Análisis basado en entrevista a José Luis Lupo
Carlos Rodrigo Zapata C. (*)
El Deber ha publicado una entrevista con José Luis Lupo, actual ministro de la Presidencia, quien señala algunos rasgos que debería contener la reforma del Estado. [1] Lo más llamativo en este contexto es el hecho que Lupo se refiere a diversas falencias y la urgencia de superarlas, pero en ningún momento toca la cuestión capital que hace inviable el desarrollo económico, social y ambiental del país: los obstáculos estructurales.
Antes de pasar revista a sus planteamientos señalemos de modo sucinto en qué consiste la cuestión de los obstáculos estructurales. Sin pretender agotar esta problemática señalemos los principales obstáculos que bloquean continuamente nuestras posibilidades de desarrollo. Ello nos permitirá comprender, por ejemplo, que los bloqueos de carreteras que sufrimos ocasionalmente no son más que una manifestación circunstancial en comparación con el bloqueo nacional permanente que nos ocasionan los obstáculos estructurales.
Entre dichos obstáculos se encuentran el extractivismo depredador, la informalidad, la economía delincuencial con sus múltiples cabezas (narcotráfico, contrabando, explotación de oro, tala de bosques), la desinstitucionalización generalizada del aparato estatal y, como producto final generado por todos ellos, la pérdida progresiva de soberanía nacional. Este último obstáculo significa que ni siquiera contamos con la fuerza del Estado para poder defendernos de estos males. En ese marco, ni actuamos sobre las causas profundas de la debacle nacional y ni siquiera contamos con el instrumento indispensable para poder intervenir en todas las esferas que lo componen. Más fundidos no podemos estar.
¿Cómo han surgido dichos obstáculos, por qué no se les da la atención que requieren, por qué el ministro que está esbozando la reforma del Estado no los toma en cuenta? Son múltiples preguntas que quedan nuevamente sin responder, no solo ahora, sino desde siempre, pese al daño que producen: destruyen las bases del desarrollo, hacen inviable el futuro nacional.
Vayamos a la entrevista y destaquemos algunos lineamientos de política gubernamental propuestos por el ministro Lupo y analicémoslos brevemente. Habla de confianza, institucionalidad, de independencia de poderes, en fin, maneja un vocabulario que recuerda a reformistas de pura cepa, lo cual ya representa un cambio significativo en nuestro medio, acostumbrados a “meterle nomás”, sin tomar en cuenta el contexto histórico-estructural en el que nos hallamos estancados.
Principales propuestas de reforma del Estado
Señalemos las principales propuestas del ministro Lupo, pero destaquemos al mismo tiempo también sus limitaciones.
n “Pasar de un Estado discrecional a un Estado institucional”, poner la institucionalidad en el centro de un proceso de reformas, es la carta más fuerte que Lupo pone sobre la mesa y la respalda con algunas reflexiones que señalan la vía que podría seguirse. Entre ellas destaca la necesidad de recuperar la institucionalidad del Estado y ponerla al servicio del ciudadano y menciona diversas medidas ya tomadas que atacan diversos aspectos de ese proceso de desinstitucionalización o, lo que viene a ser lo mismo, del uso del Estado para fines privados, de grupos o personas.
En este marco su aseveración más fuerte es la siguiente: “Durante demasiado tiempo fuimos acumulando excepciones, discrecionalidades y prácticas que terminaron naturalizándose. Cuando eso ocurre, las instituciones dejan de funcionar con reglas previsibles y empiezan a depender de decisiones coyunturales, intereses particulares o relaciones de poder. El Estado no puede funcionar así”.
Lo que Lupo está describiendo magníficamente, posiblemente sin tener plena consciencia de ello, es el proceso mediante el cual nacen los obstáculos estructurales a lo largo de dilatados periodos de tiempo y se constituyen en el verdadero drama del país. Si a esa “naturalización de las excepciones” a las que se refiere le agregamos el hecho que entretanto ya hay millones de ciudadanos que se han fabricado formas de vida y trabajo usualmente muy precarias para ganarse el sustento diario en esa atmósfera desinstitucionalizada, entonces ya tenemos claramente delineado el obstáculo estructural.
