PETRO, LA MEJOR NOTICIA DEL MILENIO

Carlos Rodrigo Zapata C. (*)

Gustavo Petro y Francia Márquez

Gustavo Francisco Petro Urrego ha sido elegido presidente de Colombia por el periodo 2022 – 2026. Podría haber pasado como una noticia más, pero se constituye en la mayor novedad del milenio en América Latina, no sólo porque se trata del primer candidato de izquierda en Colombia que es elegido presidente y llega vivo hasta estas alturas, sino también porque son noticias de extraordinaria significación para toda la región. Veamos brevemente la carrera política de Petro, los mayores desafíos que deberá enfrentar y su programa de gobierno. De todo ello se irá desprendiendo la trascendencia de su triunfo para la región.  

Petro, de guerrillero a presidente electo

A los 18 años de edad Petro ya se enroló en la guerrilla del M-19. Por la información disponible, nunca entró en combate y estuvo entre quienes animaron conversaciones de paz ya en los años 80. Como consecuencia de ello, el M-19 dejó las armas y se sumó a la vida social y política de Colombia. Se puede decir que les fue bien, ya que otros partidos que siguieron esa misma senda fueron inmisericordemente diezmados luego que firmaron la paz y entregaron las armas, como fue el caso de la Unión Patriótica. Poco después, Petro apoyó activamente la redacción de la nueva constitución colombiana, promulgada en 1991. Desde entonces, Petro siempre ha señalado a la nueva constitución como el verdadero plan de paz, ya que para él la paz son los derechos y los derechos son la Constitución.

Petro es economista con estudios en su patria, Bélgica y España. Ha desarrollado un perfil amplio, muy abierto a todas las cuestiones sociales y al medio ambiente. En efecto, uno de los pilares de su programa radica en la descarbonización de la economía, en alejarse a la brevedad de los combustibles fósiles y sustituirlos por energías limpias y renovables.

Los desafíos: Colombia una sociedad profundamente escindida

La fórmula ganadora ya constituye todo un programa de cambio y renovación para la sociedad colombiana, al incluir en ella a Francia Márquez, una mujer de origen afrocolombiana, profundamente involucrada en la defensa de los derechos de la población. Otra sorpresa enorme en el triunfo de Petro ha sido la cantidad de votos que logró, 11,3 millones, frente a su contendor final, Hernández, que logró 10,5 millones de votos. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Que logró la mayor cantidad de votos que nunca antes algún candidato había alcanzado, que en la segunda vuelta hubo una votación aún mayor que en la primera vuelta y que la cuota que le dio el triunfo se debió a electores que usualmente no votaban y provienen de la periferia de Colombia, es decir, de los departamentos que rodean el centro colombiano compuesto por sus principales ciudades, Bogotá, Cali y Medellín. Se puede decir que millones de electores literalmente se descolgaron desde la periferia para respaldar a Petro que había puesto la esperanza en el centro de su campaña y su compromiso.

Esta promesa pegó muy fuerte en amplios sectores de la sociedad colombiana hastiada de violencia, confrontaciones, matanzas y falta de oportunidades de todo tipo para las grandes mayorías. Por cierto, las leyendas no se fabrican en un gabinete, tampoco son obra sólo de la astucia o del momento. Detrás había un largo trabajo, un compromiso y una lucha de décadas de Petro que fueron catapultando su nombre y su labor al centro del escenario colombiano. Son ya celebres sus denuncias de la corrupción y su labor para poner en evidencia la “parapolítica”, es decir, las actividades de fuerzas irregulares y poderes paramilitares que perpetraron horrendos crímenes. También denunció el caso de los así llamados “falsos positivos”, jóvenes cruelmente asesinados y presentados por el ejército como guerrilleros caídos en combate.

