24 de Mayo, Día Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación

Carlos Rodrigo Zapata C.

Con asombro y con dolor asisto a este 24 de mayo, fecha en que recordamos uno de los actos más temibles de humillación y desprecio que públicamente se ha puesto de manifiesto alguna vez en nuestra patria contra un grupo de seres humanos.
Me refiero al Mayo Negro, a ese día en que una muchedumbre desbocada y enajenada en la ciudad de Sucre, no tuvo ninguna muestra de piedad y conmiseración ante un grupo de personas pertenecientes a los pueblos indígena originario campesinos de nuestra tierra, para poner de manifiesto todos sus resentimientos, rencores y odios.

Todos los actos realizados ese día para denigrar a ese grupo humano, todas las bochornosas escenas que se han quedado tristemente grabadas en nuestra memoria colectiva, son indescriptibles y constituyen una gravísima afrenta a nuestros sentidos humanos más elementales, un atentado incalificable contra la inmensa necesidad que tenemos de construir un porvenir juntos entre todos los bolivianos.

El día de hoy, 24 de Mayo de 2011, se inaugura un monumento de reivindicación a las personas agredidas hace tres años, y ya surgen quejas y protestas en contra por la afrenta que ello significaría hacia la ciudad de Sucre, como si no hubiera razón suficiente para recordar esos sucesos, como si ocultarlos o ignorarlos pudiera ser de algún beneficio.

La tarea primordial radica en recordar esas afrentas, pues no hay ningún mal que pueda enfrentarse y superarse si no somos capaces de reflexionar profundamente sobre lo acontecido.

A continuación deseo aprovechar las memorables palabras del Ex Presidente Federal de Alemania, Richard von Weizsäcker expresadas en ocasión del 40º. Aniversario de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Si bien se refieren al evento más tenebroso y escabroso que le ha tocado vivir a la humanidad, el valor profundo de sus reflexiones es muy provechoso en nuestras circunstancias para hacer frente a toda forma de racismo, discriminación y desprecio en nuestro país.







Discurso del Presidente Federal, Richard von Weizsäcker, en ocasión del 40. Aniversario de la finalización de la Segunda Guerra Mundial (extractos, ver texto original más abajo)

El 8 de Mayo es para todos nosotros, un día para recordar lo que la gente tuvo que sufrir. Es también un día de reflexión sobre el curso de nuestra historia. Mientras más honestamente lo conmemoremos, más libres seremos para asumir responsablemente sus consecuencias.

El 8 de Mayo es un día de recuerdo. Recordar, eso significa, conmemorar un acontecimiento tan honesta y puramente que llegue a constituirse en una parte de nuestro propio ser interior. Eso plantea grandes exigencias a nuestra veracidad.

Recordamos, en particular, a los seis millones de judíos que fueron asesinados en campos de concentración alemanes.

No se trata de superar el pasado. Eso no es posible. No se lo puede cambiar posteriormente o hacer como si no hubiera sucedido. Pero quien cierra los ojos ante el pasado, se vuelve ciego para el presente. Quien no quiere recordar la crueldad inhumana, se hace otra vez vulnerable a nuevos peligros de contagio.

Hemos aprendido de nuestra propia historia de lo que el ser humano es capaz. Por lo tanto, no debemos caer en la ilusión de creer que ahora como seres humanos hemos llegado a ser otros y mejores. (Trad.: C R Zapata)



Rede des Deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker anläßlich des 40. Jahrestages der Beendigung des Zweiten Weltkrieges (extractos) (Ver traducción más arriba)

Der 8. Mai ist für uns vor allem ein Tag der Erinnerung an das, was Menschen erleiden mußten. Er ist zugleich ein Tag des Nachdenkens über den Gang unserer Geschichte. Je ehrlicher wir ihn begehen, desto freier sind wir, uns seinen Folgen verantwortlich zu stellen.
Der 8. Mai ist ein Tag der Erinnerung. Erinnern, das heißt, eines Geschehens so ehrlich und rein zu gedenken, daß es zu einem Teil des eigenen Innern wird. Das stellt große Anforderungen an unsere Wahrhaftigkeit.

Wir gedenken heute in Trauer aller Toten des Krieges und der Gewaltherrschaft.

Wir gedenken insbesondere der sechs Millionen Juden, die in deutschen Konzentrationslagern ermordet wurden.

Es geht nicht darum, Vergangenheit zu bewältigen. Das kann man gar nicht. Sie läßt sich ja nicht nachträglich ändern oder ungeschehen machen. Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahren.

Wir lernen aus unserer eigenen Geschichte, wozu der Mensch fähig ist. Deshalb dürfen wir uns nicht einbilden, wir seien nun als Menschen anders und besser geworden. 

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Incluyo este valioso testimonio documental de los hechos acaecidos ese infausto 24 de mayo de 2008.  

HUMILLADOS Y OFENDIDOS (2008) Versión Oficial en español por Artes Andes Américas

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•16 ago. 2017

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ArtesAndesAmericas

Película documental de 45 minutos dirigida por César Brie, Pablo Brie y Javier Horacio Alvarez que recoge testimonios de los hechos de racismo ocurridos el 24 de mayo de 2008 en Sucre, Bolivia. Investigación y cámara: César Brie. Edición: Javier Horacio Alvarez. Sonido: Pablo Brie. Música: Luzmila Carpio. Producida por Artes Andes Américas en 2008.

https://www.youtube.com/watch?v=my_dfXXaLTI&feature=emb_logo

Incluyo este breve testimonio personal de las consecuencias de los actos de agresión contra la población rural de Chuquisaca acontecidos el año 2008.

Recuerdo que en el mes de septiembre del mismo año de esta agresión sin nombre, me tocó trasladarme a Sucre para realizar una consultoría. 

Al llegar a la plaza principal de la ciudad percibí de inmediato que algo había cambiado. No atinaba al principio a decir qué, simplemente percibía una atmósfera distinta. 

Luego de dar una vuelta a la plaza, de pronto comprendí, qué era lo que me causaba ese desasosiego: los vendedores de origen rural, del interior del departamento, habían desaparecido, no había rastro de ellos en los confines de la plaza. Los tarabuqueños solían estar presentes con sus tejidos y sus llijllas, también otros comerciantes de otros productos de alfarería e instrumentos musicales, pero de igual modo ya no se hallaban en la plaza y alrededores. Solían darle mucha vida al ambiente de la plaza. Pero en ese momento había un gran silencio y una energía distinta. 

Así me di cuenta que las salvajes agresiones contra los pobladores del área rural apenas 4 meses antes, habían dejado una huella pesada y profunda en la ciudad.

 CR Zapata

¿Por qué la plata no llega a la gente?

Carlos Rodrigo Zapata C.

"No podemos pretender que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo.… Es de la crisis que nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias…. la verdadera crisis es la crisis de la incompetencia…. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo.

Fragmentos sobre Crisis, de Albert Einstein

La situación actual en Bolivia amenaza con desbordarse, no sólo por la intolerancia y la falta de opciones y alternativas de las que hacen gala las partes en disputa para enfrentar los conflictos en marcha, sino por el simple y mero hecho que las partes están sacando a relucir una diversidad de inconsistencias y comportamientos tozudos para encarar las cosas que están poniendo en riesgo la tranquilidad y la estabilidad en el país.

En esta nota nos hemos propuesto mostrar las principales aristas de la problemática del momento actual y su íntima conexión con diversas prácticas y discursos que se hallan en la base misma de la agudización de la problemática actual. Dado que ya no es aceptable engolosinarse con comentarios analíticos críticos, en la sección final de esta nota se plantea propuestas concretas para enfrentar este estado de cosas. Pero empecemos nuestra revista a la situación imperante.

