21 noviembre 2014

Elecciones de Gobernadores y Alcaldes. ¿QUÉ ES PREFERIBLE: ELEGIR A OFICIALISTAS U OPOSITORES?

Carlos Rodrigo Zapata C. (*)


Una de las decisiones más importantes que debe tomar toda colectividad en el marco de la democracia representativa, radica en saber elegir a sus autoridades y a sus representantes, es decir, a aquellas personas que conducirán los asuntos públicos por un determinado periodo de tiempo. De ello dependerá en buena medida si se atienden unas necesidades u otras, o no se atiende ninguna, qué derroteros se siguen, qué oportunidades se aprovechan, etc. De modo que acertar en dicha decisión es crucial, ya que ello a su vez contribuye a consolidar instituciones, a fortalecer conductas y orientaciones, o a desmoronar lo que ya se venía construyendo. 

En este marco, es fundamental reflexionar cuidadosamente al respecto, ya que la pregunta planteada puede ser respondida de diversos modos, dependiendo de las condiciones específicas que primen en el país y en las diversas regiones y municipios. 

Me he propuesto identificar algunos temas clave que puedan a ayudar a efectuar esta reflexión de modo general, esperando que cada interesado pueda hacer su propio análisis de las condiciones específicas que predominan en su propio municipio o gobernación, y saque sus propias conclusiones. 

Escenarios Básicos Ideales 

A modo de simplificar y entrar rápidamente en materia, nos apoyaremos en tres escenarios básicos ideales que nos ayudarán a resolver nuestra tarea. Una vez presentados estos escenarios, responderemos en cada caso qué resultaría preferible, si elegir a oficialistas u opositores.

Escenario 1: Un país sobre ruedas. Ello significa que la Constitución y las Leyes se cumplen apropiadamente, no existe una burocracia excesiva, tampoco un afán de chicanear a nadie. Las decisiones son relativamente transparentes y no existen casos muy graves de corrupción. La distribución de recursos fiscales no incurre en distorsiones excesivas, de modo que no existe la impresión de un claro favoritismo hacia unas u otras regiones o municipios, y existe una buena disposición a solucionar los casos en que se presentara dicha distorsión. Los participantes no tienen razones extraordinarias para tratar de copar toda gobernación o municipio, simplemente porque todos actúan en el  marco de la ley y los derechos. 

En suma, los actores se hallan en una cancha nivelada, con un rayado de cancha apropiado y un árbitro objetivo e imparcial, empeñado en emitir fallos justos y equilibrados. Nadie tiene la impresión que en el escenario regional o  municipal se defina la suerte de todo el país o incluso la línea política del gobierno, pero sí que el gobierno central puede influir decisivamente en las regiones y municipios mediante normas y programas en el marco de las respectivas competencias. 

En un escenario de esta naturaleza, el oficialismo no tendría ninguna ventaja extraordinaria derivada del cumplimiento de las leyes, ya que las normas imperantes serían iguales para todos y su aplicación no daría lugar a favoritismos o discriminaciones, según sea la procedencia del interesado, del oficialismo o de la oposición. En este marco, los electores podrían concentrarse exclusivamente en elegir los mejores programas impulsados por los mejores candidatos, ya que ello les aseguraría a todos un mejor resultado y rendimiento.

Escenario 2: El país de las decisiones condicionadas. Un país de esta característica significaría que toda decisión se halla sujeta o condicionada a determinados acuerdos previos que  vayan más allá del marco legal estricto, que pueden incluir desde seguir al pie de la letra la política oficialista hasta someterse a diversos tipos de exigencias, sean formales o informales, con tal de alcanzar los objetivos previstos. Ello incluiría, entre otros, evitar críticas a la gestión gubernamental, compartir ingresos no declarados, favorecer a correligionarios, etc. 

Todas estas formas de condicionamiento del ejercicio de la gestión pública en los niveles subnacionales serían la base para poder contar con un apoyo acelerado en el funcionamiento de la gestión pública, lo cual evitaría trabas y obstáculos de todo tipo, excepto aquellos que ni aún en el mejor escenario podrían subsanarse rápidamente, simplemente porque el país tiene sus limitaciones.


