Bolivia sigue a la búsqueda de la piedra filosofal en materia de rumbo económico. Es como si los dioses se hubieran confabulado para mantenerla fuera de nuestra vista y nuestro alcance.
En el balance de fuerzas entre la tiranía que ejercen las materias primas no renovables sobre las estructuras, demandas y preferencias de la sociedad y la
disponibilidad del territorio nacional para tráficos ilícitos e ilegales de todo tipo, versus la necesidad de sentar las bases para impulsar procesos de acumulación ampliada, con generación creciente de valor agregado, que permitan salir de esa economía extractivista, productora de materias primas, aprovechadora de la renta extraordinaria que nos deparan esas riquezas naturales, Bolivia se viene decidiendo sistemáticamente por las dos primeras vertientes, posponiendo para algún futuro indeterminado la tercera vertiente.
Ello genera una situación de inestabilidad estructural, pues los recursos humanos y capacidades requeridas por la economía de corte extractivista y traficante no es precisamente muy exigente, razón por la que no se necesita calificar significativamente a la mano de obra, ni es necesario promover procesos de desarrollo tecnológico, tampoco fomentar la actividad empresarial, menos esmerarse en cumplir contratos, construir un sistema de justicia respetable, etc., pues todo ello se hace relativamente superfluo cuando se cuenta con rentas extraordinarias derivadas de la explotación de los recursos naturales. La veta del mineral, el yacimiento del hidrocarburo, la biodiversidad de la naturaleza ya traen consigo su renta extraordinaria, pues son productos tan valiosos que ya incorporan su "valor agregado" por lo que se hace innecesario desarrollar todos aquellos procesos y esfuerzos que en otras economías son objeto de gran dedicación y atención, pues en la formación de sus recursos humanos y el desarrollo tecnológico adecuado se les va la vida, ya que de esos factores productivos saldrá su valor agregado y su renta que les permita obtener su producto y sus ingresos, y acumular de modo creciente, incorporando siempre nuevas esferas del conocimiento y la producción, diversificando y especializando sus productos de modo continuo. Podría decirse, para qué complicarse la vida, si puede ser tan fácil y tan simple.
El problema es que Bolivia, pese a sus extraordinarias riquezas naturales de todo tipo, sigue siendo una de las sociedades más pobres del hemisferio occidental (eso significa, ¡de la mitad del planeta!!), y sin vislumbrar claramente nuevos horizontes y perspectivas para construir una economía que vaya más allá de la simple explotación de los recursos naturales y del uso del territorio para toda clase de tráficos ilícitos.
En el balance de fuerzas entre la tiranía que ejercen las materias primas no renovables sobre las estructuras, demandas y preferencias de la sociedad y la
disponibilidad del territorio nacional para tráficos ilícitos e ilegales de todo tipo, versus la necesidad de sentar las bases para impulsar procesos de acumulación ampliada, con generación creciente de valor agregado, que permitan salir de esa economía extractivista, productora de materias primas, aprovechadora de la renta extraordinaria que nos deparan esas riquezas naturales, Bolivia se viene decidiendo sistemáticamente por las dos primeras vertientes, posponiendo para algún futuro indeterminado la tercera vertiente. Ello genera una situación de inestabilidad estructural, pues los recursos humanos y capacidades requeridas por la economía de corte extractivista y traficante no es precisamente muy exigente, razón por la que no se necesita calificar significativamente a la mano de obra, ni es necesario promover procesos de desarrollo tecnológico, tampoco fomentar la actividad empresarial, menos esmerarse en cumplir contratos, construir un sistema de justicia respetable, etc., pues todo ello se hace relativamente superfluo cuando se cuenta con rentas extraordinarias derivadas de la explotación de los recursos naturales. La veta del mineral, el yacimiento del hidrocarburo, la biodiversidad de la naturaleza ya traen consigo su renta extraordinaria, pues son productos tan valiosos que ya incorporan su "valor agregado" por lo que se hace innecesario desarrollar todos aquellos procesos y esfuerzos que en otras economías son objeto de gran dedicación y atención, pues en la formación de sus recursos humanos y el desarrollo tecnológico adecuado se les va la vida, ya que de esos factores productivos saldrá su valor agregado y su renta que les permita obtener su producto y sus ingresos, y acumular de modo creciente, incorporando siempre nuevas esferas del conocimiento y la producción, diversificando y especializando sus productos de modo continuo. Podría decirse, para qué complicarse la vida, si puede ser tan fácil y tan simple.