Eso significa que por la inmensa cantidad de gente que ya vive en el marco de unas “reglas discrecionales” habrá una gran resistencia a abandonar esas prácticas, de donde resulta la plena vigencia de este obstáculo estructural. Este es el caso de la informalidad que alberga al 85% de la fuerza laboral del país, equivalente a unos 6 millones de personas, y vive en el marco de sus propias reglas de relacionamiento e intercambio, al margen de las que señalan la constitución y las leyes.
¿De qué reglas y prácticas se trata? De vivir del contrabando, de ropa usada, de artículos pirateados (libros, videos, programas informáticos), de hacer caso omiso de las leyes, de no cumplir normas ambientales y un largo etcétera que incluye múltiples vínculos con la economía delincuencial y una inmensa dependencia de favores el Estado. Esta situación es producto en gran parte de las limitaciones de nuestro aparato productivo.
Lamentablemente ni el país, ni los dirigentes de los diversos sectores informales han dado señales de cómo cambiar este estado de cosas. Es crucial tener profundas conversaciones nacionales para auscultar las vías que permitan salir del laberinto en que nos hallamos. En la parte final de estas notas presento unos lineamientos que nos ayuden a reflexionar sobre la forma en que debemos enfrentar los obstáculos estructurales que ya se han apoderado de todo el país.
Parece nomás que el “punto de equilibrio” de la sociedad reposa sobre estas prácticas que dificultan enormemente todo progreso material. Si además se cuenta con múltiples promesas de prebendas de parte del binomio ganador de las elecciones nacionales y se tiene el voto de millones de informales siempre requeridos de favores del Estado, entonces nadie da ninguna señal que el país requiere cambios profundos.
De ese hecho se derivan a su vez dos obstáculos: la inmensa dificultad de institucionalizar el Estado y la gran complejidad de guiar a la sociedad por canales sostenibles. Sobre el primer punto vemos las enormes dificultades de proponer reformas adecuadas si es que no se toma en cuenta la realidad del país. Sobre el segundo punto es indispensable subrayar que todos debemos ganarnos el sustento diario sin depredar, sin destruir las bases del futuro. Pero si los recursos naturales renovables y no renovables son vistos como un botín indispensable para la subsistencia, mientras que los derechos y la sostenibilidad son percibidos como meros pretextos para impedir el acceso a fuentes de subsistencia, entonces estamos entre dos males espantosos: o depredamos o nos morimos de hambre.
Semejante dilema es resuelto por la vía de los diversos obstáculos estructurales señalados, es decir, tanto por los que optan por la explotación depredadora de los recursos, como por los que apuntan por la desestructuración institucional, cerrando de este modo las vías de un futuro sostenible.
Ahí es donde toda sociedad compromete su futuro que se va esfumando ante sus ojos sin poder hacer nada para impedirlo. Solo observar los millones de hectáreas desboscadas, el envenenamiento del agua por la actividad minera y el saqueo del patrimonio nacional por quienes lo explotan, son muestras que todos pueden observar, de las que todos pueden derivar un futuro desesperanzador.
Todo ello se debe a su vez a la ínfima productividad de las actividades informales, al extremo que su subsistencia depende de varias fuentes desestructuradoras de todo ordenamiento económico, legal e institucional: depende de su propia auto explotación y de sus familias, de incumplir las leyes, de sus múltiples vínculos con la economía delincuencial y de las prebendas y favores del Estado para poder subsistir. Cada una de estas fuentes de subsistencia es producto de la propia experiencia de los informales a lo largo ya de décadas, desde los tiempos de la reforma agraria cuando empezó a emerger el sector informal en nuestro medio a ritmo cada vez más acelerado como una manifestación estructural, ya no episódica o circunstancial.