Interpretaciones erróneas

El gobierno parece empeñado en minimizar la crítica situación económica de la mayor parte de la población, así como en mantener una estrategia de desarrollo que va haciendo aguas por todos lados, sin percatarse que justamente dicha estrategia es la causa primordial de la crisis económica que de modo cada vez más claro y evidente se va posicionando de nuestro país. Por su parte los trabajadores, comandados por la COB y una gama relativamente amplia de organizaciones sindicales, se han propuesto explotar sin misericordia las falencias que se pueden percibir en la situación económica del país.

Recurriendo a su consabido estilo contestario y haciendo gala de una gran incapacidad para formular propuestas de todo tipo, estas organizaciones se han propuesto imponer a punta de dinamitazos, marchas y bloqueos un incremento salarial que vaya más allá de lo ofrecido por el Gobierno que, según él, supera la tasa de inflación anual.

Aquí se halla uno de los mayores puntos de desencuentro, ya que el mismo Gobierno cree a pie juntillas en la exactitud de la tasa de inflación anunciada, sin tomar en cuenta que los precios de los alimentos han aumentado mucho más que los demás bienes y que la gran mayoría de la población destina la mayor parte de sus ingresos mensuales a la adquisición de alimentos. Eso significa que el incremento real o efectivo de la inflación, el que pesa en los bolsillos de los ciudadanos, es mucho mayor que el aceptado o admitido por el gobierno.

No obstante, otros indicadores están mostrando que la crisis económica ha llegado a niveles muy preocupantes. Por un lado, los datos de subempleo nos dicen que el desempleo equivalente llega al 52% de la fuerza de trabajo, lo cual significa que en realidad sólo la mitad de la fuerza de trabajo se halla plenamente empleada, mientras que la otra mitad se hallaría literalmente desempleada, completamente desocupada. Por otro lado, en el actual periodo de gobierno son ya cientos de miles de ciudadanos bolivianos los que han salido del país en busca de sustento, estimándose la cifra en torno a los 400.000 migrantes. Estas crudas realidades no son admitidas ni tomadas en cuenta, y simplemente son atribuidas a gestiones pasadas, como si fueran asuntos que no le corresponde encarar al Gobierno.

Priorizaciones equivocadas

Al mismo tiempo que el Gobierno ignora estas realidades que afectan de modo sustancial la situación de empleo, producción, ingresos y la unidad familiar, adicionalmente afectada por la migración y la separación de las familias, el Gobierno se ha propuesto industrializar nuestros recursos naturales, para lo cual viene anunciando desde hace años la necesidad de destinar ingentes recursos del Estado para dicho fin. Aquí se puede apreciar otra profunda inconsistencia entre lo que se requiere en el corto y mediano plazo y lo que se pretende hacer a largo plazo, ya que la mayor parte de los emprendimientos que se propone tardarán entre una y dos décadas.

¿Por qué el enfoque de destinar el grueso de la inversión pública a la industrialización de nuestros recursos naturales está equivocado hoy por hoy, qué observaciones se puede hacer al mismo y qué relación íntima tiene todo ello con la situación de crisis que se percibe por doquier?

Veamos primero en qué se pretende invertir, qué montos se quiere destinar y analicemos sus pros y contras, pues sólo de ese modo podremos comprender por qué existen tantas discrepancias, inconsistencias y desavenencias entre las partes en conflicto. En una separata publicada por el gobierno el último fin de semana se vuelve a reiterar el esquema ya consabido: para producir urea, amoniaco y convertir gas en líquido, se pretende construir tres plantas, cada una con un costo de 1700 millones de dólares, es decir, 5100 millones de dólares, ¡una cifra sideral para nuestra economía! Más allá de ello existen varios otros proyectos que se tiene en mente, como el de las baterías de litio, la siderurgia en el Mutún, e incluso otros de final feliz muy dudoso, como poner en marcha la fundición poli-metalúrgica de Karachipampa que nunca ha funcionado ni se tiene certeza alguna sobre la posibilidad que pueda funcionar, o el proyecto azucarero de San Buenaventura basado en caña de azúcar, una quimera paceña que se pretende implementar en suelos no aptos para cultivos anuales intensivos a escala industrial, como reiteradamente se ha señalado.

Para comprender la real dimensión del problema que tenemos entre manos y el que se nos viene encima, es preciso destacar, junto con la magnitud de los recursos que se pretende destinar a estas inversiones, el rol que se le asigna a la industrialización de los recursos naturales en la estrategia de desarrollo del país. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) considera que los “Sectores Estratégicos”, entre los cuales se incluye hidrocarburos, minería, energía eléctrica y ambiental, son los que generan excedentes económicos y son los que deben contribuir a proveer recursos de inversión para financiar a los “Sectores Generadores de Ingresos y Empleo”, entre los cuales se encuentra los sectores agropecuario, industrial, vivienda y turismo. Textualmente, el PND enuncia este punto del siguiente modo: “La idea central es que, a partir de sus excedentes, los sectores estratégicos, además de reinvertir, provean recursos a los sectores generadores de ingresos y empleo para contribuir a diversificar la economía y el desarrollo social” (Decreto Supremo Nº 29272 de 12 09 2007 que aprueba el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República).

Qué significa ello en pocas palabras? Que las inversiones que se realicen en los sectores generadores de ingresos y empleo dependen del éxito que tenga el país en materia de industrialización de sus recursos naturales. Eso significa que dichos sectores deberán esperar a que haya buenos resultados en el proceso de industrialización para poder contar con recursos de inversión para poder desarrollarse. Dado que se trata de los sectores que generan ingresos y empleo, ello significa que el país debe esperar los resultados de la industrialización de los recursos naturales para generar ingresos y empleo.

Uno podría sorprenderse con esta estrategia, decir que es una barbaridad supeditar o condicionar la provisión de recursos de inversión a los sectores generadores de empleo, hasta tanto se tenga éxito en la industrialización de los recursos naturales. No obstante, es oportuno no dejar el análisis a medio camino, sino proseguir con él hasta el punto en que podamos tener elementos de juicio suficientes como para poder decir con mucha certeza si se trata de una estrategia adecuada, bien encaminada, o si por el contrario es una estrategia que terminará profundizando y ahondando la crisis económica que se va instalando en el país. Prosigamos con el análisis.

Dos cosas llaman profundamente la atención. La primera es que el gobierno está convencido que las inversiones en la industrialización de los recursos naturales no son generadoras de empleo e ingresos, cuando menos, no en la magnitud que se requiere, pues de otro modo no habría sido necesario hacer esa diferenciación entre sectores. La segunda cosa que llama la atención tiene que ver con las características y dificultades propias de un proceso de industrialización como el que se pretende. Se trata de inversiones altamente intensivas en capital, de larga maduración, profundamente dependientes de mercados externos, en sectores de actividad en los que el país prácticamente no tiene ninguna capacidad de interconectarse con dichos emprendimientos, al menos a corto y mediano plazo, razón por la que dichas inversiones contribuirán a formar enclaves productivos, polos aislados de desarrollo, que no se hallan umbilicalmente conectados con la matriz productiva nacional. Esta medida corresponde a la estrategia de substitución de importaciones que tuvo un impacto significativo en América Latina hacia los años 50 y 60 del pasado siglo, pero sólo pudo avanzar notablemente en países con amplios mercados internos, un requisito que el país no cumple.

Empleando estos elementos del análisis, podemos decir que el Gobierno les está diciendo a los trabajadores que no sean tan exigentes, porque lo que pretende es usar los fondos disponibles en las inversiones señaladas y que en algún momento en el futuro, gracias a dichas inversiones, podremos ahorrarnos las importaciones y con ello financiar las operaciones y las actividades de los sectores productivos generadores de empleo. ¿No significaría todo ello que tendríamos que esperar años, incluso décadas, aún en el caso que no surjan nuevos casos de corrupción que posterguen las inversiones previstas, para contar con recursos que provengan de la industrialización de nuestros recursos y puedan financiar las inversiones de los sectores generadores de empleo? ¿Y mientras tanto, qué hacemos?

