“El gran problema de la ciudad es comprar tierras, porque hay muchas denuncias de sobreprecios.... pero cuando hay tierra garantizada ya no es un problema”.
Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
Cambio, 2010-11-20
Carlos Rodrigo Zapata C.
El anuncio del Gobierno en sentido que “impulsará la entrega de más créditos a la gente” para bajar la liquidez del sistema financiero y
que los mismos irían “con exclusividad” al sector productivo, constituye una oportunidad muy importante para el país, siempre y cuando sepamos reconocer los signos de los tiempos y diferenciar claramente los peligros de las oportunidades. Pero vayamos por partes.La “entrega de créditos” es muy interesante por diversas razones: ayuda a acelerar el crecimiento, bolivianiza la economía, permite que la banca funja no sólo de depósito o almacén de dólares –dadas las muy bajas tasas pasivas actuales- sino que se constituya en una instancia ordenadora y asignadora de recursos frescos a diferentes sectores de la economía, baja la liquidez del sistema financiero, lo cual reduce los peligros de inflación, e incluso ayuda a la banca a ganar dinero.
No obstante, faltan condiciones marco, bienes públicos y colectivos, capacidades individuales y colectivas de muy diverso orden, estrategias, planes, en suma un conjunto estructurado y coherente de condiciones que acompañen dicha circunstancia. La lluvia de dólares por sí misma no podrá canalizarse apropiadamente, si no viene estrechamente acompañada de la generación de dichas condiciones. Veamos un ejemplo: vivienda y hábitat.
Es la hora de invertir en la generación de condiciones que hagan posible la plena participación de todos los sectores de la economía y la sociedad en la provisión de vivienda digna y hábitat adecuado. El país se bate y debate en el tema vivienda y hábitat como mejor puede, ya que por lo general produce soluciones habitacionales tan precarias que ya a la vuelta de la esquina requieren refacciones y complementaciones de todo tipo, sino que además demandan toda una gama de instrumentos de gestión de riesgos que no se tiene para poder superar los impactos adversos y negativos que genera. Basta recordar las fundidoras en El Alto, instaladas junto a viviendas precarias que causaron ceguera y otros males diversos a sus pobladores, o la frecuente caída de viviendas en La Paz, construidas sobre terrenos deleznables, sin que autoridad alguna pueda detener esa barbaridad.
Es hora de facilitar condiciones crediticias a los sectores sociales más vulnerables para vivienda y hábitat. También los municipios podrían asumir algunas deudas a tasas muy reducidas, para empezar a revertir esos procesos de ocupación espontánea, arbitraria y desordenada que se dan en las urbes bolivianas desde hace décadas, situación que por otra parte se cae de madura, ya que los Gobiernos Autónomos Municipales (GAMs) tienen diversas competencias en este campo desde 1985, ¡desde hace un cuarto de siglo!, aunque han permanecido ampliamente ignoradas por las autoridades municipales. Una evaluación social amplia y precisa mostraría la muy alta rentabilidad social que es posible lograr con inversiones en estos campos, tarea fundamental para comprender las oportunidades que se pierden y descubrir nuevos ámbitos de inversión que requieren recursos frescos, abundantes y baratos.
En ese contexto, dar créditos para fines que no muestran tener las condiciones marco, indispensables para poder aprovecharlos, no parece una decisión muy acertada, como puede advertirse en muchos sectores productivos. El público tiene almacenados y estancados en los bancos cerca de 3.000 millones de dólares que los bancos no consiguen prestar, ni a tasas relativamente bajas, debido, entre otros, a la baja capacidad real de emprendedurismo existente en la sociedad, a la preferencia por rentas inmobiliarias que no demandan gran sagacidad ni esfuerzos y a la falta de condiciones marco para hacer que “se renten” las inversiones.
Cómo y de qué manera el gobierno podrá mejorar ese rendimiento que el mercado no está pudiendo lograr, pasa a nuestro juicio por una política agresiva, inclusiva y de amplio espectro, orientada a la provisión de bienes y servicios públicos y colectivos habitacionales, a la generación de capacidades individuales y colectivas y a poner en valor las virtudes y capitales –social, institucional, humano- que destila nuestra sociedad y su diversidad cultural.