n Otra propuesta que es menester destacar en la entrevista con el ministro Lupo es relacionar la corrupción con oportunidades de corrupción antes que con comportamientos ético-morales, según el refrán “la ocasión hace al ladrón”. Este punto es importante, pues desplaza la discusión sobre la corrupción de valores a prácticas. Es más factible combatir la corrupción a corto y mediano plazo controlando los mecanismos que la facilitan, antes que poner el acento en cambiar sistemas de valores. No olvidemos la sentencia de Braudel, el historiador francés que decía que “las mentalidades también son presas de la larga duración”. La cuestión radica en comprender la dimensión, la escala, la profundidad en la que deberá actuarse para eliminar todas esas prácticas. Y aquí nos damos de bruces nuevamente con la omisión de los obstáculos estructurales.
Las prácticas que hay que desmontar son tantas y tan diametralmente opuestas a las que debe haber en un Estado razonablemente institucionalizado que da la impresión que no será posible ningún cambio. Eso es lo que las generaciones pasadas han hecho y nosotros seguimos repitiendo, incapaces de aprender del pasado. Eso es lo que destaca Lupo cuando dice que “durante demasiado tiempo fuimos acumulando excepciones, discrecionalidades y prácticas que terminaron naturalizándose…”. El hecho es que seguimos tolerando prácticas ajenas a todo nuestro ordenamiento legal, al punto que “meterle nomás” o “dejar hacer y dejar pasar” ya parecen ser las consignas generalizadas del país. 6 millones de informales no llegaron por accidente ni en un santiamén.
n También aborda otro hierro candente del presente: las empresas públicas. En lugar de sumarse a esquemas en los que hay que privatizar todo o dejarlo todo como está, plantea un enfoque caso por caso. Lamentablemente el país está quebrado, razón por la que ese enfoque puede verse muy rápidamente cuestionado. Lo que Lupo nos está diciendo es que podemos seguir endeudándonos, ya que el déficit que generan todas esas empresas quebradas o deficitarias no se paga con promesas. Aquí no se entiende de qué modo aporta al fortalecimiento estatal ignorar esa realidad, sea que se considere el contexto estrecho, sin obstáculos estructurales, o el contexto catastrófico, con ellos. Por lo que se puede apreciar, aún estamos muy lejos de tomar al toro por las astas. Como la pátina del tiempo, todo huele a capitulación.
n Otro punto significativo de Lupo es su énfasis en el profesionalismo, independencia y continuidad de las labores del Estado poniendo el acento en el mérito y los directorios profesionales. De este modo busca evitar que el Estado se convierta en un simple botín de los partidos que asumen la conducción del país. Es una buena intención, pero no se puede apreciar cómo se llenará ese vacío.
El hecho concreto es que a más de 8 meses de gestión se han cubierto todos esos cargos estratégicos en más de 17 instituciones públicas con personal interino, cuando esa opción debía ser la excepción (según los artículos 158, 159 y 172 de la CPE, Ley 164 y Ley 466 de empresas públicas), demostrando con ello que prefieren controlar y manejar de cerca a dicho personal estratégico antes que permitir que su desempeño responda a sus propios criterios. Esta práctica masista ha sido absolutamente nefasta, ya que al haber hecho de la excepción una norma no solo se ha puesto en duda la idoneidad de las autoridades interinas, sino que además se ha debilitado la función de independencia de estas instituciones del poder ejecutivo. El mismo discurso de la institucionalización se queda a medio camino. No basta con querer mejorar las cosas, eso ya no sirve. Lo que se requiere es cambiar el fondo y la forma de las cosas porque en Bolivia ambas están seriamente comprometidas.
Desde siempre, y aunque nos cueste admitirlo, casi todos piensan que al final del día es el Estado el ente que debe sacar las castañas del fuego, darle dirección y sentido al país, construir desde adentro de sí mismo lo que deberá ser Bolivia, pero por otra parte nadie cree que el Estado esté en condiciones de lograr algo así. Es, francamente hablando, una posición esquizofrénica, pero sigue siendo sensata, especialmente si la comparamos con las posiciones de anarquistas o de liberales de todo fuste que apuntan a hacer desaparecer el Estado, así sea a punta de dinamitazos, jurando que otros estamentos salvadores de la sociedad aparecerán súbitamente apenas el Estado se esfume.