El problema del estancamiento al que nos vamos aproximando cada vez más, tiene muchos padres, padrinos y padrastros que es oportuno identificar. Por un lado, existe un afán casi desesperado de los más diversos estamentos y sectores sociales del país por “chauchitar” (lanzar al aire objetos de valor de modo despilfarrador) el excedente económico, llámense municipios, gobernaciones, organizaciones indígenas, universidades, etc., y ahora también trabajadores, y por otro lado, existe la pretensión de encarar un proceso industrializador que nos dejará sin recursos prácticamente para nada, excepto para unas plantas petroquímicas y otras siderúrgicas, si alcanzan los fondos para ello. Estas pretensiones son ajenas a la realidad, simplemente porque no responden a lo que espera y requiere el país con gran urgencia.

Así como no se trata de renunciar a la industrialización o de dejarla en manos de las transnacionales, tampoco podemos despilfarrar las rentas que actualmente percibimos por la explotación de nuestro recursos naturales en una multitud de pequeños proyectos de mínimo impacto y trascendencia, pero tampoco podemos impulsar un proceso de industrialización forzado, que succione nuestros escasos recursos, nos deje sin fondos para invertir en los sectores generadores de empleo e ingresos y, encima de todo ello, nos haga dependientes de grandes mercados externos, pues el tamaño mínimo de las plantas petroquímicas y siderúrgicas rebasa en mucho nuestro propio mercado interno. La pregunta que surge entonces, con gran angustia y preocupación, es qué hacer. A continuación presento mi propia propuesta que espero pueda contribuir a dar luces en estas circunstancias.

Propuesta: Provisión de bienes y servicios públicos y colectivos a los sectores y regiones

En Bolivia necesitamos hoy en día una política estratégica centrada en la provisión de bienes y servicios públicos y colectivos (que abreviaremos como BSPC) de todo orden. Pero, ¿qué son los BSPC? Son todas aquellas facilidades, servicios y equipamientos que son requeridos por los distintos rubros productivos y microrregiones para poder desempeñar su labor adecuadamente.

¿De qué BSPC estamos hablando más concretamente? Por ejemplo, de la seguridad pública y la estabilidad de la moneda, de las carreteras y las plazas, todos ejemplos natos de bienes públicos. Pero vamos más allá, vamos al detalle, estamos hablando de silos comunales, hornos de secado de madera, unidades de inseminación artificial de ganado lechero mejorado, proyectos de investigación en pastos para la altura, cooperativas de compra y venta de insumos y productos finales, planes y estrategias de desarrollo bien formulados y concertados, unidades de procesamiento en común de las materias primas de los asociados, del transporte en común, provisión de servicios especializados de salud animal, infraestructura especializada para el sector turístico, como es la señalización, los centros de interpretación, los miradores, en fin, toda una diversidad de soluciones colectivas ajustadas a los diversos sectores productivos y microrregiones que permiten a los usuarios que se benefician con el acceso a estos diversos servicios y facilidades complementarios, poner en valor y emplear plenamente sus propios recursos, sin los cuales no estarían en condiciones de hacerlo.

El Estado es el actor naturalmente llamado a proveer dichos bienes y servicios, lo cual no significa que sólo el Estado deba ocuparse de ello. De hecho es una tarea que demanda la participación de toda la sociedad. A modo de destacar la importancia y necesidad de los BSPC, posiblemente baste señalar que la existencia del sector informal y la pobreza concentrada en él, se deben esencialmente a la insuficiente provisión de dichos BSPC. O dicho de otro modo: los sectores económicos y las regiones que prosperan en cualquier parte del mundo, y también en nuestro propio país, se debe a que se han dotado de los BSPC que requieren para realizar su labor.

Sin dichos BSPC el común de los actores económicos no encuentra las condiciones complementarias indispensables para poder desarrollar su labor efectiva y productivamente, ni los medios suficientes para emplear y poner en valor sus propios recursos y su capital, por lo que no tienen otro remedio que migrar a las ciudades o al exterior en busca de otras oportunidades, o no les queda otro camino que refugiarse en el sector informal, convirtiéndose en verdaderos acróbatas de la supervivencia y en protagonistas y reproductores del desorden que ello trae consigo, pues hoy en día el sector informal es sinónimo de violar las leyes, tanto las buenas como las malas, de contrabando, explotación brutal de la mano de obra, desnutrición, condiciones de vida insanas y miserables, etc.

De ahí que una política estratégica-estructural de generación de riqueza a lo largo y ancho de la sociedad, así como de redistribución de oportunidades y de riqueza, pasa indefectiblemente por una política de provisión de todos los BSPC necesarios para todos los sectores, como ser el agrícola, pecuario, vivienda y hábitat, turismo, desarrollo tecnológico, minería, etc., así como para todos los territorios, llámense Amazonía, altiplano, chaco, valles y para todas las microrregiones.

La virtud de una política de este tipo es que se trata de generar medios complementarios indispensables para poder producir en condiciones adecuadas, y que la participación ciudadana es primordial para definir qué BSPC y en qué cantidades deben proveerse. Los montos de inversión requeridos para todo ello, para lograr una inserción productiva de mejor nivel y calidad de los productores a los circuitos de la economía nacional, son perfectamente manejables con los recursos que dispone nuestra economía, siempre que se destinen primordialmente a este fn.

En pocas palabras: la única política que puede reorientar el esquema actual, utilizar nuestros escasos recursos en inversiones realmente productivas y provechosas, crear empleo hoy, sentar mejores bases para la industrialización de nuestros recursos naturales y evitar el despilfarro de nuestros escasos recursos, radica en priorizar la provisión de BSPC en todos los sectores, territorios e instituciones, puesto que dichos BSPC facilitarán el acceso a equipamientos, bienes, facilidades y servicios complementarios que hoy por hoy son usualmente inaccesibles para la gran mayoría de actores económicos, por lo que sólo les queda el camino ya mencionado de subsistir precariamente, subempleando o dejando sin emplear muchos de sus recursos, ya que dichos BSPC no pueden ser provistos por los productores o emprendedores individual o aisladamente, sino son resultado de la acción colectiva cooperativa de la sociedad o grupos de ella.

Este modo de abordar la problemática actual, no sólo permitirá encararla y enfrentarla exitosamente, sino que además permitirá instalar un nuevo modo de actuar, toda vez que el Estado deberá asumir un nuevo rol, mientras que la participación ciudadana ya no podrá quedar en el ámbito de lo declarativo y discursivo, sino que deberá asumir un papel protagónico de primera importancia. A partir de este esquema, la participación ciudadana de verdad importará y contará, sino que además tendrá mucha tarea para la casa.

Por todo lo señalado, puede apreciarse que la estrategia de desarrollo actualmente seguida está conduciendo a graves y serios desajustes, donde la priorización de la industrialización de los recursos naturales y la idea que el excedente que generen estos sectores será la fuente para financiar las inversiones de los sectores generadores de ingresos y empleo, conducen a postergar las decisiones de inversión en estos sectores que requieren con urgencia incrementar la producción y la productividad, generar mayor valor agregado, incrementar los grados de empleo, multiplicar los ingresos y reagrupar a cientos de miles de familias dispersas por el mundo en la gran diáspora boliviana.

La vía para lograr todo ello pasa indispensablemente por la provisión de bienes y servicios públicos y colectivos, que constituyen el eslabón perdido del desarrollo, aquella parte de los procesos de desarrollo que siempre ha sido obviada u omitida en el país, circunstancia que nos mantiene en una situación de profundo rezago económico y en un grado de pobreza muy pronunciado.