Más concretamente, ¿cómo, haciendo qué? En el sector de vivienda y hábitat, impulsando un gran programa de habilitación de tierras urbanas para fines habitacionales en áreas urbanas y rurales plenamente saneadas, en acción conjunta con los Gobiernos Autónomos Municipales y las Organizaciones Indígena
Originario Campesinas, ya que estas últimas tienen la llave para facilitar tierras que permitan ampliar áreas urbanas que puedan ser administradas por los municipios para fines de vivienda social o para dejarlas en manos de loteadores y especuladores de toda laya para que continúen al mando de la forma caótica y desordenada en que se construyen las ciudades en nuestro país.Paralelamente, se puede impulsar un gran programa de apoyo a los autoconstructores que al presente construyen no menos de 2 de cada 3 soluciones habitacionales en nuestro país, pero generan también los llamados déficits cualitativos, derivados de la mala calidad de los materiales empleados, las técnicas constructivas deficientes, los espacios extremadamente reducidos, la falta de ambientes especializados –dormitorio, cocina, baño-, a lo que se suma la falta de servicios básicos, equipamientos urbanos y sociales, etc. A los déficits existentes –un déficit cuantitativo de un cuarto de millón de unidades habitacionales y un déficit cualitativo cercano al millón y medio de viviendas estimados para 2010-, se agrega el pronunciado crecimiento demográfico de la próxima década, de cerca de tres millones de habitantes, lo cual demandará no menos de setecientas mil viviendas adicionales hasta el 2020. No podemos darnos el lujo de seguir trabajando para producir soluciones habitacionales precarias e insuficientes, y para producir tugurios y hábitats urbanos enfermantes y hábitats rurales de los que se procura huir a toda costa.
Si el gobierno puede negociar con la banca -que se halla forrada en dólares que no sabe como canalizar y ni siquiera se esmera demasiado en hacerlo por los muy bajos costos financieros comprometidos en ello- condiciones adecuadas para facilitar recursos a los municipios para el mejoramiento y el desarrollo del hábitat, y a los autoconstructores para producir soluciones integrales de vivienda, entonces no sólo se lograría canalizar los recursos de la banca -lo cual no debería ser precisamente la primera ni la más importante preocupación-, sino que en primer término se estaría contribuyendo a generar todo un cúmulo de nuevas oportunidades para facilitar y hacer posible la acción municipal, el mejoramiento del hábitat, para actuar preventivamente y evitar problemas a futuro, para incluir a los más pobres, poniendo en valor sus capacidades y recursos, su know how y sus saberes, ayudándolos a mejorar sus soluciones habitacionales, a mejorar su calidad de vida, a construir su propia dignidad, evitando con todo ello la permanente producción y reproducción de soluciones precarias, ahorrando los costos de reparación y reconstrucción, los costos de producción de “barrios de verdad” que hoy por hoy son una necesidad imprescindible, pero que resulta de la forma caótica e irresponsable de construir ciudades a la que nos hemos acostumbrado.
A ello se añadiría sin duda el uso productivo, responsable, sostenible, incluyente, viable, democrático, de los recursos en poder de la banca, lo cual resultaría no del mero hecho que la banca conceda créditos, sino del hecho de hacerlo en el marco de una alianza estratégica de múltiples actores –Estado, Municipios, Autoconstructores, Pueblos indígenas, Banca, etc.- orientada al desarrollo del hábitat y el acceso a suelo para fines habitacionales, y a la producción de vivienda social.
En este marco sería oportuno también precisar, ¿qué bienes y servicios públicos y colectivos son indispensables para organizar la acción colectiva, coordinada y cooperativa de la sociedad, para intervenir orgánicamente en los temas de vivienda y hábitat? Por empezar, normas y leyes que ordenen dicha acción colectiva, instrumentos que permitan plasmar dichas normas, como planes de desarrollo urbano, planes directores, definición de áreas urbanas, catastro, saneamiento y regularización de la propiedad que debe encauzarse una vez que la regulación del derecho propietario y la definición de la función social de la propiedad urbana hayan quedado claramente establecidas y no antes, pues de otro modo se estaría apuntando a conservar privilegios a toda costa.
