Carlos Rodrigo Zapata C. (*)
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RESUMEN EJECUTIVO (generado por IA)
Los bloqueos de caminos no son solo un problema de orden
público: son una forma sistemática de coerción que ha convertido a la sociedad
boliviana en rehén. Paralizan la economía, destruyen empleo y vulneran derechos
básicos. Frente a ello, la demanda de una ley antibloqueos es comprensible.
Pero este artículo plantea una advertencia central: una ley antibloqueos, por
sí sola, no resolverá el problema de fondo.
El bloqueo es el síntoma extremo de obstáculos estructurales
que han vuelto inviable la vida económica legal para amplios sectores: baja
productividad, informalidad masiva, economías delincuenciales,
desinstitucionalización del Estado y pérdida de soberanía económica y
territorial. Estos factores no solo generan pobreza; bloquean las salidas,
haciendo del bloqueo una herramienta funcional tanto para la subsistencia
precaria como para la defensa de rentas ilegales.
El conflicto real no enfrenta al Estado con las
organizaciones sociales, sino a la sociedad en su conjunto contra estructuras
económicas y sociales inviables. El artículo introduce los conceptos de puntos
de no retorno y umbrales de recomposición para mostrar que, sin una
transformación productiva y una restitución efectiva del Estado de derecho, los
bloqueos persistirán. La tesis final es contundente: sin enfrentar los
obstáculos estructurales, Bolivia seguirá atrapada en una espiral de bloqueo y
empobrecimiento, aun con nuevas leyes.
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¿PUEDE UNA LEY ANTIBLOQUEOS SUPERAR OBSTÁCULOS
ESTRUCTURALES?
1. Una sociedad rehén
Bolivia no solo está cansada de los bloqueos: está secuestrada por ellos. El bloqueo de caminos dejó de ser un mecanismo excepcional de protesta para convertirse en una práctica sistemática de coerción, que somete a la sociedad entera a los intereses de minorías organizadas. Los bloqueos se han convertido en otra más de las formas de destrucción económica, social e institucional del país.
El rasgo más grave de esta práctica no es únicamente el daño económico inmediato, sino su efecto corrosivo sobre la convivencia, la legalidad y el futuro colectivo. El país pierde producción, empleo, inversiones, abastecimiento, confianza y horizonte. La ciudadanía —que no bloquea— es convertida en rehén, obligada a pagar el costo de conflictos en los que no participa ni decide.
Desde esta perspectiva, resulta comprensible que amplios sectores de la población consideren que los bloqueadores no tienen justificación alguna y que el país es una víctima indefensa de sus acciones. Esa percepción es apropiada en cuanto a los efectos, pero errónea e insuficiente en cuanto a las causas. Examinar este punto es crucial para comprender las razones profundas de los bloqueos. No podemos pretender tener una sociedad que respete las leyes si éstas no toman en cuenta la realidad total: la de las causas y la de los efectos.
2. El error de fondo: creer que el bloqueo es solo un problema de orden público
Plantear una ley antibloqueos (ya son 4 los proyectos de ley en pugna que rivalizan en la cantidad de años de cárcel a imponer) como solución central parte de una premisa completamente ajena a la realidad nacional integral: que el bloqueo es únicamente un problema legal o policial. En realidad, el bloqueo es un síntoma visible, penoso y destructivo, pero no es la enfermedad principal. La enfermedad de fondo son los obstáculos estructurales que han vuelto inviable la reproducción económica, social e institucional del país en los marcos de la sostenibilidad y el respeto a las bases de nuestro futuro, el de la sociedad boliviana en su conjunto.
Bolivia arrastra obstáculos estructurales que actúan como
verdaderos bloqueos al desarrollo. ¿Cuáles son los principales?
• una matriz productiva primaria extractivista de muy baja
productividad;
• una informalidad masiva y precaria que absorbe cerca del
85% de la población ocupada;
• la expansión de la economía delincuencial que ofrece oportunidades
de empleo e ingresos donde el Estado y el mercado formal capitulan;
• una desinstitucionalización que destruye previsibilidad,
reglas y autoridad legítima;
• y una pérdida progresiva de soberanía económica, territorial y normativa.