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Economista, planificador regional, especialista en bienes públicos. E-mail: carlosrodrigozapata@gmail.com

Consulta sobre libertad de expresión y lucha contra el racismo

Carlos Rodrigo Zapata C. 

"¿Es éticamente aceptable limitar la libertad de expresión en la lucha contra el racismo y la discriminación?"

Consulta realizada a Javier Darío Restrepo, director del Consultorio Ético de la FUNDACIÓN NUEVO PERIODISMO IBEROAMERICANO (FNPI), en octubre de 2010.

“Bolivia es una sociedad que se caracteriza, entre otras cosas, por un pronunciado racismo y la práctica de numerosas formas de discriminación. Esa conducta ha llevado al extremo de conculcar toda clase de derechos y a “naturalizar” una escala social, donde los indígenas se hallan al final de ella.

En dicho marco y en consideración al hecho que hace más de 40 años Bolivia ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la Ley de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación, ley que permite por primera en la historia del país hacer frente a todos esos desbordes sociales a lo largo de nuestra historia.

En dicha ley se han incluido los artículos 16 y 23 que han desatado una intensa polémica, particularmente con algunos sectores del gremio de los periodistas y de los medios de comunicación, debido a que según ellos, dichos artículos conculcan la libertad de expresión y, por tanto, el derecho a ejercerla. Para mayor detalle, transcribo a continuación los artículos referidos:
Artículo 16. (MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN). El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación.

Artículo 23. Se incorpora en el Título VIII del Libro Segundo del Código Penal, el “Capítulo V” denominado: “Delitos contra la Dignidad del Ser Humano”, el mismo que comprenderá las siguientes disposiciones:

Artículo 281 bis.- (Racismo).
I. La persona que arbitrariamente e ilegalmente, restrinja, anule, menoscabe o impida el ejercicio de derechos individuales o colectivos por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, ascendencia, pertenencia a naciones y pueblos indígena originario campesinos o el pueblo afroboliviano o uso de su vestimenta o idioma propio, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a siete años.
II. La sanción será agravada en un tercio el mínimo y en una mitad el máximo cuando:
a) El hecho sea cometido por una servidora o servidor público o autoridad pública.
b) El hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público
c) El hecho sea cometido con violencia.

Artículo 281ter.- (Discriminación).
La persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, por motivos de sexo, edad, género, orientación sexual e identidad de género, identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión política o filosófica, estado civil, condición económica o social, enfermedad, tipo de ocupación, grado de instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional, apariencia física y vestimenta, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a cinco años.
I. La sanción será agravada en un tercio el mínimo y en una mitad el máximo cuando:
a) El hecho sea cometido por una servidora o servidor público o autoridad pública.
b) El hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público.
c) El hecho sea cometido con violencia.

Artículo 281 quater.- (Difusión e Incitación al Racismo o a la Discriminación).
La persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, o que promuevan y/o justifiquen el racismo o toda forma de discriminación, por los motivos descritos en los Artículos 281 bis y 281 ter., o incite a la violencia, o a la persecución, de personas o grupos de personas, fundados en motivos racistas o discriminatorios, será sancionado con la pena privativa de libertad de uno a cinco años.
I. La sanción será agravada en un tercio del mínimo y en una mitad del máximo, cuando el hecho sea cometido por un servidora o servidor, o autoridad pública.
II. Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno.

Artículo 281 septieser. (Organizaciones o Asociaciones Racistas o Discriminatorias).
La persona que participe en una organización o asociación que promuevan y/o justifiquen el racismo o la discriminación descritos en los Artículos 281 bis y 281 ter o incite al odio, a la violencia o la persecución de personas o grupos de personas fundados en motivos racistas o discriminatorios, serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a cuatro años.
La sanción será agravada en un tercio el mínimo y en una mitad el máximo, cuando el hecho sea cometido por una servidora o servidor público o autoridad pública.

Articulo 281 octies.- (Insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios). El que por cualquier medio realizare insultos u otras agresiones verbales, por motivos racistas o discriminatorios descritos en los Artículos 281 bis y 281 ter, incurrirá en prestación de trabajo de cuarenta días a dieciocho meses y multa de cuarenta a ciento cincuenta días.
1. Si este delito fuera cometido mediante impreso, manuscrito o a través de medios de comunicación, la pena será agravada en un tercio el mínimo y en un medio el máximo.
1. Si la persona sindicada de este delito se retractare, antes o a tiempo de la imputación formal, la acción penal quedará extinguida. No se admitirá una segunda retractación sobre el mismo hecho. 1. La retractación deberá realizarse por el mismo medio, en iguales condiciones y alcance por el cual se realizó el insulto o la agresión verbal, asumiendo los costos que ello implique.

Mi consulta, muy apreciado Javier, es como sigue: ¿Considera que los artículos citados de la referida Ley conculcan el derecho a la libertad de expresión? ¿Existen argumentos éticos que podrían respaldar esa lectura de los gremios periodísticos bolivianos o, por el contrario, respaldarían el alcance de la ley en los términos en que ha sido planteada? Dicho aún más en breve: ¿cómo se conjugan esos dos derechos fundamentales: a la libre expresión y a no ser discriminado?

Estaré atento a sus comentarios, que me merecen mucho respeto por su amplitud y ecuanimidad.

Mis cordiales saludos desde La Paz, la ciudad del Illimani, y mis felicitaciones por su novela, que espero tener pronto ocasión de leer.

Carlos Rodrigo Zapata C.
Titular del Blog CLARABOYA"
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Respuesta de Javier Darío Restrepo a la consulta.[1090]Ética y leyes

¿Es éticamente aceptable limitar la libertad de expresión en la lucha contra el racismo y la discriminación?

Carlos Rodrigo Zapata
Independiente
La Paz, Bolivia.
Publicado por: Carlos Rodrigo Zapata en mar 08, 2011 10:26 Categoría:La Ética
http://www.fnpi.org/consultorio-etico/consultorio/?tx_wecdiscussion[single]=32918co/consultorio/?tx_wecdiscussion[single]=32918

"Hay dos formulaciones del problema planteado en la consulta:
• Utilizar la libertad de expresión como escudo para defender informaciones racistas y discriminatorias publicadas con total impunidad.
• Utilizar la condena del racismo y de la discriminación como argumento para limitar o desconocer la libertad de expresión.
La primera formulación supone una distorsión del concepto de libertad. Al suponer que un periodista es libre para escribir y publicar lo que quiera, se olvida que la libertad no es la aliada del capricho personal sino el instrumento al servicio del deber ser de las personas. Dicho de otra manera, nadie es libre para hacer el mal, en este caso la información racista y excluyente; se tiene la libertad como garantía para hacer el bien sin que nadie pueda impedirlo.
La segunda formulación equivale al uso de un fin bueno, la promoción y defensa de una información no racista, para justificar un medio malo: ejercer control estatal sobre la información pública. Si el conflicto entre gobierno y medios de comunicación ha de mostrarse en un nivel ético, son los medios los que están obligados a un tratamiento no racista, ni discriminador de la información, de modo que resulte superflua cualquiera legislación al respecto. La ética, en efecto, vuelve inútiles las leyes, por sustracción de materia. Pero si la propuesta ética no encuentra acogida en los medios, el gobierno debe aplicar las leyes; porque cuando no hay ética se debe acudir a las leyes que defienden el bien común.