El problema es que Bolivia, pese a sus extraordinarias riquezas naturales de todo tipo, sigue siendo una de las sociedades más pobres del hemisferio occidental (eso significa, ¡de la mitad del planeta!!), y sin vislumbrar claramente nuevos horizontes y perspectivas para construir una economía que vaya más allá de la simple explotación de los recursos naturales y del uso del territorio para toda clase de tráficos ilícitos.
Una forma de empezar a encaminar soluciones de mediano a largo plazo consiste en ver a la Constitución Política del Estado (CPE) como el programa básico de desarrollo a encarar por toda la sociedad, todos sus estamentos y recursos, de modo que quede meridianamente claro para todos, hacia dónde queremos dirigirnos, qué problemas estructurales debemos resolver y de qué condiciones debemos dotarnos para poder avanzar hacia nuevos horizontes.
Lástima que la nueva CPE no tuvo la apertura para vislumbrar esa oportunidad, y prefirió concentrarse en establecer toda una gama muy amplia de derechos humanos y colectivos, aunque sin señalar qué aspectos deben superarse o lograrse y cómo se pretende cumplir con con todas esas prerrogativas.
El artículo que se presenta a continuación ("La Constitución como programa de desarrollo") fue un intento de lograr que la Asamblea Constituyente pudiera prestar atención a estos alcances, de modo que se establezca una relación mucho más estrecha entre problemas y soluciones, derechos y deberes, sueños y realidades.
Lo publicamos nuevamente después de años porque consideramos que no ha perdido ni su actualidad ni su frescura, sino que con el paso del tiempo ha adquirido aún más autoridad y prestancia, como los viejos vinos que más valen cuanto más añejos son.
Esperamos, amigo lector, que pueda valorar en todo su alcance este pequeño aporte, pero que visto a la luz del tiempo, podría ser muy significativo para el futuro nacional.
Lástima que la nueva CPE no tuvo la apertura para vislumbrar esa oportunidad, y prefirió concentrarse en establecer toda una gama muy amplia de derechos humanos y colectivos, aunque sin señalar qué aspectos deben superarse o lograrse y cómo se pretende cumplir con con todas esas prerrogativas.
El artículo que se presenta a continuación ("La Constitución como programa de desarrollo") fue un intento de lograr que la Asamblea Constituyente pudiera prestar atención a estos alcances, de modo que se establezca una relación mucho más estrecha entre problemas y soluciones, derechos y deberes, sueños y realidades.
Lo publicamos nuevamente después de años porque consideramos que no ha perdido ni su actualidad ni su frescura, sino que con el paso del tiempo ha adquirido aún más autoridad y prestancia, como los viejos vinos que más valen cuanto más añejos son.
Esperamos, amigo lector, que pueda valorar en todo su alcance este pequeño aporte, pero que visto a la luz del tiempo, podría ser muy significativo para el futuro nacional.
Carlos Rodrigo Zapata C.
La Constitución como programa de desarrollo
Carlos Rodrigo Zapata C.
Carlos Rodrigo Zapata C.
Una de las oportunidades que más ha despreciado Bolivia a lo largo de su dilatada historia de enmiendas constitucionales, radica en no haber visto a la Constitución Política del Estado (CPE) como el programa básico de desarrollo a ser encarado por los sucesivos Gobiernos de turno y la sociedad en su conjunto, a fin de resolver los problemas estructurales que la acosan.