Si tan solo hubiera una clase dirigente, una capa social dinámica y emprendedora, comprometida con la suerte del país en toda circunstancia, empeñada en formatear el país y sus instituciones y capaz de señalar hacia dónde debe marchar, como ha sucedido en muchas otras sociedades, ya podríamos imaginarnos un futuro sin Estado o con un Estado mucho menos absorbente, pero ese no es nuestro caso, también estamos muy lejos de ese escenario, por lo que el Estado sigue siendo nomás nuestro santo grial, el corazón de nuestras esperanzas.
n Lupo asigna importancia decisiva a la institucionalidad como generadora de confianza, pero no nos dice mucho de cómo se construye la confianza y la institucionalidad y mucho menos de cuáles son los problemas de fondo que debe enfrentar. Para basar la reforma del Estado en la institucionalidad tendríamos que tener ideas claras sobre qué obstáculos enfrenta y qué resultados debe generar. Mientras las condiciones de producción y reproducción del 85% de la fuerza de trabajo permanezcan en el sector informal que vive de la desinstitucionalización en todos los ámbitos imaginables, no puede pretenderse convertir la institucionalidad en el motor de la reforma del Estado, pues ello significa simple y llanamente que primero hay que desarticular las reglas y prácticas que le dan vida al sector informal para poder avanzar.
Y eso significa que ya antes que una reforma de la institucionalidad imperante se requiere una revolución productiva. Dicho en pocas palabras: mientras no comprendamos nuestra realidad y, por tanto, no la podamos tomar apropiadamente en cuenta, ningún esfuerzo dará en el blanco, simplemente porque no sabemos hacia dónde hay que apuntar. Amplío esta temática en la sección del qué hacer.
Por todo ello, sin contar con un enfoque muy claro de cómo es posible generar confianza fortaleciendo las instituciones y sin contar con una estrategia que muestre cómo es posible lograr la transición de un Estado desinstitucionalizado a otro institucionalizado en el marco de las leyes aprobadas por la ALP no es posible ni imaginable que se logre ningún fortalecimiento institucional. En breve, lo que se requiere es decir cómo se desmantelarán, controlarán o desactivarán todos esos obstáculos estructurales, ya que los mismos se han convertido en el mayor reto a todo intento por institucionalizar el país. Lupo no nos da ninguna señal, simplemente parece obviar o desconocer estas cuestiones. Estamos sentados sobre explosivos de gran potencia y aún ni nos hemos percatado.
n La posición de Lupo ante los bloqueos deja mucho que desear. Se señala en la entrevista que él estuvo de acuerdo con los diálogos y también con la idea de no sancionar a los bloqueadores, lo cual ya de por sí echa por tierra la importancia de la institucionalidad, pues ella no es posible en un ambiente en que a título de deudas pasadas se exime de encausar a los responsables de muertes y daños inmensos. Aquí se cae en la trampa del victimismo. Sin reconocer la igualdad ante la ley, tanto en materia de derechos, como de deberes u obligaciones, no es posible ninguna institucionalidad.
Parte de nuestra propia tragedia radica en la pervivencia de graves violaciones a los derechos humanos. Pero ello no puede significar que a cuenta de violaciones pasadas se asuma una libertad para delinquir o que ello justifique no poner límites y sancionar a los responsables. La sociedad tiene el deber de reconocer que hay cuentas pendientes con el pasado, por ello considero que es crucial encarar una catarsis nacional que nos ayude a reconstruir la memoria colectiva, a reconocer esas cuentas, a pedir perdón por los agravios pasados y a buscar por todos los medios formas de reconciliación, pero también tiene que ponerse límites claros a los atentados. Sin ello, nos quedamos presos del pasado. Los delitos cometidos por los bloqueadores no pueden quedar en la impunidad, mucho menos debido a la gravedad de las consecuencias ocurridas. De otro modo, eso ya significaría capitular como Estado y como sociedad.
n Lupo también se ha referido a lo que ha denominado “Estado estratega”. Dice que “confundimos el tamaño del Estado con la fortaleza del Estado” cuando no son lo mismo. Dice que “un Estado no es más fuerte porque tenga más empresas, más oficinas o más funcionarios. Es más fuerte cuando funciona, planifica, regula bien, supervisa y exige resultados. Cuando protege los recursos públicos, brinda servicios de calidad y cuando tiene la capacidad de pensar más allá de la coyuntura”. Suena bien.