Documentación.
Existen afinidades y discrepancias entre lo legal y lo moral. Por una parte, tanto la ley como la moralidad se ocupan de imponer ciertas normas de conducta sin las cuales difícilmente podría sobrevivir la humanidad. Tanto las normas morales, como las legales imponen obligaciones o crean el sentimiento de obligación en un sentido que difiere notoriamente del sentimiento de obligatoriedad compulsiva con que son obedecidas las leyes dadas por alguien que nos apunta con pistola. Tanto las normas morales como las legales crean obligación a causa de existe una fuerte presión social para su cumplimiento y debido a que las obligaciones y deberes que conllevan, implican sacrificios o renuncias particulares. El tipo de presión social varía en el caso de la ética y el derecho, es de tipo informal en las normas morales y consiste en sanciones físicas en el caso de las normas legales. Hay sorprendentes semejanzas entre las normas legales y las morales:

1. Ambos tipos de normas se consideran obligatorias con independencia del consentimiento del individuo obligado por ellas y cuentan como apoyo con una fuerte presión social.
2. El cumplimiento de las obligaciones tanto legales como morales se considera algo que no merece elogio en particular, sino que es una contribución mínima a la vida en sociedad que ha de considerarse como algo que cabe esperar de todo mundo.
3. Tanto el derecho como la moral incluyen normas que gobiernan la conducta de los individuos en situaciones que se repiten constantemente a lo largo de la vida, más que referirse a situaciones especiales.
4. En ambos casos se incluyen exigencias que deben ser satisfechas por cualquier grupo que quiera una vida en común, de ahí las prohibiciones de violencia, o las exigencias de verdad y honradezque se encuentran en ambos tipos de normas. Esperanza Guisán en Razón y pasión en ética. Anthropos, Barcelona, 2008. Pp 133, 134, 125."

--------- Fin de la Respuesta --------

Mi comentario a la respuesta del Consultorio Ético de la FNPIApreciado Javier Darío,

Considero muy valioso su punto de vista, ya que permite apreciar el valor, la función y el lugar de ambos “bienes” mayores, tanto de la libertad de expresión como de la lucha contra el racismo.
Sociedades sedientas de comunicación y requeridas de coordinar y afinar sus modos de actuación e intervención sobre sí mismas, no pueden darse el lujo de una libertad de expresión pobre, recortada, censurada, venida a menos. De igual modo, las sociedades no pueden darse el lujo de discriminar a unos u otros individuos por su apariencia física o por cualquier otro rasgo que pueda distinguirlos, especialmente porque esas formas discriminatorias de valoración crean barreras y muros, vallas cada vez más difíciles de superar, todo lo cual hace crecientemente difícil toda forma de comunicación y de organización de la acción colectiva en la sociedad, el ingrediente básico para hacer posible una convivencia a la altura de todos y cada uno de los conciudadanos. El colmo en este marco sería apelar a la libertad de expresión para denigrar a determinados grupos poblacionales, valerse de ella para ejercitar el racismo y otras formas de discriminación.

El debate que ha surgido en Bolivia en torno a la libertad de expresión y la lucha contra el racismo a raíz de la ley de lucha contra el racismo, presenta de cuerpo entero la importancia de ambos bienes y la necesidad de administrar y cuidar su adecuado cumplimiento, sin contraponerlos, sin menoscabarlos, sin priorizar uno de ellos a costa del otro, pues está claro que la sociedad no tolerará esos extremos.

En el caso de Bolivia, el tema del racismo y la discriminación tiene carta de ciudadana, campea y se pasea orondo por plazas y parques, como si fuera parte del paisaje o de las prácticas más comunes y habituales de nuestra sociedad. Por tanto era y es necesario hacer frente a este extremo, evitar que el racismo se convierta en un estigma permanente de nuestra sociedad y darle oportunidades veraces a la comunicación, al encuentro, a la convivencia y al respeto entre todos los ciudadanos, pues todos tenemos mucho que ganar y aprovechar de nuestros congéneres.

Por otro lado, resulta incomprensible que muchos medios de comunicación tengan la gentileza y la amabilidad de abrir micrófonos y espacios escritos de opinión, pero no se den la molestia de moderar las opiniones racistas y desbocadas de sus usuarios, y tampoco tengan ninguna política para enfrentar estos extremos. Y encima de todo ello, se molesten e indignen cuando se les llama la atención, cuando se les hace notar que no están haciendo su tarea, que no pueden facilitar y menos fomentar toda forma de expresión racista, que no pueden ofrecer ningún escenario ni oportunidad a ese tipo de manifestaciones, especialmente en una sociedad que se considera a sí misma tan diversa que requiere manejar con sumo cuidado las formas de expresarse, simplemente con el afán de evitar que puedan surgir malas interpretaciones.

En este marco resulta muy penoso que no se comprenda la necesidad de cuestionar profundamente las expresiones racistas, y que diversos gremios de “comunicadores” persistan en su cruzada de eliminar los artículos de la Ley de lucha contra el racismo, citados anteriormente. La falta de una política y una práctica de auto moderación en la forma de ejercer la libertad de expresión, conduce inevitablemente a que otras instancias asuman ese espacio, en este caso el Estado en su calidad de Legislador.

Como lo dice Restrepo: ”La ética, en efecto, vuelve inútiles las leyes, por sustracción de materia. Pero si la propuesta ética no encuentra acogida en los medios, el gobierno debe aplicar las leyes; porque cuando no hay ética se debe acudir a las leyes que defienden el bien común” (Las negrillas son nuestras). A ello no tengo más que agregar.

Una vez más, muchas gracias a Javier Darío. Ojala siempre podamos contar con opiniones prontas y ecuánimes como las tuyas para poder superar oportunamente nuestros puntos de vista encontrados.

La Paz, 22 de marzo de 2011

Fecha en que se conmemora 31 años del vil y cruel asesinato de Luis Espinal Camps, sacerdote jesuita, paradigma de la libertad de expresión en Bolivia. Paz en su tumba. Vive en nuestra memoria.

“Leyes de la gravedad” en la economía y Estrategia de Desarrollo

Carlos Rodrigo Zapata C. (*)

Así como no puede decretarse la suspensión de la ley física de la gravedad en el ámbito terrestre al conjuro de “¡manzana, no caigas!”, del mismo modo no puede ignorarse una diversidad de leyes esenciales en la economía, so pena de tener que pagar sus consecuencias tarde o temprano.

El problema es que al presente ya nos hallamos en Bolivia pagando las consecuencias de no emplear ni comprender una diversidad de leyes esenciales en la economía, ya que ahora es el desabastecimiento y el crecimiento abrupto de precios de bienes esenciales de la canasta familiar, pero mañana será la falta de recursos de inversión, el empobrecimiento de otras capas de población y la pérdida de una oportunidad extraordinariamente valiosa para forjar las capacidades que requiere el Estado Plurinacional para hacer realidad los derechos y garantías constitucionales que la sociedad demanda. Pero vamos por partes. Primero nos referiremos sucintamente a algunas “leyes de la gravedad” en la economía y luego pasaremos a referirnos a la actual estrategia de desarrollo, la madre de todos los desvíos.

Una de dichas leyes es el equilibrio entre las cuentas de ingresos y gastos, lo cual significa en buen romance que no puedes gastar más de lo que tienes, ni comprometer mayores gastos que los ingresos saneados que esperas percibir en determinados plazos. No importa cuántas vueltas le demos a este asunto, no interesa en nombre de qué causa justa o de qué legitimación popular se lo haga, el hecho concreto es que al final del día las cuentas de ingresos y gastos deben estar saldadas, equilibradas entre sí. Por cierto que esta es una manera de decirlo, pues con excepción de los cajeros, que deben tener su arqueo exacto al final de cada día, la economía debe mantener esos equilibrios en periodos más prolongados, tan cortos o largos como se lo permita su ingeniería financiera.