Hay muchos otros bienes y servicios que son cruciales y que hacen a la misión esencial del Estado, a nivel central como subnacional, como ser, la política del sector, la estrategia y los planes regionales para plasmar la voluntad política y organizar la acción colectiva de la sociedad en todos los planos y niveles de intervención que sean requeridos. También la calificación y formación de mano de obra, el desarrollo tecnológico, la adaptación al cambio climático, la implantación de normas y estándares de construcción, la difusión de nuevos materiales y técnicas constructivas, como los paneles de chala de arroz, desarrollados e impulsados últimamente por acuciosos investigadores y empresarios cruceños, son otros bienes y servicios públicos y colectivos que permitirán construir vivienda y desarrollar hábitat adecuado, ajustado, acondicionado a las necesidades de sus propios pobladores.
Los bienes y servicios públicos y colectivos por lo general no pueden ser producidos o puestos a disposición por los individuos y los municipios aisladamente considerados, porque los costos y condiciones de su producción usualmente superan sus propias capacidades. Por ello, el Estado tiene esa misión: proveer dichos bienes y servicios, esto es, hacer lo que los particulares por su atomización y limitación de recursos no pueden hacer.
De lo anterior se desprenden varias cosas:
- Estado debe abstenerse en lo posible de competir con los individuos y entidades menores, ya que su propia misión desborda sus propios recursos, y si no cumple la misión que la sociedad le ha encomendado, deja a los particulares sin las bases y condiciones marco indispensables para que puedan desarrollar sus propias labores y tareas, de forma eficiente y efectiva
- el Estado no puede pretender producir resultados y productos “para ayer”, simplemente porque no cuenta con las condiciones marco que le permitan producir dichos resultados, por lo que más temprano que tarde chocará irremediablemente con los límites estructurales que nos impone el subdesarrollo de nuestra economía y formación social;
- el Estado debe concentrarse en producir dichas condiciones marco, en generar las capacidades que le permitan garantizar el cumplimiento de todos los derechos humanos, económicos, civiles, sociales y culturales que la sociedad se ha conferido mediante la Constitución y las Leyes, mientras que los Movimientos Sociales deben dejar de militar exclusivamente en el partido de los que exigen el cumplimiento de dichos derechos y sumarse al partido de los que construyen las capacidades y condiciones que permitan el cumplimiento de los mismos;
- el Estado no puede restringirse a administrar la renta de los recursos naturales, simplemente porque ésta es finita y porque no existe sociedad alguna en la historia humana que haya pretendido perdurar en e
l tiempo sobre dicha base y sin haber construido las capacidades necesarias y suficientes para producir riqueza mediante la transformación y valorización de materias primas en base a conocimientos, ingenio y técnicas;- no es posible detonar un proceso de desarrollo armónico, equilibrado, socialmente inclusivo y responsable, sin dotar a la sociedad de la gama más amplia posible de bienes y servicios públicos y colectivos que le permitan desarrollar y poner en valor todas sus capacidades, emplear todos sus recursos, pues de otro modo sólo tiende a perpetuar la exclusión por la vía del mercado, que privilegia a los más poderosos, y la exclusión por la vía estatal de carácter rentista, que privilegia a los grupos políticamente afines.
De un modo u otro, se tiende a producir y reproducir la exclusión, el signo que ha marcado toda nuestra historia de modo indeleble.
¿Será que esta vez podremos hacer “clavos con cabeza”, es decir, fijar prioridades conjuntas e insistir sobre ellas hasta lograr resultados perdurables? Esperamos que sí. Tenemos todas las condiciones para hacerlo. Sólo…hay que hacerlo.
*) Economista urbano, candidato a doctorado en economía, especialista en planificación territorial.
