SIMILITUDES Y DIFERENCIAS
Carlos Rodrigo Zapata Cusicanqui
Dadas las estrechas relaciones existentes entre los
mandatarios bolivianos y miembros de la plana mayor de PODEMOS en España, así
como la realización de una diversidad de tareas de asesoramiento en América
Latina por parte de miembros de dicha plana mayor, no resulta sorprendente que
este nuevo partido político español haya incluido en el programa de gobierno
que está proponiendo a sus electores, la elección directa de autoridades en el
Poder Judicial mediante el voto ciudadano.Por la calamitosa experiencia tenida en Bolivia en las elecciones directas de 56 magistrados (entre titulares y suplentes) del Poder Judicial (concretamente, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional Plurinacional, así como de los consejeros del Consejo de la Magistratura), resulta sin duda sorprendente que los amigos españoles se decidan ir por la misma dirección, aunque por lo que podremos apreciar, no necesariamente por la misma senda.
Veamos rápidamente la propuesta de PODEMOS a sus electores, luego nos detendremos brevemente en las similitudes y diferencias entre la experiencia boliviana y la propuesta española, y finalmente veamos qué es lo que podemos aprender de todo ello.
La propuesta de PODEMOS
La medida 253 del programa de PODEMOS a la letra dice:
“Elección
directa del Consejo General del Poder Judicial
Consideramos que, aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
mantenga sus actuales competencias generales, debe asumir directamente su
principal función: velar por la independencia del Poder Judicial como servicio
público. Y, para ello, proponemos las siguientes medidas:
- Establecer la elección directa por parte de la ciudadanía de los quince miembros del CGPJ, quienes serán elegidos entre jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y juristas de reconocido prestigio con al menos diez años de experiencia profesional y que, asimismo, hayan sido avalados por asociaciones, sindicatos o plataformas ciudadanas.
- Regular y promover institucionalmente dichas elecciones por un órgano colegiado creado a tal efecto por el Congreso.
- Establecer limitaciones de gasto en las campañas que puedan ser promovidas para estas elecciones.”
Similitudes y diferencias entre la experiencia boliviana y la propuesta española
A partir de esta propuesta puede advertirse que la
diferencia primordial está relacionada con el alcance de la misma. Lo primero
que debe precisarse es que Bolivia no tiene un órgano con las prerrogativas y
alcances que tiene el Consejo General del Poder Judicial español (CGPJ), el
cual “ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de
garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función
judicial frente a todos.” Los miembros de este Consejo están plenamente
facultados para tomar decisiones relativas a “nombramientos, ascensos, y
traslados; la inspección del funcionamiento de los Juzgados y Tribunales y la
exigencia de responsabilidad disciplinaria a los miembros de la Carrera
Judicial.” Es un gremio con un gran poder de decisión ya que tiene la misión de
“velar por el mantenimiento a ultranza de la independencia judicial” y también
tiene la potestad de proponer el nombramiento del presidente del Tribunal
Supremo y del CGPJ. [Ver: AQUÍ Misión del CGPJ]
En contraste con ello, en el caso boliviano resaltan dos
diferencias significativas: en Bolivia se eligió por voto popular y de modo
directo a todos y cada uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia,
del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional Plurinacional, así
como a los miembros del Consejo de la Magistratura, y fue el Poder Legislativo
el que estableció las reglas para dicha elección, de modo que la selección de
magistrados en ningún momento pasó por las manos de una instancia técnicamente especializada
y judicialmente idónea para tomar dichas decisiones. El resultado ya lo
conocemos y lo sufrimos a diario. [Ver AQUÍ Un reportaje sobre el evento electoral]
El problema de dicha forma de elección es que
los magistrados elegidos no responden a una instancia judicial de elección, sino
a una parlamentaria, por lo que se lesiona el principio de autoridad y se
fragmenta el poder de decisión. El Consejo de la Magistratura –en teoría
similar al Consejo General del Poder Judicial español- no tiene la fuerza para aplicar
eficazmente el régimen disciplinario que le confía la Constitución, por lo que
su labor se limita más a una función administrativa-financiera. La elección
directa de magistrados a todos los órganos judiciales debilita la solución boliviana, mientras
que la forma de plantear la elección de los magistrados para el CGPJ español
apunta a fortalecerlo en su función.
Recaudos de la propuesta de PODEMOS
Recaudos de la propuesta de PODEMOS
Más allá de lo señalado, es oportuno destacar los recaudos
que toma en cuenta la propuesta de PODEMOS.