No hacerlo así, no saber a ciencia cierta de dónde saldrán los recursos financieros -la platita- para cubrir las cuentas actuales, es un grave pecado que puede llevar a la economía de un país a la quiebra y a sus habitantes a su completa ruina. Basta ver lo que está pasando en Europa, donde un país van cayendo detrás del otro como fichas de dominó, sólo por aferrarse a una ingeniería financiera fantasmagórica, dizque capaz de independizarse de la economía real –aquella que anota sólo lo que ve y no cuenta los pollos antes de nacer-, que arrastró detrás de si a muchos aventureros que comprometieron hasta sus camisas en estas correrías. Al desatarse la crisis financiera internacional, todo se vino abajo, como un castillo de naipes construido en las nubes.

La mejor manera de no dejarse sorprender con desajustes muy pronunciados y difícilmente financiables a corto o mediano plazo, he aquí otra de las “leyes de la gravedad” en la economía, es la libre formación de precios en base a las fuerzas de oferta y demanda. ¿Una herejía? Pues, para nada. La ciencia económica ha establecido que los sistemas de coordinación centralizados conducen irremediablemente a un gran fracaso, especialmente porque al imponer precios y otras condiciones en unos pocos o en muchos productos, llevan a distorsionar la asignación de recursos en la economía en mayor o menor grado, conduciendo en algunos casos a producir insuficientemente (por ejemplo, cuando se fija precios de venta, se prohíbe las exportaciones, se substituye verticalmente extensas estructuras de intermediación o cuando se altera alegremente una estructura de precios, conformada a lo largo de varios lustros), en otros casos a producir en demasía (especialmente cuando se promete pagos extraordinarios, por encima de los precios vigentes en el mercado, o se reparten subvenciones indiscriminadamente) o a producir “elefantes blancos” o estructuras insostenibles, que se apoyan en esos precios y condiciones fantásticas impuestos por la autoridad centralista, que por lo general no reflejan la situación de escasez existente en la economía (basta pensar en los efectos que ocasionan las subvenciones, así como proyectos tipo Karachipampa, un cadáver insepulto).

Por ello, los sistemas económicos complejos, con millones de participantes y de decisiones diarias, han optado en casi todo el mundo por sistemas descentralizados de coordinación de acciones, basados en la libre formación de precios en los mercados, ya que permiten procesar millones de decisiones simultáneas –en materia de asignación de recursos, producción, consumo, compra, venta, etc.- sin tener grandes costos de coordinación, puesto que el sistema de precios libremente establecido se constituye en un sistema de información de extraordinaria versatilidad que orienta las decisiones de ahorro, inversión, producción, consumo, etc., y sin tener que soportar las mayores escaseces y penurias que generan los sistemas centralizados de precios. Basta ver los padecimientos actuales de Cuba (para no hablar de los antiguos países socialistas del Este europeo), a más de medio siglo del inicio de su magna gesta revolucionaria, que optó por ignorar el ABC de la economía compleja, sus ”leyes de la gravedad”, y ahora vemos como va desmoronándose, sin que ninguna solidaridad –ni la soviética del pasado, ni la venezolana del presente- pueda evitarlo, viéndose forzada a admitir esta leyes en su economía, así sea a regañadientes. Lo señalado no significa que el único camino que queda es la vuelta a una economía de mercado tradicional, puesto que ello sería su vez ignorar los estragos que puede causar una economía de mercado cuando no se vela por su adecuada estructura y su desarrollo ordenado. Pero ya volvemos más adelante sobre este punto.

Sigamos con otras “leyes de la gravedad” en la economía. No cabe duda que buena parte del problema interno actual de desabastecimiento en Bolivia –no sólo de combustibles, sino también de azúcar, maíz, arroz y probablemente muy pronto carne, estevia y otros productos– se debe a los esfuerzos por ignorar el sistema de precios que establecen las fuerzas de oferta y demanda del mercado. Las brechas de precios entre los países vecinos y el nuestro han crecido peligrosamente, al punto que para no pocos ciudadanos el contrabando en pequeña o gran escala de aquellos productos en los que se ha establecido esa brecha, se convierte en una opción plausible, ya que ello permite enormes ganancias en caso de los grandes contrabandistas, o costear la propia manutención y de la familia, en caso del contrabando hormiga. La “ley de la gravedad” en este caso, es que existen vasos comunicantes entre los mercados más diversos, incluso con los mercados más alejados.

Ello significa que el mercado como totalidad se ocupa de eliminar las diferencias de precios y otras condiciones, tanto a nivel global, como regional y local. La misión del mercado es igualar los precios de intercambio de todos los productos finales, factores productivos y otras condiciones que intervienen en la producción, en todos los ámbitos o espacios donde existe alguna demanda. Si las diferencias existentes inicialmente se mantienen, ello es señal evidente que no nos hallamos ante un mercado en el mejor sentido de la expresión, sino ante un enjambre de obstáculos estructurales, de medidas administrativas, de acuerdos para limitar los intercambios comerciales o una mezcla de todas esas formas de alterar, limitar y restringir el funcionamiento de los mercados.

Independientemente de la razón que impida igualar los precios y condiciones de la producción, el asunto es que las reglas de intercambio efectivamente operantes en los mercados –sean impuestas por el mismo mercado, por actores poderosos o por la acción administrativa del Estado- tenderán a generalizarse en la economía, multiplicando los efectos y las consecuencias derivadas de dichos precios o razones de intercambio. De ahí que una “pequeña” medida administrativa, como fijar precios, puede tener grandes y graves repercusiones adversas, como la historia esa del aleteo de una mariposa en un confín del mundo, que desata un ciclón en el otro.

Otra “ley de la gravedad” en la economía señala que la misión fundamental del Estado es la provisión de bienes y servicios públicos y colectivos, que permitan sentar las bases para que los ciudadanos puedan emplear plenamente sus propios recursos. No basta con proveer bienes y servicios públicos comunes para todos –como pueden ser temas de defensa nacional y seguridad, estabilidad de la moneda, tasas de interés bajas, carreteras, etc.-, sino que es indispensable pasar a una provisión más fina de dichos bienes y servicios, para hacer posible el desarrollo de los distintos rubros productivos y de las diversas regiones del país. Dicha provisión debe efectuarse tomando en cuenta los recursos y factores productivos que disponen las diversas microrregiones y sectores productivos, poniendo en valor diversas cadenas productivas y una amplia gama de eslabonamientos intersectoriales e interterritoriales, capaces de dar vida a nuevos complejos productivos integrados.

Valga aquí una puntualización fundamental: La provisión de bienes y servicios públicos y colectivos (lo público se diferencia de lo colectivo básicamente por la cantidad de interesados) es el eslabón perdido y ausente de nuestro proceso de desarrollo, razón por la que toda discusión económica suele restringirse y limitarse a asuntos de precios, tasas, tipos y otras razones de intercambio, cuando de lo que se trata es de generar externalidades y economías externas diversas que puedan ser aprovechadas e internalizadas por los empresarios, pequeños y medianos, en sus propias economías y emprendimientos, lo cual es posible mediante la provisión de estos bienes y servicios.

En este punto se halla el problema particularmente crítico del modelo en aplicación en Bolivia. Sin una gama de dichos bienes y servicios a escala más específica y local, por rubro productivo y por microrregión, el común de los emprendedores y agentes productivos no tendrá oportunidades de poner en valor sus propios recursos –esto es, de emplear su propio trabajo, el de sus familias, sus materiales productivos, sus saberes, etc.-, por lo que quedarán desocupados o con algún grado más o menos severo de subempleo, razón por la que dichos recursos sólo podrán ponerse a disposición del mercado a precios de remate.

