Ante los hechos de
violencia que se han originado en el país a raíz del fraude electoral del 20 de
octubre, que han derivado en la renuncia y posterior abandono del país del Sr.
Evo Morales y tras el arribo de un gobierno de transición para la convocatoria
a nuevas elecciones, los abajo firmantes expresamos:
1. Nuestra preocupación por el creciente clima de violencia que se abre paso desnaturalizando el ejercicio legítimo de la protesta ciudadana. Los recientes hechos de protestas que: hacen llamado a la guerra civil, que dejan a su paso vandalismo o ataques dirigidos a ciudadanos que consideran adversarios políticos, las amenazas y presiones sobre comunidades, barrios y ciudadanía para participar en protestas con tenor violento y la cada vez más generalizada participación de grupos preparados para desplegar acción letal dentro de las protestas y movilizaciones, caracterizan el escenario de estos últimos días. Este tipo de protesta no puede interpretarse como hechos aislados de las declaraciones que desde su asilo político el Sr. Evo Morales hace cada día; declaraciones que, además de exceder los derechos que le otorga su calidad de asilado, alientan un clima de reproducción de la violencia al interior del país.
2. Las acciones violentas como ataques, quema de instituciones, domicilios particulares, hostigamiento/agresión a referentes en disputa y contra la población civil y puestos policiales, o el sabotaje económico enfilado a desabastecer a la población de alimentos, agua y energía entre otros, no forman parte de acciones regulares de protesta ciudadana. Estos ataques parecen ser el accionar de grupos violentos y/o grupos armados irregulares que han estado operando hasta ahora silenciosamente en el país y que hoy despliegan su capacidad de fuego para aumentar la polarización y velar por sus intereses sectoriales.
3. El gobierno de transición necesita emprender un firme y rápido camino hacia la pacificación social, a pesar de las dificultades que pueda generar un contexto heredado de desinstitucionalización del Estado. Sin embargo, nos preocupa sobremanera que las acciones desde el gobierno transitorio para controlar el clima de violencia derivan, por lo menos en algunos casos, en uso desproporcionado de la fuerza.
4. Rechazamos la reciente promulgación del Decreto supremo 4078 que faculta a las Fuerzas Armadas y Policiales a la utilización de todos los medios disponibles para mantener la seguridad y las exime de responsabilidad penal por ese uso. Recordamos al gobierno transitorio que es su obligación garantizar que todas las medidas de restablecimiento del orden sean compatibles con los derechos humanos. Advertimos que: no garantizar desde el Estado la seguridad de la ciudadanía, aislando a los violentos y sin el uso desproporcionado de la fuerza, abre un escenario de violación de los derechos humanos, particularmente del derecho a la vida que además de inadmisible, crea un clima de confusión, incertidumbre e indefensión para la población y nos aleja del objetivo de defensa de la democracia que ha convocado a la lucha ciudadana de estos días.
5. Nos inquieta la incapacidad mostrada desde órganos oficiales de defensa de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo para asumir un rol de mayor incidencia, con acciones oportunas para elaborar información de mayor calidad sobre las víctimas mortales y heridos desde el inicio de los conflictos; un rol más activo y de legitimidad entre la ciudadanía para propiciar un acercamiento entre las partes y abrir un posible escenario de diálogo social.
6. Con preocupación vemos que instituciones tradicionalmente vinculadas a la defensa de derechos humanos y otros Defensores de Derechos estamos rebasados por el clima de actual desnaturalización de la protesta, por la irrupción en el escenario del accionar de grupos que atacan con capacidad letal y armada y por la opción gubernamental de utilizar la represión a discreción para garantizar la estabilidad social. Tememos que esta situación siga en aumento dejándonos al final solo con capacidad de recontar muertos y heridos.
7. Estamos seguros de la convicción profundamente pacífica de la lucha de los bolivianos y las bolivianas y tenemos la certeza que esa convicción debe y puede ser fortalecida. La investigación profunda, imparcial, seria y transparente de los hechos de violencia acontecidos, de las muertes generadas y el castigo a los culpables de instigar y ocasionar la violencia en el país, es piedra fundamental para fortalecer la convicción y vocación ciudadana por la paz y la justicia.
8. Sumándonos a diversas otras voces que desde la sociedad civil están emitiendo pronunciamientos públicos, reafirmamos que es necesario garantizar a toda costa la pacificación social y la pronta convocatoria a nuevas elecciones transparentes y legítimas. Creemos que esos grandes objetivos se verán amenazados por la actual situación si no logramos rápidamente construir un contexto de verdadera paz social. Por ello pensamos que se vuelve necesario contar con el apoyo de organismos especializados que contribuyan a superar este momento de inflexión en la vida democrática del país. Solicitamos a las autoridades pertinentes invocar una comisión de seguimiento y observadores de DDHH con la participación de la CIDH, la ONU y otros organismos internacionales de reconocida credibilidad y profesionalidad, que acompañen el proceso de pacificación social que buscamos y necesitamos todos los bolivianos.