El drama empieza cuando observamos que no existe ningún diagnóstico más o menos integral de la problemática nacional. ¿Cómo podría tener “la capacidad de pensar más allá de la coyuntura” un Estado que no comprende los obstáculos estructurales a los que debe enfrentarse y que no conoce razonablemente bien la realidad a la que le toca enfrentarse? Tiende a convertirse en un aliado estratégico de las fuerzas adversarias, por error, acción u omisión.
¿Qué hacer, cómo afrontar los obstáculos estructurales?
¿Es posible algo así? La tarea es compleja, pero nunca podremos saber cuán compleja es si no intentamos resolverla. Tratar de delinear en un breve espacio esta tarea es sin duda una osadía, pero sería peor limitarnos únicamente a un diagnóstico demoledor centrado en señalar las condiciones de imposibilidad del cambio estructural en Bolivia. Señalaré algunas líneas estratégicas que considero imprescindible tomar en cuenta.
¿Por dónde empezar, dónde poner el acento?
Los obstáculos estructurales se presentan en tropa, donde cada componente resulta más problemático que el otro. Por ello, es crucial justificar claramente por dónde empezar para derribar a este monstruo de varias cabezas.
Es importante señalar que existe una secuencia histórica en el surgimiento de los obstáculos estructurales. Dicha secuencia no es casual, responde a un orden estricto, donde los primeros obstáculos sirvieron de apoyo a los siguientes. El hecho es que entre unos y otros se fueron estableciendo vínculos cada vez más estrechos, al punto que las condiciones de producción y reproducción de unos y otros se hallan al presente fuertemente anidadas en los otros. Eso significa que es crucial tomar en cuenta los orígenes de toda esta historia de desviaciones para identificar el punto crítico en que deben centrarse inicialmente los esfuerzos de transformación de este estado de cosas. Sin lograr resultados tangibles en plazos relativamente perentorios, será muy difícil entusiasmar al país con un futuro prometedor.
El extractivismo, como la madre de las desviaciones y la emergencia de los obstáculos estructurales, es sin duda el primer candidato a ser objeto de toda clase de ajustes y transformaciones. No obstante, estaríamos cortando toda oportunidad de construir un proceso de transformaciones viable, ya que hoy por hoy el país vive del extractivismo, entendido como el conjunto de modos depredadores de explotación de los bienes naturales irrespetando el medio ambiente, causando graves daños a las funciones ambientales. La tarea esencial en este caso es prohibir toda forma de explotación que lesione el medio ambiente. Evitar el descalabro total, debe ser la consigna. Otros aspectos deberán ser encarados una vez se haya debilitado significativamente su función de generación de medios y recursos al margen de toda norma y buena práctica.
Nuestro siguiente candidato es la informalidad, ya que históricamente es el siguiente de los grandes obstáculos que ha entrado en escena. El origen de la informalidad radica en su ínfima productividad, situación que la ha llevado a la necesidad de valerse de todos los medios imaginables para satisfacer sus necesidades, incluso a usar los vínculos con depredadores y los favores del Estado como “factores de producción”. Todo ello se debe a su vez al hecho que una parte significativa de la población laboral nunca tuvo los medios a su disposición para poder desarrollar actividades productivas de mayor rendimiento. En este caso debe centrarse la atención en reducir drásticamente los vínculos entre la informalidad y la economía delincuencial, ya que los mismos se han constituido en formas de retroalimentación y fortalecimiento de ambos obstáculos estructurales. A su vez, ambos obstáculos se han convertido en los principales tributarios del proceso de desinstitucionalización nacional, por lo que un proceso de reforma de gran calado debe apuntar a reducir y limitar su incidencia, lo cual debe suceder en paralelo a la puesta en marcha de medidas para fortalecer el aparato productivo y apoyar específicamente a los informales. La confianza en la institucionalidad recién se podrá recuperar cuando se pueda apreciar que las fuerzas que la quiebran y vulneran se hallan sometidas a un profundo proceso de transformación.