Si, por otra parte, el Estado, que es el llamado a cumplir dicha función, no se ocupa de ello y sólo se concentra de proveer algunos bienes públicos comunes y de un proceso de industrialización clásico y forzado, que promete algunos excedentes en muchos años, dejando abandonados a su suerte a los emprendedores que no tienen capacidad para acceder a aquellos bienes y servicios públicos y colectivos complementarios que requieren para emplear adecuadamente sus propios recursos, entonces ello conduce inexorablemente a reproducir las condiciones de la pobreza estructural que son a la postre las que recrean el sector informal, definen la situación de pobreza y reproducen la distribución ampliamente desigual de la riqueza y los ingresos en la economía. No basta pues con dar un pescado alguna vez, sino que es necesario enseñar a pescar (= servicio público), pero eso tampoco basta: lo que adicionalmente se requiere es proveer las facilidades para producir redes, cañas y toda suerte de aparejos de pesca (= bienes colectivos), ya que estas son las capacidades que se requiere forjar en la economía. Lo demás, o es asistencialismo puro o es una grave equivocación.

Completemos un tanto más este recuento de leyes esenciales. Una de ellas que es indispensable conocer y comprender se refiere al fracaso del mercado en la provisión de los bienes y servicios públicos y colectivos, lo cual acontece porque el mercado es incapaz de identificar la demanda existente por dichos bienes y servicios -muy distinta a la demanda por bienes y servicios privados- y, por tanto, no puede determinar un precio ni un nivel de abastecimiento. Esta es otra “ley de la gravedad” de la economía: país que se adscribe a las leyes del mercado y no ha definido la provisión de bienes y servicios públicos y colectivos como sector estratégico, es un país condenado al fracaso y a reproducir las condiciones más adversas de pobreza y de distribución de ingresos. Eliminar el Estado y dejar todo en manos del mercado ha sido justamente la obra maestra del neoliberalismo en Bolivia, implantado mediante el DS 21060, impuesto a sangre, fuego y mentiras, que le ha deparado al país otras décadas más de pobreza, atraso y postergación. Para que esta misma historia no se repita, es imperioso aplicar las lecciones aprendidas, cambiar el libreto, librarnos de los vicios del pasado y aprender a respetar y tomar en cuenta celosamente las “leyes de la gravedad” de la economía.

Por lo señalado, no es posible dejar todo en manos del mercado, ni tampoco todo en manos del Estado. Cada uno de estos mecanismos de asignación y de distribución de recursos es esencial y tiene sus propias funciones estratégicas que cumplir. El problema es insoluble cuando uno de estos mecanismos es absolutizado y se pretende que puede definir todo el proceso de asignación de los recursos. En un caso, cuando se deja en manos del mercado, se producen y reproducen las condiciones de miseria y marginación de grandes sectores de la sociedad, mientras que cuando es el Estado el que decide sobre todo, se genera un estancamiento paulatino de la economía, llevando al conjunto social a procesos cada vez más pronunciados de involución, de estancamiento y de empobrecimiento creciente. En ambos casos, la desatención en la provisión de bienes y servicios públicos y colectivos es el eslabón que condena a ambos mecanismos al fracaso.

Si por un momento relacionamos ahora estas “leyes de la gravedad” económica con el Decreto Supremo No. 748 que dictaba la elevación de precios de los combustibles líquidos, vemos que tomaba en cuenta algunas de las leyes destacadas –tanto la ley de los vasos comunicantes, como la ley de la libre formación de precios y la ley del equilibrio entre las cuentas de ingresos y gastos públicos- pero hacía caso omiso de una ley fundamental, la de la provisión de bienes y servicios públicos y colectivos, especialmente de aquellos que interesan a corto y mediano plazo al común de los emprendedores, y no tomaba medidas que aseguren el equilibrio entre las cuentas de ingresos y gastos de diversos sectores populares para hacer socialmente viable y aceptable la medida, especialmente de las decenas de miles de comerciantes al menudeo y trabajadores dependientes informales de los centros urbanos, el mayor error de todos.

Por ello, no actuar como los neoliberales no significa prescindir de los instrumentos que utiliza el neoliberalismo, pero tampoco significa creer que basta con tener buenas intenciones. La pureza de medios no puede santificar ningún fin. El asunto no radica en actuar o en no actuar con el herramental neoliberal. El asunto está en actuar en función de la construcción de un modelo de sociedad que responda a nuestros anhelos y necesidades, y que pasa por construir oportunidades iguales para todos, con particular énfasis en los sectores sociales más vulnerables y desposeídos, haciendo viables y utilizables las autonomías. Un paso vital en esa dirección es construir un Estado fuerte, capaz de proveer bienes y servicios públicos y colectivos para todos los rubros productivos en el país, que se halle fuertemente comprometido con una real participación ciudadana y con el fortalecimiento y desarrollo de las autonomías. Sin dichos ingredientes, el Estado caerá irremediablemente en un enfoque centralista de cuño prebendal y clientelar que ya ha asomado sus fauces por todas partes o en el impulso de un programa estratégico anodino, centrado en la industrialización de materias primas y en la sustitución de importaciones, que sólo ha funcionado en la historia económica en economías con grandes mercados internos, pero incapaz de sentar bases para el desarrollo de las decenas de micro regiones que tiene nuestro país y los cientos de rubros productivos que necesitan de diversas facilidades colectivas complementarias para poder desarrollarse.

A partir de esta breve inspección de algunas leyes en la economía, podemos observar que el único pasadizo que nos queda por transitar es pasar de la situación actual de múltiples desajustes estructurales y administrativos que tenemos en la economía nacional, a una situación de crecimiento sostenible, inclusivo y con adecuada distribución del ingreso y la riqueza, mediante el empleo efectivo de las “leyes de la gravedad” económicas mencionadas, lo cual significa, en pocas palabras, una combinación sabia de aplicación cuidadosa de las reglas del mercado y una intervención estatal inteligente en la economía, proveyendo bienes y servicios públicos y colectivos, recortados a las necesidades de los diversos rubros productivos, sectores y territorios, guardando a la vez los equilibrios de cuentas macroeconómicas, evitando disparidades y desajustes en los sistemas de precios, lo cual se consigue primordialmente, respetando la libre formación de precios en la economía nacional.

*Economista, especialista en planificación regional. CarlosRodrigoZapata@gmail.com

Causas del gasolinazo: ¿SECUESTRO DE LA GOBERNABILIDAD O IMPROVISACIÓN Y LÍMITES ESTRUCTURALES DE LA POBREZA?

Carlos Rodrigo Zapata C. (*)

Ojalá la historia del gasolinazo y su abrogación pudiera simplificarse à la Carlos Mesa, como un “secuestro de la gobernabilidad” por parte de los movimientos sociales, de los que hasta el mismo Gobierno no sería más que un mero rehén (Página Siete - 08/01/2011).

Me temo que el asunto es harto más complejo y mucho más preocupante, pues lo que en realidad está mostrando este retroceso en la implementación del Decreto 748 que dispone la elevación de los precios de los hidrocarburos líquidos, es el reconocimiento tardío de una multiplicidad de límites en materia de gobernanza económica. El gasolinazo no es otra cosa que el clarinazo que anuncia el agotamiento de los medios y opciones aplicados para romper el férreo círculo vicioso en que nos hallamos, una compleja trampa de la pobreza, secundada por una inadecuada acción gubernamental. Pero vamos por partes.