Hoy Colombia intenta consolidar el proceso de paz llevado adelante la década pasada, proceso que ha permitido la desmovilización de las principales fuerzas insurgentes, especialmente las FARC, aunque aún hoy existen diversas facciones que no han aceptado los términos del proceso de paz y siguen en armas. Lo mismo ocurre con el ELN y otras fuerzas menores. No obstante, el mayor peligro actual viene de las fuerzas paramilitares que se han sumado a los carteles de narcotráfico y se ocupan de evitar el retorno de millones de desplazados del campo colombiano a sus terruños, a fin de proteger los intereses de poderes oligárquicos quasi feudales y del narcotráfico. La paz es un proceso que ha avanzado significativamente, al punto que podríamos decir que uno de sus primeros réditos consiste precisamente en la elección de Petro, quien, pese a su pasado guerrillero, ha logrado ganado la confianza de la mayoría de la sociedad colombiana. 

Al presente Colombia atraviesa una situación económica marcada por altas tasas de crecimiento y excedente comercial, pero con pronunciadas tendencias inflacionistas, caída del valor del peso colombiano y un aparato productivo centrado en el extractivismo, en particular, carbón e hidrocarburos, así como otros productos como el café, y también en el narcotráfico que ha crecido a niveles escabrosos. Actualmente Colombia tiene más de 200.000 ha de coca con rendimientos que llegan a ser en algunas regiones 6 veces mayores que los oficialmente registrados en Bolivia. La clase dominante colombiana no ha incursionado en la sostenibilidad ambiental y concentra muchos recursos que no son utilizados, como es el caso de la tierra, donde se estima que más de 15 millones de ha. de alta fertilidad no son utilizadas y sólo sirven como activos de respaldo a terratenientes y narcotraficantes. Estas tierras se hallan en la mira de Petro y su movimiento, como veremos a continuación.

El programa de Petro, una revolución en nuestras latitudes

A fin de sintetizar el enfoque de Petro podemos decir que su programa se halla en las antípodas de los programas que han aplicado los regímenes del llamado “socialismo del siglo XXI” que se han instalado en nuestra América en las últimas dos décadas.

Petro propone una reforma de la tenencia de la tierra en base a su uso o aprovechamiento sostenible. Eso no significa que busque estatizar la tierra, sino que planteará un esquema basado en la compra de la tierra. Para animar a usar la tierra a sus actuales propietarios, Petro establecerá impuestos significativos sobre la tierra que no sea utilizada. Eso significa que los propietarios se verán en la disyuntiva de utilizar la tierra, pagar dichos impuestos o venderla. Dado que muchos no tendrán ninguna intención de utilizarla y menos de pagar impuestos, les quedará la alternativa de venderla. El gobierno colombiano la comprará con fondos provenientes de bonos emitidos por el Estado de modo que parte o gran parte de los recursos que requiera para esa operación provendrán de inversionistas interesados en adquirir dichos bonos. La siguiente etapa consistirá en distribuir esas tierras, de modo que se pueda aprovechar todo el potencial con el que actualmente cuenta Colombia.

Petro, Francia y David Racero (Presidente de la Cámara de Representantes)

Los programas sociales que propone Petro apuntan a crear oportunidades para todos con un gran énfasis en jóvenes, mujeres y la población rural, centrados en el fortalecimiento de la capacidad interna de abastecimientos, en la economía del conocimiento y en empoderar a las mujeres. La educación, la salud, la superación de la informalidad también se hallan en su propuesta de transformación.

Por los primeros nombres de ministros de su gabinete dados a conocer, todo indica que busca una alianza social, política y regional de amplio espectro, recurriendo a figuras descollantes del ambiente colombiano. El caso de la ministra designada para agricultura, López, es paradigmático, ya que se trata de una profesional altamente competente, ex ministra de agricultura, que proviene de las filas del liberalismo y estará a cargo de la reforma agraria que propicia Petro. En otros regímenes “progresistas” una decisión de tan hondo calado sería impensable.

Dado el corto periodo de gobierno y la imposibilidad de reelección, Petro apunta a establecer un gobierno de transición, lo cual significa poner a toda la sociedad colombiana sobre los rieles de la transición rumbo a la paz plena o más completa, los derechos ciudadanos, la sostenibilidad ambiental, la igualdad, el desmontaje de los grupos violentos, la lucha frontal contra el narcotráfico, el cambio de la matriz productiva. Su gobierno se ocupará de sentar las bases para poner en marcha dicho proceso de transición, que sus sucesores deberán empeñarse en continuarlo y perfeccionarlo, y esta es otra razón poderosa para forjar una gran alianza nacional con todas las fuerzas sociales. En Bolivia y en muchos otros países deberían tomar en cuenta este enfoque seriamente.

