Carlos Rodrigo Zapata Cusicanqui
En defensa de la decisión democrática ciudadana del 21F, con el afán
de evitar que se consoliden posiciones atentatorias al orden
constitucional vigente y con la finalidad de convocar a las fuerzas
políticas tanto del oficialismo como de la oposición a que se apresten a
resolver sus diferencias en las urnas y solo mediante las urnas, un
compacto grupo de ciudadanos ha puesto en consideración de la opinión
pública nacional una convocatoria llamada Agenda del 21F. [Al final de
esta nota, puede verse la AGENDA DEL 21F in extenso].
Esta convocatoria llega en un momento oportuno al escenario nacional, cuando empiezan a multiplicarse las voces de rechazo y oposición a diversas decisiones gubernamentales, que resuenan y se acrecientan aún más al calor de las pretensiones oficialistas de forzar una nueva repostulación del binomio gubernamental en contra del marco legal vigente y la decisión ciudadana señalada.
La lista de temas que al presente es objeto de cuestionamientos en la opinión pública nacional es extensa, pues incluye leyes, programas, proyectos y diversas disposiciones, que muestran un creciente estado de disconformidad con la conducción gubernamental. Entre los temas que destacan puede mencionarse la eliminación de la intangibilidad del TIPNIS y la construcción de una carretera por esta área protegida, la central nuclear, los proyectos del Bala y Chepete, los incrementos de los precios de energía, el proceso electoral forzado para “elegir” nuevos magistrados judiciales, la legalización y expansión de cultivos de hoja de coca, así como la política de vínculos internacionales, entre otros varios temas y asuntos, aunque los aprestos dirigidos a facilitar una nueva respostulación del binomio gubernamental, encabezan la lista de cuestionamientos.
¿Qué plantea concretamente la Agenda del 21F?
Se centra en algunas directrices y acciones para facilitar la transición del gobierno actual a uno nuevo y del actual régimen autoritario a uno centrado en el estado democrático de derecho.
En efecto, el país todo observa cada vez más azorado la forma en que desde el ejecutivo se ejerce diversos tipos de influencia en la conducción de los asuntos legislativos y judiciales, rompiendo con ello uno de los pilares básicos de todo estado democrático y de derecho, como es la separación y coordinación de poderes.
Más allá de ello, pone el acento en temas tales como el bien común, el medio ambiente, los derechos de la naturaleza, los servicios públicos, y también avanza algunas propuestas de corte institucional tales como una Defensoría de la Naturaleza y un Consejo Económico, Social y Cultural en el que se puedan concertar las políticas públicas con representantes de los principales actores productivos, sociales, territoriales y pueblos indígenas.
Este punto del Consejo no solo es de vital importancia, sino que a nuestro entender es el meollo mismo de la Agenda del 21F. Se trata de abrir el diálogo, de concertar, de hacerlo con los representantes auténticos de las fuerzas vivas de la nación, a fin de facilitar con todo ello un proceso de transición democrática en el marco del estado de derecho. Sin duda, uno de los déficits más notables que se ha podido apreciar en todos estos años de gestión gubernamental a cargo del MAS radica en la falta de diálogo, de consenso, de auténtica construcción colectiva de los destinos nacionales.
Junto con el diálogo y la concertación se halla la urgencia de encarar una reforma integral de la justicia, ya que sin ella resulta utópico y atrabiliario imaginar la convivencia pacífica y alentar la actividad económica legal, formal, seria, digna y sostenible. El fortalecimiento de las autonomías también es visto como un ingrediente fundamental, y dentro de ello el pacto fiscal, para pasar de un “Estado con autonomías a un Estado autonómico”.
Otro elemento destacado tiene que ver con “Nuevas reglas para la participación política y electoral”, ya que las actualmente vigentes hacen escarnio de las reglas democráticas elementales, como la de “un hombre, un voto, igual peso”, ya que las actuales circunscripciones sesgan de modo absoluto esta base elemental de todo régimen democrático, para no hablar del hecho que luego de una preselección de candidatos efectuada por la mayoría oficialista, se disponga la elección de las máximas autoridades judiciales incluso con la menor cantidad de votos imaginable, así haya una mayoría abrumadora que las rechaza o no las prefiera. Mayor rasgo de autoritarismo que éste, imposible.