En un escenario de este tipo, las decisiones pasan por las manos de quienes detentan el poder, lo cual significa que toman sus decisiones con el grado de discrecionalidad que cada caso amerite, de modo que de antemano resulta relativamente difícil decir si los procesos tomarán poco o mucho tiempo, si se contará con los recursos esperados, si criterios de racionalidad serán adecuadamente tomados en cuenta y aplicados. Este escenario está signado por la incertidumbre, ya que no se somete a reglas previamente acordadas, sino que depende de los requerimientos que las instancias de poder puedan tener en cada momento.

Escenario 3: Un país con virtudes y defectos. En este caso nos hallamos en un escenario más realista, es decir, en un ambiente donde las cosas no son blancas o negras como en los otros escenarios esbozados, sino un escenario donde vemos al país actuando en medio de sus virtudes y defectos, de sus limitaciones y empeños por superarlas. Las leyes se cumplen tanto como las capacidades realmente existentes lo permitan, la burocracia muestra mejoras, pero las trabas no desaparecen, la distribución de los recursos mantiene sesgos pronunciados que son defendidos a raja tabla, para lo cual los apoyos oficialistas pueden resultar esenciales. Es decir, el país cambia en algunos asuntos, en otros se mantiene inalterado, por lo que los apoyos oficialista pueden ser indispensables en determinados casos. 

Este escenario es poco transparente, poco claro, pues son muchos los temas o asuntos que requieren conocerse o dominarse con cierta profundidad como para poder formarse un juicio apropiado y poder elegir a las nuevas autoridades de modo certero. Por ello, el común de los electores que se detenga a reflexionar un tanto sobre estos asuntos, procurará orientarse de una manera simple, a fin de tomar una decisión informada, aunque posiblemente sin contar con suficientes elementos de juicio. ¿Cuáles pueden ser esas orientaciones que nos ayuden a simplificar nuestra decisión? Por ejemplo, se tenderá a comparar la idoneidad y profesionalidad de los candidatos, el acceso a recursos suficientes, la pertinencia de sus programas, la autoridad necesaria para poder cumplirlos, etc. 

Bien, ahora que contamos con estos tres escenarios ideales, podemos empezar a responder a nuestra pregunta: ¿Qué es preferible: Elegir a oficialistas u opositores? 

Si las características del primer escenario -Escenario 1: Un país sobre ruedas- son las dominantes en el ambiente nacional, regional y municipal, es claro que el oficialismo no tendría ventajas de ninguna naturaleza frente a la oposición. Ello significaría que el electorado podría concentrarse exclusivamente en las características de los programas y los candidatos para emitir su voto. En este caso, el partido o frente que presente la mejor combinación de ambos tendría claramente la posibilidad de ganar la contienda e inclinar el voto de la mayoría relativa de electores a su favor. En este caso, la respuesta a la pregunta planteada es: en el Escenario 1 da igual elegir a candidatos del oficialismo que de la oposición.

En cambio si las características que predominan en el ambiente electoral son las presentadas en el segundo escenario -Escenario 2: El país de las decisiones condicionadas- entonces no hay duda que los opositores tendrán un hueso muy duro de roer, a fin de poder hacer una gestión pública satisfactoria. Por el contrario, los representantes del oficialismo podrán ofrecer “el oro y el moro” a sus electores, ya que podrán garantizar ampliamente los resultados a alcanzar, porque contarán con el apoyo incondicional de sus correligionarios en el nivel central del estado y en los demás niveles. Sin duda, ello establecería una diferencia sustancial en la elección a favor de los oficialistas, una ventaja insuperable para los candidatos de la oposición. Aquí la cancha inclinada a favor de los oficialistas haría vano todo esfuerzo de los opositores por tratar de convencer a los electores. Por cierto que una elección en un escenario de estas características no podría llamarse democrática por los sesgos y condicionalidades existentes. El resultado en este caso aparentemente es rotundo: es mejor elegir a los oficialistas. No obstante, como veremos más adelante, nada es perfecto, ya que tampoco hay garantía de buena gestión cuando surgen discrepancias incluso entre autoridades pertenecientes al oficialismo.

En caso que las características dominantes en el ambiente económico, social y político correspondan más a las características expuestas en el tercer escenario -Escenario 3: Un país con virtudes y defectos- es claro que la elección dependerá mucho de los candidatos y de sus programas, aunque menos que en el Escenario 1, ya que la superación de las deficiencias queda sujeta en buena medida a una mayor voluntad y empeño de la institucionalidad en los distintos niveles de gobierno, lo cual puede ser más fácil de lograr cuando se trate de asuntos de preocupación del oficialismo.