De ahí que llama poderosamente la atención que algunos constituyentes y analistas sostengan que la nueva CPE debe abocarse exclusivamente a definir los términos del nuevo Pacto Social, dejando la solución de los problemas a las leyes específicas y a la gestión pública.
Esta postura asume que para diseñar la nueva CPE no requerimos precisar los objetivos y los medios necesarios para encarar los problemas de nuestro desarrollo, por lo que no requerimos un diagnóstico preciso de nuestra problemática, y no sólo eso, sino que el Estado boliviano ha sabido actuar soberanamente en todos los ámbitos de su quehacer y que los partidos políticos son capaces de plantear visiones de país y programas de gobierno, como si no conociéramos ya de sobra sus graves insuficiencias en este campo. Más aún, se supone que tenemos los suficientes medios y capacidad para hacer realidad todas las libertades y derechos que se nos ocurra incluir en la CPE. El hecho es que en más de 180 años de vida republicana, no hemos logrado ser tan felices como desgraciados lo fuimos durante la colonia.
Sólo en sociedades muy organizadas es posible esperar que el Legislativo dicte una ley, el Ejecutivo la aplique adecuadamente y todo ello suceda sobre la base del programa de la fuerza política gobernante. Ello exige contar con los recursos, capacidades y consensos suficientes, así como con un manejo articulado y eficaz de los mismos, aspectos que nosotros no hemos generado en medida suficiente hasta el presente. De ahí que para encarar la construcción de nuestro país sobre bases reales, es preciso definir, antes que nada, una estrategia de concentración y manejo apropiado de dichos recursos, pues de otro modo seguiremos transitando por los mismos caminos fallidos del pasado.
Considero que la estrategia adecuada para emplear nuestros escasos recursos de modo concentrado en las tareas que nos exige la sociedad, radica en incluir en la nueva CPE las bases de las políticas públicas necesarias para enfrentar y resolver los problemas estructurales del país. De este modo, todos los recursos y capacidades públicas, privadas y de la sociedad civil podrían emplearse concentradamente para enfrentar estos problemas, el quehacer estatal tendría fuertemente definidas las directrices de su accionar y los partidos políticos podrían ocuparse de complementar dicho programa básico con sus propuestas. Pero ello exige ver a la CPE como guía o programa de acción para el desarrollo y no sólo como un marco jurídico que defina las relaciones sociales fundamentales.
Para comprender que este enfoque no está alejado de las funciones que cumplen las Constituciones Políticas, es indispensable tomar en cuenta las funciones que la teoría del Derecho Constitucional considera que debería asumir toda Constitución. Dichas funciones son: la Función de Organización (establecimiento de la organización del Estado y la autoridad), la Función de Limitación del poder (protección de la libertad y los derechos ciudadanos), la Función de Orden (la base para la ley, la creación de seguridad legal), la Función de Orientación (la que define los objetivos principales de la sociedad) y la Función de Integración (la que vela por la unidad nacional). Entre las funciones que regulan las bases de todo Pacto Social, la Función de Orientación es clave, pues ella indica los objetivos primordiales que persigue la sociedad en su conjunto.
Los objetivos usuales que se destacan en toda Constitución se refieren a libertad, dignidad, igualdad, respeto, entre otros. Si bien dichos objetivos son portadores de todo un programa de acción social y política de extraordinaria envergadura para el Estado y la sociedad, por nuestra experiencia histórica de más de 180 años, podemos afirmar que ninguno de esos objetivos podrá alcanzarse estable y sosteniblemente, si es que no resolvemos adecuadamente nuestros problemas estructurales. De ahí que la Función de Orientación de la Constitución necesariamente debe incluir, en nuestro caso, además de los objetivos usuales ya citados, las bases para enfrentar los problemas estructurales que se han convertido en el principal obstáculo al desarrollo del país.