En materia económica la Agenda del 21F es relativamente parca, aunque adelanta algunas directrices fundamentales, tales como el abandono del extractivismo, la reducción de la informalidad, la universalización de los impuestos, una nueva matriz energética y productiva, y el rechazo a la ampliación de los cultivos de coca y a la ampliación de la frontera agrícola para monocultivos.
En ningún caso se plantea cómo se pretende encarar estos temas, qué políticas y medidas serían indispensables para abordarlos. En este marco queda claro que la preocupación inicial radica en destacar estas temáticas como elementos críticos centrales que están afectando la convivencia nacional, pues está muy claro, por ejemplo, que nadie que se respete puede vivir tranquilo en un país que legaliza cultivos de hoja de coca y los expande sabiendo que buena parte de los mismos van a parar a manos del narcotráfico: De igual modo, tampoco es posible continuar con una política impositiva centrada en un sector de la población, decretando al mismo tiempo piedra libre para otros sectores sociales.
En síntesis, se puede apreciar la Agenda del 21F como un valioso esfuerzo ciudadano para aligerar las cargas, facilitar un proceso de transición ordenado, dialogado, concertado, asunto que debería tener máxima prioridad en la agenda pública nacional de los próximos 24 meses, ya que el país se halla claramente sin norte, no tiene una estrategia de desarrollo que diversifique la matriz productiva, por lo que se va hundiendo cada vez más en el extractivismo.
El acento puesto tanto en el estado de derecho como en la democracia y la participación, nos está diciendo que es justamente en estos ámbitos donde se juega el destino nacional, donde el país requiere cambios profundos con suma urgencia, ya que sin esos ingredientes sería como aceptar que a la ciudadanía le da lo mismo un estado sin justicia y democracia, que un estado con esos ingredientes esenciales.
La convocatoria a enriquecer la Agenda del 21F es natural e indispensable, ya que solo una construcción colectiva que sea capaz de aportar a un programa común tiene la oportunidad de producir transiciones sin traumas, sin costos impagables, capaz de recuperar lo mejor de las distintas partes.
Hagamos todo lo posible para que este proceso de transición enriquezca nuestro porvenir y no lo entorpezca ni lo impida. El futuro de nuestra patria así lo demanda.
Esta convocatoria llega en un momento oportuno al escenario nacional, cuando empiezan a multiplicarse las voces de rechazo y oposición a diversas decisiones gubernamentales, que resuenan y se acrecientan aún más al calor de las pretensiones oficialistas de forzar una nueva repostulación del binomio gubernamental en contra del marco legal vigente y la decisión ciudadana señalada.
La lista de temas que al presente es objeto de cuestionamientos en la opinión pública nacional es extensa, pues incluye leyes, programas, proyectos y diversas disposiciones, que muestran un creciente estado de disconformidad con la conducción gubernamental. Entre los temas que destacan puede mencionarse la eliminación de la intangibilidad del TIPNIS y la construcción de una carretera por esta área protegida, la central nuclear, los proyectos del Bala y Chepete, los incrementos de los precios de energía, el proceso electoral forzado para “elegir” nuevos magistrados judiciales, la legalización y expansión de cultivos de hoja de coca, así como la política de vínculos internacionales, entre otros varios temas y asuntos, aunque los aprestos dirigidos a facilitar una nueva respostulación del binomio gubernamental, encabezan la lista de cuestionamientos.
¿Qué plantea concretamente la Agenda del 21F?
Se centra en algunas directrices y acciones para facilitar la transición del gobierno actual a uno nuevo y del actual régimen autoritario a uno centrado en el estado democrático de derecho.
En efecto, el país todo observa cada vez más azorado la forma en que desde el ejecutivo se ejerce diversos tipos de influencia en la conducción de los asuntos legislativos y judiciales, rompiendo con ello uno de los pilares básicos de todo estado democrático y de derecho, como es la separación y coordinación de poderes.
Más allá de ello, pone el acento en temas tales como el bien común, el medio ambiente, los derechos de la naturaleza, los servicios públicos, y también avanza algunas propuestas de corte institucional tales como una Defensoría de la Naturaleza y un Consejo Económico, Social y Cultural en el que se puedan concertar las políticas públicas con representantes de los principales actores productivos, sociales, territoriales y pueblos indígenas.
Este punto del Consejo no solo es de vital importancia, sino que a nuestro entender es el meollo mismo de la Agenda del 21F. Se trata de abrir el diálogo, de concertar, de hacerlo con los representantes auténticos de las fuerzas vivas de la nación, a fin de facilitar con todo ello un proceso de transición democrática en el marco del estado de derecho. Sin duda, uno de los déficits más notables que se ha podido apreciar en todos estos años de gestión gubernamental a cargo del MAS radica en la falta de diálogo, de consenso, de auténtica construcción colectiva de los destinos nacionales.
