionadas con los eslabones de la cadena del narcotráfico, y más en la atención a las actividades que se derivan del lavado de los fondos que genera el narcotráfico. Íntimamente relacionado con ello, las actividades relacionadas con el extractivismo se expandieron y crecieron significativamente, especialmente en actividades tales como el lavado de oro, la extracción ilegal de maderas preciosas, la caza de especies en peligro de extinción y el control de tierras. Estos son los principales sectores de actividad que contribuyen significativamente al sostenimiento del sector informal.
Como se puede apreciar, este sector está íntimamente relacionado con actividades que de diversos modos violan normas en distintos sectores, lo cual muestra que es muy difícil que se puedan institucionalizar nuestras prácticas. La ley básica del sector informal es que no haya leyes, porque de otro modo se ven limitados en la consecución de sus posibilidades de subsistencia, que de a poco ya no sólo son de subsistencia, sino de micro acumulación y en algunos casos de macro acumulación.
No obstante, este cuadro debe ser relativizado en varios sentidos. Primero, hay un porcentaje significativo del sector informal que vive diariamente de su esfuerzo y su trabajo extremadamente sacrificado. Pienso en las vendedoras callejeras y ambulantes que pasan fácilmente 10 a 14 horas diarias para ganarse el sustento. Estas personas usualmente se acogen a un sinnúmero de tratamientos de excepción (especialmente en materia de impuestos y vialidad) que han proliferado como formas de acompañamiento al sector informal. Segundo, otro porcentaje se mueve en una zona intermedia entre el trabajo sacrificado y abnegado y la incursión en actividades de tipo claramente ilegal. Finalmente hay un pequeño porcentaje que vive completamente abocado a actividades ilegales y delincuenciales que por lo general recibe la mayor tajada en ese sector, pero resulta vital para la reproducción de las condiciones de vida y trabajo informales. Estos vienen a ser los “empresarios” reales y propietarios de medios de producción que generan oportunidades de sustento a los informales. Por esta senda, Bolivia está hundiéndose en un mar de obstáculos, distorsiones y problemas.
Como se puede apreciar, aquí se mezclan muchas cosas, desde el trabajado sacrificado hasta las mafias organizadas que proveen múltiples oportunidades de empleo en el sector informal. Este cuadro nos muestra que en su consciente y subconsciente el trabajador informal sabe que no tiene posibilidad alguna de exhibir cuentas claras en relación a los orígenes de sus ingresos y sus patrimonios. Repito, en muchos casos sus ingresos son producto de esfuerzo sacrificado, pero esa no es la única característica de los informales. Todo ello ha desatado inmensas susceptibilidades en el sector informal, al punto que pese a tener y mantener relaciones fluidas y de mutuo provecho con las administraciones gubernamentales, muy en especial con los regímenes masistas, se han sentido en esta ocasión francamente amenazados.
CONCLUSIONES
Diversos funcionarios han intentado bajar los ánimos de los informales y apaciguarlos, diciendo en todos los tonos y modalidades que el tiro no estaba dirigido contra ellos, que cómo los van a controlar, que saben que ganan su dinero con mucho trabajo sacrificado, etc. También han señalado que “hay que proceder de acuerdo a la normatividad vigente”, lo que significa que se trata de imponer un conjunto de leyes persecutorias y avasalladoras para luego decidir en qué casos se usa y contra quienes. El hecho es que no hubo forma de apaciguar los ánimos de los informales, a la vez que los funcionarios del régimen fueron revelando sus reales intenciones.
La conclusión es que el régimen Arce, pese a dar algunas señales de comprender la lógica de funcionamiento del sector informal, ha recurrido a las leyes que son de cumplimiento obligatorio para todos por igual, cuando en el país las diferencias y desigualdades en materia de posibilidades de cumplimiento de las leyes y de tratamiento que se brinda a los diversos sectores sociales, son abismalmente diferentes, así como la disposición de cumplirlas o someterse a ellas. En este marco, resulta notable destacar, por ejemplo, que aproximadamente el 2% de las empresas del país contribuyen con el 90% de los impuestos, que en 10 años aprox. se ha triplicado el parque automotriz (entre 2010 y 2020 el parque automotriz pasó de 600000 a cerca de 2 millones de vehículos) y que hay sectores que reciben ingentes recursos por las actividades que realizan, como los cocaleros, pero que no tributen, para mencionar sólo algunas de las incoherencias e inconsistencias que hacen prácticamente imposible vivir según la regla: un Estado, una ley, una autoridad, un cumplimiento.
Otra conclusión es que sin encarar la “formalización” del sector informal, -lo cual significa que tanto las actividades que desempeñan los informales como los sectores de actividad en los que se apoyan, deben respetar el marco legal establecido- no será posible establecer marcos institucionales sólidos, sin los cuales es poco imaginable una sociedad orientada de modo estable a su progreso y bienestar.
La reacción de los informales se ha debido a un fallo inmenso en el aparato destinado a montar un sistema de amedrentamiento en el país, pero ha ayudado a poner de manifiesto las estructuras profundas que presiden el acontecer del país, signado por una inmensa precariedad, falta de oportunidades y perspectivas del sector informal, el que por necesidad y conveniencia termina amparando y protegiendo a sectores que trafican con todo lo que es imaginable, desde drogas, vehículos y riquezas naturales, hasta personas, capitales y soberanía.
En este marco, es preciso destacar que el sector informal puede ser la vía de solución de los problemas de Bolivia o su perdición final. Existe una voluntad inmensa de trabajo abnegado y sacrificio como podemos ver en todos esos casos de mujeres y hombres que sacan a sus familias adelante y logran prosperar y ganarse nuevas oportunidades en la vida. Por ello mismo, es una gran desgracia que durante la época de mayor bonanza en la historia de Bolivia el régimen masista haya despilfarrado monumentalmente esos recursos (¡esto si es lo verdaderamente monumental!) y no haya invertido un peso en brindarles a los informales nuevas opciones y posibilidades de acceder a nuevos recursos, a formación, a bienes y servicios públicos y colectivos, en suma, a nuevos sectores de actividad, y los hayan dejado librados a su suerte, mientras se invertían miles de millones en proyectos faraónicos llave en mano que solo han contribuido a reforzar la dependencia de Bolivia de sus materias primas y de los caprichosos mercados internacionales.
El resultado final es que la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas ha quedado archivada, como si Bolivia se hallara muy próxima a la perfección en materia de transparencia en el manejo de sus flujos financieros. En realidad, es como si se hubiera declarado que Bolivia es un paraíso fiscal informal, abierto para el lavado de todos los dineros negros mal habidos en el mundo. Los informales la sacaron barato, todo gracias a que el régimen Arce buscaba con su “ley maldita” un resultado completamente ajeno a la lucha contra el tráfico de capitales negros.
Todo ello muestra que no es la mejor
forma de recomendarnos para construir un país serio, donde se respeta el Estado
de derecho, la transparencia y se labora diligentemente en la construcción de
nuevas oportunidades de vida dignas, legales y sostenibles para todos sus
habitantes.
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(*) Economista, especialista en
planificación territorial, catedrático de "Desarrollo del
Capitalismo" en la Carrera de Sociología (UMSA, 2017).