Otros acentos que ha marcado Petro tienen que ver con el respeto a la democracia, los derechos y libertades. Incluso, para quienes tratan de verlo como un ex guerrillero afín a los regímenes “progresistas” que han surgido en la región, ha sostenido el día de su triunfo que él se ocupará de desarrollar el capitalismo, dejando claramente sentado que la sociedad colombiana está muy rezagada y que existen muchas tareas de modernización que el capitalismo puede asumir con ventaja.

Como se puede apreciar, Petro representa una izquierda de otro cuño, respetuoso de derechos y libertades, pero también muy consciente que la distribución tiene que venir de la mano de la producción, de la creación de valor, del aprovechamiento sostenible de los recursos, discurso diametralmente opuesto a los esquemas fallidos del “progresismo” latinoamericano, centrados en el extractivismo a mansalva.

En una entrevista ya como presidente electo, Petro ha señalado su intención de trabajar con Mariana Mazzucato, economista italo-norteamericana que se ha destacado en la última década por su enfoque centrado la “economía de las misiones”, pilotada por el Estado como encargado de generar, en alianza con el sector privado, una diversidad de innovaciones que ayudarán a transformar profundamente la base económica y tecnológica de la sociedad colombiana.

El punto débil de su esquema es su falta de una mayoría parlamentaria. Su propuesta de desarrollar un gran acuerdo nacional apunta a ello, a lograr una mayoría capaz de poner en marcha la transición a una economía sostenible. Es de desear que sea una oposición que sólo tenga en mente los intereses del conjunto de la sociedad colombiana y no intereses ajenos al futuro del país.

En suma, Petro es la mejor síntesis posible de superación de las graves contradicciones y conflictos que dominan la sociedad colombiana, ya que ha sido capaz de formular una profunda crítica y cuestionamiento a la sociedad y, al mismo tiempo, ha logrado pergeñar un modelo que se halle a tono no sólo con los desafíos de la sociedad colombiana que son muchos y muy grandes, sino también con los desafíos que enfrenta el mundo.

Lo único que podemos desear es que a Colombia y a Petro les vaya bien y que se convierta dicha experiencia en el faro que ilumine toda la región, urgida como nunca de respuestas claras y coherentes que no se escuden en falsos logros y triunfos.

(*) Economista, catedrático de “Desarrollo del Capitalismo”.

PROBLEMAS ESTRUCTURALES. ¿QUÉ SON? ¿CUÁL ES SU IMPORTANCIA? ¿POR QUÉ VIVIMOS ACOSADOS POR ELLOS?

Carlos Rodrigo Zapata C.

A fin de caracterizar fácilmente este fenómeno, podemos decir que los problemas estructurales son aquellos que impiden la aplicación de soluciones simples y aisladas, debido a que dichas soluciones usualmente desencadenan múltiples problemas en otros ámbitos. Por ello, la solución de los problemas estructurales debe ser integral a fin de atender las múltiples dimensiones que lo caracterizan.

Esto se debe a que la estructura es producto de una serie de interrelaciones y concatenaciones fijas que se establecen a través del tiempo entre diferentes elementos o componentes de un sistema. Dichas interrelaciones pueden ser intencionadas, en el sentido que se ha buscado crear o generar dichas concatenaciones, o espontáneas, generadas por las fuerzas que han sido liberadas en un sistema.

Un ejemplo gráfico de la conformación de problemas estructurales podemos verlo en el caso de los riesgos y desastres. La falta de políticas de prevención de riesgos en los procesos de crecimiento y desarrollo lleva a la acumulación de riesgos, los cuales pueden desembocar en desastres de diversa magnitud, debido a que los riesgos no manejados oportunamente se expresan o ponen de manifiesto por la vía de los desastres. De ahí que los especialistas en riesgos, cuando se refieren a desastres, hablan de la súbita actualización de una cadena de yerros e insuficiencias social e institucionalmente construidos a través del tiempo. Esa cadena de yerros e insuficiencias son justamente los riesgos que se han ido acumulando. La falla estructural radica, por ejemplo, en levantar una serie de edificaciones, sin tener en cuenta los riesgos (sísmicos, hídricos, movimientos de masa) a los que las mismas están expuestas, y no haber establecido una política de prevención de riesgos.