Junto con el diálogo y la concertación se halla la urgencia de encarar una reforma integral de la justicia, ya que sin ella resulta utópico y atrabiliario imaginar la convivencia pacífica y alentar la actividad económica legal, formal, seria, digna y sostenible. El fortalecimiento de las autonomías también es visto como un ingrediente fundamental, y dentro de ello el pacto fiscal, para pasar de un “Estado con autonomías a un Estado autonómico”.
Otro elemento destacado tiene que ver con “Nuevas reglas para la participación política y electoral”, ya que las actualmente vigentes hacen escarnio de las reglas democráticas elementales, como la de “un hombre, un voto, igual peso”, ya que las actuales circunscripciones sesgan de modo absoluto esta base elemental de todo régimen democrático, para no hablar del hecho que luego de una preselección de candidatos efectuada por la mayoría oficialista, se disponga la elección de las máximas autoridades judiciales incluso con la menor cantidad de votos imaginable, así haya una mayoría abrumadora que las rechaza o no las prefiera. Mayor rasgo de autoritarismo que éste, imposible.
En materia económica la Agenda del 21F es relativamente parca, aunque adelanta algunas directrices fundamentales, tales como el abandono del extractivismo, la reducción de la informalidad, la universalización de los impuestos, una nueva matriz energética y productiva, y el rechazo a la ampliación de los cultivos de coca y a la ampliación de la frontera agrícola para monocultivos.
En ningún caso se plantea cómo se pretende encarar estos temas, qué políticas y medidas serían indispensables para abordarlos. En este marco queda claro que la preocupación inicial radica en destacar estas temáticas como elementos críticos centrales que están afectando la convivencia nacional, pues está muy claro, por ejemplo, que nadie que se respete puede vivir tranquilo en un país que legaliza cultivos de hoja de coca y los expande sabiendo que buena parte de los mismos van a parar a manos del narcotráfico: De igual modo, tampoco es posible continuar con una política impositiva centrada en un sector de la población, decretando al mismo tiempo piedra libre para otros sectores sociales.
En síntesis, se puede apreciar la Agenda del 21F como un valioso esfuerzo ciudadano para aligerar las cargas, facilitar un proceso de transición ordenado, dialogado, concertado, asunto que debería tener máxima prioridad en la agenda pública nacional de los próximos 24 meses, ya que el país se halla claramente sin norte, no tiene una estrategia de desarrollo que diversifique la matriz productiva, por lo que se va hundiendo cada vez más en el extractivismo.
El acento puesto tanto en el estado de derecho como en la democracia y la participación, nos está diciendo que es justamente en estos ámbitos donde se juega el destino nacional, donde el país requiere cambios profundos con suma urgencia, ya que sin esos ingredientes sería como aceptar que a la ciudadanía le da lo mismo un estado sin justicia y democracia, que un estado con esos ingredientes esenciales.
La convocatoria a enriquecer la Agenda del 21F es natural e indispensable, ya que solo una construcción colectiva que sea capaz de aportar a un programa común tiene la oportunidad de producir transiciones sin traumas, sin costos impagables, capaz de recuperar lo mejor de las distintas partes.
Hagamos todo lo posible para que este proceso de transición enriquezca nuestro porvenir y no lo entorpezca ni lo impida. El futuro de nuestra patria así lo demanda.
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Agenda del 21F
Propuesta ciudadana para la transición
democrática
La
victoria popular en el referéndum del 21F de 2016 fue refrendada un año después
por multitudinarias concentraciones en todo el país para rechazar los nuevos
intentos del MAS de prorrogarse en el poder, violentando los principios y
normas del orden constitucional vigente. El movimiento ciudadano, que tuvo un
rol protagónico en las urnas y en las calles en estos dos procesos, ha
decidido convertir la indignación popular en una propuesta programática, la Agenda del 21F, que puede resumirse en
un solo objetivo: la transición del Estado
autoritario y corporativo actual hacia un Estado democrático que garantice los
derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza.