La economía delincuencial ha emergido a su vez en un ambiente en el que ya muchas precondiciones habían ganado terreno, de modo que instalarse y sacar provecho de todo ese proceso de desestructuración ya resultó una tarea relativamente más simple. Su aporte a la consolidación de los obstáculos estructurales radica en sus métodos que se orientan a la maximización de rentas y al uso de la violencia. Este sector por su propio poder se ha convertido en el eje estructurador del conjunto de obstáculos estructurales que están destruyendo el futuro nacional. Todo intento de combatir directa y abiertamente a esta economía se traducirá en violencia y escasos avances. Por ello, es primordial reducir sus lazos de complementación y dependencia mutuos tanto con el extractivismo como con el sector informal.
La desinstitucionalización y la pérdida progresiva de soberanía ya aparecen como consecuencia de los demás obstáculos. En este punto es primordial señalar que existen muchos otros obstáculos estructurales en Bolivia, pero por su origen y consecuencias están más limitados o restringidos a sus propios ámbitos. Entre ellos cabe mencionar los casos de educación, justicia y transporte.
Estrategia centrada en la transformación del sector informal
Requerimos una estrategia de corto, mediano y largo plazo para desarticular los nudos que se han establecido entre los diversos obstáculos estructurales, pero centrada en el sector informal:
Desincentivar las prácticas que retroalimentan a los diferentes obstáculos estructurales.
Fortalecer al sector informal que procura el sustento familiar, pero tiene graves limitaciones para hacerlo, razón por la que se vale de todo medio que encuentre.
Desarrollar una gran acción combinada entre fortalecimiento del aparato productivo local, regional y nacional y apoyo directo a los informales. La misión radica en mejorar significativamente la productividad en actividades alejadas del extractivismo y los vínculos con la economía delincuencial.
Dicho todo esto, el punto de partida está en el sector informal, debido a que:
Es la expresión de una historia de descuido y desatención, pero especialmente por el hecho que los informales se han convertido en los principales “consumidores” de las desviaciones y tergiversaciones a las que han dado lugar los obstáculos estructurales, o sea, a la desinstitucionalización y, mediante sus vínculos con la economía delincuencial, al contrabando y a todas las formas de depredación y saqueo de los bienes naturales.
La informalidad está primordialmente centrada en satisfacer sus necesidades de subsistencia y no en la acumulación desmedida de riqueza por cualquier medio. Este hecho señalaría una mayor propensión a introducir cambios en su comportamiento, siempre y cuando pueda acceder a condiciones propicias para hacerlo.
La informalidad es producto de la muy exigua productividad de sus operaciones, lo cual se debe a los limitados medios que históricamente ha tenido a su disposición, así como a la magra estructura productiva imperante en el país. Ello significa que, si se logran superar esas limitaciones, se le podrá restar al informal muchas razones para mantenerse en las filas de la informalidad.
Estos pasos requieren trasformaciones profundas:
La primera debe consistir en reformatear el Estado de arriba a abajo para pasar de un Estado burocrático especializado en producir trabas que no son más que trampas para la corrupción, a un Estado proveedor de bienes y servicios públicos y colectivos;
Estos bienes y servicios tendrán la doble misión de contribuir a poner en valor múltiples potenciales repartidos a lo largo y ancho del país, así como de complementar los recursos de los informales para elevar sus rendimientos y niveles de vida en plazos significativamente cortos;
Reconocer que los informales por su larga experiencia y trayectoria en la tarea de ganarse el sustento en condiciones de extrema precariedad se han constituido en la vanguardia de los emprendedores que tiene el país. Una cosa es dar la pelea de la vida con los brazos amarrados, otra muy distinta es contar con toda la fuerza que tiene cada uno.