Bolivia, 18 de noviembre, 2019
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En relación al M A N I F I E S T O P Ú B L I C O emitido por un conjunto
de destacados “Defensores de Derechos Humanos ante la situación crítica en Bolivia”
¿QUÉ ES LA DEFENSA DE LOS DDHH EN UN CLIMA DE
ATAQUE A LA NACIÓN BOLIVIANA POR PARTE DE PODERES EXTERNOS VINCULADOS A PODERES
DELINCUENCIALES?
De
modo general considero que debemos ser muy prolijos a la hora de emitir
comunicados y manifiestos, pues Bolivia se está jugando en estas horas todo su
futuro. Comparto unas reflexiones que espero puedan ser útiles para responder a
la pregunta aquí planteada.
◊ Considero que está bien convocar a todos
los organismos relacionados con la protección de los DDHH a que cumplan su
labor a cabalidad. En ese marco, también
debería convocárselos a que ejerzan su compromiso con absoluta ecuanimidad. Ello
exige actuar en el marco más general en que planteamos estas reflexiones (ver
pregunta del título). No solo están en peligro las vidas de individuo, sino de
la misma nación. Este extremo seguramente debe conducir a una valoración mucho
más amplia.
◊ La expresión “grupos irregulares” usada en
el manifiesto es demasiado general y ambigua. Habría que llamar a las cosas más
directamente por su nombre: se trata de grupos armados delincuenciales
vinculados al poder del narcotráfico y secundados por los países del malhadado
socialismo del Siglo XXI. Están tratando de recuperar una de sus posadas, con
la clara y manifiesta intención de no permitir que ninguna de sus conquistas les
sea arrebata. Más claro, agua.
◊ Cuestionar el DS 4078 resulta un extremo
ante el tipo y grado de ataque que sufre la nación boliviana. Otro extremo
radica en poner en pie de igualdad las facultades que otorga el referido
decreto con el uso necesariamente inadecuado de ellas (“exime de
responsabilidad penal” a las Fuerzas Armadas y Policiales y “por la opción
gubernamental de utilizar la represión a discreción”). No existe ninguna
consideración de aspectos tales como la ética y el profesionalismo con que
desempeñan sus labores los miembros de las fuerzas uniformadas y tampoco se
considera el hecho que dichas fuerzas también son producto de este mismo
pueblo.
◊ También es indispensable cuestionar el
espíritu democrático del MAS, sobre lo que no se dice nada. Exigir a sus militantes
y adherentes que marquen claras distancias con relación a la violencia, la usurpación
de derechos y libertades y su claro y definitivo compromiso con la democracia y
el estado de derecho es indispensable en todo foro o comunicación. No es aceptable
ni imaginable que un partido que no se alinea claramente en esta matriz de
valores indispensables para la convivencia pacífica de los bolivianos pueda
participar en elecciones y pretenda seguir dirimiendo los destinos de la nación.
Tan o más importante que llamar la atención a los defensores de DDHH es interpelar
a la parte recuperable del MAS para la democracia boliviana como una fuerza capaz
de ayudarnos a todos a tener siempre presente las demandas y requerimientos de los
sectores sociales que mejor representa ese frente político.
◊ Tener la “convicción profundamente
pacífica de la lucha de los bolivianos y las bolivianas”, y al mismo tiempo
declararse “rebasados por el clima de actual desnaturalización de la protesta”
es un dilema muy grande que no debería existir entre defensores de DDHH. Por
ello es urgente e indispensable reflexionar profundamente y a la brevedad para
aclarar si es suficiente la defensa de los DDHH centrada en la vida y la
integridad de las personas o si adicionalmente no es indispensable considerar
los DDHH de toda una nación.
◊ Estas precisiones tienen el propósito de poner
de relieve aspectos y rasgos críticos del escenario que tenemos en el país. Al
haberse identificado el peligro que representa esta mezcla fatal de narcotráfico
y socialismo del Siglo XXI, obliga a todos –autoridades, defensores de DDHH,
analistas, etc.- a actualizarse con suma urgencia y repensar las formas en que
debe encararse esta hora fatal para toda la bolivianidad, también en materia de
DDHH.
Toda
vida y cada vida son sagradas, pero también lo es la vida de toda una nación.
Carlos
Rodrigo Zapata C.
Economista
E-mail:
carlosrodrigozapata@gmail.com