Puesto
que no hay viabilidad jurídica ni política para los planes de perpetuación de
Evo Morales en el poder, las organizaciones de la oposición y el propio MAS
deben prepararse para un nuevo proceso de transición. La Agenda del 21F exige,
como punto de partida, que el gobierno acate la voluntad popular expresada en
las urnas en 2016 y transfiera el poder en 2020 a un nuevo gobierno elegido legal y democráticamente. Pero la
Agenda del 21F no se limita a un cambio de gobierno, sino que exige un cambio de régimen. Frente al despilfarro
prebendal, la corrupción, el patriarcalismo, la profundización del
extractivismo, la ineptitud, el autoritarismo y la impostura que caracterizaron
al “proceso de cambio”, la ciudadanía democrática demanda una transición política, económica, social y ambiental.
La agenda de transición debe promover los acuerdos necesarios para democratizar al Estado y la sociedad y redefinir
la relación de ambos con la naturaleza.
Expresa
una aspiración que retoma y actualiza el legado de las luchas populares por la
libertad y la igualdad y le ofrece al país una vía para afrontar los
desafíos del siglo XXI en un nuevo contexto ambiental y civilizatorio.
A diferencia de la llamada Agenda Patriótica 2025 que ofrece más extractivismo, más
endeudamiento y mayor concentración del poder, la Agenda
del 21F está inspirada en la convicción
de que el bien común no puede
ser la agregación de intereses particulares y que el buen gobierno sólo puede ser resultado de la vigencia plena del
Estado social y democrático de derecho. Pero a estos principios básicos hay que
añadir la dimensión ambiental: no podemos promover un tipo de “desarrollo” que
destruya nuestra base de sustentación vital. Por estas razones, el nuevo Estado
habrá de incluir en su diseño y funcionamiento la nueva generación de “derechos”
de la naturaleza y no sólo el amplio
catálogo de derechos humanos reconocidos
por la Constitución.
La
transición está orientada a redefinir la relación entre Estado y sociedad para
generar un nuevo contrato social de carácter democrático. Para ello, será
necesaria una reforma de Estado y una
redefinición de las políticas públicas que, en su versión resumida,
incluyen:
Reforma de Estado
1. Estado social y democrático de derecho
a. En sustitución del actual Estado
corporativo, Bolivia requiere la instauración de un Estado social y democrático de derecho, que sólo tuvo de
manera embrionaria en el pasado y que hoy aparece como una necesidad para
garantizar los derechos de las personas, de los pueblos y de la
naturaleza.
b. Sólo
un régimen constitucional democrático constituido con base en la independencia
de poderes, puede asegurar la prevalencia del bien común sobre los
intereses de clase, de gremio, de etnia o de región.
c. El
Estado social de derecho se propone además la generación y redistribución de la riqueza y
la provisión de los servicios y oportunidades para los sectores sociales en
situación de vulnerabilidad, regulando el mercado y planificando la economía
con el objetivo de reducir no sólo la pobreza sino también la desigualdad y la
informalidad.
d. La concertación de estas políticas
públicas requerirá la creación de un Consejo
Económico, Social y Cultural en el que estén representados los
principales actores productivos, sociales, territoriales y los pueblos
indígenas.
e. A los derechos individuales y colectivos se
deben añadir ahora los “derechos” de la
naturaleza para que tanto el Estado como la sociedad respeten los
límites biofísicos y la capacidad de regeneración de los ecosistemas. A la
Defensoría del Pueblo habrá que añadir una Defensoría
de la Naturaleza
que garantice el
cumplimiento de la normativa ambiental.
2.
Democracia ciudadana
a. La Agenda del 21F propugna el pluralismo y la participación ciudadana en el sistema de conformación y
funcionamiento de los poderes públicos monopolizados actualmente por
corporaciones sociales o unipartidarias.
b. Necesitamos un gobierno que asuma la
representación del conjunto de la sociedad y no la de los intereses de grupos
particulares. Ni partidocracia, ni “gobierno
de los movimientos sociales”: independientemente de su origen partidario
o frentista, el gobierno venidero deberá representar la condición ciudadana,
fundamento de la igualdad, la libertad y del sentido de pertenencia a la comunidad nacional boliviana.
3. Sistema de justicia independiente
a. Para la conformación de un sistema judicial independiente se requieren autoridades seleccionadas por sus méritos
profesionales y no por cuoteo partidario, como en el pasado, o por cuoteo
sindical o intrapartidario, como ocurrió en 2011 y acaba de repetir el gobierno
de Evo Morales.
b. Es imprescindible un acuerdo nacional para una reforma integral de la justicia, su fortalecimiento institucional y su desconcentración.
b. Es imprescindible un acuerdo nacional para una reforma integral de la justicia, su fortalecimiento institucional y su desconcentración.
c. Sólo
una justicia independiente e idónea podrá administrar los juicios de responsabilidades ante la violación de los
derechos humanos, la corrupción ampliada y el despilfarro de los recursos
fiscales en los que incurrieron o incurran los gobernantes.