- Establecer la elección directa por parte de la ciudadanía de los quince miembros del CGPJ, quienes serán elegidos entre jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y juristas de reconocido prestigio con al menos diez años de experiencia profesional y que, asimismo, hayan sido avalados por asociaciones, sindicatos o plataformas ciudadanas.
No existe una convocatoria bastante abierta para que se presente el
jurisconsulto o abogado que así lo desee, como aconteció en el caso boliviano,
sino que la propuesta de PODEMOS está restringida y limitada a “jueces y
magistrados, fiscales, secretarios judiciales y juristas de reconocido
prestigio con al menos diez años de experiencia profesional” y que además “hayan
sido avalados por asociaciones, sindicatos o plataformas ciudadanas”. Este
punto del aval es también significativo, aunque de modo similar al caso
boliviano, no se pone el énfasis en los colegios de jurisconsultos,
asociaciones de profesionales del gremio y similares, dejando ingresar un
tufillo populista que vició notablemente el experimento en Bolivia. De todos
modos, ambos puntos muestran que la experiencia boliviana ha sido tomada en
cuenta, aunque posiblemente todavía puede ser mejor aprovechada. - Regular y promover institucionalmente dichas elecciones por un órgano colegiado creado a tal efecto por el Congreso.
Para la propuesta española, el Poder Legislativo también
debe ser de la partida, por lo que proponen un “órgano colegiado creado a tal
efecto por el Congreso”. Posiblemente aquí la diferencia con la experiencia
boliviana se halle en el término “colegiado”, que significaría con
participación de las diversas bancadas. En el caso español, están condenados a
actuar de modo mucho más equilibrado, paritario y democrático que en Bolivia,
ya que no se espera que ningún partido
alcance una mayoría absoluta de escaños en el Congreso. Ello seguramente
incidirá en la definición de criterios de elección mucho más equilibrados y
ecuánimes y sobre todo mucho más acordes con la selección de autoridades
judiciales que garanticen seriedad e imparcialidad en sus fallos.
- Establecer limitaciones de gasto en las campañas que puedan ser promovidas para estas elecciones.
 |
| La fotografía adjunta testimonia con creces el rechazo del electorado a esta pirueta electoral. |
Conclusiones
Lo novedoso de la propuesta española son las diferencias planteadas, aunque aún se perciben algunos vacíos en la misma.
Si se observan todos y cada uno de los puntos propuestos por PODEMOS, no hay duda que sin la experiencia boliviana no se habrían animado a proponer esa medida, y tampoco habrían tenido puntos de apoyo para formularla del modo en que la plantean.
Visto así, resulta mucho más potable que la versión
improvisada y apresurada que se aplicó en Bolivia, por lo que se puede apreciar
que Bolivia sirvió de laboratorio para explorar esa medida. Si se usó a Bolivia
deliberadamente para explorar esta medida o simplemente ahora se aprovecha dicha
experiencia para extraer algunas lecciones aprendidas, es una cuestión que
sería interesante conocer en algún momento.
En todo caso, puede advertirse la creciente necesidad de construir
poderes judiciales que no respondan automáticamente a determinados poderes
fácticos y élites tradicionales, aunque ello tampoco significa que los
proponentes de estas nuevas modalidades de reconstruir los poderes judiciales
estuvieran actuando con gran desapego, en aras de una inmaculada imparcialidad. La judicialización de la política muestra los extremos a los que la
manipulación del espacio judicial puede ser
conducido.
El Poder Judicial es el territorio más crítico y decisivo en el que toda sociedad se juega cada día su futuro, pues no hay mejor justificación para la vida en comunidad, para la construcción de visiones de futuro común y compartido, que el respeto a la ley y su consecuente e impecable aplicación y cumplimiento.
Mientras el resultado de estos experimentos y búsquedas sea ese, es decir, lograr el respeto a la ley y solo a la ley que se aplica con los mejores estándares de imparcialidad, idoneidad y probidad, seguro que habremos ganado todos, sobre todo de cara un futuro más estable y compartido
El Poder Judicial es el territorio más crítico y decisivo en el que toda sociedad se juega cada día su futuro, pues no hay mejor justificación para la vida en comunidad, para la construcción de visiones de futuro común y compartido, que el respeto a la ley y su consecuente e impecable aplicación y cumplimiento.
Mientras el resultado de estos experimentos y búsquedas sea ese, es decir, lograr el respeto a la ley y solo a la ley que se aplica con los mejores estándares de imparcialidad, idoneidad y probidad, seguro que habremos ganado todos, sobre todo de cara un futuro más estable y compartido