Aquí podríamos estar tentados de decir que en un escenario de este tipo son los oficialistas los que llevan las de ganar, pues al fin y al cabo son los dueños de las decisiones, de los derroteros nacionales, de los recursos, etc. Pero en un ambiente de este tipo es justamente donde  más oportunidades surgen de construir el país que queremos, pues en este caso (a diferencia con los Escenarios 1 y 2) podemos decir que nos hallamos en un territorio en disputa, donde las cosas están en gestación o se hallan dispuestas al cambio. La pregunta es: ¿cómo, haciendo qué, poniendo los acentos dónde?

El asunto pasa por saber qué queremos, si queremos construir un país para todos o para una parte de sus ciudadanos, si consideramos que todos tenemos los mismos derechos, si pensamos que la democracia es un vehículo para construir consensos y hacer posible el cambio sin violencia, o es un medio para imponer la voluntad de la mayoría sin considerar los derechos y requerimientos de las minorías. Si pensamos que todos tenemos los mismos derechos, gozamos de las mismas garantías constitucionales y vemos a la democracia como la gran oportunidad de ponernos de acuerdo en torno a nuestras mejores oportunidades, entonces es claro que los órganos de gestión pública, el funcionariado público y las decisiones de las autoridades son esenciales, ya que pueden contribuir decisivamente a nivelar el campo de juego, por lo que es a dichos asuntos a los que deberá abocarse la oposición para poder superar el sesgo que existe en el Escenario 3 en favor del oficialismo. En breve, deberá poner en el tapete de discusión justamente los temas de los derechos, las garantías constitucionales, la eficacia de los órganos de gestión pública, las capacidades estatales disponibles para ejercer efectivamente dichos derechos, así como la vigencia de un estado de derecho y de una democracia que congregue y articule, y no sea un mero instrumento de imposición y avasallamiento. En conclusión, podemos responder a nuestra pregunta en este tercer escenario del siguiente modo: es preferible elegir a aquel frente, sea del oficialismo o de la oposición, que mejor programa y candidatos presente, y además haya desarrollado mejores planteamientos para hacer respetar la igualdad de derechos y el ejercicio efectivo de los derechos. 

Hasta aquí uno se preguntará: y bueno, ¿qué se puede sacar en limpio con estas disquisiciones? Lo primero y fundamental, comprender que hay que analizar las reglas de juego en el marco o contexto en que se aplican. Como se ha podido apreciar, el Escenario 2 no deja prácticamente ninguna apertura a la oposición como para poder ganar la preferencia de los electores, aunque todos los candidatos se someten a las mismas reglas de la elección. Lo segundo, es que hay escenarios diversos, es decir, conjuntos de condiciones particulares, que pueden inclinar la balanza a favor de uno u otro de los contendientes, por lo que los mismos contendientes y el electorado deben tomar claramente en cuenta estas circunstancias, analizarlas y formular soluciones y propuestas que apunten a nivelar el campo de juego. Nada se gana creyendo que porque el voto supuestamente es libre, directo, igual, secreto, obligatorio y universal, que el mismo permitirá emitir un veredicto imparcial, objetivo, legítimo, legal, etc. Ya está bueno de tantos cuentos. Tercero, identificar algunos conjuntos de condiciones que pueden resultar más favorables al oficialismo o ser más neutrales para lograr una contienda más equilibrada entre oficialismo y oposición. Esto es esencial para cultivar la democracia y el estado de derecho, sin lo cual rige o solo puede regir la ley de la selva o del más fuerte. 

Casos Paradigmáticos

Ya en un plano más empírico, podemos citar algunos casos paradigmáticos que muestran la urgencia de responder a la pregunta aquí planteada del modo más objetivo posible. 


El caso del teleférico en La Paz muestra los problemas que surgen cuando hay el afán de competir entre oficialistas y opositores. Una gran solución gestada por el nivel central del estado fue prácticamente impuesta a la ciudad, sin haber coordinado oportuna y adecuadamente entre ambos niveles de gestión pública. El hecho es que puede apreciarse una serie de incongruencias relacionadas con la habilitación de espacios públicos que tomen en cuenta no solo la circulación peatonal, sino también el flujo vehicular adecuado. A días de haberse inaugurado la línea amarilla empezó a verse la necesidad de espacios peatonales y vehiculares más adecuados. Se entregaron las obras sin concluir, generando una sensación de premura electoralista innecesaria, pues la idea de la pertinencia y novedad del teleférico ya quedó instalada en el imaginario colectivo de la ciudad con la inauguración de la primera línea. Que también se puede aprender rápidamente, puede apreciarse en el hecho que la línea verde en la zona sur ya no fue ni inaugurada hasta que resuelvan algunos problemas de circulación que podían haberse anticipado sin tanta premura y tan pobre coordinación.