Estos obstáculos no solo generan pobreza: bloquean todas las salidas a nuestra pobreza generalizada y al subdesarrollo. Al no existir vías legales, productivas y sostenibles de mejora material, amplios sectores quedan atrapados en actividades de subsistencia precaria. En ese contexto, el bloqueo aparece como una herramienta funcional para forzar recursos, excepciones o tolerancia estatal. Ahí aparecen las prebendas y favores del Estado como la gran divisa que permite comprar conciencias y lealtades de los informales.
Por ello, los bloqueos sólo son una manifestación de los obstáculos estructurales imperantes y de los afanes de perfeccionarlos y profundizarlos. Atacar los bloqueos de carreteras sin desmontar esos obstáculos equivale a cortar unas ramas dejando intacta la raíz. Nada justifica los bloqueos. Pero ya vivimos en medio de ellos, los obstáculos estructurales, y seguir ignorándolos garantiza su continuidad, con o sin ley antibloqueos.
3. Quiénes bloquean y quiénes se benefician
Los bloqueos suelen no ser espontáneos, pero tampoco son producto de encarnizados enemigos del gobierno. En su dinámica intervienen cuatro tipos de actores claramente identificables:
1. Los ejecutores visibles: sindicatos, organizaciones
sociales, gremios y comunidades movilizadas.
2. Los beneficiarios ocultos: grupos de interés vinculados a
economías ilegales y depredadoras, que utilizan el bloqueo para preservar
privilegios y extraer rentas ilícitas derivadas del saqueo de los recursos que
pertenecen a todos los bolivianos, a las generaciones actuales y venideras.
3. El Estado ausente o cómplice, que por incapacidad,
cálculo político o corrupción tolera estas prácticas.
4. La ciudadanía perjudicada, que no bloquea, no decide y sin embargo paga todos los costos.
El problema central es que el debate público suele concentrarse en el primer actor e ignora o no toma suficientemente en cuenta al segundo. Narcotráfico, minería depredadora ilegal, contrabando y ocupaciones ilegales de tierra no podrían sostenerse menos consolidarse sin recurrir a los bloqueos. Así, el bloqueo deja de ser protesta y se convierte en uno de los mecanismos de reproducción de los obstáculos estructurales y de defensa de actividades ilegales.
4. La lógica perversa del bloqueo
El bloqueo funciona porque inflige daño a terceros. Su eficacia política se basa en una lógica simple y brutal: cuanto mayor es el sufrimiento de la población, mayor es la presión sobre las autoridades. No importa la legitimidad de la demanda o su legalidad. Importa el resultado. Casos extremos, como el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes por cooperativistas mineros, muestran hasta dónde puede escalar esta lógica cuando el Estado renuncia a ejercer autoridad y los obstáculos estructurales aprietan y exigen nuevas ofrendas.
En muchos bloqueos, las demandas apuntan a imponer tratamientos excepcionales: saltarse normas ambientales, laborales o tributarias (favorito de las cooperativas mineras); acceder a áreas protegidas (cocaleros y mineros); legalizar actividades ilegales (gremiales). En pocas palabras, a capitular en la defensa de la institucionalidad e informalizar todos los ámbitos del quehacer nacional. Defender estas prácticas implica defender la destrucción del futuro nacional.
5. Consecuencias: un país que se empobrece a sí mismo
Los bloqueos dañan cadenas logísticas y de valor, encarecen costos, espantan inversiones y refuerzan la dependencia de economías ilícitas como fuentes primordiales de ingreso. El turismo se vuelve una ruleta rusa. La industria y la agricultura pierden previsibilidad. El empleo formal se convierte en una quimera. Cada bloqueo empuja a más personas hacia la informalidad y, con ello, reproduce y acrecienta las condiciones y las razones que exigen el siguiente bloqueo y fortalecen a la economía delincuencial.