La forma más usual de abordar los problemas en nuestra sociedad consiste en identificar algún problema y plantear soluciones puntuales para resolverlo, sin advertir ni reconocer su dimensión estructural, como si se tratara de un problema aislado que puede enfrentarse y resolverse igualmente de modo aislado. De ese modo, podría dar la impresión de que el país cuenta con diversas soluciones posibles, sólo que no hay quién les preste atención ni las aplique.

Este modo de ver las cosas nos lleva a desconocer el grado de dificultad que puede traer consigo la solución de múltiples problemas, mucho más cuando se cuenta con diagnósticos insuficientes que usualmente sólo ven la superficie de los problemas y no sus causas o raíces ni las estructuras en las que se encuentran insertos, apresados o secuestrados. Como veremos, muchos problemas en nuestra sociedad se hallan literalmente secuestrados por otros problemas, cada uno de ellos de igual o mayor envergadura, al extremo que las soluciones superficiales, en lugar de resolver los problemas existentes de modo estable y sostenible, tienden a generar otros problemas de carácter estructural, haciendo cada vez más difícil resolver los viejos problemas estructurales que son los que originaron los nuevos problemas estructurales. De este modo se van conformando capas sucesivas de problemas estructurales, una situación muy difícil de resolver

Para analizar más a fondo el tema de los problemas estructurales, me referiré a la propuesta reciente de CAINCO que propone eliminar aranceles aduaneros a fin de evitar el contrabando, ya que lo uno estaría directamente relacionado con lo otro.

¿Qué significa ello? Que entre aranceles y contrabando habría una relación única que se destruye en el momento en que se eliminan los aranceles. Dicho de modo simple: chau aranceles, chau contrabando, asunto resuelto. En la propuesta se señalan algunos efectos adversos sobre la economía, en particular la imposibilidad de competir con los productos extranjeros que ingresan de contrabando. [Ver la propuesta de CAINCO en: https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/los-empresarios-plantean-eliminar-aranceles-para-evitar-contrabando_284881]

Este es un ejemplo de fondo de lo señalado preliminarmente: no es posible plantear soluciones de verdad con malos diagnósticos porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. Lo que podemos aseverar es que el contrabando es un problema estructural y no un simple problema que se puede resolver con una simple solución. Para comprender este alcance, veamos cuáles son las principales funciones que cumple el contrabando en nuestra economía y sociedad.

Lo primero es comprender que el comercio y los servicios, desde que empezó a surgir el sector informal, allá por los años cincuenta del pasado siglo, se constituyeron en los sectores de actividad que más y mejor ayudaron al sector informal a construir diversos modos de subsistencia, precarios, pero capaces de asegurar el pan de cada día. De modo que estos sectores se hallan en la medula espinal del sector informal. En el curso del tiempo, esa variante del comercio llamada contrabando, pasó a convertirse en la estrella de dicho sector, simplemente porque se constituyó en la fuente primordial de la creación de autoempleos y mini emprendimientos usualmente de corte familiar que ayudaban a cubrir las necesidades mínimas.

Esta situación no ha cambiado en absoluto desde sus orígenes, sino que más bien se ha ido acentuando y perfeccionando, al punto que hoy en día sabemos que existen diversos gremios informales estrechamente vinculados con el contrabando. Los contrabandistas de chutos, ropa usada, productos pirateados, línea blanca, etc., se han especializado en todos los sentidos de la palabra, ya ni hablar del contrabando de salida que responde a otras lógicas. Han encontrado rutas, contactos, formas de sobornar y chantajear y tampoco han vacilado ante la necesidad de declarar zonas libres (las llamadas "zonas rojas") a diversas áreas fronterizas o recurrir a las armas para defender sus mercancías de contrabando e inclusive para acribillar a policías. Diríamos que los contrabandistas son quienes abastecen a los trabajadores informales bolivianos y al conjunto de la sociedad, de productos de todo tipo internados ilegalmente cada año.