4.
Desconcentración para la vigencia plena de
las autonomías y pacto fiscal
a. En
lugar de un Estado “con” autonomías (hoy inexistentes o recortadas) demandamos
un Estado autonómico que
transfiera competencias y recursos reales a los gobiernos departamentales y
municipales.
b. Como
reconocimiento de la diversidad cultural e institucional, deben fortalecerse
los mecanismos de consulta previa y
autogobierno de los pueblos indígenas.
c. Es imprescindible el pacto fiscal que redistribuya la
riqueza nacional, superando los derechos preconstituidos al calor de las
presiones regionales o corporativas.
d. La actual extorsión impositiva a un
reducido número de contribuyentes debe ser sustituida por la progresiva universalización del pago de impuestos, para
que el tesoro nacional dependa cada vez menos de la renta de los recursos naturales
y más del propio esfuerzo de los ciudadanos.
Políticas públicas
5. Nueva matriz
energética y productiva
a. La
transición política irá acompañada de una transición hacia una nueva
matriz energética y productiva. La economía
boliviana debe abandonar aceleradamente el modelo extractivista y la
dependencia de los combustibles fósiles, sin incurrir en la irresponsable
aventura de la energía nuclear o el daño ambiental generado por las
mega-represas.
b. La
ciudadanía democrática se pronunció mayoritariamente contra la ampliación de
los cultivos de coca destinada al narcotráfico o la extensión de la frontera
agrícola para los monocultivos de exportación.
6.
Nuevas reglas para la participación política
y electoral
a. La democratización del Estado y de la
sociedad requiere autoridades electorales idóneas que garanticen la depuración integral del padrón electoral, la
aprobación consensuada de una ley de
organizaciones políticas que promueva la más amplia participación
ciudadana, la democratización interna de estas organizaciones y la igualdad de
oportunidades en la competencia electoral, además de la redefinición de las circunscripciones electorales para
corregir las actuales asimetrías sociales y territoriales. Exigimos que se
anulen las elecciones en las que el voto nulo o blanco sea mayor al voto
válido.
7.
Política internacional independiente
a. En la escena internacional, el próximo
régimen democrático debe predicar con el
ejemplo y evitar el alineamiento
con gobiernos dictatoriales o autocráticos, promover el
multilateralismo, el respeto de los derechos humanos y la protección de la
naturaleza, asumiendo que somos simultáneamente ciudadanos y ciudadanas de Bolivia y del mundo.
b. En lo inmediato, debe cesar el “respaldo
incondicional” que el actual gobierno le ofrece a la dictadura venezolana en
nombre del pueblo de Bolivia.
8.
Servicios públicos
a. El nuevo régimen estatal debe encarar
los enormes desafíos en la provisión eficiente de los servicios públicos, la creación
de empleo digno y la gestión concertada entre los distintos niveles de
gobiernos autónomos para resolver prioritariamente y de manera duradera la
situación de la salud y la educación en Bolivia.
b. Se deben crear oportunidades de educación y empleo digno para las y los jóvenes,
que pronto tendrán que asumir responsabilidades como nuevos conductores
del país.
c. Para la provisión de estos servicios es
imprescindible el fortalecimiento de las
ciudades intermedias en el marco de una política que articule la atención
de las necesidades urbanas y los desafíos de la seguridad alimentaria.
El
movimiento ciudadano, compuesto por una diversidad de personas, grupos y
tendencias, y que expresa de manera plural el nuevo protagonismo político en el
campo y las ciudades de quienes creen en la democracia y el Estado de derecho,
en la justicia económica y social y en la defensa de la naturaleza como sus
principios rectores, asume su rol histórico al ofrecerle al conjunto del país
esta Agenda de emancipación y
responsabilidad con las generaciones presentes y futuras.
Convocamos
a las organizaciones sociales y políticas, a los pueblos indígenas, a los
ciudadanos y ciudadanas a lo largo de todo el país, a enriquecer colectivamente
la Agenda del 21F y organizarse en torno a sus objetivos programáticos para
asegurar la victoria de las fuerzas
democráticas en las elecciones venideras de 2019.