¿Cuáles son los principales problemas estructurales de nuestro país? Sin duda, esta es una pregunta crucial, cuyo tratamiento no puede seguir siendo postergado. Según mi punto de vista, son: los obstáculos geográficos, inadecuado ordenamiento territorial, uso no sostenible de los recursos naturales, la alta incidencia de desastres, la heterogeneidad estructural, la insuficiencia crónica de bienes públicos y colectivos nacionales y locales, los muy bajos niveles de educación media, técnica y profesional, el deterioro de los términos de intercambio en el comercio internacional, la falta de perfeccionamiento de derechos propietarios y de aplicación de la justicia, los resabios de una democracia oligárquica en nuestro régimen electoral y la falta de respeto en la sociedad. Dichos obstáculos estructurales hacen imposible el crecimiento de nuestra economía a ritmos que permitan reducir los niveles de pobreza existentes en plazos aceptables.
Sería oportuno referirse a cada uno de estos problemas estructurales en detalle para comprender que constituyen obstáculos tan formidables a nuestras aspiraciones de equidad y bienestar, que sin encararlos adecuadamente todos los demás objetivos que pretendamos alcanzar aparecen como ilusorios o, incluso, como falaces. Si lo que pretendemos es que los pactos y acuerdos que alcancemos en el marco de la Asamblea Constituyente sean útiles y beneficiosos para el bien común, es indispensable no sólo recuperar el control del excedente económico nacional, nacionalizando los hidrocarburos, preservando nuestros recursos y aplicando otras medidas, sino que de similar importancia es velar por el uso estratégico, efectivo y eficiente de los recursos que tenemos a disposición, pues es tan dañino para las aspiraciones nacionales no apuntar a concentrar los recursos, como procurar usarlos de modo cada vez más disperso y fraccionado.
Sin hacer ello, nuestros pactos quedarán en el papel, y la angustia y desesperanza volverán a apoderarse del alma nacional.
De ahí que llama poderosamente la atención que algunos constituyentes y analistas sostengan que la nueva CPE debe abocarse exclusivamente a definir los términos del nuevo Pacto Social, dejando la solución de los problemas a las leyes específicas y a la gestión pública.
Esta postura asume que para diseñar la nueva CPE no requerimos precisar los objetivos y los medios necesarios para encarar los problemas de nuestro desarrollo, por lo que no requerimos un diagnóstico preciso de nuestra problemática, y no sólo eso, sino que el Estado boliviano ha sabido actuar soberanamente en todos los ámbitos de su quehacer y que los partidos políticos son capaces de plantear visiones de país y programas de gobierno, como si no conociéramos ya de sobra sus graves insuficiencias en este campo. Más aún, se supone que tenemos los suficientes medios y capacidad para hacer realidad todas las libertades y derechos que se nos ocurra incluir en la CPE. El hecho es que en más de 180 años de vida republicana, no hemos logrado ser tan felices como desgraciados lo fuimos durante la colonia.
Sólo en sociedades muy organizadas es posible esperar que el Legislativo dicte una ley, el Ejecutivo la aplique adecuadamente y todo ello suceda sobre la base del programa de la fuerza política gobernante. Ello exige contar con los recursos, capacidades y consensos suficientes, así como con un manejo articulado y eficaz de los mismos, aspectos que nosotros no hemos generado en medida suficiente hasta el presente. De ahí que para encarar la construcción de nuestro país sobre bases reales, es preciso definir, antes que nada, una estrategia de concentración y manejo apropiado de dichos recursos, pues de otro modo seguiremos transitando por los mismos caminos fallidos del pasado.
Considero que la estrategia adecuada para emplear nuestros escasos recursos de modo concentrado en las tareas que nos exige la sociedad, radica en incluir en la nueva CPE las bases de las políticas públicas necesarias para enfrentar y resolver los problemas estructurales del país. De este modo, todos los recursos y capacidades públicas, privadas y de la sociedad civil podrían emplearse concentradamente para enfrentar estos problemas, el quehacer estatal tendría fuertemente definidas las directrices de su accionar y los partidos políticos podrían ocuparse de complementar dicho programa básico con sus propuestas. Pero ello exige ver a la CPE como guía o programa de acción para el desarrollo y no sólo como un marco jurídico que defina las relaciones sociales fundamentales.