Por todas esas razones, es imprescindible encarar las causas profundas de los bloqueos y hacerlos superfluos e inviables.
6. Qué puede y qué no puede hacer una ley antibloqueos
Una ley antibloqueos puede intentar:
• restablecer el principio de que ningún grupo puede
secuestrar al país;
• proteger derechos básicos de libre tránsito y trabajo;
• desactivar a los actores más violentos.
Pero una ley antibloqueos no puede:
• desmantelar economías ilegales por sí sola
• sustituir una política productiva
• sacar a millones de personas de actividades precarias.
Pretender lo contrario es autoengaño.
7. El conflicto real: Estado y sociedad frente a los obstáculos estructurales
El conflicto central no enfrenta al Estado con las organizaciones sociales, ni a regiones entre sí. El conflicto real enfrenta a la sociedad en su conjunto contra los obstáculos estructurales que hacen imposible una vida económica legal, productiva y sostenible.
Mientras estos obstáculos permanezcan intactos, los bloqueos seguirán siendo racionales para quienes no tienen otra forma de influir, y funcionales para quienes lucran con el caos. Por eso, una ley antibloqueos no podrá resolver las causas.
En este punto es muy útil introducir dos conceptos para pensar en soluciones plausibles, no instantáneas, pero viables, y para comprender dónde nos hallamos:
• Puntos de no retorno: umbrales a partir de los cuales la informalidad masiva, la economía delincuencial y la depredación ambiental generan daños irreversibles sobre el territorio, la cohesión social y la soberanía. Permitir que se alcancen esos puntos es capitular como país.
• Umbrales de recomposición: intervenciones estructurales mínimas en el marco de políticas de amplio espectro y largo alcance que permitan reencauzar a actores hoy atrapados en actividades destructivas hacia trayectorias legales y productivas. Básico para reconstruir nuestro pacto nacional.
Bolivia se acerca peligrosamente a los puntos sin retorno debido a que no ha desarrollado políticas y acciones que permitan alcanzar sucesivos umbrales de recomposición del tejido nacional.
8. Una salida viable
Superar los bloqueos de manera sostenible exige enfrentar directamente los obstáculos estructurales. No hay atajos legales ni soluciones rápidas sin recomposición económica.
Avanzar en los umbrales de recomposición requiere, al menos, dos pasos iniciales claros:
-Primer paso: separar subsistencia de delincuencia.
No todos los actores movilizados son equivalentes. Es indispensable diferenciar a los sectores empobrecidos que bloquean por falta de alternativas reales, de los grupos que bloquean para preservar rentas ilegales. Esta separación permite proteger a los primeros y confrontar sin ambigüedades a los segundos.
-Segundo paso: crear alternativas productivas rápidas y
visibles.
La recomposición no puede esperar transformaciones de largo plazo. Se requieren programas intensivos de reconversión productiva, incremento de productividad y formalización gradual que ofrezcan ingresos legales superiores a los de la economía informal y delincuencial. Sin alternativas creíbles, toda coerción estatal será frágil.
Estos pasos deben complementarse con:
1. Desarticulación frontal de las economías ilegales,
eliminando sus rentas extraordinarias.
2. Recomposición productiva acelerada, como eje central de la
política pública.
3. Restitución efectiva del Estado de derecho, sin pactos de impunidad.
El objetivo es cruzar rápidamente los umbrales de recomposición antes de que el país supere definitivamente los puntos de no retorno.
9. Conclusiones
• Los bloqueos son una forma de violencia estructural contra
la sociedad generada en el fondo por obstáculos estructurales ya instalados en
el seno mismo de la sociedad.
• Una ley antibloqueos es necesaria, pero radicalmente
insuficiente.
• Sin transformación productiva y sin Estado de derecho, los bloqueos continuarán.
• Persistir en soluciones parciales equivale a aceptar la destrucción progresiva del país.
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(*) Economista, experto en planificación territorial, gestión de riesgos, cooperativismo. Fue catedrático de Desarrollo del Capitalismo y de Cooperativismo.