Justamente detrás de ellos hay millones de trabajadores ligados al sector informal que viven esencialmente del contrabando. Hoy en día se estima que el sector informal absorbe en Bolivia al 83% de la fuerza laboral (en India es 90%, en Europa ronda el 15%), eso significa aprox. 6 millones de trabajadores, muchos de los cuales se hallan íntimamente relacionados con los dos sectores madre del sector informal, servicios y comercio, cerca de 4 millones de trabajadores, que tienen que vivir inventándose fuentes de subsistencia, ante la total incapacidad de los propietarios de los medios de producción de crear los suficientes puestos de trabajo que hagan innecesario todo este sistema involuntario de auto boicot a todos nuestros modos de ordenamiento, instituciones y estructuras.

Un dato impactante. Hasta el presente se han registrado 151.000 empresas de todo tamaño dedicadas al rubro automotor, lo cual incluye todo tipo de negocio relacionado con este sector, desde compra y venta de automotores, hasta talleres, comercializadoras de autopartes, lavado, repuestos e incluso transporte. El parque automotriz que pasó de 0,5 a 2,3 millones de unidades en un lapso de 15 años es completamente dependiente de las importaciones y el contrabando, por lo que se ha convertido en el principal sector generador de empleo del país, radicado esencialmente en el sector informal. Las empresas del sector automotor representan al 42% de las 355.335 empresas registradas en todos los rubros a nivel nacional [Cuadros de FUNDEMPRESA, marzo 2022].

¿Cuáles serían las consecuencias de aplicar la medida sugerida por CAINCO?

Los trabajadores relacionados con el sector informal que dependen umbilicalmente del contrabando perderían una inmensa cantidad de oportunidades de empleo y de generación de ingresos, situación que no podría ser tolerada por este sector.

En pocas palabras, eliminar los aranceles significaría una declaratoria de guerra a los millones de informales, ya que ellos viven en gran parte del contrabando. En este punto es crucial comprender la lógica de funcionamiento que opera en el sector. Para los informales no se trata únicamente de burlar los aranceles, sino que para ellos es vital la coexistencia de las importaciones legales al lado del contrabando. ¿Por qué? Simplemente porque esa coexistencia les permite maximizar el diferencial de precios entre los precios de los importadores legales (que se supone pagan aranceles) y los contrabandistas (que obviamente no pagan aranceles). Sin dicho diferencial, no tienen oportunidades de competir con las empresas que se abastecen de dichos productos importados. Las diferencias de productividad entre informales y sectores formales son demasiado grandes como para que tengan la oportunidad de competir y por tanto de subsistir en un medio que ya está abarrotado por miles de pequeñas empresas en cada rubro que han logrado instalarse en el país.

Lo que buscan los informales es reducir los desniveles en capacidad competitiva, para lo que se valen de una serie de medios o estrategias para lograr su propósito. Una de ellas es el contrabando, la otra es la misma importación legal, para maximizar el diferencial de precios, ya señalado. No sólo eso, sino que, en la tarea de hacerse más competitivos, los informales emplean grandes dosis de ‘esfuerzos productivos adicionales’ (EPAs), lo que significa aplicar trabajo familiar no remunerado que contribuye a maximizar los ingresos totales y a reducir los costos de producción y los precios. En este marco, la baja inflación en Bolivia también está intrínsecamente ligada con la auto explotación familiar del sector informal más grande de la región.

Al lado de estas estrategias para reducir los desniveles de competitividad existen otras relacionadas con todas las características intrínsecas del sector informal, tales como no pago de impuestos (o reducidos, sujetos a regímenes especiales), no cumplimiento de leyes laborales, inexistencia de aguinaldo, seguro de salud o seguro de vejez. También aparecen todas las formas de relacionarse con el poder político para acceder a perdonazos, prebendas, excepciones, etc., siempre a cambio de apoyo político. Como si fuera poco, el sector informal además está abierto a todos los recursos que ingresan al país por la vía del lavado de capitales negros, es decir, de origen no legal o no registrado, muchos de ellos relacionados con el extractivismo depredador y el narcotráfico. Todos estos son recursos de los que se valen los informales para superar los desniveles de productividad y competitividad existentes y lograr mejorar sus ingresos y sus oportunidades de empleo. De este modo el país ha fabricado dos almas: la que busca incrementar la productividad y la eficiencia y la que ve formas de hacerle el quite a estas exigencias para subsistir. Por supuesto que hay unos pocos que hacen grandes fortunas con todo ello.