Ello no implica suponer que las autoridades de los diversos niveles subnacionales deben ser oficialistas para que las cosas salgan a pedir de boca, pues ello sería desconocer lo que ocurre en otras regiones. 

El caso de Cochabamba parece surgir como ejemplo de que la presencia de autoridades del mismo partido en distintos niveles subnacionales no garantiza nada, sino una falta de coordinación y de acción en común como la que se podría dar en cualquier otro lugar del país. Como decían algunos observadores, entre el Gobernador y el Alcalde de Cochabamba no se ponen de acuerdo ni el tema de manejo de las basuras, para no hablar de los temas de transporte, Misicuni y otros. De modo que no siempre es cierto que se tendrá una mejor gestión si las autoridades provienen del mismo partido. 

Es más, incluso puede resultar perjudicial a la gestión de las regiones y municipios, cuando las autoridades de los distintos niveles pertenecen al mismo partido y siguen las disposiciones políticas al pie de la letra. En el caso de la Gobernación de La Paz puede observarse que algunos proyectos no han sido ni puestos en el tapete, simplemente porque el nivel central del Estado no ha priorizado su ejecución. Es el caso de los hidrocarburos, que no ha provisto un gasoducto, mientras que la exploración de hidrocarburos empezó con años de demora. El caso de San Buenaventura tampoco resulta convincente, ya que las observaciones planteadas por especialistas en suelos acerca de la pertinencia de producir caña de azúcar a escala industrial, señalan que se producirá un agotamiento muy acelerado de la capacidad productiva de los suelos de esa región y que solo podrá mitigarse dicho impacto a costos muy altos. En este caso se puede observar una limitada posibilidad de consulta y de construcción conjunta de soluciones adecuadas.

También puede advertirse el caso de la Gobernación de Tarija que luego de la salida del país del gobernador titular, el gobernador interino, de la misma corriente política del gobierno en funciones, tampoco ha logrado darle un cariz más eficaz o consensuado al desarrollo regional. 

Por cierto que las disputas o desavenencias entre autoridades ligadas al oficialismo y la oposición de los distintos niveles de gobierno también son parte de esta panorámica, como es el caso paradigmático del Beni que no se sometió a los deseos del nivel central de gobierno. El caso del manejo de las inundaciones acaecidas en esa región, muestra que es indispensable superar la idea que todas las autoridades deben ser oficialistas como para contar con una gestión adecuada. Las autoridades electas deben gozar de todo el apoyo, respeto y prerrogativas que les confiere la ley, y contar con el respaldo de la institucionalidad existente en el país, siempre con el ánimo de lograr una gestión libre de discriminaciones y al servicio de todos los ciudadanos. Lo esencial es que se respete la constitución, las leyes, los derechos y se cuente con capacidades suficientes para garantizar el ejercicio de dichos derechos.

Todos estos ejemplos muestran que la solución para una gestión subnacional adecuada no pasa por lograr de cualquier modo que Gobernadores y Alcaldes deban pertenecer al oficialismo, ya que ello tampoco es garantía de éxito. 

En conclusión considero que es crucial procurar que todos los candidatos tengan iguales oportunidades de ser elegidos, que se eviten distorsiones y discriminaciones de cualquier tipo, que los electores tengan la real posibilidad de centrarse en la elección de programas y candidatos más apropiados para cada región, que se garantice a los frentes elegidos un máximo de apoyo y una eficaz coordinación con todos los niveles de gobierno. Sin estos requisitos, es posible que el oficialismo logre controlar muchos cargos de elección directa, pero ello no garantiza una buena gestión y, peor aún, demerita la democracia y la capacidad del pueblo boliviano de dotarse de una institucionalidad pública cada vez más adecuada e idónea para superar sus graves falencias e insuficiencias.


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(*) Economista, especialista en planificación regional.