Conclusiones
Concluyamos este recuento. Confieso que la entrevista al ministro Lupo me ha interesado mucho más desde una perspectiva pedagógica como forma de ejemplificar lo que a estas alturas del desgarre nacional no basta para cambiar el estado de cosas imperante. Eso significa que me he permitido tomar el ejemplo del ministro Lupo, sin duda un profesional respetado en múltiples esferas, para mostrar las profundas debilidades que azotan a nuestra sociedad. Tengo el pleno convencimiento que desconocemos nuestra realidad y que aun cuando procuramos movilizar todas nuestras capacidades y experiencias, nos tropezamos una y otra vez con el mismo drama: no entendemos lo que acontece en Bolivia o, peor aún, preferimos desentendernos de todo ello.
El problema mayor radica en limitarnos casi exclusivamente a la problemática coyuntural y en desconocer muy ampliamente los obstáculos estructurales que nos tienen contra las cuerdas. Tengo algunas hipótesis explicativas acerca de las causas o razones por las que ello ocurre.
− La primera es que nunca hemos realizado diagnósticos profundos y exhaustivos de nuestra realidad. Datos estadísticos, análisis de coyuntura, incluso recuentos históricos centrados en eventos de corta duración no cubren la necesidad de sendos diagnósticos de la problemática nacional. Nunca hemos intentado una historia de nuestras estructuras. Si bien es cierto que nunca es posible una comprensión plena de la realidad y que siempre habrá personas y grupos que prefieran aferrarse a sus propias verdades, el hecho definitivo es que una sociedad incapaz de converger en un conjunto relativamente amplio de diagnósticos no puede desarrollar un lenguaje común, lo cual le impide o dificulta enormemente el diálogo y el consenso. Sin ello no hay ni puede haber visiones de desarrollo promisorio ni proyectos de vida compartidos.
− La segunda es que los cuadros o imágenes públicas que ponen en evidencia la plena vigencia de los obstáculos estructurales los hemos naturalizado e internalizado a tal extremo que ya nos parecen parte usual del paisaje nacional, razón por la que ya ni nos llaman la atención. Por ejemplo, la ciudad de El Ato se ha convertido en un gigantesco toldo que alberga a decenas de miles de vendedores, práctica que la vemos como natural o propia de nuestros usos y costumbres, cuando en realidad se trata de una manifestación extrema de un obstáculo estructural que bloquea nuestro propio progreso.
− Una tercera hipótesis se refiere al hecho que la corrupción se ha generalizado al extremo que se ha institucionalizado: en unos casos se puede pagar por evitar sanciones, pero en otros hay que pagar por fallos favorables a quien tiene la razón o para lograr resultados en plazos razonables, etc.
− Una cuarta hipótesis se refiere a la ausencia de un compromiso serio y profundo con la patria, con su construcción, su defensa, engrandecimiento. Ese compromiso es muy difícil de asumir en una sociedad escindida, incapaz de valorar y respetar a toda su población.
Sin conocimiento adecuado de nuestra realidad, sin un diagnóstico común y compartido, sin identificar plenamente la vigencia de los obstáculos estructurales en todas las esferas de nuestro acontecer nacional y sin señalar claramente la secuencia en que debemos encarar esos problemas, o sea, sin un compromiso serio y rotundo con nuestro futuro, sin vernos como artífices o constructores de nuestra propia patria, no podremos superar el estado de indefensión en que nos hallamos.
Estamos impedidos de velar por nuestro propio futuro debido a la existencia de una coraza conformada por múltiples capas de problemas que nos resistimos a ver, reconocer o admitir. Tenemos el presente que históricamente nos hemos fabricado paso a paso. Es tiempo de fabricarnos el futuro que ansiamos.
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(*) Economista, experto en planificación territorial y gestión de riesgos, Catedrático de “Desarrollo del Capitalismo” (UMSA, 2017). La Paz
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