Muchas de las distorsiones que ocurren en los esfuerzos por construir un ordenamiento jurídico, social e institucional adecuados, no sucederían si los propietarios de los medios de producción se hubieran ocupado de generar valor y crear suficientes puestos de trabajo y no se dedicaran al extractivismo, el rentismo y la explotación a mansalva de los bienes naturales. La incapacidad de crear puestos de trabajo ha generado a su vez este otro problema estructural de dimensiones colosales (el sector informal), ya que involucra a muchos ámbitos, sectores e intereses de nuestra economía y sociedad.

Como se puede observar, todo este cúmulo de medios y estrategias de los que se vale el sector informal se basa en dos aspectos centrales: depende en gran medida del contrabando y hace prácticamente imposible o inviable todo atisbo de construcción de una institucionalidad capaz de ordenar la economía.

Pensar que eliminando el contrabando se podrían ordenar muchos aspectos de la vida nacional, es un grave error, pues lo único que se lograría es que todos los riesgos que meticulosamente hemos fabricado y sembrado a través de décadas revienten en una gran insurrección popular motivada por la angustia y la desesperación.

En conclusión. La economía boliviana está sitiada por incontables problemas estructurales de hondo calado y largo pasado que impiden la aplicación de soluciones descontextualizadas, que no tomen en cuenta la integralidad de la problemática. Sin comprender profundamente los problemas estructurales no tenemos salida de ningún tipo.

Lastimosamente las teorías y doctrinas que circulan en nuestro medio han sido concebidas para sociedades que han procurado ajustarse al ‘acuerdo tácito fundamental’ que debe primar en toda sociedad que busque la convivencia pacífica y procure generarse un futuro promisorio. Dicho acuerdo señala que los propietarios de los medios de producción, al mismo tiempo que gozan del privilegio de poseer e incluso de concentrar dichos medios en pocas manos y de administrarlos, tienen el deber de generar los suficientes puestos de trabajo para toda la población trabajadora, y no sólo eso, sino usar y aprovechar dichos recursos de modo sostenible.

Ese pacto nunca se tomó en cuenta en Bolivia y hasta se cree que una minoría tiene el privilegio natural de disponer de los recursos a su antojo, sin tener ningún deber ni obligación de usarlos de modo responsable y sostenible.

Dado que los informales están lejos de ser propietarios de los medios de producción, lo cual vale para la gran mayoría, no tienen otro medio que inventarse toda clase de fuentes y formas de subsistencia, lo que impide poner orden en los procesos económicos, legales, ambientales, sociales y políticos, todo lo cual trastoca todo principio de convivencia y deja las puertas abiertas de par en par para el surgimiento y profundización de toda suerte de problemas estructurales que asolan la vida colectiva de nuestro país.

La idea de CAINCO de liquidar el contrabando por la vía de la eliminación de los aranceles no sólo peca de una gran estrechez de miras, sino que muestra un gran desconocimiento de la realidad del país. Si por ahí a este gobierno u otro se le antojara seguir estas recetas ultra neoliberales se desataría una gran conmoción social, pues se estaría afectando los precarios fundamentos que millones de informales se han inventado a lo largo de décadas luego de haber sido abandonados a su suerte, sin incursionar en la solución de la causa de fondo que ha originado todo este desmadre, o sea, la incapacidad de los propietarios de los medios de producción de generar puestos de trabajo.

Por todo lo señalado, recomiendo empezar a descubrir cuáles son los problemas estructurales que nos tienen acosados como para empezar a comprender el tamaño de desbarajuste en el que nos hallamos y las soluciones integrales que debemos construir.