Para comprender que este enfoque no está alejado de las funciones que cumplen las Constituciones Políticas, es indispensable tomar en cuenta las funciones que la teoría del Derecho Constitucional considera que debería asumir toda Constitución. Dichas funciones son: la Función de Organización (establecimiento de la organización del Estado y la autoridad), la Función de Limitación del poder (protección de la libertad y los derechos ciudadanos), la Función de Orden (la base para la ley, la creación de seguridad legal), la Función de Orientación (la que define los objetivos principales de la sociedad) y la Función de Integración (la que vela por la unidad nacional). Entre las funciones que regulan las bases de todo Pacto Social, la Función de Orientación es clave, pues ella indica los objetivos primordiales que persigue la sociedad en su conjunto.
Los objetivos usuales que se destacan en toda Constitución se refieren a libertad, dignidad, igualdad, respeto, entre otros. Si bien dichos objetivos son portadores de todo un programa de acción social y política de extraordinaria envergadura para el Estado y la sociedad, por nuestra experiencia histórica de más de 180 años, podemos afirmar que ninguno de esos objetivos podrá alcanzarse estable y sosteniblemente, si es que no resolvemos adecuadamente nuestros problemas estructurales. De ahí que la Función de Orientación de la Constitución necesariamente debe incluir, en nuestro caso, además de los objetivos usuales ya citados, las bases para enfrentar los problemas estructurales que se han convertido en el principal obstáculo al desarrollo del país.
¿Cuáles son los principales problemas estructurales de nuestro país? Sin duda, esta es una pregunta crucial, cuyo tratamiento no puede seguir siendo postergado. Según mi punto de vista, son: los obstáculos geográficos, inadecuado ordenamiento territorial, uso no sostenible de los recursos naturales, la alta incidencia de desastres, la heterogeneidad estructural, la insuficiencia crónica de bienes públicos y colectivos nacionales y locales, los muy bajos niveles de educación media, técnica y profesional, el deterioro de los términos de intercambio en el comercio internacional, la falta de perfeccionamiento de derechos propietarios y de aplicación de la justicia, los resabios de una democracia oligárquica en nuestro régimen electoral y la falta de respeto en la sociedad. Dichos obstáculos estructurales hacen imposible el crecimiento de nuestra economía a ritmos que permitan reducir los niveles de pobreza existentes en plazos aceptables.
Sería oportuno referirse a cada uno de estos problemas estructurales en detalle para comprender que constituyen obstáculos tan formidables a nuestras aspiraciones de equidad y bienestar, que sin encararlos adecuadamente todos los demás objetivos que pretendamos alcanzar aparecen como ilusorios o, incluso, como falaces. Si lo que pretendemos es que los pactos y acuerdos que alcancemos en el marco de la Asamblea Constituyente sean útiles y beneficiosos para el bien común, es indispensable no sólo recuperar el control del excedente económico nacional, nacionalizando los hidrocarburos, preservando nuestros recursos y aplicando otras medidas, sino que de similar importancia es velar por el uso estratégico, efectivo y eficiente de los recursos que tenemos a disposición, pues es tan dañino para las aspiraciones nacionales no apuntar a concentrar los recursos, como procurar usarlos de modo cada vez más disperso y fraccionado.
Sin hacer ello, nuestros pactos quedarán en el papel, y la angustia y desesperanza volverán a apoderarse del alma nacional.
El autor es economista.
Originalmente publicado en Bolpress, CEDIB, El Diario y otros, entre abril de 2006 y junio 2007.
Originalmente publicado en Bolpress, CEDIB, El Diario y otros, entre abril de 2006 y junio 2007.