¿Por qué se tuvo que recurrir al gasolinazo y, además, por qué se procuró mimetizárselo en medio de fiestas de fin de año, como si de ese modo pudiera evitarse las reacciones que ocasionó? La razón de ello estriba a mi parecer en los siguientes aspectos, empezando por el desconocimiento de la situación real de la economía y de la gente por parte de las autoridades:

1) La brecha entre los precios internos y externos de los combustibles hidrocarburíferos ha crecido desmesuradamente, al punto que ya ha ocasionado el contrabando masivo de estos productos hacia los países vecinos, situación que no sólo desangra las arcas fiscales del país, sino que además conduce a acrecentar la escasez interna de combustibles en el país, situación que tenderá a agravarse, ya que es previsible que dicha brecha se amplíe aún más en el año 2011 si los precios internos permanecen sin variación. Dicho crecimiento de la brecha se producirá por el constante crecimiento del precio del barril de crudo (que se estima podría superar los 100 dólares a fines del 2011) y por la tendencia común en los países vecinos a transferir dichos incrementos a los productos finales, de modo que no se produzcan desajustes significativos en dichos países entre sus precios internos de producción y expendio, y los precios internacionales.

2) La cuenta anual de importación de combustibles ha crecido también desmesuradamente, razón por la que se prevé que el año 2011 se necesitará más de 1.000 millones de dólares para proveernos de los combustibles requeridos. Ello se debe principalmente a dos factores: una enorme disminución en la producción de hidrocarburos en el país, así como un crecimiento igualmente vertiginoso de la demanda de ellos.
 El primer factor es resultado de la inadecuada aplicación de la política hidrocarburífera que se expresa en la continua disminución de la producción de hidrocarburos en el país, los muy bajos niveles de exploración e inversión, la corrupción que acompañó el fracaso de la planta separadora de componentes del gas, situación que se prolonga ya por otros dos años, sumando a dicho acto de corrupción los costos de esta demora inaudita, la creciente importación de hidrocarburos, los inmensos costos de tiempo para hacer realidad cualquier proyecto (gas al Altiplano, conversión de vehículos de gasolina a GNV, planta separadora, petroquímica, urea, etc.), proyectos que ni con la nacionalización de los hidrocarburos y el control de toda la cadena productiva han podido concretarse y efectivizarse, dejando ver las enormes falencias que se han ido formando al interior de la gestión gubernamental en esta materia.
 El segundo factor es consecuencia de las subvenciones generalizadas al consumo de los hidrocarburos que han conducido a la proliferación de estructuras no sostenibles, apoyadas en los precios subvencionados de dichos productos, como ser el uso vehicular de GLP en garrafas, alentar una agricultura oriental insostenible en el corazón sudamericano (el Presidente Morales habla de “cáncer” al respecto), sobrecarga de las estructuras del sector hidrocarburífero, subutilizando por ello las capacidades de otros sectores energéticos (como es la energía hidráulica principalmente) y desalentando el empleo de otras energías no contaminantes o más benignas con el medio ambiente, como la energía solar, eólica, geotérmica, etc.

3) El sector informal, refugio vital de los migrantes llegados de las áreas rurales y de ciudades menores, ha mostrado que se halla en los límites mismos de sus propias posibilidades, tanto porque los trabajadores informales por cuenta propia y trabajadores dependientes (que viven en su gran mayoría con ingresos que difícilmente alcanzan los niveles de subsistencia) ya no pueden inventarse nuevas formas de auto-explotación (como la extensión de la jornada de trabajo, la participación de menores de edad en las tareas de producción y comercialización, la no remuneración de los familiares o evitar toda forma de erogación que pueda reducir los ingresos familiares acudiendo al esfuerzo familiar ), ni encuentran nuevas formas de obtener beneficios o de evitar costos haciendo caso omiso del orden estatal legal establecido, puesto que ya recurren regularmente al contrabando hacia fuera y hacia adentro, no pagan impuestos, no cumplen normas laborales ni de seguridad, invaden espacios públicos, privatizan los escasos bienes y servicios públicos y colectivos disponibles con tal de evitar el pago de alquileres, servicios, etc. Por ello, la pobreza ampliamente generalizada en el sector informal urbano (que en casos como la ciudad de El Alto llega al 80% de la fuerza de trabajo empleada) y en las áreas rurales ocasiona que la gran mayoría de la población viva con niveles sumamente bajos de ingresos, por lo que no cuenta con grados de holgura o de libertad que le permita asumir el impacto de un gasolinazo en el corto plazo, esperando que a mediano plazo se puedan generar compensaciones y nuevos equilibrios en el sistema de precios que le permita resarcirse y reponerse de ese golpe.

4) Las tasas de interés han llegado a niveles muy bajos y los fondos disponibles en los bancos y entidades financieras a los más altos y abundantes que registramos en nuestra historia, por lo menos en los últimos 50 años. No obstante esos extremos, al presente se hallan disponibles no menos de dos mil millones de dólares en los bancos, en parte por razones de liquidez y previsión de contingencias (para hacer frente de modo inmediato a los recurrentes rumores de “corralitos”) y en parte a la espera de interesados que no llegan. ¿A qué se debe ello? Sin duda hay muchos factores que pueden explicarlo, pero el clima de negocios poco alentador, la distribución crasamente desigual de oportunidades y riqueza en el país y el permanente descuido en la provisión de bienes y servicios públicos y colectivos para los diversos rubros productivos y microrregiones, son sin duda sus principales causantes.
 El primer factor se explica por otra diversidad de causas, entre las cuales la falta de estabilidad y confianza en las reglas de juego, un ejercicio perverso de la justicia –primero cárcel, luego proceso y al final tal vez sentencia-, una política económica centrada en mega proyectos que no llegan a la economía de la gente ni tocan sus bolsillos y una burocracia que todo lo hace más complejo y difícil (en varios indicadores internacionales aparecemos como uno de los países con mayor burocracia en el mundo, que encarece y aletarga todo proceso), son las más significativas.
 El segundo factor –distribución desigual de las oportunidades y la riqueza- impide que la mayor parte de la población pueda acceder a créditos en una entidad financiera, simplemente porque está muy lejos de poder cumplir con toda la condicionalidad requerida.
 El tercer factor es sin duda el que mayores perjuicios causa a la sociedad, ya que sin una gama amplia y diversa de bienes y servicios públicos y colectivos, ajustados a los requerimientos de los diversos rubros productivos y microrregiones, el común de los micro o macro emprendedores no tienen la oportunidad de emplear ventajosamente sus recursos y factores productivos, por lo que deben contentarse con el desarrollo de una diversidad de estrategias de subsistencia, ya que la economía no les brinda las facilidades, apoyos e incentivos indispensables que requieren para desarrollar sus propias economías y emprendimientos.

A partir de los aspectos señalados, puede advertirse que el país ha tocado los bordes de sus propios límites, los que a su vez están impidiendo que podamos romper dicha cadena de restricciones. Ello no quiere decir que nos hallemos en un escenario de destino fatal, insuperable, sino que las condiciones imperantes nos convocan a elegir cuidadosamente una ruta crítica que no exacerbe los propios límites o restricciones prevalecientes y que no se tropiece con cada mina que se halla en el campo minado que estamos recorriendo.

¿Qué implica ello, qué exigencias surgen a partir de ello? Las principales tienen que ver con ajustes sustanciales en el programa económico, en particular dar mucha mayor atención a los sectores que se ocupan del empleo y la generación de ingresos, centrar la acción estatal en la provisión de bienes y servicios públicos y colectivos específicos para los diversos rubros productivos y microrregiones, fortalecer la economía popular de muchas más formas y maneras, destinando a ello parte significativa de las inversiones pensadas para industrialización de los recursos naturales. Sin estos y otros correctivos, la economía boliviana continuará por una senda de bajo crecimiento, víctima de sus propias contradicciones y restricciones, situación que puede ser superada y revertida, pero exige que la economía se conduzca con sumo cuidado en este laberinto de obstáculos estructurales al desarrollo y al crecimiento.

(*) Economista, especialista en planificación regional. carlosrodrigozapata@gmail.com